CODIGO CIVIL DEL PERU COMPLETO Y ACTUALIZADO 2021

Actualizado al mes de agosto de 2021.

 

CÓDIGO CIVIL DE PERU

DECRETO LEGISLATIVO 295

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

 

POR CUANTO:

 

Que la Ley Nº 23403 creó la Comisión Revisora del Proyecto de Código Civil preparado por la Comisión establecida mediante Decreto Supremo Nº 95 de 1 de marzo de 1965, y, al mismo tiempo, facultó al Poder Ejecutivo para que, dentro del presente período constitucional y mediante Decreto Legislativo, promulgue el nuevo Código Civil, con cargo de fijar la fecha en que éste debe entrar en vigencia;

 

Que el artículo 2 de la Ley Nº 23756 dispuso, con la finalidad expresada en su artículo 1, que el nuevo Código Civil podrá ampliar, modificar o derogar disposiciones de códigos u otras leyes diferentes al Código Civil de 1936, en los términos del Proyecto que apruebe la Comisión Revisora creada por la Ley Nº 23403;

 

Que la mencionada Comisión Revisora ha presentado, para su promulgación, el Proyecto del nuevo CÓDIGO CIVIL, aprobado por ella de conformidad con la Ley Nº 23403 y el artículo 2 de la Ley Nº 23756;

 

De conformidad con los artículos 188 y 211, inciso 10, de la Constitución Política del Perú;

 

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y,

 

Con cargo de dar cuenta al Congreso;

 

Ha dado el Decreto Legislativo siguiente:

 

Artículo 1.- Promúlgase el CÓDIGO CIVIL aprobado por la Comisión Revisora creada por la Ley Nº 23403, según el texto adjunto, que consta de 2,132 artículos distribuidos en doce partes, como sigue:

 

TITULO PRELIMINAR: Artículo I a X;

 

LIBRO I: Derechos de las Personas: Artículos de 1 al 139;

 

LIBRO II: Acto Jurídico: Artículos 140 a 232;

 

LIBRO III: Derecho de Familia: Artículos 233 a 659;

 

LIBRO IV: Derecho de Sucesiones: Artículos 660 a 880;

 

LIBRO V: Derechos Reales: Artículos 881 a 1131;

 

LIBRO VI: Las Obligaciones: Artículos 1132 a 1350;

 

LIBRO VII: Fuente de las Obligaciones: Artículos 1351 a 1988;

 

LIBRO VIII: Prescripción y Caducidad: Artículos 1989 a 2007;

 

LIBRO IX: Registros Públicos: Artículos 2008 a 2045;

 

LIBRO X: Derecho Internacional Privado: Artículos 2046 a 2111;

 

TITULO FINAL: Artículos 2112 a 2122.

 

Artículo 2.- El nuevo Código Civil entrará en vigencia el 14 de noviembre de 1984.

 

POR TANTO:

 

Mando se publique y cumpla y se dé cuenta al Congreso.

 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veinticuatro días del mes de julio de 1984.

 

FERNANDO BELAUNDE TERRY

Presidente Constitucional de la República

 

MAX ARIAS SCHREIBER PEZET

Ministro de Justicia

 

Título preliminar

Artículo I.- Abrogación de la ley

 

La ley se deroga sólo por otra ley.

 

La derogación se produce por declaración expresa, por incompatibilidad entre la nueva ley y la anterior o cuando la materia de ésta es íntegramente regulada por aquélla.

 

Por la derogación de una ley no recobran vigencia las que ella hubiere derogado.

 

Artículo II.- Ejercicio abusivo del derecho

 

La ley no ampara el ejercicio ni la omisión abusivos de un derecho. Al demandar indemnización u otra pretensión, el interesado puede solicitar las medidas cautelares apropiadas para evitar o suprimir provisionalmente el abuso.

 

Artículo III.- Aplicación de la ley en el tiempo

 

La ley se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. No tiene fuerza ni efectos retroactivos, salvo las excepciones previstas en la Constitución Política del Perú.

 

Artículo IV.- Aplicación analógica de la ley

 

La ley que establece excepciones o restringe derechos no se aplica por analogía.

 

Artículo V.- Orden público, buenas costumbres y nulidad del acto jurídico

 

Es nulo el acto jurídico contrario a las leyes que interesan al orden público o a las buenas costumbres.

 

Artículo VI.- Interés para obrar

 

Para ejercitar o contestar una acción es necesario tener legítimo interés económico o moral.

 

El interés moral autoriza la acción sólo cuando se refiere directamente al agente o a su familia, salvo disposición expresa de la ley.

 

Artículo VII.- Aplicación de norma pertinente por el juez

 

Los jueces tienen la obligación de aplicar la norma jurídica pertinente, aunque no haya sido invocada en la demanda.

 

Artículo VIII.- Obligación de suplir los defectos o deficiencias de la ley

 

Los jueces no pueden dejar de administrar justicia por defecto o deficiencia de la ley. En tales casos, deben aplicar los principios generales del derecho y, preferentemente, los que inspiran el derecho peruano.

 

Artículo IX.- Aplicación supletoria del Código Civil

 

Las disposiciones del Código Civil se aplican supletoriamente a las relaciones y situaciones jurídicas reguladas por otras leyes, siempre que no sean incompatibles con su naturaleza.

 

Artículo X.- Vacíos de la ley

 

La Corte Suprema de Justicia, el Tribunal de Garantías Constitucionales (*) y el Fiscal de la Nación están obligados a dar cuenta al Congreso de los vacíos o defectos de la legislación.

 

Tienen la misma obligación los jueces y fiscales respecto de sus correspondientes superiores.

 

(*) La referencia al Tribunal de Garantías Constitucionales debe entenderse efectuada al Tribunal Constitucional.

 

Libro I: Derecho de la personas

Sección primera: Personas naturales

Título I: Principio de la persona

Artículo 1.- Sujeto de Derecho

 

La persona humana es sujeto de derecho desde su nacimiento.

 

La vida humana comienza con la concepción. El concebido es sujeto de derecho para todo cuanto le favorece. La atribución de derechos patrimoniales está condicionada a que nazca vivo.

 

Artículo 2.- Reconocimiento del embarazo o parto

 

La mujer puede solicitar judicialmente el reconocimiento de su embarazo o del parto, con citación de las personas que tengan interés en el nacimiento.

 

La solicitud se tramita como prueba anticipada, con citación de las personas que por indicación de la solicitante o a criterio del Juez, puedan tener derechos que resulten afectados. El Juez puede ordenar de oficio la actuación de los medios probatorios que estime pertinentes. En este proceso no se admite oposición.

 

Título II: Derechos de la persona

Artículo 3.- Capacidad jurídica

 

Toda persona tiene capacidad jurídica para el goce y ejercicio de sus derechos.

 

La capacidad de ejercicio solo puede ser restringida por ley. Las personas con discapacidad tienen capacidad de ejercicio en igualdad de condiciones en todos los aspectos de la vida.

 

Artículo 4.- Igualdad entre varón y mujer en el goce y ejercicio de sus derechos

 

El varón y la mujer tienen igual capacidad de goce y de ejercicio de los derechos civiles.

 

Artículo 5.- Irrenunciabilidad de los derechos fundamentales

 

El derecho a la vida, a la integridad física, a la libertad, al honor y demás inherentes a la persona humana son irrenunciables y no pueden ser objeto de cesión. Su ejercicio no puede sufrir limitación voluntaria, salvo lo dispuesto en el artículo 6.

 

Artículo 6.- Actos de disposición del propio cuerpo

 

Los actos de disposición del propio cuerpo están prohibidos cuando ocasionen una disminución permanente de la integridad física o cuando de alguna manera sean contrarios al orden público o a las buenas costumbres. Empero, son válidos si su exigencia corresponde a un estado de necesidad, de orden médico o quirúrgico o si están inspirados por motivos humanitarios.

 

Los actos de disposición o de utilización de órganos y tejidos de seres humanos son regulados por la ley de la materia.

 

Artículo 7.- Donación de órganos o tejidos

 

La donación de partes del cuerpo o de órganos o tejidos que no se regeneran no debe perjudicar gravemente la salud o reducir sensiblemente el tiempo de vida del donante. Tal disposición está sujeta a consentimiento expreso y escrito del donante.

 

Artículo 8.- Disposición del cuerpo pos morten

 

Es válido el acto por el cual una persona dispone altruistamente de todo o parte de su cuerpo para que sea utilizado, después de su muerte, con fines de interés social o para la prolongación de la vida humana.

 

La disposición favorece sólo a la persona designada como beneficiaria o a instituciones científicas, docentes, hospitalarias o banco de órganos o tejidos, que no persigan fines de lucro.

 

Artículo 9.- Revocación de la donación del cuerpo humano

 

Es revocable, antes de su consumación, el acto por el cual una persona dispone en vida de parte de su cuerpo, de conformidad con el artículo 6. Es también revocable el acto por el cual la persona dispone, para después de su muerte, de todo o parte de su cuerpo.

 

La revocación no da lugar al ejercicio de acción alguna.

 

Artículo 10.- Disposición del cadáver por entidad competente

 

El jefe del establecimiento de salud o el del servicio de necropsias donde se encuentre un cadáver puede disponer de parte de éste para la conservación o prolongación de la vida humana, con conocimiento de los parientes a que se refiere el artículo 13.

 

Los mismos funcionarios pueden disponer del cadáver no identificado o abandonado, para los fines del artículo 8, de conformidad con la ley de la materia.

 

Artículo 11.- Validez de obligación de sometimiento a examen médico

 

Son válidas las estipulaciones por las que una persona se obliga a someterse a examen médico, siempre que la conservación de su salud o aptitud síquica o física sea motivo determinante de la relación contractual.

 

Artículo 12.- Inexigibilidad de contratos peligrosos para la persona

 

No son exigibles los contratos que tengan por objeto la realización de actos excepcionalmente peligrosos para la vida o la integridad física de una persona, salvo que correspondan a su actividad habitual y se adopten las medidas de previsión y seguridad adecuadas a las circunstancias.

 

Artículo 13.- Actos funerarios

 

A falta de declaración hecha en vida, corresponde al cónyuge del difunto, a sus descendientes, ascendientes o hermanos, excluyentemente y en este orden, decidir sobre la necropsia, la incineración y la sepultura sin perjuicio de las normas de orden público pertinentes.

 

Artículo 14.- Derecho a la intimidad personal y familiar

 

La intimidad de la vida personal y familiar no puede ser puesta de manifiesto sin el asentimiento de la persona o si ésta ha muerto, sin el de su cónyuge, descendientes, ascendientes o hermanos, excluyentemente y en este orden.

 

Artículo 15.- Derecho a la imagen y voz

 

La imagen y la voz de una persona no pueden ser aprovechadas sin autorización expresa de ella o, si ha muerto, sin el asentimiento de su cónyuge, descendientes, ascendientes o hermanos, excluyentemente y en este orden.

 

Dicho asentimiento no es necesario cuando la utilización de la imagen y la voz se justifique por la notoriedad de la persona, por el cargo que desempeñe, por hechos de importancia o interés público o por motivos de índole científica, didáctica o cultural y siempre que se relacione con hechos o ceremonias de interés general que se celebren en público. No rigen estas excepciones cuando la utilización de la imagen o la voz atente contra el honor, el decoro o la reputación de la persona a quien corresponden.

 

Artículo 16.- Confidencialidad de la correspondencia y demás comunicaciones

 

La correspondencia epistolar, las comunicaciones de cualquier género o las grabaciones de la voz, cuando tengan carácter confidencial o se refieran a la intimidad de la vida personal y familiar, no pueden ser interceptadas o divulgadas sin el asentimiento del autor y, en su caso, del destinatario. La publicación de las memorias personales o familiares, en iguales circunstancias, requiere la autorización del autor.

 

Muertos el autor o el destinatario, según los casos, corresponde a los herederos el derecho de otorgar el respectivo asentimiento. Si no hubiese acuerdo entre los herederos, decidirá el juez.

 

La prohibición de la publicación póstuma hecha por el autor o el destinatario no puede extenderse más allá de cincuenta años a partir de su muerte.

 

Artículo 17.- Defensa de los derechos de la persona

 

La violación de cualquiera de los derechos de la persona a que se refiere este título, confiere al agraviado o a sus herederos acción para exigir la cesación de los actos lesivos.

 

La responsabilidad es solidaria.

 

Artículo 18.- Protección de los derechos de autor e inventor

 

Los derechos del autor o del inventor, cualquiera sea la forma o modo de expresión de su obra, gozan de protección jurídica de conformidad con la ley de la materia.

 

Título III: Nombre

Artículo 19.- Derecho al nombre

 

Toda persona tiene el derecho y el deber de llevar un nombre. Este incluye los apellidos.

 

Artículo 20.- Apellidos del hijo

 

Al hijo le corresponde el primer apellido del padre y el primero de la madre.

 

Artículo 21.- Inscripción del nacimiento

 

Cuando el padre o la madre efectúe separadamente la inscripción del nacimiento del hijo nacido fuera del vínculo matrimonial, podrá revelar el nombre de la persona con quien lo hubiera tenido. En este supuesto, el hijo llevará el apellido del padre o de la madre que lo inscribió, así como del presunto progenitor, en este último caso no establece vínculo de filiación.

 

Luego de la inscripción, dentro de los treinta (30) días, el registrador, bajo responsabilidad, pondrá en conocimiento del presunto progenitor tal hecho, de conformidad con el reglamento.

 

Cuando la madre no revele la identidad del padre, podrá inscribir a su hijo con sus apellidos.

 

Artículo 22.- Nombre del adoptado

 

El adoptado lleva los apellidos del adoptante o adoptantes.

 

El hijo de uno de los cónyuges o concubinos puede ser adoptado por el otro. En tal caso, lleva como primer apellido el del padre adoptante y como segundo el de la madre biológica o, el primer apellido del padre biológico y el primer apellido de la madre adoptante, según sea el caso.

 

Artículo 23.- Nombre del recién nacido de padres desconocidos

 

El recién nacido cuyos progenitores son desconocidos debe ser inscrito con el nombre adecuado que le asigne el registrador del estado civil.

 

Artículo 24.- Derecho de la mujer a llevar el apellido del marido

 

La mujer tiene derecho a llevar el apellido del marido agregado al suyo y a conservarlo mientras no contraiga nuevo matrimonio. Cesa tal derecho en caso de divorcio o nulidad de matrimonio.

 

Tratándose de separación de cuerpos, la mujer conserva su derecho a llevar el apellido del marido. En caso de controversia resuelve el juez.

 

Artículo 25.- Prueba del nombre

 

La prueba referente al nombre resulta de su respectiva inscripción en los registros de estado civil.

 

Artículo 26.- Defensa del derecho al nombre

 

Toda persona tiene derecho a exigir que se le designe por su nombre.

 

Cuando se vulnere este derecho puede pedirse la cesación del hecho violatorio y la indemnización que corresponda.

 

Artículo 27.- Nulidad de convenios sobre el nombre

 

Es nulo el convenio relativo al nombre de una persona natural, salvo para fines publicitarios, de interés social y los que establece la ley.

 

Artículo 28.- Indemnización por usurpación de nombre

 

Nadie puede usar nombre que no le corresponde. El que es perjudicado por la usurpación de su nombre tiene acción para hacerla cesar y obtener la indemnización que corresponda.

 

Artículo 29.- Cambio o adición de nombre

 

Nadie puede cambiar su nombre ni hacerle adiciones, salvo por motivos justificados y mediante autorización judicial, debidamente publicada e inscrita.

 

El cambio o adición del nombre alcanza, si fuere el caso, al cónyuge y a los hijos menores de edad.

 

Artículo 30.- Efectos del cambio o adición de nombre

 

El cambio o adición del nombre no altera la condición civil de quien lo obtiene ni constituye prueba de filiación.

 

Artículo 31.- Impugnación judicial por cambio o adición de nombre

 

La persona perjudicada por un cambio o adición de nombre puede impugnarlo judicialmente.

 

Artículo 32.- Protección jurídica del seudónimo

 

El seudónimo, cuando adquiere la importancia del nombre, goza de la misma protección jurídica dispensada a éste.

 

Título IV: Domicilio

Artículo 33.- Domicilio

 

El domicilio se constituye por la residencia habitual de la persona en un lugar.

 

Artículo 34.- Domicilio especial

 

Se puede designar domicilio especial para la ejecución de actos jurídicos. Esta designación sólo implica sometimiento a la competencia territorial correspondiente, salvo pacto distinto.

 

Artículo 35.- Persona con varios domicilios

 

A la persona que vive alternativamente o tiene ocupaciones habituales en varios lugares se le considera domiciliada en cualquiera de ellos.

 

Artículo 36.- Domicilio conyugal

 

El domicilio conyugal es aquel en el cual los cónyuges viven de consuno o, en su defecto, el último que compartieron.

 

Artículo 37.- Domicilio del incapaz

 

Los incapaces tienen por domicilio el de sus representantes legales.

 

Artículo 38.- Domicilio de funcionarios públicos

 

Los funcionarios públicos están domiciliados en el lugar donde ejercen sus funciones, sin perjuicio, en su caso, de lo dispuesto en el artículo 33.

 

El domicilio de las personas que residen temporalmente en el extranjero, en ejercicio de funciones del Estado o por otras causas, es el último que hayan tenido en el territorio nacional.

 

Artículo 39.- Cambio de domicilio

 

El cambio de domicilio se realiza por el traslado de la residencia habitual a otro lugar.

 

Artículo 40.-Oposición al cambio de domicilio

 

El deudor deberá comunicar al acreedor el cambio de domicilio señalado para el cumplimiento de la prestación obligacional, dentro de los treinta (30) días de ocurrido el hecho, bajo responsabilidad civil y/o penal a que hubiere lugar.

 

El deudor y los terceros ajenos a la relación obligacional con el acreedor, están facultados para oponer a éste el cambio de su domicilio.

 

La oponibilidad al cambio de domicilio se efectuará mediante comunicación indubitable.

 

Artículo 41.- Personas sin residencia habitual

 

A la persona que no tiene residencia habitual se le considera domiciliada en el lugar donde se encuentre.

 

Título V: Capacidad e incapacidad de ejercicio

Artículo 42.- Capacidad de ejercicio plena

 

Toda persona mayor de dieciocho años tiene plena capacidad de ejercicio. Esto incluye a todas las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás y en todos los aspectos de la vida, independientemente de si usan o requieren de ajustes razonables o apoyos para la manifestación de su voluntad.

 

Excepcionalmente tienen plena capacidad de ejercicio los mayores de catorce años y menores de dieciocho años que contraigan matrimonio, o quienes ejerciten la paternidad.

 

Artículo 43.- Incapacidad absoluta

 

Son absolutamente incapaces:

 

1. Los menores de dieciséis años, salvo para aquellos actos determinados por la ley.

 

2. Derogado.

 

3. Derogado.

 

Artículo 44.- Capacidad de ejercicio restringida

 

Tienen capacidad de ejercicio restringida.

 

1. Los mayores de dieciséis y menores de dieciocho años de edad.

 

2. Derogado.

 

3. Derogado.

 

4. Los pródigos.

 

5. Los que incurren en mala gestión.

 

6. Los ebrios habituales.

 

7. Los toxicómanos.

 

8. Los que sufren pena que lleva anexa la interdicción civil.

 

9. Las personas que se encuentren en estado de coma, siempre que no hubiera designado un apoyo con anterioridad.

 

Artículo 45.- Ajustes razonables y apoyo

 

Toda persona con discapacidad que requiera ajuste razonables o apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica puede solicitarlo o solicitarlo de acuerdo a su libre elección.

 

Artículo 45- A.- Representantes Legales

 

Las personas con capacidad de ejercicio restringida contempladas en los numerales 1 al 8 del artículo 44 contarán con un representante legal que ejercerá los derechos según las normas referidas a la patria potestad, tutela o curatela.

 

Artículo 45-B.- Designación de apoyos y salvaguardias

 

Pueden designar apoyos y salvaguardias:

 

1. Las personas con discapacidad que manifiestan su voluntad puede contar con apoyos y salvaguardias designados judicial o notarialmente.

 

2. Las personas con discapacidad que no pueden manifestar su voluntad podrán contar con apoyos y salvaguardias designados judicialmente.

 

3. Las personas que se encuentren en estado de coma que hubieran designado un apoyo con anterioridad mantendrán el apoyo designado.

 

4. Las personas con capacidad de ejercicio restringida contempladas en el numeral 9 del artículo 44 contarán con los apoyos y salvaguardias establecidos judicialmente, de conformidad con las disposiciones del artículo 659-E del presente Código.

 

Artículo 46.- Capacidad adquirida por matrimonio o título oficial

 

La incapacidad de las personas mayores de dieciséis (16) años cesa por matrimonio o por obtener título oficial que les autorice para ejercer una profesión u oficio.

 

La capacidad adquirida por matrimonio no se pierde por la terminación de este.

 

Tratándose de mayores de catorce (14) años cesa la incapacidad a partir del nacimiento del hijo o la hija, para realizar solamente los siguientes actos:

 

1. Inscribir el nacimiento y reconocer a sus hijos e hijas.

 

2. Demandar por gastos de embarazo y parto.

 

3. Demandar y ser parte en los procesos de tenencia, alimentos y régimen de visitas a favor de sus hijos e hijas.

 

4. Demandar y ser parte en los procesos de filiación extramatrimonial de sus hijos e hijas.

 

5. Celebrar conciliaciones extrajudiciales a favor de sus hijos e hijas.

 

6. Solicitar su inscripción en el Registro Único de Identificación de Personas Naturales, tramitar la expedición y obtener su Documento Nacional de Identidad.

 

7. Impugnar judicialmente la paternidad.

 

Título VI: Ausencia

Capítulo primero: Desaparición

Artículo 47.- Nombramiento de curador por desaparición

 

Cuando una persona no se halla en el lugar de su domicilio y han transcurrido más de sesenta días sin noticias sobre su paradero, cualquier familiar hasta el cuarto grado de consanguinidad o afinidad, excluyendo el más próximo al más remoto, pueden solicitar la designación de curador interino. También puede solicitarlo quien invoque legítimo interés en los negocios o asuntos del desaparecido, con citación de los familiares conocidos y del Ministerio Público. La solicitud se tramita como proceso no contencioso.

 

No procede la designación de curador si el desaparecido tiene representante o mandatario con facultades suficientes inscritas en el registro público.

 

Artículo 48.- Normas que rigen la curatela del desaparecido

 

La curatela a que se contrae el artículo 47 se rige por las disposiciones de los artículos 564 a 618, en cuanto sean pertinentes.

 

Capítulo segundo: Declaración de Ausencia

Artículo 49.- Declaración judicial de ausencia

 

Transcurridos dos años desde que se tuvo la última noticia del desaparecido, cualquiera que tenga legítimo interés o el Ministerio Público pueden solicitar la declaración judicial de ausencia.

 

Es competente el juez del último domicilio que tuvo el desaparecido o el del lugar donde se encuentre la mayor parte de sus bienes.

 

Artículo 50.- Posesión temporal de los bienes del ausente

 

En la declaración judicial de ausencia se ordenará dar la posesión temporal de los bienes del ausente a quienes serían sus herederos forzosos al tiempo de dictarla.

 

Si no hubiere persona con esta calidad continuará, respecto a los bienes del ausente, la curatela establecida en el artículo 47.

 

Artículo 51.- Facultades y límites del poseedor de bienes del ausente

 

La posesión temporal de los bienes del ausente, a que se refiere el artículo 50, debe ser precedida de la formación del respectivo inventario valorizado.

 

El poseedor tiene los derechos y obligaciones inherentes a la posesión y goza de los frutos con la limitación de reservar de éstos una parte igual a la cuota de libre disposición del ausente.

 

Artículo 52.- Indisponibilidad de los bienes del ausente

 

Quienes hubieren obtenido la posesión temporal de los bienes del ausente no pueden enajenarlos ni gravarlos, salvo casos de necesidad o utilidad con sujeción al artículo 56.

 

Artículo 53.- Inscripción de la declaración judicial de ausencia

 

La declaración judicial de ausencia debe ser inscrita en el registro de mandatos y poderes para extinguir los otorgados por el ausente.

 

Artículo 54.- Designación del administrador judicial

 

A solicitud de cualquiera que haya obtenido la posesión temporal de los bienes del ausente, se procede a la designación de administrador judicial.

 

Artículo 55.- Derechos y obligaciones del administrador judicial

 

Son derechos y obligaciones del administrador judicial de los bienes del ausente:

 

1. Percibir los frutos.

 

2. Pagar las deudas del ausente y atender los gastos correspondientes al patrimonio que administra.

 

3. Reservar en cuenta bancaria, o con las seguridades que señale el juez, la cuota a que se refiere el artículo 51.

 

4. Distribuir regularmente entre las personas que señala el artículo 50 los saldos disponibles, en proporción a sus eventuales derechos sucesorios.

 

5. Ejercer la representación judicial del ausente con las facultades especiales y generales que la ley confiere, excepto las que importen actos de disposición.

 

6. Ejercer cualquier otra atribución no prevista, si fuere conveniente al patrimonio bajo su administración, previa autorización judicial.

 

7. Rendir cuenta de su administración en los casos señalados por la ley.

 

Artículo 56.- Autorización judicial para disponer de los bienes del ausente

 

En caso de necesidad o utilidad y previa autorización judicial, el administrador puede enajenar o gravar bienes del ausente en la medida de lo indispensable.

 

Artículo 57.- Aplicación supletoria de normas de ordenamiento procesal

 

En lo no previsto por los artículos 55 y 56 se aplican las disposiciones del Código de Procedimientos Civiles sobre administración judicial de bienes comunes.

 

Artículo 58.- Alimentos para herederos forzosos del ausente

 

El cónyuge del ausente u otros herederos forzosos económicamente dependientes de él, que no recibieren rentas suficientes para atender a sus necesidades alimentarias, pueden solicitar al juez la asignación de una pensión, cuyo monto será señalado según la condición económica de los solicitantes y la cuantía del patrimonio afectado.

 

Esta pretensión se tramita conforme al proceso sumarísimo de alimentos, en lo que resulte aplicable.

 

Artículo 59.- Fin de la declaración judicial de ausencia

 

Cesan los efectos de la declaración judicial de ausencia por:

 

1. Regreso del ausente.

 

2. Designación de apoderado con facultades suficientes, hecha por el ausente con posterioridad a la declaración.

 

3. Comprobación de la muerte del ausente.

 

4. Declaración judicial de muerte presunta.

 

Artículo 60.- Restitución o sucesión del patrimonio del ausente

 

En los casos de los incisos 1 y 2 del artículo 59 se restituye a su titular el patrimonio, en el estado en que se encuentre. La petición se tramita como proceso no contencioso con citación de quienes solicitaron la declaración de ausencia.

 

En los casos de los incisos 3 y 4 del artículo 59, se procede a la apertura de la sucesión.

 

Título VII: Fin de la persona

Capítulo primero: Muerte

Artículo 61.- Fin de la persona

 

La muerte pone fin a la persona.

 

Artículo 62.- Conmorencia

 

Si no se puede probar cuál de dos o más personas murió primero, se las reputa muertas al mismo tiempo y entre ellas no hay trasmisión de derechos hereditarios.

 

Capítulo segundo: Declaración de muerte presunta

Artículo 63.- Procedencia de declaración judicial de muerte presunta

 

Procede la declaración de muerte presunta, sin que sea indispensable la de ausencia, a solicitud de cualquier interesado o del Ministerio Público en los siguientes casos:

 

1. Cuando hayan transcurrido diez años desde las últimas noticias del desaparecido o cinco si éste tuviere más de ochenta años de edad.

 

2. Cuando hayan transcurrido dos años si la desaparición se produjo en circunstancias constitutivas de peligro de muerte. El plazo corre a partir de la cesación del evento peligroso.

 

3. Cuando exista certeza de la muerte, sin que el cadáver sea encontrado o reconocido.

 

Artículo 64.- Efectos de la declaración de muerte presunta

 

La declaración de muerte presunta disuelve el matrimonio del desaparecido. Dicha resolución se inscribe en el registro de defunciones.

 

Artículo 65.- Contenido de la resolución de muerte presunta

 

En la resolución que declara la muerte presunta se indica la fecha probable y, de ser posible, el lugar de la muerte del desaparecido.

 

Artículo 66.- Improcedencia de la declaración de muerte presunta

 

El juez que considere improcedente la declaración de muerte presunta puede declarar la ausencia.

 

Capítulo tercero: Reconocimiento de existencia

Artículo 67.- Reconocimiento de existencia

 

La existencia de la persona cuya muerte hubiera sido judicialmente declarada, puede ser reconocida a solicitud de ella, de cualquier interesado, o del Ministerio Público. La pretensión se tramita como proceso no contencioso, con citación de quienes solicitaron la declaración de muerte presunta.

 

Artículo 68.- Efectos sobre el nuevo matrimonio

 

El reconocimiento de existencia no invalida el nuevo matrimonio que hubiere contraído el cónyuge.

 

Artículo 69.- Facultad de reivindicar los bienes

 

El reconocimiento de existencia faculta a la persona para reivindicar sus bienes, conforme a ley.

 

Artículo 70 hasta artículo 75: Derogado

 

Sección segunda: Personas jurídicas

Título I: Disposiciones generales

Artículo 76.- Normas que rigen la persona jurídica

 

La existencia, capacidad, régimen, derechos, obligaciones y fines de la persona jurídica, se determinan por las disposiciones del presente Código o de las leyes respectivas.

 

La persona jurídica de derecho público interno se rige por la ley de su creación.

 

Artículo 77.- Inicio de la persona jurídica

 

La existencia de la persona jurídica de derecho privado comienza el día de su inscripción en el registro respectivo, salvo disposición distinta de la ley.

 

La eficacia de los actos celebrados en nombre de la persona jurídica antes de su inscripción queda subordinada a este requisito y a su ratificación dentro de los tres meses siguientes de haber sido inscrita.

 

Si la persona jurídica no se constituye o no se ratifican los actos realizados en nombre de ella, quienes los hubieran celebrado son ilimitada y solidariamente responsables frente a terceros.

 

Artículo 78.- Diferencia entre persona jurídica y sus miembros

 

La persona jurídica tiene existencia distinta de sus miembros y ninguno de éstos ni todos ellos tienen derecho al patrimonio de ella ni están obligados a satisfacer sus deudas.

 

Artículo 79.- Representante de la persona jurídica miembro de otra

 

La persona jurídica miembro de otra debe indicar quién la representa ante ésta.

 

Título II: Asociación

Artículo 80.- Noción

 

La asociación es una organización estable de personas naturales o jurídicas, o de ambas, que a través de una actividad común persigue un fin no lucrativo.

 

Artículo 81.- Estatuto de la asociación

 

El estatuto debe constar por escritura pública, salvo disposición distinta de la ley.

 

Si la asociación es religiosa, su régimen interno se regula de acuerdo con el estatuto aprobado por la correspondiente autoridad eclesiástica.

 

Artículo 82.- Contenido del estatuto

 

El estatuto de la asociación debe expresar:

 

1. La denominación, duración y domicilio.

 

2. Los fines.

 

3. Los bienes que integran el patrimonio social.

 

4. La constitución y funcionamiento de la asamblea general de asociados, consejo directivo y demás órganos de la asociación.

 

5.- Las condiciones para la admisión, renuncia y exclusión de sus miembros.

 

6. Los derechos y deberes de los asociados.

 

7. Los requisitos para su modificación.

 

8. Las normas para la disolución y liquidación de la asociación y las relativas al destino final de sus bienes.

 

9. Los demás pactos y condiciones que se establezcan.

 

Artículo 83.- Libros de la asociación

 

Toda asociación debe tener un libro de registro actualizado en que consten el nombre, actividad, domicilio y fecha de admisión de cada uno de sus miembros, con indicación de los que ejerzan cargos de administración o representación.

 

La asociación debe contar, asimismo, con libros de actas de las sesiones de asamblea general y de consejo directivo en los que constarán los acuerdos adoptados.

 

Los libros a que se refiere el presente artículo se llevan con las formalidades de ley, bajo responsabilidad del presidente del consejo directivo de la asociación y de conformidad con los requisitos que fije el estatuto.

 

Artículo 84.- Asamblea General

 

La asamblea general es el órgano supremo de la asociación.

 

Artículo 85.- Convocatoria

 

La asamblea general es convocada por el presidente del consejo directivo de la asociación, en los casos previstos en el estatuto, cuando lo acuerde dicho consejo directivo o cuando lo soliciten no menos de la décima parte de los asociados.

 

Si la solicitud de éstos no es atendida dentro de los quince días de haber sido presentada, o es denegada, la convocatoria es hecha por el juez de primera instancia del domicilio de la asociación, a solicitud de los mismos asociados.

 

La solicitud se tramita como proceso sumarísimo.

 

El juez, si ampara la solicitud, ordena se haga la convocatoria de acuerdo al estatuto, señalando el lugar, día, hora de la reunión, su objeto, quien la presidirá y el notario que de fe de los acuerdos.

 

Artículo 86.- Facultades de la Asamblea General

 

La asamblea general elige a las personas que integran el consejo directivo, aprueba las cuentas y balances, resuelve sobre la modificación del estatuto, la disolución de la asociación y los demás asuntos que no sean competencia de otros órganos.

 

Artículo 87.- Quórum para adopción de acuerdos

 

Para la validez de las reuniones de asamblea general se requiere, en primera convocatoria, la concurrencia de más de la mitad de los asociados. En segunda convocatoria, basta la presencia de cualquier número de asociados. Los acuerdos se adoptan con el voto de más de la mitad de los miembros concurrentes.

 

Para modificar el estatuto o para disolver la asociación se requiere, en primera convocatoria, la asistencia de más de la mitad de los asociados. Los acuerdos se adoptan con el voto de más de la mitad de los miembros concurrentes. En segunda convocatoria, los acuerdos se adoptan con los asociados que asistan y que representen no menos de la décima parte.

 

Los asociados pueden ser representados en asamblea general, por otra persona. El estatuto puede disponer que el representante sea otro asociado.

 

La representación se otorga por escritura pública. También puede conferirse por otro medio escrito y sólo con carácter especial para cada asamblea.

 

Artículo 88.- Derecho de voto

 

Ningún asociado tiene derecho por sí mismo a más de un voto.

 

Artículo 89.- Carácter personalísimo de la calidad del asociado

 

La calidad de asociado es inherente a la persona y no es trasmisible, salvo que lo permita el estatuto.

 

Artículo 90.- Renuncia de los asociados

 

La renuncia de los asociados debe ser formulada por escrito.

 

Artículo 91.- Pago de cuotas adeudadas

 

Los asociados renunciantes, los excluidos y los sucesores de los asociados muertos quedan obligados al pago de las cuotas que hayan dejado de abonar, no pudiendo exigir el reembolso de sus aportaciones.

 

Artículo 92.- Impugnación judicial de acuerdos

 

Todo asociado tiene derecho a impugnar judicialmente los acuerdos que violen las disposiciones legales o estatutarias.

 

Las acciones impugnatorias deben ejercitarse en un plazo no mayor de sesenta días contados a partir de la fecha del acuerdo. Pueden ser interpuestas por los asistentes, si hubieran dejado constancia en acta de su oposición al acuerdo, por los asociados no concurrentes y por los que hayan sido privados ilegítimamente de emitir su voto.

 

Si el acuerdo es inscribible en el registro, la impugnación puede formularse dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que la inscripción tuvo lugar.

 

Cualquier asociado puede intervenir en el juicio, a su costa para defender la validez del acuerdo.

 

La impugnación se demanda ante el Juez Civil del domicilio de la asociación y se tramita como proceso abreviado.

 

Artículo 93.- Responsabilidad de los directivos

 

Los asociados que desempeñen cargos directivos son responsables ante la asociación conforme a las reglas de la representación, excepto aquellos que no hayan participado del acto causante del daño o que dejen constancia de su oposición.

 

Artículo 94.- Disolución de pleno derecho

 

La asociación se disuelve de pleno derecho cuando no pueda funcionar según su estatuto.

 

Artículo 95.- Disolución por liquidación

 

La Asociación se disuelve por liquidación, según lo acordado por su respectiva Junta de Acreedores de conformidad con la ley de la materia.

 

En caso de pérdidas acumuladas, deducidas las reservas superiores al tercio del capital social pagado, el Consejo Directivo debe solicitar el inicio del Procedimiento Concursal Ordinario de la asociación, conforme a la ley de la materia y bajo responsabilidad ante los acreedores por los daños y perjuicios que resultaren por la omisión.

 

Artículo 96.- Disolución por atentar contra orden público

 

El Ministerio Público puede solicitar judicialmente la disolución de la asociación cuyas actividades o fines sean o resulten contrarios al orden público o a las buenas costumbres.

 

La demanda se tramita como proceso abreviado, considerando como parte demandada a la asociación. Cualquier asociado está legitimado para intervenir en el proceso. La sentencia no apelada se eleva en consulta a la Corte Superior.

 

En cualquier estado del proceso puede el Juez dictar medidas cautelares suspendiendo total o parcialmente las actividades de la asociación, o designando un interventor de las mismas.

 

Artículo 97.- Disolución por falta de norma estatutaria

 

De no haberse previsto en el estatuto de la asociación normas para el caso en que no pueda seguir funcionando o para su disolución, se procede de conformidad con lo dispuesto en el artículo 599, inciso 2.

 

Artículo 98.- Destino del patrimonio restante a la liquidación

 

Disuelta la asociación y concluída la liquidación, el haber neto resultante es entregado a las personas designadas en el estatuto, con exclusión de los asociados. De no ser posible, la Sala Civil de la Corte Superior respectiva ordena su aplicación a fines análogos en interés de la comunidad, dándose preferencia a la provincia donde tuvo su sede la asociación.

 

Título III: Fundación

Artículo 99.- Noción

 

La fundación es una organización no lucrativa instituida mediante la afectación de uno o más bienes para la realización de objetivos de carácter religioso, asistencial, cultural u otros de interés social.

 

Artículo 100.- Constitución de la Fundación

 

La fundación se constituye mediante escritura pública, por una o varias personas naturales o jurídicas, indistintamente, o por testamento.

 

Artículo 101.- Acto constitutivo

 

El acto constitutivo de la fundación debe expresar necesariamente su finalidad y el bien o bienes que se afectan. El fundador puede también indicar el nombre y domicilio de la fundación, así como designar al administrador o a los administradores y señalar normas para su régimen económico, funcionamiento y extinción así como el destino final del patrimonio.

 

Puede nombrarse como administradores de la fundación a personas jurídicas o a quien o quienes desempeñen funciones específicas en ellas. En el primer caso, debe designarse a la persona natural que la represente.

 

El registrador de personas jurídicas debe enviar al Consejo de Supervigilancia de Fundaciones el título de constitución que careciere de alguno de los requisitos señalados en el primer párrafo del presente artículo. El Consejo procederá en un plazo no mayor de diez días, con arreglo al artículo 104, incisos 1 a 3, según sea el caso.

 

Artículo 102.- Revocación del fundador

 

La facultad de revocar no es transmisible. El acto de constitución de la fundación, una vez inscrito, es irrevocable.

 

Artículo 103.- Consejo de Supervigilancia de Fundaciones

 

El Consejo de Supervigilancia de Fundaciones es la organización administrativa encargada del control y vigilancia de las fundaciones.

 

Su integración y estructura se determinan en la ley de la materia.

 

Artículo 104.- Funciones del Consejo de Supervigilancia de Fundaciones

 

El Consejo de Supervigilancia de Fundaciones ejerce las siguientes funciones básicas:

 

1. Indicar la denominación y domicilio de la fundación, cuando no consten del acto constitutivo.

 

2. Designar a los administradores cuando se hubiese omitido su nombramiento por el fundador o sustituirlos al cesar por cualquier causa en sus actividades, siempre que no se hubiese previsto, para ambos casos, en el acto constitutivo la forma o modo de reemplazarlos.

 

En el caso previsto en el párrafo anterior, están impedidos de ser nombrados como administradores de las fundaciones, los beneficiarios o los representantes de las instituciones beneficiarias. Asimismo, en dicho supuesto, el cargo de administrador es indelegable.

 

3. Determinar, de oficio y con audiencia de los administradores o a propuesta de éstos, el régimen económico y administrativo, si hubiere sido omitido por el fundador, o modificarlo cuando impidiese el normal funcionamiento o conviniere a los fines de la fundación.

 

4. Tomar conocimiento de los planes y del correspondiente presupuesto anual de las fundaciones, para lo cual éstas elevan copia de los mismos al Consejo al menos treinta días antes de la fecha de iniciación del año económico.

 

5. Autorizar los actos de disposición y gravamen de los bienes que no sean objeto de las operaciones ordinarias de la fundación y establecer el procedimiento a seguir, en cada caso.

 

6. Promover la coordinación de las fundaciones de fines análogos cuando los bienes de éstas resulten insuficientes para el cumplimiento del fin fundacional, o cuando tal coordinación determinase una acción más eficiente.

 

7. Vigilar que los bienes y rentas se empleen conforme a la finalidad propuesta.

 

8. Disponer las auditorías necesarias.

 

9. Impugnar judicialmente los acuerdos de los administradores que sean contrarios a ley o al acto constitutivo o demandar la nulidad o anulación de los actos o contratos que celebren, en los casos previstos por la ley. La impugnación se tramita como proceso abreviado; la demanda de nulidad o de anulación como proceso de conocimiento.

 

10. Intervenir como parte en los juicios en que se impugne la validez del acto constitutivo de la fundación.

 

11. Designar al liquidador o a los liquidadores de la fundación a falta de disposición en el acto constitutivo.

 

12. Llevar un registro administrativo de fundaciones.

 

Artículo 105.- Presentación de cuentas y balances

 

Los administradores están obligados a presentar al Consejo de Supervigilancia de Fundaciones, para su aprobación, las cuentas y el balance de la fundación, dentro de los cuatro primeros meses del año.

 

Artículo 106.- Acciones judicial contra los administradores

 

El Consejo de Supervigilancia de Fundaciones puede iniciar acción judicial contra los administradores que no cumplan con presentar las cuentas y el balance anuales de la fundación o si éstos fueron desaprobados y en otros casos de incumplimiento de sus deberes.

 

A pedido de parte, el juez de primera instancia puede, por causa justificada, suspender a los administradores.

 

Declarada la responsabilidad, los administradores cesan automáticamente en el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de la acción penal a que hubiere lugar.

 

Los administradores suspendidos son reemplazados de acuerdo a lo dispuesto en el acto constitutivo o, en su defecto, por el Consejo de Supervigilancia de Fundaciones.

 

La demanda de presentación de cuentas y balances y la de suspensión de los administradores en su cargo, se tramitan como proceso abreviado. La demanda de desaprobación de cuentas o balances y la de responsabilidad por incumplimiento de deberes, como proceso de conocimiento.

 

Artículo 107.- Personas prohibidas para contratar con Fundaciones

 

El administrador o los administradores de la fundación, así como sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, no pueden celebrar contratos con la fundación, salvo autorización expresa del Consejo de Supervigilancia de Fundaciones.

 

La prohibición se hace extensiva a las personas jurídicas de las cuales sean socios tanto el administrador o los administradores de la fundación, como sus parientes en los grados señalados en el párrafo anterior.

 

Artículo 108.- Ampliación y modificación de los objetivos de la Fundación

 

El Consejo de Supervigilancia de Fundaciones, respetando en lo posible la voluntad del fundador, puede solicitar al Juez Civil:

 

1. La ampliación de los fines de la fundación a otros análogos, cuando el patrimonio resulta notoriamente excesivo para la finalidad instituída por el fundador.

 

2. La modificación de los fines, cuando haya cesado el interés social a que se refiere el artículo 99.

 

La pretensión se tramita como proceso abreviado, con citación del Ministerio Público, considerando como emplazados a los administradores de la fundación.

 

Artículo 109.- Disolución de la Fundación

 

El Consejo de Supervigilancia puede solicitar la disolución de la fundación cuya finalidad resulte de imposible cumplimiento.

 

La demanda se tramita como proceso abreviado ante el Juez Civil de la sede de la fundación, emplazando a los administradores. La demanda será publicada por tres veces en el diario encargado de los avisos judiciales y en otro de circulación nacional, mediando cinco días entre cada publicación.

 

La sentencia no apelada se eleva en consulta a la Corte Superior.

 

Artículo 110.- Destino del patrimonio restante a la liquidación

 

El haber neto resultante de la liquidación de la fundación se aplica a la finalidad prevista en el acto constitutivo. Si ello no fuera posible, se destina, a propuesta del Consejo, a incrementar el patrimonio de otra u otras fundaciones de finalidad análoga o, en su defecto, a la Beneficencia Pública para obras de similares propósitos a los que tenía la fundación en la localidad donde tuvo su sede.

 

Título IV: Comité

Artículo 111.- Noción

 

El comité es la organización de personas naturales o jurídicas, o de ambas, dedicada a la recaudación pública de aportes destinados a una finalidad altruísta.

 

El acto constitutivo y el estatuto del comité pueden constar, para su inscripción en el registro, en documento privado con legalización notarial de las firmas de los fundadores.

 

Artículo 112.- Registro de miembros

 

El comité debe tener un registro actualizado que contenga el nombre, domicilio, actividad y fecha de admisión de sus miembros, con indicación de los integrantes del consejo directivo o de las personas que ejerzan cualquier otra actividad administrativa.

 

El registro debe constar de un libro llevado con las formalidades de ley, bajo la responsabilidad de quien preside el consejo directivo.

 

Artículo 113.- Estatuto del Comité

 

El estatuto del comité debe expresar:

 

1. La denominación, duración y domicilio.

 

2. La finalidad altruísta propuesta.

 

3. El régimen administrativo.

 

4. La constitución y funcionamiento de la asamblea general y del consejo directivo, así como de cualquier otro órgano administrativo.

 

5. La designación del funcionario que ha de tener la representación legal del comité.

 

6. Los demás pactos y condiciones que se establezcan.

 

Artículo 114.- Convocatoria del Consejo Directivo

 

El consejo directivo es el órgano de gestión del comité y es convocado por quien lo presida en los casos previstos en el estatuto o cuando lo solicite cualquiera de los miembros integrantes del consejo o la décima parte de los miembros del comité. Si su solicitud fuese denegada o transcurren siete días de presentada sin efectuarse la convocatoria, se procede de conformidad con lo establecido en el artículo 85.

 

Artículo 115.- Atribuciones de la Asamblea General

 

La asamblea general elige a las personas que integran el consejo directivo. Puede modificar el estatuto, acordar la disolución del comité y adoptar cualquier otra decisión que no sea de competencia de otros órganos.

 

Artículo 116.- Quórum para reuniones y acuerdos

 

Para la validez de las reuniones de la asamblea, para el cómputo del quórum y para las votaciones, se aplica lo dispuesto en los artículos 87, párrafo primero, y 88.

 

Artículo 117.- Denuncia de actos y acuerdos ilegales

 

Cualquier miembro del comité o del consejo directivo tiene el derecho y el deber de denunciar ante el Ministerio Público los acuerdos o los actos que violen las disposiciones legales o estatutarias.

 

Artículo 118.- Responsabilidad del Consejo Directivo

 

Los miembros del consejo directivo son responsables solidariamente de la conservación y debida aplicación de los aportes recaudados a la finalidad anunciada.

 

Artículo 119.- Control de los aportes por el Ministerio Público

 

El Ministerio Público vigila, de oficio o a instancia de parte, que los aportes recaudados por el comité se conserven y se destinen a la finalidad propuesta y, llegado el caso, puede solicitar la rendición de cuentas, sin perjuicio de la acción civil o penal a que haya lugar.

 

Artículo 120.- Disolución por atentar contra el orden público

 

Es de aplicación al Comité lo dispuesto en el artículo 96.

 

Artículo 121.- Disolución y liquidación del Comité

 

Cumplida la finalidad propuesta, o si ella no se ha podido alcanzar, el consejo directivo procede a la disolución y liquidación del comité, presentando al Ministerio Público copia de los estados finales de cuentas.

 

Artículo 122.-Aplicación del haber neto

 

El consejo directivo adjudica a los erogantes el haber neto resultante de la liquidación, si las cuentas no hubieran sido objetadas por el Ministerio Público dentro de los treinta días de haberle sido presentadas. La desaprobación de las cuentas se tramita como proceso de conocimiento, estando legitimados para intervenir cualquiera de los miembros del comité.

 

Si la adjudicación a los erogantes no fuera posible, el consejo entregará el haber neto a la entidad de Beneficencia Pública del lugar, con conocimiento del Ministerio Público.

 

Artículo 123.- Aplicación supletoria de normas

 

El comité se rige, además, por los artículos 81 a 98, en cuanto le fueren aplicables.

 

Sección tercera: Asociación, fundación y comité no inscritos

Título I: Asociación

Artículo 124.- Régimen de la asociación de hecho

 

El ordenamiento interno y la administración de la asociación que no se haya constituido mediante escritura pública inscrita, se regula por los acuerdos de sus miembros, aplicándose las reglas establecidas en los artículos 80 a 98, en lo que sean pertinentes.

 

Dicha asociación puede comparecer en juicio representada por el presidente del consejo directivo o por quien haga sus veces.

 

Artículo 125.- Fondo común de la asociación de hecho

 

Los aportes y las cuotas de los asociados, así como los bienes que adquiera la asociación, constituyen su fondo común. Mientras está vigente la asociación no se puede pedir la división y partición de dicho fondo, ni el reembolso de las aportaciones de los asociados.

 

Artículo 126.- Responsabilidad por obligaciones de los representantes

 

El fondo común responde de las obligaciones contraídas por los representantes de la asociación. De dichas obligaciones responden solidariamente quienes actúen en nombre de la asociación, aun cuando no sean sus representantes.

 

Título II: Fundación

Artículo 127.- Inscripción de la fundación de hecho

 

Si por cualquier causa el acto constitutivo de la fundación no llega a inscribirse, corresponde al Consejo de Supervigilancia de Fundaciones, al Ministerio Público o a quien tenga legítimo interés, realizar las acciones para lograr dicha inscripción.

 

Artículo 128.- Responsabilidad solidaria de los administradores

 

Los administradores de la fundación, en tanto no esté inscrita, son solidariamente responsables de la conservación de los bienes afectados a la finalidad propuesta y de las obligaciones que hubieren contraído.

 

Artículo 129.- Afectación del patrimonio a otra fundación

 

De no ser posible la inscripción a que se refiere el artículo 127, la Sala Civil de la Corte Superior de la sede de la fundación, a solicitud del Consejo de Supervigilancia de Fundaciones, del Ministerio Público o de quien tenga legítimo interés, afectará los bienes a otras fundaciones de fines análogos o, si ello no es posible, a otra fundación preferentemente establecida en el mismo distrito judicial.

 

Título III: Comité

Artículo 130.- Comité de hecho

 

El comité que no se haya constituído mediante instrumento inscrito se rige por los acuerdos de sus miembros, aplicándose las reglas establecidas en los artículos 111 a 123, en lo que sean pertinentes.

 

El comité puede comparecer en juicio representado por el presidente del consejo directivo o por quien haga sus veces.

 

Artículo 131.- Responsabilidad solidaria de los organizadores

 

Quienes aparezcan como organizadores del comité y quienes asuman la gestión de los aportes recaudados, son responsables solidariamente de su conservación, de su aplicación a la finalidad anunciada y de las obligaciones contraídas.

 

Artículo 132.- Disolución y rendición de cuentas a pedido del Ministerio Público

 

Cumplida la finalidad propuesta, o si ella no se hubiera podido alcanzar, el Ministerio Público solicita de oficio o a instancia de parte, la disolución del comité y la rendición judicial de cuentas, proponiendo la afectación del haber neto resultante a fines análogos.

 

Artículo 133.- Supervisión de lo recaudado por el Ministerio Público

 

El Ministerio Público vigila, de oficio o a instancia de parte, que los aportes recaudados se conserven debidamente y se apliquen a la finalidad anunciada.

 

Sección cuarta: Comunidades campesinas y nativas

Título único: Disposiciones generales

Artículo 134.- Noción y fines de las Comunidades Campesinas y Nativas

 

Las comunidades campesinas y nativas son organizaciones tradicionales y estables de interés público, constituidas por personas naturales y cuyos fines se orientan al mejor aprovechamiento de su patrimonio, para beneficio general y equitativo de los comuneros, promoviendo su desarrollo integral.

 

Están reguladas por legislación especial.

 

Artículo 135.- Existencia jurídica de las comunidades

 

Para la existencia legal de las comunidades se requiere, además de la inscripción en el registro respectivo, su reconocimiento oficial.

 

Artículo 136.- Carácter de las tierras de las comunidades

 

Las tierras de las comunidades son inalienables, imprescriptibles e inembargables, salvo las excepciones establecidas por la Constitución Política del Perú.

 

Se presume que son propiedad comunal las tierras poseídas de acuerdo al reconocimiento e inscripción de la comunidad.

 

Artículo 137.- Estatuto de las comunidades

 

El Poder Ejecutivo regula el estatuto de las comunidades, el cual consagra su autonomía económica y administrativa, así como los derechos y obligaciones de sus miembros y las demás normas para su reconocimiento, inscripción, organización y funcionamiento.

 

Artículo 138.- Asamblea General

 

La asamblea general es el órgano supremo de las comunidades. Los directivos y representantes comunales son elegidos periódicamente, mediante voto personal, igual, libre, secreto y obligatorio.

 

Artículo 139.- Padrón y catastro de las comunidades

 

Las comunidades tienen un padrón general actualizado con el nombre, actividad, domicilio y fecha de admisión de cada uno de sus miembros, con indicación de los que ejerzan cargos directivos o representación.

 

Las comunidades tienen, asimismo, un catastro en el que constan los bienes que integran su patrimonio.

 

En el padrón general y en el catastro constan también los demás datos que señale la legislación especial.

 

Libro II: Acto jurídico

Título I: Disposiciones generales

Artículo 140.- Noción de Acto Jurídico: elementos esenciales

 

El acto jurídico es la manifestación de voluntad destinada a crear, regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas. Para su validez se requiere:

 

1. Plena capacidad de ejercicio, salvo las restricciones contempladas en la ley.

 

2. Objeto física y jurídicamente posible.

 

3. Fin lícito

 

4. Observancia de la forma prescrita bajo sanción de nulidad.

 

Artículo 141.- Manifestación de voluntad

 

La manifestación de voluntad puede ser expresa o tácita. Es expresa cuando se realiza en forma oral, escrita, a través de cualquier medio directo, manual, mecánico, digital, electrónico, mediante la lengua de señas o algún medio alternativo de comunicación, incluyendo de ajustes razonables o de los apoyos requeridos por la persona.

 

Es tácita cuando la voluntad se infiere indubitablemente de una actitud o  conductas reiteradas en la historia de vida que revela su existencia.

 

No puede considerarse que existe manifestación tácita cuando la ley exige declaración expresa o cuando el agente formula reserva o declaración en contrario.

 

Artículo 141-A.- Formalidad

 

En los casos en que la ley establezca que la manifestación de voluntad deba hacerse a través de alguna formalidad expresa o requiera de firma, ésta podrá ser generada o comunicada a través de medios electrónicos, ópticos o cualquier otro análogo.

 

Tratándose de instrumentos públicos, la autoridad competente deberá dejar constancia del medio empleado y conservar una versión íntegra para su ulterior consulta.

 

Artículo 142.- El silencio

 

El silencio importa manifestación de voluntad cuando la ley o el convenio le atribuyen ese significado.

 

Título II: Forma del acto jurídico

Artículo 143.- Libertad de forma

 

Cuando la ley no designe una forma específica para un acto jurídico, los interesados pueden usar la que juzguen conveniente.

 

Artículo 144.- Forma ad probationem y ad solemnitatem

 

Cuando la ley impone una forma y no sanciona con nulidad su inobservancia, constituye sólo un medio de prueba de la existencia del acto.

 

Título III: Representación

Artículo 145.- Origen de la representación

 

El acto jurídico puede ser realizado mediante representante, salvo disposición contraria de la ley.

 

La facultad de representación la otorga el interesado o la confiere la ley.

 

Artículo 146.- Representación conyugal

 

Se permite la representación entre cónyuges.

 

Artículo 147.- Pluralidad de representantes

 

Cuando son varios los representantes se presumen que lo son indistintamente, salvo que expresamente se establezca que actuarán conjunta o sucesivamente o que estén específicamente designados para practicar actos diferentes.

 

Artículo 148.- Responsabilidad solidaria de los representantes

 

Si son dos o más los representantes, éstos quedan obligados solidariamente frente al representado, siempre que el poder se haya otorgado por acto único y para un objeto de interés común.

 

Artículo 149.- Revocación del poder

 

El poder puede ser revocado en cualquier momento.

 

Artículo 150.- Pluralidad de representados

 

La revocación del poder otorgado por varios representados para un objeto de interés común, produce efecto sólo si es realizada por todos.

 

Artículo 151.- Designación de nuevo representante

 

La designación de nuevo representante para el mismo acto o la ejecución de éste por parte del representado, importa la revocación del poder anterior. Esta produce efecto desde que se le comunica al primer representante.

 

Artículo 152.- Comunicación de la revocación

 

La revocación debe comunicarse también a cuantos intervengan o sean interesados en el acto jurídico.

 

La revocación comunicada sólo al representante no puede ser opuesta a terceros que han contratado ignorando esa revocación, a menos que ésta haya sido inscrita.

 

Quedan a salvo los derechos del representado contra el representante.

 

Artículo 153.- Poder irrevocable

 

El poder es irrevocable siempre que se estipule para un acto especial o por tiempo limitado o cuando es otorgado en interés común del representado y del representante o de un tercero.

 

El plazo del poder irrevocable no puede ser mayor de un año.

 

Artículo 154.- Renuncia del representante

 

El representante puede renunciar a la representación comunicándolo al representado. El representante está obligado a continuar con la representación hasta su reemplazo, salvo impedimento grave o justa causa.

 

El representante puede apartarse de la representación si notificado el representado de su renuncia, transcurre el plazo de treinta días más el término de la distancia, sin haber sido reemplazado.

 

Artículo 155.- Poder general y especial

 

El poder general sólo comprende los actos de administración.

 

El poder especial comprende los actos para los cuales ha sido conferido.

 

Artículo 156.- Poder por escritura pública para actos de disposición

 

Para disponer de la propiedad del representado o gravar sus bienes, se requiere que el encargo conste en forma indubitable y por escritura pública, bajo sanción de nulidad.

 

Artículo 157.- Carácter personal de la representación

 

El representante debe desempeñar personalmente el encargo, a no ser que se le haya facultado expresamente la sustitución.

 

Artículo 158.- Sustitución y responsabilidad del representante

 

El representante queda exento de toda responsabilidad cuando hace la sustitución en la persona que se le designó. Si no se señaló en el acto la persona del sustituto, pero se concedió al representante la facultad de nombrarlo, éste es responsable cuando incurre en culpa inexcusable en la elección. El representante responde de las instrucciones que imparte al sustituto.

 

El representado puede accionar directamente contra el sustituto.

 

Artículo 159.- Revocación del sustituto

 

La sustitución puede ser revocada por el representante, reasumiendo el poder, salvo pacto distinto.

 

Artículo 160.- Representación directa

 

El acto jurídico celebrado por el representante, dentro de los límites de las facultades que se le haya conferido, produce efecto directamente respecto del representado.

 

Artículo 161.- Ineficacia del acto jurídico por exceso de facultades

 

El acto jurídico celebrado por el representante excediendo los límites de las facultades que se le hubiere conferido, o violándolas, es ineficaz con relación al representado, sin perjuicio de las responsabilidades que resulten frente a éste y a terceros.

 

También es ineficaz ante el supuesto representado el acto jurídico celebrado por persona que no tiene la representación que se atribuye.

 

Artículo 162.- Ratificación del acto jurídico por el representado

 

En los casos previstos por el artículo 161, el acto jurídico puede ser ratificado por el representado observando la forma prescrita para su celebración.

 

La ratificación tiene efecto retroactivo, pero queda a salvo el derecho de tercero.

 

El tercero y el que hubiese celebrado el acto jurídico como representante podrán resolver el acto jurídico antes de la ratificación, sin perjuicio de la indemnización que corresponda.

 

La facultad de ratificar se trasmite a los herederos.

 

Artículo 163.- Anulabilidad del acto jurídico por vicios de la voluntad

 

El acto jurídico es anulable si la voluntad del representante hubiere sido viciada. Pero cuando el contenido del acto jurídico fuese total o parcialmente determinado, de modo previo, por el representado, el acto es anulable solamente si la voluntad de éste fuere viciada respecto de dicho contenido.

 

Artículo 164.- Manifestación de la calidad de representante

 

El representante está obligado a expresar en todos los actos que celebre que procede a nombre de su representado y, si fuere requerido, a acreditar sus facultades.

 

Artículo 165.- Presunción legal de representación

 

Se presume que el dependiente que actúa en establecimientos abiertos al público tiene poder de representación de su principal para los actos que ordinariamente se realizan en ellos.

 

Artículo 166.- Anulabilidad de acto jurídico del representante consigo mismo

 

Es anulable el acto jurídico que el representante concluya consigo mismo, en nombre propio o como representante de otro, a menos que la ley lo permita, que el representado lo hubiese autorizado específicamente, o que el contenido del acto jurídico hubiera sido determinado de modo que excluya la posibilidad de un conflicto de intereses.

 

El ejercicio de la acción le corresponde al representado.

 

Artículo 167.- Poder especial para actos de disposición

 

Los representantes legales requieren autorización expresa para realizar los siguientes actos sobre los bienes del representado:

 

1. Disponer de ellos o gravarlos.

 

2. Celebrar transacciones.

 

3. Celebrar compromiso arbitral.

 

4. Celebrar los demás actos para los que la ley o el acto jurídico exigen autorización especial.

 

Título IV: Interpretación del acto jurídico

Artículo 168.- Interpretación objetiva

 

El acto jurídico debe ser interpretado de acuerdo con lo que se haya expresado en él y según el principio de la buena fe.

 

Artículo 169.- Interpretación sistemática

 

Las cláusulas de los actos jurídicos se interpretan las unas por medio de las otras, atribuyéndose a las dudosas el sentido que resulte del conjunto de todas.

 

Artículo 170.- Interpretación integral

 

Las expresiones que tengan varios sentidos deben entenderse en el más adecuado a la naturaleza y al objeto del acto.

 

Título V: Modalidades del acto jurídico

Artículo 171.- Invalidación del acto por condiciones impropias

 

La condición suspensiva ilícita y la física o jurídicamente imposible invalidan el acto.

 

La condición resolutoria ilícita y la física o jurídicamente imposible se consideran no puestas.

 

Artículo 172.- Nulidad del acto jurídico sujeto a voluntad del deudor

 

Es nulo el acto jurídico cuyos efectos están subordinados a condición suspensiva que dependa de la exclusiva voluntad del deudor.

 

Artículo 173.- Actos realizables del adquiriente

 

Pendiente la condición suspensiva, el adquiriente puede realizar actos conservatorios.

 

El adquirente de un derecho bajo condición resolutoria puede ejercitarlo pendiente ésta, pero la otra parte puede realizar actos conservatorios.

 

El deudor puede repetir lo que hubiese pagado antes del cumplimiento de la condición suspensiva o resolutoria.

 

Artículo 174.- Indivisibilidad de la condición

 

El cumplimiento de la condición es indivisible, aunque consista en una prestación divisible.

 

Cumplida en parte la condición, no es exigible la obligación, salvo pacto en contrario.

 

Artículo 175.- Condición negativa

 

Si la condición es que no se realice cierto acontecimiento dentro de un plazo, se entenderá cumplida desde que vence el plazo, o desde que llega a ser cierto que el acontecimiento no puede realizarse.

 

Artículo 176.- Cumplimiento e incumplimiento de la condición por mala fe

 

Si se impidiese de mala fe el cumplimiento de la condición por la parte en cuyo detrimento habría de realizarse, se considerará cumplida.

 

Al contrario, se considerará no cumplida, si se ha llevado a efecto de mala fe por la parte a quien aproveche tal cumplimiento.

 

Artículo 177.- Irretroactividad de la condición

 

La condición no opera retroactivamente, salvo pacto en contrario.

 

Artículo 178.- Efectos de plazos suspensivo y resolutorio

 

Cuando el plazo es suspensivo, el acto no surte efecto mientras se encuentre pendiente. Cuando el plazo es resolutorio, los efectos del acto cesan a su vencimiento.

 

Antes del vencimiento del plazo, quien tenga derecho a recibir alguna prestación puede ejercitar las acciones conducentes a la cautela de su derecho.

 

Artículo 179.- Beneficio del plazo suspensivo

 

El plazo suspensivo se presume establecido en beneficio del deudor, a no ser que del tenor del instrumento o de otras circunstancias, resultase haberse puesto en favor del acreedor o de ambos.

 

Artículo 180.- Derecho de repetición por pago anticipado

 

El deudor que pagó antes del vencimiento del plazo suspensivo no puede repetir lo pagado. Pero, si pagó por ignorancia del plazo, tiene derecho a la repetición.

 

Artículo 181.- Caducidad de plazo

 

El deudor pierde el derecho a utilizar el plazo:

 

1. Cuando resulta insolvente después de contraída la obligación, salvo que garantice la deuda.

 

Se presume la insolvencia del deudor si dentro de los quince días de su emplazamiento judicial, no garantiza la deuda o no señala bienes libres de gravamen por valor suficiente para el cumplimiento de su prestación.

 

2. Cuando no otorgue al acreedor las garantías a que se hubiese comprometido.

 

3. Cuando las garantías disminuyeren por acto propio del deudor, o desaparecieren por causa no imputable a éste, a menos que sean inmediatamente sustituídas por otras equivalentes, a satisfacción del acreedor.

 

La pérdida del derecho al plazo por las causales indicadas en los incisos precedentes, se declara a petición del interesado y se tramita como proceso sumarísimo. Son especialmente procedentes las medidas cautelares destinadas a asegurar la satisfacción del crédito.

 

Artículo 182.- Plazo judicial para cumplimiento del acto jurídico

 

Si el acto no señala plazo, pero de su naturaleza y circunstancias se dedujere que ha querido concederse al deudor, el juez fija su duración.

 

También fija el juez la duración del plazo cuya determinación haya quedado a voluntad del deudor o un tercero y éstos no lo señalaren.

 

La demanda se tramita como proceso sumarísimo.

 

Artículo 183.- Reglas para cómputo del plazo

 

El plazo se computa de acuerdo al calendario gregoriano, conforme a las siguientes reglas:

 

1. El plazo señalado por días se computa por días naturales, salvo que la ley o el acto jurídico establezcan que se haga por días hábiles.

 

2. El plazo señalado por meses se cumple en el mes del vencimiento y en el día de éste correspondiente a la fecha del mes inicial. Si en el mes de vencimiento falta tal día, el plazo se cumple el último día de dicho mes.

 

3. El plazo señalado por años se rige por las reglas que establece el inciso 2.

 

4. El plazo excluye el día inicial e incluye el día del vencimiento.

 

5. El plazo cuyo último día sea inhábil, vence el primer día hábil siguiente.

 

Artículo 184.- Reglas extensivas al plazo legal o convencional

 

Las reglas del artículo 183 son aplicables a todos los plazos legales o convencionales, salvo disposición o acuerdo diferente.

 

Artículo 185.- Exigibilidad del cumplimiento del cargo

 

El cumplimiento del cargo puede ser exigido por el imponente o por el beneficiario. Cuando el cumplimiento del cargo sea de interés social, su ejecución puede ser exigida por la entidad a la que concierna.

 

Artículo 186.- Fijación judicial del plazo para cumplimiento del cargo

 

Si no hubiese plazo para la ejecución del cargo, éste debe cumplirse en el que el juez señale.

 

La demanda se tramita como proceso sumarísimo.

 

Artículo 187.- Inexigibilidad del cargo

 

El gravado con el cargo no está obligado a cumplirlo en la medida en que exceda el valor de la liberalidad.

 

Artículo 188.- Transmisibilidad del cargo

 

La obligación de cumplir los cargos impuestos para la adquisición de un derecho pasa a los herederos del que fue gravado con ellos, a no ser que sólo pudiesen ser cumplidos por él, como inherentes a su persona.

 

En este caso, si el gravado muere sin cumplir los cargos, la adquisición del derecho queda sin efecto, volviendo los bienes al imponente de los cargos o a sus herederos.

 

Artículo 189.- Imposibilidad e ilicitud del cargo

 

Si el hecho que constituye el cargo es ilícito o imposible, o llega a serlo, el acto jurídico subsiste sin cargo alguno.

 

Título VI: Simulación del acto jurídico

Artículo 190.- Simulación absoluta

 

Por la simulación absoluta se aparenta celebrar un acto jurídico cuando no existe realmente voluntad para celebrarlo.

 

Artículo 191.- Simulación relativa

 

Cuando las partes han querido concluir un acto distinto del aparente, tiene efecto entre ellas el acto ocultado, siempre que concurran los requisitos de sustancia y forma y no perjudique el derecho de tercero.

 

Artículo 192.- Simulación parcial

 

La norma del artículo 191 es de aplicación cuando en el acto se hace referencia a datos inexactos o interviene interpósita persona.

 

Artículo 193.- Acción de nulidad de acto simulado

 

La acción para solicitar la nulidad del acto simulado puede ser ejercitada por cualquiera de las partes o por el tercero perjudicado, según el caso.

 

Artículo 194.- Inoponibilidad de la simulación

 

La simulación no puede ser opuesta por las partes ni por los terceros perjudicados a quien de buena fe y a título oneroso haya adquirido derechos del titular aparente.

 

Título VII: Fraude del acto jurídico

Artículo 195.- Acción pauliana

 

El acreedor, aunque el crédito esté sujeto a condición o a plazo, puede pedir que se declaren ineficaces respecto de él los actos gratuitos del deudor por los que renuncie a derechos o con los que disminuya su patrimonio conocido y perjudiquen el cobro del crédito. Se presume la existencia de perjuicio cuando del acto del deudor resulta la imposibilidad de pagar íntegramente la prestación debida, o se dificulta la posibilidad de cobro.

 

Tratándose de acto a título oneroso deben concurrir, además, los siguientes requisitos:

 

1. Si el crédito es anterior al acto de disminución patrimonial, que el tercero haya tenido conocimiento del perjuicio a los derechos del acreedor o que, según las circunstancias, haya estado en razonable situación de conocer o de no ignorarlos y el perjuicio eventual de los mismos.

 

2. Si el acto cuya ineficacia se solicita fuera anterior al surgimiento del crédito, que el deudor y el tercero lo hubiesen celebrado con el propósito de perjudicar la satisfacción del crédito del futuro acreedor. Se presume dicha intención en el deudor cuando ha dispuesto de bienes de cuya existencia había informado por escrito al futuro acreedor. Se presume la intención del tercero cuando conocía o estaba en aptitud de conocer el futuro crédito y que el deudor carece de otros bienes registrados.

 

Incumbe al acreedor la prueba sobre la existencia del crédito y, en su caso, la concurrencia de los requisitos indicados en los incisos 1 y 2 de este artículo. Corresponde al deudor y al tercero la carga de la prueba sobre la inexistencia del perjuicio, o sobre la existencia de bienes libres suficientes para garantizar la satisfacción del crédito.

 

Artículo 196.- Onerosidad de las garantías

 

Para los efectos del artículo 195, se considera que las garantías, aún por deudas ajenas, son actos a título oneroso si ellas son anteriores o simultáneas con el crédito garantizado.

 

Artículo 197.- Protección al subadquiriente de buena fe

 

La declaración de ineficacia del acto no perjudica los derechos adquiridos a título oneroso por los terceros subadquirientes de buena fe.

 

Artículo 198.- Improcedencia de la declaración de ineficacia

 

No procede la declaración de ineficacia cuando se trata del cumplimiento de una deuda vencida, si ésta consta en documento de fecha cierta.

 

Artículo 199.- Acción oblicua

 

El acreedor puede ejercitar frente a los terceros adquirentes las acciones que le correspondan sobre los bienes objeto del acto ineficaz.

 

El tercero adquirente que tenga frente al deudor derechos de crédito pendientes de la declaración de ineficacia, no puede concurrir sobre el producto de los bienes que han sido objeto del acto ineficaz, sino después que el acreedor haya sido satisfecho.

 

Artículo 200.- Ineficacia de acto jurídico gratuito u oneroso

 

La ineficacia de los actos gratuitos se tramita como proceso sumarísimo; la de los actos onerosos como proceso de conocimiento. Son especialmente procedentes las medidas cautelares destinadas a evitar que el perjuicio resulte irreparable.

 

Quedan a salvo las disposiciones pertinentes en materia de quiebra.

 

Título VIII: Vicios de la Voluntad

Artículo 201.- Requisitos de error

 

El error es causa de anulación del acto jurídico cuando sea esencial y conocible por la otra parte.

 

Artículo 202.- Error esencial

 

El error es esencial:

 

1. Cuando recae sobre la propia esencia o una cualidad del objeto del acto que, de acuerdo con la apreciación general o en relación a las circunstancias, debe considerarse determinante de la voluntad.

 

2. Cuando recae sobre las cualidades personales de la otra parte, siempre que aquéllas hayan sido determinantes de la voluntad.

 

3. Cuando el error de derecho haya sido la razón única o determinante del acto.

 

Artículo 203.- Error conocible

 

El error se considera conocible cuando, en relación al contenido, a las circunstancias del acto o a la calidad de las partes, una persona de normal diligencia hubiese podido advertirlo.

 

Artículo 204.- Rectificación del acto jurídico por error de cálculo

 

El error de cálculo no da lugar a la anulación del acto sino solamente a rectificación, salvo que consistiendo en un error sobre la cantidad haya sido determinante de la voluntad.

 

Artículo 205.- Anulabilidad del acto jurídico por error en el motivo

 

El error en el motivo sólo vicia el acto cuando expresamente se manifiesta como su razón determinante y es aceptado por la otra parte.

 

Artículo 206.- Improcedencia de la anulabilidad por error rectificado

 

La parte que incurre en error no puede pedir la anulación del acto si, antes de haber sufrido un perjuicio, la otra ofreciere cumplir conforme al contenido y a las modalidades del acto que aquélla quiso concluir.

 

Artículo 207.- Improcedencia de indemnización por error

 

La anulación del acto por error no da lugar a indemnización entre las partes.

 

Artículo 208.- Casos en que el error en la declaración vicia el acto jurídico

 

Las disposiciones de los artículos 201 a 207 también se aplican, en cuanto sean pertinentes, al caso en que el error en la declaración se refiera a la naturaleza del acto, al objeto principal de la declaración o a la identidad de la persona cuando la consideración a ella hubiese sido el motivo determinante de la voluntad, así como al caso en que la declaración hubiese sido trasmitida inexactamente por quien estuviere encargado de hacerlo.

 

Artículo 209.- Casos en que el error en la declaración no vicia el acto jurídico

 

El error en la declaración sobre la identidad o la denominación de la persona, del objeto o de la naturaleza del acto, no vicia el acto jurídico, cuando por su texto o las circunstancias se puede identificar a la persona, al objeto o al acto designado.

 

Artículo 210.- Anulabilidad por dolo

 

El dolo es causa de anulación del acto jurídico cuando el engaño usado por una de las partes haya sido tal que sin él la otra parte no hubiera celebrado el acto.

 

Cuando el engaño sea empleado por un tercero, el acto es anulable si fue conocido por la parte que obtuvo beneficio de él.

 

Artículo 211.- Dolo incidental

 

Si el engaño no es de tal naturaleza que haya determinado la voluntad, el acto será válido, aunque sin él se hubiese concluido en condiciones distintas; pero la parte que actuó de mala fe responderá de la indemnización de daños y perjuicios.

 

Artículo 212.- Omisión dolosa

 

La omisión dolosa produce los mismos efectos que la acción dolosa.

 

Artículo 213.- Dolo recíproco

 

Para que el dolo sea causa de anulación del acto, no debe haber sido empleado por las dos partes.

 

Artículo 214.- Anulabilidad por violencia o intimidación

 

La violencia o la intimidación son causas de anulación del acto jurídico, aunque hayan sido empleadas por un tercero que no intervenga en él.

 

Artículo 215.- Intimidación

 

Hay intimidación cuando se inspira al agente el fundado temor de sufrir un mal inminente y grave en su persona, su cónyuge, o sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o en los bienes de unos u otros.

 

Tratándose de otras personas o bienes, corresponderá al juez decidir sobre la anulación, según las circunstancias.

 

Artículo 216.- Criterios para calificar la violencia o intimidación

 

Para calificar la violencia o la intimidación debe atenderse a la edad, al sexo, a la condición de la persona y a las demás circunstancias que puedan influir sobre su gravedad.

 

Artículo 217.- Supuestos de no intimidación

 

La amenaza del ejercicio regular de un derecho y el simple temor reverencial no anulan el acto.

 

Artículo 218.- Nulidad de la renuncia de la acción por vicios de la voluntad

 

Es nula la renuncia anticipada a la acción que se funde en error, dolo, violencia o intimidación.

 

Título IX: Nulidad del acto jurídico

Artículo 219.- Causales de nulidad

 

El acto jurídico es nulo:

 

1. Cuando falta la manifestación de voluntad del agente.

 

2. Derogado.

 

3. Cuando su objeto es física o jurídicamente imposible o cuando sea indeterminable.

 

4. Cuando su fin sea ilícito.

 

5. Cuando adolezca de simulación absoluta.

 

6. Cuando no revista la forma prescrita bajo sanción de nulidad.

 

7. Cuando la ley lo declara nulo.

 

8. En el caso del artículo V del Título Preliminar, salvo que la ley establezca sanción diversa.

 

Artículo 220.- Alegación de la nulidad

 

La nulidad a que se refiere el artículo 219 puede ser alegada por quienes tengan interés o por el Ministerio Público.

 

Puede ser declarada de oficio por el juez cuando resulte manifiesta.

 

No puede subsanarse por la confirmación.

 

Artículo 221.- Causales de anulabilidad

 

El acto jurídico es anulable:

 

1. Por capacidad de ejercicio restringida de la persona contemplada en los numerales 1 al 8 del artículo 44.

 

2. Por vicio resultante de error, dolo, violencia o intimidación.

 

3. Por simulación, cuando el acto real que lo contiene perjudica el derecho de tercero.

 

4. Cuando la ley lo declara anulable.

 

Artículo 222.- Efectos de la nulidad por sentencia

 

El acto jurídico anulable es nulo desde su celebración, por efecto de la sentencia que lo declare.

 

Esta nulidad se pronunciará a petición de parte y no puede ser alegada por otras personas que aquellas en cuyo beneficio la establece la ley.

 

Artículo 223.- Nulidad de acto plurilateral

 

En los casos en que intervengan varios agentes y en los que las prestaciones de cada uno de ellos vayan dirigidas a la consecución de un fin común, la nulidad que afecte al vínculo de una sola de las partes no importará la nulidad del acto, salvo que la participación de ella deba considerarse como esencial, de acuerdo con las circunstancias.

 

Artículo 224.- Nulidad parcial

 

La nulidad de una o más de las disposiciones de un acto jurídico no perjudica a las otras, siempre que sean separables.

 

La nulidad de disposiciones singulares no importa la nulidad del acto cuando éstas sean sustituidas por normas imperativas.

 

La nulidad de la obligación principal conlleva la de las obligaciones accesorias, pero la nulidad de éstas no origina la de la obligación principal.

 

Artículo 225.- Acto y documento

 

No debe confundirse el acto con el documento que sirve para probarlo. Puede subsistir el acto aunque el documento se declare nulo.

 

Artículo 226.- Capacidad de ejercicio restringida en beneficio propio

 

Cuando hubiere más de un sujeto que integre una misma parte, la capacidad de ejercicio restringida del artículo 44 de uno de ellos no puede ser invocada por la otra que integre la misma parte, salvo cuando es indivisible la prestación o su objeto.

 

Artículo 227.- Anulabilidad por incapacidad relativa

 

Las obligaciones contraídas por los mayores de dieciséis años y menores de dieciocho son anulables, cuando resultan de actos practicados sin la autorización necesaria.

 

Artículo 228.- Derogado

 

Artículo 229.- Derogado

 

Título X: Confirmación del acto jurídico

Artículo 230.- Confirmación explícita

 

Salvo el derecho de tercero, el acto anulable puede ser confirmado por la parte a quien corresponda la acción de anulación, mediante instrumento que contenga la mención del acto que se quiere confirmar, la causal de anulabilidad y la manifestación expresa de confirmarlo.

 

Artículo 231.- Confirmación por ejecución total o parcial

 

El acto queda también confirmado si la parte a quien correspondía la acción de anulación, conociendo la causal, lo hubiese ejecutado en forma total o parcial, o si existen hechos que inequívocamente pongan de manifiesto la intención de renunciar a la acción de anulabilidad.

 

Artículo 232.- Formalidad de la confirmación

 

La forma del instrumento de confirmación debe tener iguales solemnidades a las establecidas para la validez del acto que se confirma.

 

LIBRO III: Derecho de familia

Sección primera: Disposiciones generales

Artículo 233.- Finalidad de la regulación de la familia

 

La regulación jurídica de la familia tiene por finalidad contribuir a su consolidación y fortalecimiento, en armonía con los principios y normas proclamados en la Constitución Política del Perú.

 

Artículo 234.- Noción del matrimonio

 

El matrimonio es la unión voluntariamente concertada por un varón y una mujer legalmente aptos para ella y formalizada con sujeción a las disposiciones de este Código, a fin de hacer vida común.

 

El marido y la mujer tienen en el hogar autoridad, consideraciones, derechos, deberes y responsabilidades iguales.

 

Artículo 235.- Deberes de los padres

 

Los padres están obligados a proveer al sostenimiento, protección, educación y formación de sus hijos menores según su situación y posibilidades.

 

Todos los hijos tienen iguales derechos.

 

Artículo 236.- Parentesco cosanguíneo

 

El parentesco consanguíneo es la relación familiar existente entre las personas que descienden una de otra o de un tronco común.

 

El grado de parentesco se determina por el número de generaciones.

 

En la línea colateral, el grado se establece subiendo de uno de los parientes al tronco común y bajando después hasta el otro. Este parentesco produce efectos civiles sólo hasta el cuarto grado.

 

Artículo 237.- Parentesco por afinidad

 

El matrimonio produce parentesco de afinidad entre cada uno de los cónyuges con los parientes consanguíneos del otro. Cada cónyuge se halla en igual línea y grado de parentesco por afinidad que el otro por consanguinidad.

 

La afinidad en línea recta no acaba por la disolución del matrimonio que la produce. Subsiste la afinidad en el segundo grado de la línea colateral en caso de divorcio y mientras viva el ex-cónyuge.

 

Artículo 238.- Parentesco por adopción

 

La adopción es fuente de parentesco dentro de los alcances de esta institución.

 

Sección segunda: Sociedad conyugal

Título I: El Matrimonio como acto

Capítulo primero: Esponsales

Artículo 239.- Promesa recíproca de matrimonio

 

La promesa recíproca de matrimonio no genera obligación legal de contraerlo, ni de ajustarse a lo estipulado para el caso de incumplimiento de la misma.

 

Artículo 240.- Efectos de la ruptura de promesa matrimonial

 

Si la promesa de matrimonio se formaliza indubitablemente entre personas legalmente aptas para casarse y se deja de cumplir por culpa exclusiva de uno de los promitentes, ocasionando con ello daños y perjuicios al otro o a terceros, aquél estará obligado a indemnizarlos.

 

La acción debe de interponerse dentro del plazo de un año a partir de la ruptura de la promesa.

 

Dentro del mismo plazo, cada uno de los prometidos puede revocar las donaciones que haya hecho en favor del otro por razón del matrimonio proyectado. Cuando no sea posible la restitución, se observa lo prescrito en el artículo 1635.

 

Capítulo segundo: Impedimentos

Artículo 241.- Impedimentos Absolutos

 

No pueden contraer matrimonio:

 

1. Los adolescentes. El juez puede dispensar este impedimento por motivos justificados, siempre que los contrayentes tengan, como mínimo, dieciséis años cumplidos y manifiesten expresamente su voluntad de casarse.

 

2. Las personas con capacidad de ejercicio restringida contempladas en el artículo 44 numeral 9, en tanto no exista manifestación de la voluntad expresa o tácita sobre esta materia.

 

3. Derogado.

 

4. Derogado.

 

5. Los casados.

 

Artículo 242.- Impedimentos relativos

 

No pueden contraer matrimonio entre sí:

 

1. Los consanguíneos en línea recta. El fallo que condena al pago de alimentos en favor del hijo extramatrimonial no reconocido ni declarado judicialmente produce también el impedimento a que se refiere este inciso.

 

2. Los consanguíneos en línea colateral dentro del segundo y el tercer grados. Tratándose dl tercer grado el juez puede dispensar este impedimento cuando existan motivos graves.

 

3. Los afines en línea recta.

 

4. Los afines en el segundo grado de la línea colateral cuando el matrimonio que produjo la afinidad se disolvió por divorcio y el ex-cónyuge vive.

 

5. El adoptante, el adoptado y sus familiares en las líneas y dentro de los grados señalados en los incisos 1 a 4 para la consanguinidad y la afinidad.

 

6. El condenado como partícipe en el homicidio doloso de uno de los cónyuges, ni el procesado por esta causa con el sobreviviente.

 

7. El raptor con la raptada o a la inversa, mientras subsista el rapto o haya retención violenta.

 

Artículo 243.- Prohibiciones especiales

 

No se permite el matrimonio:

 

1. Del tutor o del curador con el menor o con la persona con capacidad de ejercicio restringida del artículo 44 numerales 4 al 7 durante el ejercicio del cargo, ni antes de que estén judicialmente aprobadas las cuentas de la administración, salvo que el padre o la madre de la persona sujeta a la tutela hubiese autorizado el matrimonio por testamento o escritura pública.

 

El tutor que infrinja la prohibición pierde la retribución a que tenga derecho, sin perjuicio de la responsabilidad derivada del desempeño del cargo.

 

2. Del viudo o de la viuda que no acredite haber hecho inventario judicial, con intervención del Ministerio Público, de los bienes que esté administrando pertenecientes a sus hijos o sin que preceda declaración jurada de que no tiene hijos bajo su patria potestad o de que éstos no tienen bienes.

 

La infracción de esta norma acarrea la pérdida del usufructo legal sobre los bienes de dichos hijos.

 

Esta disposición es aplicable al cónyuge cuyo matrimonio hubiese sido invalidado o disuelto por divorcio, así como al padre o a la madre que tenga hijos extramatrimoniales bajo su patria potestad.

 

3. De la viuda, en tanto no transcurran por lo menos trescientos días de la muerte de su marido, salvo que diere a luz. Esta disposición es aplicable a la mujer divorciada o cuyo matrimonio hubiera sido invalidado.

 

Se dispensa el plazo si la mujer acredita no hallarse embarazada, mediante certificado médico expedido por autoridad competente.

 

La viuda que contravenga la prohibición contenida en este inciso pierde los bienes que hubiera recibido de su marido a título gratuito.

 

No rige la prohibición para el caso del Artículo 333 inciso 5.

 

Es de aplicación a los casos a que se refiere este inciso la presunción de paternidad respecto del nuevo marido.

 

Artículo 244.- Requisitos para matrimonio entre menores de edad

 

Los menores de edad, para contraer matrimonio, necesitan del asentimiento expreso de sus padres. La discrepancia entre los padres equivale al asentimiento.

 

A falta o por incapacidad absoluta o por destitución de uno de los padres del ejercicio de la patria potestad, basta el asentimiento del otro.

 

A falta de ambos padres, o si los dos fueran absolutamente incapaces o hubieran sido destituidos del ejercicio de la patria potestad, prestarán asentimiento los abuelos y las abuelas. En igualdad de votos contrarios, la discordancia equivale al asentimiento.

 

A falta de abuelos y abuelas o si son absolutamente incapaces o han sido removidos de la tutela, corresponde al juez de menores otorgar o negar la licencia supletoria. La misma atribución corresponde al juez de menores, respecto de expósitos o de menores abandonados o que se encuentren bajo jurisdicción especial.

 

Los hijos extramatrimoniales sólo requieren el asentimiento del padre o, en su caso, de los abuelos paternos, cuando aquél los hubiese reconocido voluntariamente. La misma regla se aplica a la madre y los abuelos en línea materna.

 

Artículo 245.- Negativa de los padres

 

La negativa de los padres o ascendientes a otorgar el asentimiento no requiere fundamentación. Contra esta negativa no hay recurso alguno.

 

Artículo 246.- Resolución judicial denegatoria

 

La resolución judicial denegatoria a que se refiere el artículo 244 debe ser fundamentada y contra ella procede el recurso de apelación en ambos efectos.

 

Artículo 247.- Efectos del matrimonio de menores sin autorización

 

El menor que se casa sin el asentimiento a que se refieren los artículos 244 y 245 no goza de la posesión, administración, usufructo ni de la facultad de gravamen o disposición de sus bienes, hasta que alcance la mayoría.

 

El funcionario del registro del estado civil ante quien se celebró el casamiento sufrirá una multa no menor a diez sueldos mínimos vitales mensuales del lugar que corresponda, sin perjuicio de la responsabilidad penal a que haya lugar.

 

Capítulo tercero: Celebración del matrimonio

Artículo 248.- Diligencias para matrimonio civil

 

Quienes pretendan contraer matrimonio civil lo declararán oralmente o por escrito al alcalde provincial o distrital del domicilio de cualquiera de ellos.

 

Acompañarán copia certificada de las partidas de nacimiento, la prueba del domicilio y el certificado médico, expedido en fecha no anterior a treinta días, que acredite que no están incursos en los impedimentos establecidos en el Artículo 241, inciso 2 y 243 inciso 3, o si en el lugar no hubiere servicio médico oficial y gratuito, la declaración jurada de no tener tal impedimento.

 

Acompañarán también en sus respectivos casos, la dispensa judicial de la impubertad, el instrumento en que conste el asentimiento de los padres o ascendientes o la licencia judicial supletoria, la dispensa del parentesco de consanguinidad colateral en tercer grado, copia certificada de la partida de defunción del cónyuge anterior o la sentencia de divorcio o de invalidación del matrimonio anterior, el certificado consular de soltería o viudez, y todos los demás documentos que fueren necesarios según las circunstancias.

 

Cada pretendiente presentará, además, a dos testigos mayores de edad que lo conozcan por lo menos desde tres años antes, quienes depondrán, bajo juramento, acerca de si existe o no algún impedimento. Los mismos testigos pueden serlo de ambos pretendientes.

 

Cuando la declaración sea oral se extenderá un acta que será firmada por el alcalde, los pretendientes, las personas que hubiesen prestado su consentimiento y los testigos.

 

Artículo 249.- Dispensa judicial

 

El juez de primera instancia puede dispensar a los pretendientes de la obligación de presentar algunos documentos, cuando sean de muy difícil o imposible obtención.

 

Artículo 250.- Publicación de matrimonio proyectado

 

El alcalde anunciará el matrimonio proyectado, por medio de un aviso que se fijará en la oficina de la municipalidad durante ocho días y que se publicará una vez por periódico, donde lo hubiere.

 

En la circunscripción que no exista periódico, el aviso se efectuará a través de la emisora radial de la respectiva localidad que elijan los contrayentes, o de la más cercana a su localidad; debiendo entregarse el texto publicado, con la firma y libreta electoral del responsable de la emisora radial, al jefe de los Registros Civiles.

 

El aviso consignará el nombre, nacionalidad, edad, profesión, ocupación u oficio, domicilio de los contrayentes, el lugar donde será celebrado el matrimonio y la advertencia de que todo el que conozca la existencia de algún impedimento debe denunciarlo.

 

Artículo 251.- Edicto domiciliar

 

Si fuere diverso el domicilio de los contrayentes, se oficiará al alcalde que corresponda para que ordene también la publicación prescrita en el artículo 250, en su jurisdicción.

 

Artículo 252.- Dispensa de la publicación del edicto matrimonial

 

El alcalde puede dispensar la publicación de los avisos si median causas razonables y siempre que se presenten todos los documentos exigidos en el artículo 248.

 

Artículo 253.- Oposición de terceros a la celebración del matrimonio

 

Todos los que tengan interés legítimo pueden oponerse a la celebración del matrimonio cuando exista algún impedimento. La oposición se formula por escrito ante cualquiera de los alcaldes que haya publicado los avisos.

 

Si la oposición no se funda en causa legal, el alcalde la rechazará de plano, sin admitir recurso alguno. Si se funda en causa legal y los pretendientes niegan su existencia, el alcalde remitirá lo actuado al juez.

 

Artículo 254.- Oposición del Ministerio Público

 

El Ministerio Público debe oponerse de oficio al matrimonio cuando tenga noticia de la existencia de alguna causa de nulidad.

 

Artículo 255.- Denuncia de impedimento matrimonial por tercero

 

Cualquier persona que conozca la existencia de un impedimento que constituya alguna causal de nulidad, puede denunciarlo.

 

La denuncia puede hacerse oralmente o por escrito y se remitirá al Ministerio Público, el cual, si la encuentra fundada, formulará la oposición.

 

Artículo 256.- Procedimiento de la Oposición

 

Es competente para conocer la oposición al matrimonio, el Juez de Paz Letrado del lugar donde éste habría de celebrarse.

 

Remitido el expediente de oposición por el alcalde, el Juez requerirá al oponente para que interponga demanda dentro de quinto día. El Ministerio Público interpondrá su demanda dentro de diez días contados desde publicado el aviso previsto en el Artículo 250 o de formulada la denuncia citada en el Artículo anterior.

 

Vencidos los plazos citados en el párrafo anterior sin que se haya interpuesto demanda, se archivará definitivamente lo actuado.

 

La oposición se tramita como proceso sumarísimo.

 

Artículo 257.- Indemnización por oposición infundada

 

Si se declara infundada la oposición, quien la formuló queda sujeto al pago de la indemnización de daños y perjuicios. Los ascendientes y el Ministerio Público están exonerados de esta responsabilidad. Si la denuncia hubiera sido maliciosa, es igualmente responsable quien la formula. En ambos casos, la indemnización la fija prudencialmente el juez, teniendo en cuenta el daño moral.

 

Artículo 258.- Declaración de capacidad de los pretendientes

 

Transcurrido el plazo señalado para la publicación de los avisos sin que se haya producido oposición o desestimada ésta, y no teniendo el alcalde noticia de ningún impedimento, declarará la capacidad de los pretendientes y que pueden contraer matrimonio dentro de los cuatro meses siguientes.

 

Si el alcalde tuviese noticia de algún impedimento o si de los documentos presentados y de la información producida no resulta acreditada la capacidad de los pretendientes, remitirá lo actuado al juez, quien, con citación del Ministerio Público, resolverá lo conveniente, en el plazo de tres días.

 

Artículo 259.- Celebración del matrimonio

 

El matrimonio se celebra en la municipalidad, públicamente, ante el alcalde que ha recibido la declaración, compareciendo los contrayentes en presencia de dos testigos mayores de edad y vecinos del lugar. El alcalde, después de leer los artículos 287, 288, 289, 290, 418 y 419, preguntará a cada uno de los pretendientes si persisten en su voluntad de celebrar el matrimonio y respondiendo ambos afirmativamente, extenderá el acta de casamiento, la que será firmada por el alcalde, los contrayentes y los testigos.

 

Artículo 260.- Persona facultada a celebrar matrimonio

 

El alcalde puede delegar, por escrito, la facultad de celebrar el matrimonio a otros regidores, a los funcionarios municipales, directores o jefes de hospitales o establecimientos análogos.

 

El matrimonio puede celebrarse también ante el párroco o el Ordinario del lugar por delegación del alcalde respectivo.

 

En este caso el párroco o el Ordinario remitirá dentro de un plazo no mayor de cuarentiocho horas el certificado del matrimonio a la oficina del registro del estado civil respectivo.

 

Artículo 261.-Celebración del matrimonio en distinta jurisdicción

 

El matrimonio puede celebrarse ante el alcalde de otro concejo municipal, mediante autorización escrita del alcalde competente.

 

Artículo 262.- Celebración del matrimonio en comunidades campesinas y nativas

 

El matrimonio civil puede tramitarse y celebrarse también en las comunidades campesinas y nativas, ante un comité especial constituído por la autoridad educativa e integrado por los dos directivos de mayor jerarquía de la respectiva comunidad. La presidencia del comité recae en uno de los directivos de mayor jerarquía de la comunidad.

 

Artículo 263.- Facultad del jefe de registro para celebrar matrimonio

 

En las capitales de provincia donde el registro de estado civil estuviese a cargo de funcionarios especiales, el jefe de aquél ejerce las atribuciones conferidas a los alcaldes por este título.

 

Artículo 264.- Matrimonio por apoderado

 

El matrimonio puede contraerse por apoderado especialmente autorizado por escritura pública, con identificación de la persona con quien ha de celebrarse, bajo sanción de nulidad. Es indispensable la presencia de esta última en el acto de celebración.

 

El matrimonio es nulo si el poderdante revoca el poder o deviene incapaz antes de la celebración, aun cuando el apoderado ignore tales hechos. Para que surta efecto la revocatoria debe notificarse al apoderado y al otro contrayente.

 

El poder caduca a los seis meses de otorgado.

 

Artículo 265.- Matrimonio fuera del local municipal

 

El alcalde puede, excepcionalmente, celebrar el matrimonio fuera del local de la municipalidad.

 

Artículo 266.- Gratuidad de trámites matrimoniales

 

Ninguno de los funcionarios o servidores públicos que intervienen en la tramitación y celebración del matrimonio cobrará derecho alguno.

 

Artículo 267.- Sanciones al infractor de la gratuidad

 

El infractor del artículo 266 sufrirá destitución del cargo, sin perjuicio de la responsabilidad penal.

 

Artículo 268.- Matrimonio por inminente peligro de muerte

 

Si alguno de los contrayentes se encuentra en inminente peligro de muerte, el matrimonio puede celebrarse sin observar las formalidades que deben precederle. Este matrimonio se celebrará ante el párroco o cualquier otro sacerdote y no produce efectos civiles si alguno de los contrayentes es incapaz.

 

La inscripción sólo requiere la presentación de copia certificada de la partida parroquial.

 

Dicha inscripción, sobreviva o no quien se encontraba en peligro de muerte, debe efectuarse dentro del año siguiente de celebrado el matrimonio, bajo sanción de nulidad.

 

Capítulo cuarto: Prueba del matrimonio

Artículo 269.- Prueba del matrimonio

 

Para reclamar los efectos civiles del matrimonio debe presentarse copia certificada de la partida del registro del estado civil.

 

La posesión constante del estado de matrimonio, conforme a la partida, subsana cualquier defecto puramente formal de ésta.

 

Artículo 270.- Prueba supletoria del matrimonio

 

Comprobada la falta o pérdida del registro o del acta correspondiente, es admisible cualquier otro medio de prueba.

 

Artículo 271.- Sentencia penal como prueba del matrimonio

 

Si la prueba del matrimonio resulta de un proceso penal, la inscripción de la sentencia en el registro del estado civil tiene la misma fuerza probatoria que la partida.

 

Artículo 272.- Posesión constante de estado de casados

 

La posesión constante del estado de casados de los padres, constituye uno de los medios de prueba del matrimonio, si hubiesen muerto o se hallasen en la imposibilidad de expresarse o de proporcionar información.

 

Artículo 273.- Dudas de la celebración del matrimonio

 

La duda sobre la celebración del matrimonio se resuelve favorablemente a su preexistencia si los cónyuges viven o hubieran vivido en la posesión constante del estado de casados.

 

Capítulo quinto: Invalidez del Matrimonio

Artículo 274.- Causales de nulidad del matrimonio

 

Es nulo el matrimonio:

 

1. Derogado

 

2. Derogado

 

3. Del casado. No obstante, si el primer cónyuge del bígamo ha muerto o si el primer matrimonio ha sido invalidado o disuelto por divorcio, sólo el segundo cónyuge del bígamo puede demandar la invalidación, siempre que hubiese actuado de buena fe. La acción caduca si no se interpone dentro del plazo de un año desde el día en que tuvo conocimiento del matrimonio anterior.

Tratándose del nuevo matrimonio contraído por el cónyuge de un desaparecido sin que se hubiera declarado la muerte presunta de éste, sólo puede ser impugnado, mientras dure el estado de ausencia, por el nuevo cónyuge y siempre que hubiera procedido de buena fe.

En el caso del matrimonio contraído por el cónyuge de quien fue declarado presuntamente muerto, es de aplicación el artículo 68.

 

4. De los consanguíneos o afines en línea recta.

 

5. De los consanguíneos en segundo y tercer grado de la línea colateral.

Sin embargo, tratándose del tercer grado, el matrimonio se convalida si se obtiene dispensa judicial del parentesco.

 

6. De los afines en segundo grado de la línea colateral cuando el matrimonio anterior se disolvió por divorcio y el ex-cónyuge vive.

 

7. Del condenado por homicidio doloso de uno de los cónyuges con el sobreviviente a que se refiere el artículo 242, inciso 6.

 

8. De quienes lo celebren con prescindencia de los trámites establecidos en los artículos 248 a 268. No obstante, queda convalidado si los contrayentes han actuado de buena fe y se subsana la omisión.

 

9. De los contrayentes que, actuando ambos de mala fe, lo celebren ante funcionario incompetente, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa, civil o penal de éste. La acción no puede ser planteada por los cónyuges.

 

Artículo 275.- Acción de nulidad

 

La acción de nulidad debe ser interpuesta por el Ministerio Público y puede ser intentada por cuantos tengan en ella un interés legítimo y actual. Si la nulidad es manifiesta, el juez la declara de oficio. Sin embargo, disuelto el matrimonio, el Ministerio Público no puede intentar ni proseguir la nulidad ni el juez declararla de oficio.

 

Artículo 276.- Inextinguibilidad de la acción de nulidad

 

La acción de nulidad no caduca.

 

Artículo 277.- Causales de anulabilidad del matrimonio

 

Es anulable el matrimonio:

 

1. Del impúber. La pretensión puede ser ejercida por él luego de llegar a la mayoría de edad, por sus ascendientes si no hubiesen prestado asentimiento para el matrimonio y, a falta de éstos, por el consejo de familia. No puede solicitarse la anulación después que el menor ha alcanzado mayoría de edad, ni cuando la mujer ha concebido. Aunque se hubiera declarado la anulación, los cónyuges mayores de edad pueden confirmar su matrimonio. La confirmación se solicita al Juez de Paz Letrado del lugar del domicilio conyugal y se tramita como proceso no contencioso. La resolución que aprueba la confirmación produce efectos retroactivos.

 

2. De quien está impedido conforme el artículo 241, inciso 2. La acción sólo puede ser intentada por el cónyuge del enfermo y caduca si no se interpone dentro del plazo de un año desde el día en que tuvo conocimiento de la dolencia o del vicio.

 

3. Del raptor con la raptada o a la inversa o el matrimonio realizado con retención violenta. La acción corresponde exclusivamente a la parte agraviada y sólo será admisible si se plantea dentro del plazo de un año de cesado el rapto o la retención violenta.

 

4. De quien no se halla en pleno ejercicio de sus facultades mentales por una causa pasajera. La acción sólo puede ser interpuesta por él, dentro de los dos años de la celebración del casamiento y siempre que no haya hecho vida común durante seis meses después de desaparecida la causa.

 

5. De quien lo contrae por error sobre la identidad física del otro contrayente o por ignorar algún defecto sustancial del mismo que haga insoportable la vida común. Se reputan defectos sustanciales: la vida deshonrosa, la homosexualidad, la toxicomanía, la enfermedad grave de carácter crónico, la condena por delito doloso a más de dos años de pena privativa de la libertad o el ocultamiento de la esterilización o del divorcio. La acción puede ser ejercitada sólo por el cónyuge perjudicado, dentro del plazo de dos años de celebrado.

 

6. De quien lo contrae bajo amenaza de un mal grave e inminente, capaz de producir en el amenazado un estado de temor, sin el cual no lo hubiera contraído. El juez apreciará las circunstancias, sobre todo si la amenaza hubiera sido dirigida contra terceras personas. La acción corresponde al cónyuge perjudicado y sólo puede ser interpuesta dentro del plazo de dos años de celebrado. El simple temor reverencial no anula el matrimonio.

 

7. De quien adolece de impotencia absoluta al tiempo de celebrarlo. La acción corresponde a ambos cónyuges y está expedita en tanto subsista la impotencia. No procede la anulación si ninguno de los cónyuges puede realizar la cópula sexual.

 

De quien, de buena fe, lo celebra ante funcionario incompetente, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa, civil o penal de dicho funcionario. La acción corresponde únicamente al cónyuge o cónyuges de buena fe y debe interponerse dentro de los seis meses siguientes a la celebración del matrimonio.

 

Artículo 278.- Carácter personal de las acciones de nulidad y anulabilidad

 

La acción a que se contraen los artículos 274, incisos 1, 2 y 3, y 277 no se trasmite a los herederos, pero éstos pueden continuar la iniciada por el causante.

 

Artículo 279.- Intransmisibilidad de la acción de nulidad

 

La acción de nulidad que corresponde al cónyuge en los demás casos del artículo 274 tampoco se trasmite a sus herederos, quienes pueden continuar la iniciada por su causante. Sin embargo, esto no afecta el derecho de accionar que dichos herederos tienen por sí mismos como legítimos interesados en la nulidad.

 

Artículo 280.- Petición de invalidez por representación

 

La invalidez del matrimonio puede ser demandada por apoderado si está facultado expresamente y por escritura pública, bajo sanción de nulidad.

 

Artículo 281.- Procedimiento para invalidez del matrimonio

 

La pretensión de invalidez del matrimonio se tramita como proceso de conocimiento, y le son aplicables, en cuanto sean pertinentes, las disposiciones establecidas para los procesos de separación de cuerpos o divorcio por causal.

 

Artículo 282.- Invalidez del matrimonio y patria potestad

 

Al declarar la invalidez del matrimonio, el juez determina lo concerniente al ejercicio de la patria potestad, sujetándose a lo establecido para el divorcio.

 

Artículo 283.- Indemnización por invalidez de matrimonio

 

Son aplicables a la invalidez del matrimonio las disposiciones establecidas para el caso del divorcio en lo que se refiere a la indemnización de daños y perjuicios.

 

Artículo 284.- Efectos del matrimonio invalidado

 

El matrimonio invalidado produce efectos civiles respecto de los cónyuges e hijos si se contrajo de buena fe, como si fuese un matrimonio válido disuelto por divorcio.

 

Si hubo mala fe en uno de los cónyuges, el matrimonio no produce efectos en su favor, pero sí respecto del otro y de los hijos.

 

El error de derecho no perjudica la buena fe.

 

Artículo 285.- Efectos de la invalidez matrimonial frente a terceros

 

El matrimonio invalidado produce los efectos de un matrimonio válido disuelto por divorcio, frente a los terceros que hubieran actuado de buena fe.

 

Artículo 286.- Casos de validez del matrimonio

 

El matrimonio contraído con infracción del artículo 243 es válido.

 

Título II: Relaciones personales entre los cónyuges

Capítulo único: Deberes y derechos que nacen del matrimonio

Artículo 287.- Obligaciones comunes de los cónyuges

 

Los cónyuges se obligan mutuamente por el hecho del matrimonio a alimentar y educar a sus hijos.

 

Artículo 288.- Deber de fidelidad y asistencia

 

Los cónyuges se deben recíprocamente fidelidad y asistencia.

 

Artículo 289.- Deber de cohabitación

 

Es deber de ambos cónyuges hacer vida común en el domicilio conyugal. El juez puede suspender este deber cuando su cumplimiento ponga en grave peligro la vida, la salud o el honor de cualquiera de los cónyuges o la actividad económica de la que depende el sostenimiento de la familia.

 

Artículo 290.- Igualdad en el hogar

 

Ambos cónyuges tienen el deber y el derecho de participar en el gobierno del hogar y de cooperar al mejor desenvolvimiento del mismo.

 

A ambos compete, igualmente, fijar y mudar el domicilio conyugal y decidir las cuestiones referentes a la economía del hogar.

 

Artículo 291.- Obligación unilateral de sostener la familia

 

Si uno de los cónyuges se dedica exclusivamente al trabajo del hogar y al cuidado de los hijos, la obligación de sostener a la familia recae sobre el otro, sin perjuicio de la ayuda y colaboración que ambos cónyuges se deben en uno y otro campo.

 

Cesa la obligación de uno de los cónyuges de alimentar al otro cuando éste abandona la casa conyugal sin justa causa y rehusa volver a ella. En este caso el juez puede, según las circunstancias, ordenar el embargo parcial de las rentas del abandonante en beneficio del cónyuge inocente y de los hijos. El mandamiento de embargo queda sin efecto cuando lo soliciten ambos cónyuges.

 

Artículo 292.- La representación de la sociedad conyugal es ejercida conjuntamente por los cónyuges, sin perjuicio de lo dispuesto por el Código Procesal Civil. Cualquiera de ellos, sin embargo, puede otorgar poder al otro para que ejerza dicha representación de manera total o parcial.

 

Para las necesidades ordinarias del hogar y actos de administración y conservación, la sociedad es representada indistintamente por cualquiera de los cónyuges.

 

Si cualquiera de los cónyuges abusa de los derechos a que se refiere este artículo, el Juez de Paz Letrado puede limitárselos en todo o parte. La pretensión se tramita como proceso abreviado.

 

Artículo 293.- Libertad de trabajo de los cónyuges

 

Cada cónyuge puede ejercer cualquier profesión o industria permitidos por la ley, así como efectuar cualquier trabajo fuera del hogar, con el asentimiento expreso o tácito del otro. Si éste lo negare, el juez puede autorizarlo, si lo justifica el interés de la familia.

 

Artículo 294.- Representación unilateral de la sociedad conyugal

 

Uno de los cónyuges asume la dirección y representación de la sociedad:

 

1. Si el otro está impedido por interdicción u otra causa.

 

2. Si se ignora el paradero del otro o éste se encuentra en lugar remoto.

 

3. Si el otro ha abandonado el hogar.

 

Título III: Régimen patrimonial

Capítulo primero: Disposiciones generales

Artículo 295.- Elección del régimen patrimonial

 

Antes de la celebración del matrimonio, los futuros cónyuges pueden optar libremente por el régimen de sociedad de gananciales o por el de separación de patrimonios, el cual comenzará a regir al celebrarse el casamiento.

 

Si los futuros cónyuges optan por el régimen de separación de patrimonios, deben otorgar escritura pública, bajo sanción de nulidad.

 

Para que surta efecto debe inscribirse en el registro personal.

 

A falta de escritura pública se presume que los interesados han optado por el régimen de sociedad de gananciales.

 

Artículo 296.- Sustitución del Régimen Patrimonial

 

Durante el matrimonio, los cónyuges pueden sustituir un régimen por el otro. Para la validez del convenio son necesarios el otorgamiento de escritura pública y la inscripción en el registro personal. El nuevo régimen tiene vigencia desde la fecha de su inscripción.

 

Artículo 297.- Sustitución judicial del régimen

 

En el caso de hallarse en vigencia el régimen de sociedad de gananciales, cualquiera de los cónyuges puede recurrir al juez para que dicho régimen se sustituya por el de separación, en los casos a que se refiere el artículo 329.

 

Artículo 298.- Liquidación del régimen patrimonial

 

Al terminar la vigencia de un régimen patrimonial se procederá necesariamente a su liquidación.

 

Artículo 299.- Bienes del régimen patrimonial

 

El régimen patrimonial comprende tanto los bienes que los cónyuges tenían antes de entrar aquél en vigor como los adquiridos por cualquier título durante su vigencia.

 

Artículo 300.- Obligación mutua de sostener el hogar

 

Cualquiera que sea el régimen en vigor, ambos cónyuges están obligados a contribuir al sostenimiento del hogar según sus respectivas posibilidades y rentas.

 

En caso necesario, el juez reglará la contribución de cada uno.

 

Capítulo segundo: Sociedad de gananciales

Artículo 301.- Bienes de la sociedad de gananciales

 

En el régimen de sociedad de gananciales puede haber bienes propios de cada cónyuge y bienes de la sociedad.

 

Artículo 302.- Bienes de la sociedad de gananciales

 

Son bienes propios de cada cónyuge:

 

1. Los que aporte al iniciarse el régimen de sociedad de gananciales.

 

2. Los que adquiera durante la vigencia de dicho régimen a título oneroso, cuando la causa de adquisición ha precedido a aquélla.

 

3. Los que adquiera durante la vigencia del régimen a título gratuito.

 

4. La indemnización por accidentes o por seguros de vida, de daños personales o de enfermedades, deducidas las primas pagadas con bienes de la sociedad.

 

5. Los derechos de autor e inventor.

 

6. Los libros, instrumentos y útiles para el ejercicio de la profesión o trabajo, salvo que sean accesorios de una empresa que no tenga la calidad de bien propio.

 

7. Las acciones y las participaciones de sociedades que se distribuyan gratuitamente entre los socios por revaluación del patrimonio social, cuando esas acciones o participaciones sean bien propio.

 

8. La renta vitalicia a título gratuito y la convenida a título oneroso cuando la contraprestación constituye bien propio.

 

9. Los vestidos y objetos de uso personal, así como los diplomas, condecoraciones, correspondencia y recuerdos de familia.

 

Artículo 303.- Administración de bienes propios

 

Cada cónyuge conserva la libre administración de sus bienes propios y puede disponer de ellos o gravarlos.

 

Artículo 304.- Irrenunciabilidad de actos de liberalidad

 

Ninguno de los cónyuges puede renunciar a una herencia o legado o dejar de aceptar una donación sin el consentimiento del otro.

 

Artículo 305.- Administración de bienes propios del otro cónyuge

 

Si uno de los cónyuges no contribuye con los frutos o productos de sus bienes propios al sostenimiento del hogar, el otro puede pedir que pasen a su administración, en todo o en parte. En este caso, está obligado a constituir hipoteca y, si carece de bienes propios, otra garantía, si es posible, según el prudente arbitrio del juez, por el valor de los bienes que reciba.

 

Artículo 306.- Atribución del cónyuge administrador

 

Cuando uno de los cónyuges permite que sus bienes propios sean administrados en todo o en parte por el otro, no tiene este sino las facultades inherentes a la mera administración y queda obligado a devolverlos en cualquier momento a requerimiento del propietario.

 

Artículo 307.- Pago de deudas anteriores al régimen de gananciales

 

Las deudas de cada cónyuge anteriores a la vigencia del régimen de gananciales son pagadas con sus bienes propios, a menos que hayan sido contraídas en beneficio del futuro hogar, en cuyo caso se pagan con bienes sociales a falta de bienes propios del deudor.

 

Artículo 308.- Deudas personales del otro cónyuge

 

Los bienes propios de uno de los cónyuges, no responden de las deudas personales del otro, a menos que se pruebe que se contrajeron en provecho de la familia.

 

Artículo 309.- Responsabilidad extracontractual del cónyuge

 

La responsabilidad extracontractual de un cónyuge no perjudica al otro en sus bienes propios ni en la parte de los de la sociedad que le corresponderían en caso de liquidación.

 

Artículo 310.- Bienes sociales

 

Son bienes sociales todos los no comprendidos en el artículo 302, incluso los que cualquiera de los cónyuges adquiera por su trabajo, industria o profesión, así como los frutos y productos de todos los bienes propios y de la sociedad y las rentas de los derechos de autor e inventor.

 

También tienen la calidad de bienes sociales los edificios construídos a costa del caudal social en suelo propio de uno de los cónyuges, abonándose a éste el valor del suelo al momento del reembolso.

 

Artículo 311.- Reglas para calificación de los bienes

 

Para la calificación de los bienes, rigen las reglas siguientes:

 

1. Todos los bienes se presumen sociales, salvo prueba en contrario.

 

2. Los bienes sustituídos o subrogados a otros se reputan de la misma condición de los que sustituyeron o subrogaron.

 

3. Si vendidos algunos bienes, cuyo precio no consta haberse invertido, se compran después otros equivalentes, se presume, mientras no se pruebe lo contrario, que la adquisición posterior es hecha con el producto de la enajenación anterior.

 

Artículo 312.- Prohibición de contratos entre cónyuges

 

Los cónyuges no pueden celebrar contratos entre sí respecto de los bienes de la sociedad.

 

Artículo 313.- Administración común del patrimonio social

 

Corresponde a ambos cónyuges la administración del patrimonio social. Sin embargo, cualquiera de ellos puede facultar al otro para que asuma exclusivamente dicha administración respecto de todos o de algunos de los bienes. En este caso, el cónyuge administrador indemnizará al otro por los daños y perjuicios que sufra a consecuencia de actos dolosos o culposos.

 

Artículo 314.- Administración de bienes sociales y propios por el otro cónyuge

 

La administración de los bienes de la sociedad y de los propios de uno de los cónyuges corresponde al otro en los casos del artículo 294, incisos 1 y 2.

 

Si uno de los cónyuges ha abandonado el hogar, corresponde al otro la administración de los bienes sociales.

 

Artículo 315.- Disposición de los bienes sociales

 

Para disponer de los bienes sociales o gravarlos, se requiere la intervención del marido y la mujer. Empero, cualquiera de ellos puede ejercitar tal facultad, si tiene poder especial del otro.

 

Lo dispuesto en el párrafo anterior no rige para los actos de adquisición de bienes muebles, los cuales pueden ser efectuados por cualquiera de los cónyuges. Tampoco rige en los casos considerados en las leyes especiales.

 

Artículo 316.- Cargas de la sociedad

 

Son de cargo de la sociedad:

 

1. El sostenimiento de la familia y la educación de los hijos comunes.

 

2. Los alimentos que uno de los cónyuges esté obligado por ley a dar a otras personas.

 

3. El importe de lo donado o prometido a los hijos comunes por ambos cónyuges.

 

4. Las mejoras necesarias y las reparaciones de mera conservación o mantenimiento hechas en los predios propios, así como las retribuciones y tributos que los afecten.

 

5. Las mejoras útiles y de recreo que la sociedad decida introducir en bienes propios de uno de los cónyuges con consentimiento de éste.

 

6. Las mejoras y reparaciones realizadas en los bienes sociales, así como los tributos y retribuciones que los afecten.

 

7. Los atrasos o réditos devengados de las obligaciones a que estuviesen afectos tanto los bienes propios como los sociales, cualquiera que sea la época a que correspondan.

 

8. Las cargas que pesan sobre los usufructuarios respecto de los bienes propios de cada cónyuge.

 

9. Los gastos que cause la administración de la sociedad.

 

Artículo 317.- Responsabilidad por deudas de la sociedad

 

Los bienes sociales y, a falta o por insuficiencia de éstos, los propios de ambos cónyuges, responden a prorrata de las deudas que son de cargo de la sociedad.

 

Artículo 318.- Fin de la sociedad de gananciales

 

Fenece el régimen de la sociedad de gananciales:

 

1. Por invalidación del matrimonio.

 

2. Por separación de cuerpos.

 

3. Por divorcio.

 

4. Por declaración de ausencia.

 

5. Por muerte de uno de los cónyuges.

 

6. Por cambio de régimen patrimonial.

 

Artículo 319.- Fin de la Sociedad

 

Para las relaciones entre los cónyuges se considera que el fenecimiento de la sociedad de gananciales se produce en la fecha de la muerte o de la declaración de muerte presunta o de ausencia; en la de notificación con la demanda de invalidez del matrimonio, de divorcio, de separación de cuerpos o de separación judicial de bienes; y en la fecha de la escritura pública, cuando la separación de bienes se establece de común acuerdo. En los casos previstos en los incisos 5 y 12 del Artículo 333, la sociedad de gananciales fenece desde el momento en que se produce la separación de hecho.

 

Respecto a terceros, el régimen de sociedad de gananciales se considera fenecido en la fecha de la inscripción correspondiente en el registro personal.

 

Artículo 320.- Inventario valorizado de bienes sociales

 

Fenecida la sociedad de gananciales, se procede de inmediato a la formación del inventario valorizado de todos los bienes. El inventario puede formularse en documento privado con firmas legalizadas, si ambos cónyuges o sus herederos están de acuerdo. En caso contrario el inventario se hace judicialmente.

 

No se incluye en el inventario el menaje ordinario del hogar en los casos del artículo 318, incisos 4 y 5, en que corresponde al cónyuge del ausente o al sobreviviente.

 

Artículo 321.- Bienes excluidos del menaje

 

El menaje ordinario del hogar no comprende:

 

1. Los vestidos y objetos de uso personal.

 

2. El dinero.

 

3. Los títulos valores y otros documentos de carácter patrimonial.

 

4. Las joyas.

 

5. Las medallas, condecoraciones, diplomas y otras distinciones.

 

6. Las armas.

 

7. Los instrumentos de uso profesional u ocupacional.

 

8. Las colecciones científicas o artísticas.

 

9. Los bienes culturales-históricos.

 

10. Los libros, archivos y sus contenedores.

 

11. Los vehículos motorizados.

 

12. En general, los objetos que no son de uso doméstico.

 

Artículo 322.- Liquidación de la sociedad de gananciales

 

Realizado el inventario, se pagan las obligaciones sociales y las cargas y después se reintegra a cada cónyuge los bienes propios que quedaren.

 

Artículo 323.- Gananciales

 

Son gananciales los bienes remanentes después de efectuados los actos indicados en el artículo 322.

 

Los gananciales se dividen por mitad entre ambos cónyuges o sus respectivos herederos.

 

Cuando la sociedad de gananciales ha fenecido por muerte o declaración de ausencia de uno de los cónyuges, el otro tiene preferencia para la adjudicación de la casa en que habita la familia y del establecimiento agrícola, artesanal, industrial o comercial de carácter familiar, con la obligación de reintegrar el exceso de valor, si lo hubiera.

 

Artículo 324.- Pérdida de gananciales

 

En caso de separación de hecho, el cónyuge culpable pierde el derecho a gananciales proporcionalmente a la duración de la separación.

 

Artículo 325.- Liquidación de varias sociedades de gananciales

 

Siempre que haya de ejecutarse simultáneamente la liquidación de gananciales de dos o más matrimonios contraídos sucesivamente por una misma persona, se admitirá, en defecto de inventarios previos a cada matrimonio, toda clase de pruebas para determinar los bienes de cada sociedad; y, en caso de duda, se dividirán los gananciales entre las diferentes sociedades, teniendo en cuenta el tiempo de su duración y las pruebas que se haya podido actuar acerca de los bienes propios de los respectivos cónyuges.

 

Artículo 326.- Unión de hecho

 

La unión de hecho, voluntariamente realizada y mantenida por un varón y una mujer, libres de impedimento matrimonial, para alcanzar finalidades y cumplir deberes semejantes a los del matrimonio, origina una sociedad de bienes que se sujeta al régimen de sociedad de gananciales, en cuanto le fuere aplicable, siempre que dicha unión haya durado por lo menos dos años contínuos.

 

La posesión constante de estado a partir de fecha aproximada puede probarse con cualquiera de los medios admitidos por la ley procesal, siempre que exista un principio de prueba escrita.

 

La unión de hecho termina por muerte, ausencia, mutuo acuerdo o decisión unilateral. En este último caso, el juez puede conceder, a elección del abandonado, una cantidad de dinero por concepto de indemnización o una pensión de alimentos, además de los derechos que le correspondan de conformidad con el régimen de sociedad de gananciales.

 

Tratándose de la unión de hecho que no reúna las condiciones señaladas en este artículo, el interesado tiene expedita, en su caso, la acción de enriquecimiento indebido.

 

Las uniones de hecho que reúnan las condiciones señaladas en el presente artículo producen, respecto de sus miembros, derechos y deberes sucesorios, similares a los del matrimonio, por lo que las disposiciones contenidas en los artículos 725, 727, 730, 731, 732, 822, 823, 824 y 825 del Código Civil se aplican al integrante sobreviviente de la unión de hecho en los términos en que se aplicarían al cónyuge.

 

Capítulo tercero: Separación de patrimonios

Artículo 327.- Separación del patrimonio

 

En el régimen de separación de patrimonios, cada cónyuge conserva a plenitud la propiedad, administración y disposición de sus bienes presentes y futuros y le corresponden los frutos y productos de dichos bienes.

 

Artículo 328.- Deudas personales

 

Cada cónyuge responde de sus deudas con sus propios bienes.

 

Artículo 329.- Separación de patrimonio por declaración de insolvencia

 

Además de los casos a que se refieren los artículos 295 y 296, el régimen de separación es establecido por el juez, a pedido del cónyuge agraviado, cuando el otro abusa de las facultades que le corresponden o actúa con dolo o culpa.

 

Interpuesta la demanda, puede el juez dictar, a pedido del demandante o de oficio, las providencias concernientes a la seguridad de los intereses de aquél. Dichas medidas, así como la sentencia, deben ser inscritas en el registro personal para que surtan efecto frente a terceros. La separación surte efecto entre los cónyuges desde la fecha de la notificación con la demanda.

 

Artículo 330.- Separación de patrimonio a solicitud del cónyuge agraviado

 

La declaración de inicio de Procedimiento Concursal Ordinario de uno de los cónyuges determina de pleno derecho la sustitución del régimen de sociedad de gananciales por el de separación de patrimonios y, para que produzca efectos frente a terceros, se inscribirá en el registro personal de oficio a solicitud de la Comisión de Procedimientos Concursales competente, del deudor, de su cónyuge o del administrador o liquidador, presidente de la Junta de Acreedores o cualquier acreedor interesado.

 

No obstante, lo anterior, en el supuesto de que al momento de iniciarse el procedimiento concursal de una persona natural se encontrase vigente otro procedimiento de la misma naturaleza previamente difundido conforme a la ley de la materia respecto de la sociedad conyugal que integra, no se producirá la consecuencia prevista en el párrafo precedente en tanto se desarrolle el trámite de tal procedimiento.

 

Artículo 331.- Fin de la separación de patrimonios

 

El régimen de separación de patrimonios fenece en los casos del artículo 318, incisos 1, 3, 5 y 6.

 

Título IV: Decaimiento y disolución del vínculo

Capítulo primero: Separación de cuerpos

 

Artículo 332.- Efecto de la separación de cuerpos

 

La separación de cuerpos suspende los deberes relativos al lecho y habitación y pone fin al régimen patrimonial de sociedad de gananciales, dejando subsistente el vínculo matrimonial.

 

Artículo 333.- Causales

 

Son causas de separación de cuerpos:

 

1. El adulterio.

 

2. La violencia física o psicológica, que el juez apreciará según las circunstancias.

 

3. El atentado contra la vida del cónyuge.

 

4. La injuria grave, que haga insoportable la vida en común.

 

5. El abandono injustificado de la casa conyugal por más de dos años continuos o cuando la duración sumada de los períodos de abandono exceda a este plazo.

 

6. La conducta deshonrosa que haga insoportable la vida en común.

 

7. El uso habitual e injustificado de drogas alucinógenas o de sustancias que puedan generar toxicomanía, salvo lo dispuesto en el Artículo 347.

 

8. La enfermedad grave de transmisión sexual contraída después de la celebración del matrimonio.

 

9. La homosexualidad sobreviniente al matrimonio.

 

10. La condena por delito doloso a pena privativa de la libertad mayor de dos años, impuesta después de la celebración del matrimonio.

 

11. La imposibilidad de hacer vida en común, debidamente probada en proceso judicial.

 

12. La separación de hecho de los cónyuges durante un período ininterrumpido de dos años. Dicho plazo será de cuatro años si los cónyuges tuviesen hijos menores de edad. En estos casos no será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 335.

 

13. La separación convencional, después de transcurridos dos años de la celebración del matrimonio.

 

Artículo 334.- Titulares de la acción de separación de cuerpos

 

La acción de separación corresponde a los cónyuges.

 

Si alguno es incapaz, por enfermedad mental o ausencia, la acción la puede ejercer cualquiera de sus ascendientes si se funda en causal específica. A falta de ellos el curador especial representa al incapaz.

 

Artículo 335.- Prohibición de alegar hecho propio

 

Ninguno de los cónyuges puede fundar la demanda en hecho propio.

 

Artículo 336.- Improcedencia de separación de cuerpos por adulterio

 

No puede intentarse la separación de cuerpos por adulterio si el ofendido lo provocó, consintió o perdonó. La cohabitación posterior al conocimiento del adulterio impide iniciar o proseguir la acción.

 

Artículo 337.- Apreciación judicial de sevicia, injuria y conducta deshonrosa

 

La sevicia, la injuria grave y la conducta deshonrosa son apreciadas por el Juez teniendo en cuenta la educación, costumbre y conducta de ambos cónyuges.

 

Artículo 338.- Improcedencia de la acción por delito conocido

 

No puede invocar la causal a que se refiere el inciso 10 del artículo 333, quien conoció el delito antes de casarse.

 

Artículo 339.- Caducidad de la acción

 

La acción basada en el artículo 333, inciso 1, 3, 9 y 10, caduca a los seis meses de conocida la causa por el ofendido y, en todo caso, a los cinco años de producida. La que se funda en los incisos 2 y 4 caduca a los seis meses de producida la causa. En los demás casos, la acción esta expedita mientras subsistan los hechos que la motivan.

 

Artículo 340.- Efectos de la separación convencional respecto de los hijos

 

Los hijos se confían al cónyuge que obtuvo la separación por causa específica, a no ser que el juez determine, por el bienestar de ellos, que se encargue de todos o de alguno el otro cónyuge o, si hay motivo grave, una tercera persona. Esta designación debe recaer por su orden, y siendo posible y conveniente, en alguno de los abuelos, hermanos o tíos.

 

Si ambos cónyuges son culpables, los hijos varones mayores de siete años quedan a cargo del padre y las hijas menores de edad, así como los hijos menores de siete años al cuidado de la madre, a no ser que el juez determine otra cosa.

 

El padre o madre a quien se haya confiado los hijos ejerce la patria potestad respecto de ellos. El otro queda suspendido en el ejercicio, pero lo reasume de pleno derecho si el primero muere o resulta legalmente impedido.

 

Artículo 341.- Providencia judiciales en beneficio de los hijos

 

En cualquier tiempo, el juez puede dictar a pedido de uno de los padres, de los hermanos mayores de edad o del consejo de familia, las providencias que sean requeridas por hechos nuevos y que considere beneficiosas para los hijos.

 

Artículo 342.- Determinación de la pensión alimenticia

 

El juez señala en la sentencia la pensión alimenticia que los padres o uno de ellos debe abonar a los hijos, así como la que el marido debe pagar a la mujer o viceversa.

 

Artículo 343.- Pérdida de derechos hereditarios

 

El cónyuge separado por culpa suya pierde los derechos hereditarios que le corresponden.

 

Artículo 344.- Revocación de consentimiento

 

Cuando se solicite la separación convencional cualquiera de las partes puede revocar su consentimiento dentro de los treinta días naturales siguientes a la audiencia.

 

Artículo 345.- Patria Potestad y alimentos en separación convencional

 

En caso de separación convencional o de separación de hecho, el juez fija el régimen concerniente al ejercicio de la patria potestad, los alimentos de los hijos y los de la mujer o el marido, observando, en cuanto sea conveniente, los intereses de los hijos menores de edad y la familia o lo que ambos cónyuges acuerden.

 

Son aplicables a la separación convencional y a la separación de hecho las disposiciones contenidas en los Artículos 340 último párrafo y 341.

 

Artículo 345-A.- Indemnización en caso de perjuicio

 

Para invocar el supuesto del inciso 12 del Artículo 333 el demandante deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de sus obligaciones alimentarias u otras que hayan sido pactadas por los cónyuges de mutuo acuerdo.

 

El juez velará por la estabilidad económica del cónyuge que resulte perjudicado por la separación de hecho, así como la de sus hijos. Deberá señalar una indemnización por daños, incluyendo el daño personal u ordenar la adjudicación preferente de bienes de la sociedad conyugal, independientemente de la pensión de alimentos que le pudiera corresponder.

 

Son aplicables a favor del cónyuge que resulte más perjudicado por la separación de hecho, las disposiciones contenidas en los Artículos 323, 324, 342, 343, 351 y 352, en cuanto sean pertinentes.

 

Artículo 346.- Efectos de la reconciliación de los conyuges

 

Cesan los efectos de la separación por la reconciliación de los cónyuges. Si la reconciliación se produce durante el juicio, el juez manda cortar el proceso. Si ocurriere después de la sentencia ejecutoriada, los cónyuges lo harán presente al juez dentro del mismo proceso.

 

Tanto la sentencia como la reconciliación producida después de ella se inscriben en el registro personal.

 

Reconciliados los cónyuges, puede demandarse nuevamente la separación sólo por causas nuevas o recién sabidas. En este juicio no se invocarán los hechos perdonados, sino en cuanto contribuyan a que el juez aprecie el valor de dichas causas.

 

Artículo 347.- Suspensión del deber de cohabitación

 

En caso de enfermedad mental o contagiosa de uno de los cónyuges, el otro puede pedir que se suspenda la obligación de hacer vida común, quedando subsistente las demás obligaciones conyugales.

 

Capítulo segundo: Divorcio

Artículo 348.- Noción

 

El divorcio disuelve el vínculo del matrimonio.

 

Artículo 349.- Causales de divorcio

 

Puede demandarse el divorcio por las causales señaladas en el Artículo 333, incisos del 1 al 12.

 

Artículo 350.- Efectos del divorcio respecto de los cónyuges

 

Por el divorcio cesa la obligación alimenticia entre marido y mujer.

 

Si se declara el divorcio por culpa de uno de los cónyuges y el otro careciere de bienes propios o de gananciales suficientes o estuviere imposibilitado de trabajar o de subvenir a sus necesidades por otro medio, el juez le asignará una pensión alimenticia no mayor de la tercera parte de la renta de aquél.

 

El ex-cónyuge puede, por causas graves, pedir la capitalización de la pensión alimenticia y la entrega del capital correspondiente.

 

El indigente debe ser socorrido por su ex-cónyuge aunque hubiese dado motivos para el divorcio.

 

Las obligaciones a que se refiere este artículo cesan automáticamente si el alimentista contrae nuevas nupcias. Cuando desaparece el estado de necesidad, el obligado puede demandar la exoneración y, en su caso, el reembolso.

 

Artículo 351.- Reparación del cónyuge inocente

 

Si los hechos que han determinado el divorcio comprometen gravemente el legítimo interés personal del cónyuge inocente, el juez podrá concederle una suma de dinero por concepto de reparación del daño moral.

 

Artículo 352.- Pérdida de gananciales por el cónyuge culpable

 

El cónyuge divorciado por su culpa perderá los gananciales que procedan de los bienes del otro.

 

Artículo 353.- Pérdida de derechos hereditarios entre conyuges divorciados

 

Los cónyuges divorciados no tienen derecho a heredar entre sí.

 

Artículo 354.- Plazo de conversión

 

Transcurridos dos meses desde notificada la sentencia, la resolución de alcaldía o el acta notarial de separación convencional, o la sentencia de separación de cuerpos por separación de hecho, cualquiera de los cónyuges, basándose en ellas, podrá pedir, según corresponda, al juez, al alcalde o al notario que conoció el proceso, que se declare disuelto el vínculo del matrimonio.

 

Igual derecho podrá ejercer el cónyuge inocente de la separación por causal específica.

 

Artículo 355.- Reglas aplicadas al divorcio

 

Son aplicables al divorcio las reglas contenidas en los artículos 334 a 342, en cuanto sean pertinentes.

 

Artículo 356.- Corte del proceso por reconciliación

 

Durante la tramitación del juicio de divorcio por causal específica, el juez mandará cortar el proceso si los cónyuges se reconcilian.

 

Es aplicable a la reconciliación el último párrafo del artículo 346.

 

Si se trata de la conversión de la separación en divorcio, la reconciliación de los cónyuges, o el desistimiento de quien pidió la conversión, dejan sin efecto esta solicitud.

 

Artículo 357.- Variación de la demanda de divorcio

 

El demandante puede, en cualquier estado de la causa, variar su demanda de divorcio convirtiéndola en una de separación.

 

Artículo 358.- Facultad del juez de variar el petitorio

 

Aunque la demanda o la reconvención tengan por objeto el divorcio, el juez puede declarar la separación, si parece probable que los cónyuges se reconcilien.

 

Artículo 359.-Consulta de la sentencia

 

Si no se apela la sentencia que declara el divorcio, ésta será consultada, con excepción de aquella que declara el divorcio en mérito de la sentencia de separación convencional.

 

Artículo 360.- Continuidad de los deberes religiosos

 

Las disposiciones de la ley sobre el divorcio y la separación de cuerpos no se extienden más allá de sus efectos civiles y dejan íntegros los deberes que la religión impone.

 

Sección tercera: Sociedad paterno-filial

Título I: Filiación matrimonial

Capítulo primero: Hijos matrimoniales

Artículo 361.- Presunción de paternidad

 

El hijo o hija nacido/a durante el matrimonio o dentro de los trescientos (300) días calendario siguientes a su disolución tiene como padre al marido, salvo que la madre declare expresamente lo contrario.

 

Artículo 362.- Presunción de hijo matrimonial

 

El hijo o hija se presume matrimonial, salvo que la madre declare expresamente que no es del marido.

 

Artículo 363.- Negación de la paternidad

 

El marido que no se crea padre del hijo de su mujer puede negarlo:

 

1. Cuando el hijo nace antes de cumplidos los ciento ochenta días siguientes al de la celebración del matrimonio.

 

2. Cuando sea manifiestamente imposible, dadas las circunstancias, que haya cohabitado con su mujer en los primeros ciento veintiún días de los trescientos anteriores al del nacimiento del hijo.

 

3. Cuando está judicialmente separado durante el mismo período indicado en el inciso 2); salvo que hubiera cohabitado con su mujer en ese período.

 

4. Cuando adolezca de impotencia absoluta.

 

5. Cuando se demuestre a través de la prueba del ADN u otras pruebas de validez científica con igual o mayor grado de certeza que no existe vínculo parental. El Juez desestimará las presunciones de los incisos precedentes cuando se hubiera realizado una prueba genética u otra de validez científica con igual o mayor grado de certeza.

 

Artículo 364.- Plazo de acción contestatoria

 

La acción contestatoria debe ser interpuesta por el marido dentro del plazo de noventa días contados desde el día siguiente del parto, si estuvo presente en el lugar, o desde el día siguiente de su regreso, si estuvo ausente.

 

Artículo 365.- Prohibición de negar el hijo por nacer

 

No se puede contestar la paternidad del hijo por nacer.

 

Artículo 366.- Improcedencia de la acción contestatoria

 

El marido no puede contestar la paternidad del hijo que alumbró su mujer en los casos del artículo 363, incisos 1 y 3:

 

1. Si antes del matrimonio o de la reconciliación, respectivamente, ha tenido conocimiento del embarazo.

 

2. Si ha admitido expresa o tácitamente que el hijo es suyo.

 

3. Si el hijo ha muerto, a menos que subsista interés legítimo en esclarecer la relación paterno-filial.

 

Artículo 367.- Titularidad de la acción contestatoria

 

La acción para contestar la paternidad corresponde al marido. Sin embargo, sus herederos y sus ascendientes pueden iniciarla si él hubiese muerto antes de vencerse el plazo señalado en el artículo 364, y, en todo caso, continuar el juicio si aquél lo hubiese iniciado.

 

Artículo 368.- Acción contestatoria por los ascendientes del marido incapaz

 

La acción puede ser ejercida por los ascendientes del marido, en los casos de los artículos 43, incisos 2 y 3, y 44, incisos 2 y 3. Si ellos no lo intentan, puede hacerlo el marido dentro de los noventa días de cesada su incapacidad.

 

Artículo 369.- Demandados en la acción contestatoria

 

La acción se interpone conjuntamente contra el hijo y la madre, observándose, en su caso, lo dispuesto en el artículo 606, inciso 1.

 

Artículo 370.- Carga de la prueba

 

La carga de la prueba recae sobre el marido en los casos del artículo 363, incisos 2 y 4. En el caso del inciso 1 sólo está obligado a presentar las partidas de matrimonio y la copia certificada de la de nacimiento; y en el del inciso 3, la resolución de separación y la copia certificada de la partida de nacimiento. Corresponde a la mujer probar, en sus respectivos casos, haberse dado las situaciones previstas en el artículo 363, inciso 3, o en el artículo 366.

 

Artículo 371.- Impugnación de la maternidad

 

La maternidad puede ser impugnada en los casos de parto supuesto o de suplantación del hijo.

 

Artículo 372.- Plazo para impugnar la maternidad

 

La acción se interpone dentro del plazo de noventa días contados desde el día siguiente de descubierto el fraude y corresponde únicamente a la presunta madre. Sus herederos o ascendientes sólo pueden continuar el juicio si aquella lo dejó iniciado. La acción se dirige contra el hijo y, en su caso, contra quien apareciere como el padre.

 

Artículo 373.- Acción de filiación

 

El hijo puede pedir que se declare su filiación. Esta acción es imprescriptible y se intentará conjuntamente contra el padre y la madre o contra sus herederos.

 

Artículo 374.- Transmisibilidad de la acción de filiación

 

La acción pasa a los herederos del hijo:

 

1. Si éste murió antes de cumplir veintitrés años sin haber interpuesto la demanda.

 

2. Si devino incapaz antes de cumplir dicha edad y murió en el mismo estado.

 

3. Si el hijo dejó iniciado el juicio.

 

En el caso de los dos primeros incisos, los herederos tendrán dos años de plazo para interponer la acción.

 

Artículo 375.- Pruebas en la filiación matrimonial

 

La filiación matrimonial se prueba con las partidas de nacimiento del hijo y de matrimonio de los padres, o por otro instrumento público en el caso del artículo 366, inciso 2, o por sentencia que desestime la demanda en los casos del artículo 363.

 

A falta de estas pruebas, la filiación matrimonial queda acreditada por sentencia recaída en juicio en que se haya demostrado la posesión constante del estado o por cualquier medio siempre que exista un principio de prueba escrita que provenga de uno de los padres.

 

Artículo 376.- Impugnabilidad de la filiación matrimonial

 

Cuando se reúnan en favor de la filiación matrimonial la posesión constante del estado y el título que dan las partidas de matrimonio y nacimiento, no puede ser contestada por ninguno, ni aun por el mismo hijo.

 

Capítulo segundo: Adopción

Artículo 377.- Noción de la adopción

 

Por la adopción el adoptado adquiere la calidad de hijo del adoptante y deja de pertenecer a su familia consanguínea.

 

Artículo 378.- Requisitos para la adopción

 

Para la adopción se requiere:

 

1. Que el adoptante goce de solvencia moral.

 

2. Que la edad del adoptante sea por lo menos igual a la suma de la mayoridad y la del hijo por adoptar.

 

3. Que cuando el adoptante sea casado concurra el asentimiento de su cónyuge.

 

4. Que cuando el adoptante sea conviviente conforme a lo señalado en el artículo 326, concurra el asentimiento del otro conviviente.

 

5. Que el adoptado preste su asentimiento si es mayor de diez años.

 

6. Que asientan los padres del adoptado si estuviese bajo su patria potestad o bajo su curatela.

 

7. Que se oiga al tutor o al curador del adoptado y al consejo de familia si el adoptado es incapaz.

 

8. Que sea aprobada por el juez, con excepción de lo dispuesto en las leyes especiales.

 

9. Que, si el adoptante es extranjero y el adoptado menor de edad, aquél ratifique personalmente ante el juez su voluntad de adoptar. Se exceptúa de este requisito, si el menor se encuentra en el extranjero por motivo de salud.

 

Artículo 379.- Trámite de adopción

 

La adopción se tramita con arreglo a lo dispuesto en el Código Procesal Civil, el Código de los Niños y Adolescentes, en la Ley para la protección de niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos y su reglamento y en Ley de Competencia Notarial, según corresponda.

 

Terminado el procedimiento, el Juez, el funcionario competente, o el notario que tramitó la adopción, oficiará a los Registros Civiles del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil – RENIEC, para que extienda la partida de nacimiento correspondiente, sustituyendo la original y anotando la adopción al margen de la misma para proceder a su archivamiento.

 

En la nueva partida de nacimiento se consignará como declarantes a los padres adoptantes, quienes firmarán la partida. Queda prohibida toda mención respecto de la adopción, bajo responsabilidad del registrador.

 

La partida original conserva vigencia sólo para el efecto de los impedimentos matrimoniales.

 

Artículo 380.- Irrevocabilidad de la adopción

 

La adopción es irrevocable.

 

Artículo 381.- La adopción como acto puro

 

La adopción no puede hacerse bajo modalidad alguna.

 

Artículo 382.- Prohibición de pluralidad de adoptantes

 

Nadie puede ser adoptado por más de una persona, a no ser por los cónyuges o por los convivientes conforme a lo señalado en el artículo 326 del presente Código.

 

Artículo 383.- Adopción de pupilo y curado

 

El tutor puede adoptar a su pupilo y el curador a su curado solamente después de aprobadas las cuentas de su administración y satisfecho el alcance que resulte de ellas.

 

Artículo 384.- Inventario de los bienes del adoptado

 

Si la persona a quien se pretende adoptar tiene bienes, la adopción no puede realizarse sin que dichos bienes sean inventariados y tasados judicialmente y sin que el adoptante constituya garantía suficiente a juicio del juez.

 

Artículo 385.- Cese de adopción a pedido del adoptado

 

El menor o el mayor incapaz que haya sido adoptado puede pedir que se deje sin efecto la adopción dentro del año siguiente a su mayoría o a la fecha en que desapareció su incapacidad. El juez lo declarará sin más trámite.

 

En tal caso, recuperan vigencia, sin efecto retroactivo, la filiación consanguínea y la partida correspondiente. El registro del estado civil respectivo hará la inscripción del caso por mandato judicial.

 

Título II: Filiación extramatrimonial

Capítulo tercero: Reconocimiento de los hijos extramatrimoniales

Artículo 386.- Hijo extramatrimonial

 

Son hijos extramatrimoniales los concebidos y nacidos fuera del matrimonio.

 

Artículo 387.- Medios probatorios en filiación extramatrimonial

 

El reconocimiento y la sentencia declaratoria de la paternidad o la maternidad son los únicos medios de prueba de la filiación extramatrimonial.

 

Dicho reconocimiento o sentencia declaratoria de la paternidad o maternidad obliga a asentar una nueva partida o acta de nacimiento, de conformidad con el procedimiento de expedición de estas.

 

Artículo 388.- Reconocimiento del hijo extramatrimonial

 

El hijo extramatrimonial puede ser reconocido por el padre y la madre conjuntamente o por uno solo de ellos.

 

Artículo 389.-  Reconocimiento por los abuelos o abuelas

 

El hijo extramatrimonial puede ser reconocido por los abuelos o abuelas de la respectiva línea, en el caso de muerte del padre o de la madre o cuando éstos se hallen comprendidos en el artículo 47 o también cuando los padres sean menores de catorce años. En este último supuesto, una vez que el adolescente cumpla los catorce años, puede reconocer a su hijo.

 

Cuando el padre o la madre se halle comprendido en el artículo 44 inciso 9, el hijo extramatrimonial puede ser reconocido a través de apoyos designados judicialmente.

 

Artículo 390.- Formas de reconocimiento

 

El reconocimiento se hace constar en el registro de nacimientos, en escritura pública o en testamento.

 

Artículo 391.- Reconocimiento en el registro de nacimiento

 

El reconocimiento en el registro puede hacerse en el momento de inscribir el nacimiento o en declaración posterior mediante acta firmada por quien lo practica y autorizada por el funcionario correspondiente.

 

Artículo 392.- Derogado

 

Artículo 393.- Capacidad para reconocer

 

Toda persona que no se halle comprendida en las incapacidades señaladas en el Artículo 389 y que tenga por lo menos catorce años cumplidos puede reconocer al hijo extramatrimonial.

 

Artículo 394.- Reconocimiento de hijo fallecido

 

Puede reconocerse al hijo que ha muerto dejando descendientes.

 

Artículo 395.- Irrevocabilidad del reconocimiento

 

El reconocimiento no admite modalidad y es irrevocable.

 

Artículo 396.- Reconocimiento de hijo extramatrimonial de mujer casada

 

El hijo o hija de mujer casada puede ser reconocido por su progenitor cuando la madre haya declarado expresamente que no es de su marido. Este reconocimiento se puede realizar durante la inscripción del nacimiento cuando la madre y el progenitor acuden al registro civil, o con posterioridad a la inscripción realizada solo por la madre, cuando esta haya declarado quién es el progenitor.

 

Procede también cuando el marido lo hubiese negado y obtenido sentencia favorable.

 

Artículo 397.- Asentimiento para que el hijo extramatrimonial viva en el hogar conyugal

 

El hijo extramatrimonial reconocido por uno de los cónyuges no puede vivir en la casa conyugal sin el asentimiento del otro.

 

Artículo 398.-  Efectos del reconocimiento del hijo mayor de edad

 

El reconocimiento de un hijo mayor de edad no confiere al que lo hace derechos sucesorios ni derecho a alimentos, sino en caso que el hijo tenga respecto de él la posesión constante de estado o consienta en el reconocimiento.

 

Artículo 399.-  Impugnación del reconocimiento

 

El reconocimiento puede ser negado por el padre o por la madre que no interviene en él, por el propio hijo o por sus descendientes si hubiera muerto, y por quienes tengan interés legítimo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 395.

 

Artículo 400.-  Plazo para negar el reconocimiento

 

El plazo para negar el reconocimiento es de noventa días, a partir de aquel en que se tuvo conocimiento del acto.

 

Artículo 401.- Negación del reconocimiento al cesar la incapacidad

 

El hijo menor o incapaz puede en todo caso negar el reconocimiento hecho en su favor dentro del año siguiente a su mayoría o a la cesación de su incapacidad.

 

Capítulo segundo: Declaración judicial de filiación extramatrimonial

Artículo 402.- Procedencia de la declaración judicial de paternidad extramatrimonial

 

La paternidad extramatrimonial puede ser judicialmente declarada:

 

1. Cuando exista escrito indubitado del padre que la admita.

 

2. Cuando el hijo se halle, o se hubiese hallado hasta un año antes de la demanda, en la posesión constante del estado de hijo extramatrimonial, comprobado por actos directos del padre o de su familia.

 

3. Cuando el presunto padre hubiera vivido en concubinato con la madre en la época de la concepción. Para este efecto se considera que hay concubinato cuando un varón y una mujer, sin estar casados entre sí, hacen vida de tales.

 

4. En los casos de violación, rapto o retención violenta de la mujer, cuando la época del delito coincida con la de la concepción.

 

5. En caso de seducción cumplida con promesa de matrimonio en época contemporánea con la concepción, siempre que la promesa conste de manera indubitable.

 

6. Cuando se acredite el vínculo parental entre el presunto padre y el hijo o hija a través de la prueba de ADN u otras pruebas genéticas o científicas con igual o mayor grado de certeza. El juez desestimará las presunciones de los incisos precedentes cuando se hubiera realizado una prueba genética u otra de validez científica con igual o mayor grado de certeza.

 

Artículo 403.-  Derogado

 

Artículo 404.-  Derogado

 

Artículo 405.- Inicio de la acción antes del nacimiento

 

La acción puede ejercitarse antes del nacimiento del hijo.

 

Artículo 406.- Demandados en la declaración judicial de paternidad

 

La acción se interpone contra el padre o contra sus herederos si hubiese muerto.

 

Artículo 407.- Titulares de la acción

 

La acción corresponde sólo al hijo. Empero, la madre, aunque sea menor de edad, puede ejercerla en nombre del hijo, durante la minoría de éste. El tutor y el curador, en su caso, requieren autorización del consejo de familia.

 

La acción no pasa a los herederos del hijo. Sin embargo, sus descendientes pueden continuar el juicio que dejó iniciado.

 

Artículo 408.- Juez competente

 

La acción puede ejercitarse ante el juez del domicilio del demandado o del demandante.

 

Artículo 409.- Declaración judicial de maternidad extramatrimonial

 

La maternidad extramatrimonial también puede ser declarada judicialmente cuando se pruebe el hecho del parto y la identidad del hijo.

 

Artículo 410.- Inextinguibilidad de la acción

 

No caduca la acción para que se declare la filiación extramatrimonial.

 

Artículo 411.- Normatividad supletoria

 

Son aplicables a la madre y a sus herederos las disposiciones de los artículos 406 a 408.

 

Artículo 412.- Efectos de la sentencia de filiación extramatrimonial

 

La sentencia que declara la paternidad o la maternidad extramatrimonial produce los mismos efectos que el reconocimiento. En ningún caso confiere al padre o a la madre derecho alimentario ni sucesorio.

 

Artículo 413.- Prueba biológica o genética

 

En los procesos sobre declaración de paternidad o maternidad extramatrimonial es admisible la prueba biológica, genética u otra de validez científica con igual o mayor grado de certeza.

 

También son admisibles estas pruebas a petición de la parte demandante en el caso del Artículo 402, inciso 4), cuando fueren varios los autores del delito. La paternidad de uno de los demandados será declarada sólo si alguna de las pruebas descarta la posibilidad de que corresponda a los demás autores. Si uno de los demandados se niega a someterse a alguna de las pruebas, será declarada su paternidad, si el examen descarta a los demás.

 

La obligación alimentaria es solidaria respecto de quienes se nieguen a someterse a alguna de las pruebas.

 

Artículo 414.- Alimentos para la madre e indemnización del daño moral

 

En los casos del artículo 402, así como cuando el padre ha reconocido al hijo, la madre tiene derecho a alimentos durante los sesenta días anteriores y los sesenta posteriores al parto, así como al pago de los gastos ocasionados por éste y por el embarazo. También tiene derecho a ser indemnizada por el daño moral en los casos de abuso de autoridad o de promesa de matrimonio, si esta última consta de modo indubitable, de cohabitación delictuosa o de minoridad al tiempo de la concepción.

 

Estas acciones son personales, deben ser interpuestas antes del nacimiento del hijo o dentro del año siguiente; se dirigen contra el padre o sus herederos y pueden ejercitarse ante el juez del domicilio del demandado o del demandante.

 

Capítulo tercero: Hijos alimentistas

Artículo 415.- Derechos del hijo alimentista

 

Fuera de los casos del artículo 402, el hijo extramatrimonial sólo puede reclamar del que ha tenido relaciones sexuales con la madre durante la época de la concepción una pensión alimenticia hasta la edad de dieciocho años. La pensión continúa vigente si el hijo, llegado a la mayoría de edad, no puede proveer a su subsistencia por incapacidad física o mental. El demandado podrá solicitar la aplicación de la prueba genética u otra de validez científica con igual o mayor grado de certeza. Si éstas dieran resultado negativo, quedará exento de lo dispuesto en este artículo.

 

Asimismo, podrá accionar ante el mismo juzgado que conoció del proceso de alimentos el cese de la obligación alimentaria si comprueba a través de una prueba genética u otra de validez científica con igual o mayor grado de certeza que no es el padre.

 

Artículo 416.- Derogado

 

Artículo 417.- Titular y destinatario de la acción

 

La acción que corresponde al hijo en el caso del artículo 415 es personal, se ejercita por medio de su representante legal y se dirige contra el presunto padre o sus herederos. Estos, sin embargo, no tienen que pagar al hijo más de lo que habría recibido como heredero si hubiese sido reconocido o judicialmente declarado.

 

Título III: Patria potestad

Capítulo único: Ejercicio, contenido y terminación de la patria potestad

Artículo 418.- Noción de Patria Potestad

 

Por la patria potestad los padres tienen el deber y el derecho de cuidar de la persona y bienes de sus hijos menores.

 

Artículo 419.- Ejercicio conjunto de la patria potestad

 

La patria potestad se ejerce conjuntamente por el padre y la madre durante el matrimonio, correspondiendo a ambos la representación legal del hijo.

 

En caso de disentimiento, resuelve el Juez del Niño y Adolescente, conforme al proceso sumarísimo.

 

Artículo 420.- Ejercicio unilateral de la patria potestad

 

En caso de separación de cuerpos, de divorcio o de invalidación del matrimonio, la patria potestad se ejerce por el cónyuge a quien se confían los hijos. El otro queda, mientras tanto, suspendido en su ejercicio.

 

Artículo 421.- Patria potestad de hijos extramatrimoniales

 

La patria potestad sobre los hijos extramatrimoniales se ejerce por el padre o por la madre que los ha reconocido.

 

Si ambos padres han reconocido al hijo, el juez de menores determina a quién corresponde la patria potestad, atendiendo a la edad y sexo del hijo, a la circunstancia de vivir juntos o separados los padres y, en todo caso, a los intereses del menor.

 

Las normas contenidas en este artículo son de aplicación respecto de la madre aunque sea menor de edad. No obstante, el juez puede confiar a un curador la guarda de la persona o de los bienes del hijo, si así lo exige el interés de éste, cuando el padre no tenga la patria potestad.

 

Artículo 422.- Relaciones personales con hijos no sujetos a patria potestad

 

En todo caso, los padres tienen derecho a conservar con los hijos que no estén bajo su patria potestad las relaciones personales indicadas por las circunstancias.

 

Artículo 423.- Deberes y derechos del ejercicio de la patria potestad

 

Son deberes y derechos de los padres que ejercen la patria potestad:

 

1. Proveer al sostenimiento y educación de los hijos.

 

2. Dirigir el proceso educativo de los hijos y su capacitación para el trabajo conforme a su vocación y aptitudes.

 

3. Derogado

 

4. Aprovechar de los servicios de sus hijos, atendiendo su edad y condición y sin perjudicar su educación.

 

5. Tener a los hijos en su compañía y recogerlos del lugar donde estuviesen sin su permiso, recurriendo a la autoridad si es necesario.

 

6. Representar a los hijos en los actos de la vida civil.

 

7. Administrar los bienes de sus hijos.

 

8. Usufructuar los bienes de sus hijos. Tratándose de productos se está a lo dispuesto en el artículo 1004.

 

Artículo 424.- Subsistencia de la obligación alimentaria a hijos mayores de edad

 

Subsiste la obligación de proveer al sostenimiento de los hijos e hijas solteros mayores de dieciocho años que estén siguiendo con éxito estudios de una profesión u oficio hasta los 28 años de edad; y de los hijos e hijas solteros que no se encuentren en aptitud de atender a su subsistencia por causas de incapacidad física o mental debidamente comprobadas.

 

Artículo 425.- Bienes excluídos de la administración legal

 

Están excluídos de la administración legal los bienes donados o dejados en testamento a los hijos, bajo la condición de que sus padres no los administren; y los adquiridos por los hijos por su trabajo, profesión o industria ejercidos con el asentimiento de sus padres o entregados a ellos para que ejerzan dichas actividades.

 

Artículo 426.- Garantía para la administración legal

 

Los padres no están obligados a dar garantía para asegurar la responsabilidad de su administración, salvo que el juez, a pedido del consejo de familia, resuelva que la constituyan, por requerirlo el interés del hijo. En este caso, la garantía debe asegurar:

 

1. El importe de los bienes muebles.

 

2. Las rentas que durante un año rindieron los bienes.

 

3. Las utilidades que durante un año pueda dejar cualquier empresa del menor.

 

Los incisos 2 y 3 sólo son de aplicación cuando los padres no tengan el usufructo de los bienes administrados.

 

Artículo 427.- Obligación de dar cuenta de la administración legal

 

 Los padres no están obligados a dar cuenta de su administración sino al terminar ésta, a no ser que el juez, a solicitud del consejo de familia, resuelva otra cosa.

 

Artículo 428.- Modificación o suspensión de garantías y cuentas

 

El juez, a pedido del consejo de familia, puede modificar o suspender en cualquier tiempo las medidas que hubiese dictado de conformidad con los artículos 426 y 427.

 

Artículo 429.- Prohibición de convenio entre padres e hijos

 

El hijo llegado a la mayoría de edad no puede celebrar convenios con sus padres antes de ser aprobada por el juez la cuenta final, salvo dispensa judicial.

 

Tampoco tiene efecto, sin tal requisito, la herencia voluntaria o el legado que el hijo deje a favor de sus padres con cargo a su tercio de libre disposición.

 

Artículo 430.- Interés legal del saldo en contra del padre

 

El saldo que resulta en contra de los padres produce intereses legales desde un mes después de la terminación de la patria potestad. Esta obligación es solidaria.

 

Artículo 431.- Interés legal del saldo a favor de los padres

 

Si resulta saldo en favor de los padres, sólo devenga intereses legales desde que el menor recibe sus bienes.

 

Artículo 432.- Acción recíproca sobre pago

 

Las acciones que recíprocamente asistan a los padres y al hijo por razón del ejercicio de la patria potestad se extinguen a los tres años de aprobada la cuenta final.

 

Este artículo no es aplicable a la acción relativa al pago del saldo que resulte de dicha cuenta, la cual prescribe dentro del plazo señalado para la acción personal.

 

Artículo 433.- Administración en caso de nuevo matrimonio

 

El padre o la madre que quiera contraer nuevo matrimonio debe pedir al juez, antes de celebrarlo, que convoque al consejo de familia para que éste decida si conviene o no que siga con la administración de los bienes de sus hijos del matrimonio anterior.

 

En los casos de resolución afirmativa, los nuevos cónyuges son solidariamente responsables. En caso negativo, así como cuando el padre o la madre se excusan de administrar los bienes de los hijos, el consejo de familia nombrará un curador.

 

Artículo 434.- Aplicación supletoria del artículo 433

 

Los padres del hijo extramatrimonial quedan sujetos a lo dispuesto en el artículo 433.

 

Artículo 435.- Curador para administración de bienes del menor

 

El juez puede confiar a un curador, en todo o en parte, la administración de los bienes de los hijos sujetos a la patria potestad de uno solo de los padres:

 

1. Cuando lo pida el mismo padre indicando la persona del curador.

 

2. Cuando el otro padre lo ha nombrado en su testamento y el juez estimare conveniente esta medida. El nombramiento puede recaer en una persona jurídica.

 

Artículo 436.- Bienes exceptuados del usufructo legal

 

Están exceptuados del usufructo legal:

 

1. Los bienes donados o dejados en testamento a los hijos, con la condición de que el usufructo no corresponda a los padres.

 

2. Los bienes donados o dejados en testamento a los hijos para que sus frutos sean invertidos en un fin cierto y determinado.

 

3. La herencia que ha pasado a los hijos por indignidad de los padres o por haber sido éstos desheredados.

 

4. Los bienes de los hijos que les sean entregados por sus padres para que ejerzan un trabajo, profesión o industria.

 

5. Los que los hijos adquieran por su trabajo, profesión o industria ejercidos con el asentimiento de sus padres.

 

6. Las sumas depositadas por terceros en cuentas de ahorros a nombre de los hijos.

 

Artículo 437.- Cargas del usufructo legal

 

Las cargas del usufructo legal son:

 

1. Las obligaciones que pesan sobre todo usufructuario, excepto la de prestar garantía.

 

2. Los gastos de los hijos comprendidos en el artículo 472.

 

Artículo 438.- Pérdidas de empresa sujeta a usufructo legal

 

Si una empresa comprendida en el usufructo legal deja pérdida algún año, corresponden al hijo los beneficios de los años siguientes hasta que la pérdida se compense.

 

Artículo 439.- Embargo del usufructo legal

 

El usufructo legal puede embargarse por hechos o por deudas de los padres, exceptuando lo necesario para cubrir las obligaciones señaladas en el artículo 437.

 

Artículo 440.- Intransmisibilidad del usufructo legal

 

Los padres no pueden transmitir su derecho de usufructo, pero si renunciar a él.

 

Artículo 441.- Inventario de judicial de bienes del hijo

 

El cónyuge que ejerza la patria potestad después de disuelto el matrimonio, está obligado a hacer inventario judicial de los bienes de sus hijos, bajo sanción de perder el usufructo legal.

 

Mientras no cumpla con esta obligación, no puede contraer nuevo matrimonio.

 

Artículo 442.- Responsabilidad de padres sobre bienes usufructuados

 

Tratándose de los bienes comprendidos en el usufructo, y por el tiempo que éste dure, los padres responden solamente de la propiedad.

 

Artículo 443.- Fin de la administración y del usufructo por quiebra

 

La administración y el usufructo legales cesan por la declaración de quiebra.

 

Artículo 444.- Pérdida de administración y el usufructo por nuevo matrimonio

 

El padre o la madre que se case sin cumplir la obligación que le imponen los artículos 433 y 434 pierde la administración y el usufructo de los bienes de los hijos del matrimonio anterior, así como los de los hijos extramatrimoniales y los nuevos cónyuges quedan solidariamente responsables como los tutores.

 

Artículo 445.- Restitución de administración y usufructo por disolución del nuevo matrimonio

 

El padre o la madre recobra, en el caso del artículo 444, la administración y el usufructo de los bienes de sus hijos cuando se disuelve o anula el matrimonio.

 

Artículo 446.- Pérdida de la administración y usufructo legal

 

Quien pone en peligro los bienes de los hijos al ejercer la patria potestad pierde la administración y el usufructo legal.

 

Artículo 447.- Prohibición de los padres de enajenar y gravar bienes del hijo

 

Los padres no pueden enajenar ni gravar los bienes de los hijos, ni contraer en nombre de ellos obligaciones que excedan de los límites de la administración, salvo por causas justificadas de necesidad o utilidad y previa autorización judicial. El juez puede disponer, en su caso, que la venta se haga previa tasación y en pública subasta, cuando lo requieran los intereses del hijo.

 

Artículo 448.- Autorización judicial para celebrar actos en nombre del menor

 

Los padres necesitan también autorización judicial para practicar, en nombre del menor, los siguientes actos:

 

1. Arrendar sus bienes por más de tres años.

 

2. Hacer partición extrajudicial.

 

3. Transigir, estipular cláusulas compromisorias o sometimiento a arbitraje.

 

4. Renunciar herencias, legados o donaciones.

 

5. Celebrar contrato de sociedad o continuar en la establecida.

 

6. Liquidar la empresa que forme parte de su patrimonio.

 

7. Dar o tomar dinero en préstamo.

 

8. Edificar, excediéndose de las necesidades de la administración.

 

9. Aceptar donaciones, legados o herencias voluntarias con cargas.

 

10.  Convenir en la demanda.

 

Artículo 449.- Opinión del hijo sobre la disposición de sus bienes

 

En los casos de los incisos 2, 3 y 7 del artículo 448, se aplican también los artículos 987, 1307 y 1651. Además, en los casos a que se refieren los artículos 447 y 448, el juez debe oír, de ser posible, al menor que tuviere dieciséis años cumplidos, antes de prestar su autorización. Esta se concede conforme a los trámites establecidos en el Código de Procedimientos Civiles para enajenar u obligar bienes de menores.

 

Artículo 450.- Acción de nulidad de actos celebrados por padres

 

Pueden demandar la nulidad de los actos practicados con infracción de los artículos 447, 448 y 449:

 

1. El hijo, dentro de los dos años siguientes a su mayoría.

 

2. Los herederos del hijo, dentro de los dos años siguientes a su muerte si ocurrió antes de llegar a la mayoridad.

 

3. El representante legal del hijo, si durante la minoría cesa uno de los padres o los dos en la patria potestad. En este caso, el plazo comienza a contarse desde que se produce el cese.

 

Artículo 451.- Depósito bancario del dinero de los hijos

 

El dinero de los hijos, mientras se invierta con sujeción a lo dispuesto en el artículo 453, debe ser colocado en condiciones apropiadas en instituciones de crédito y a nombre del menor.

 

Artículo 452.- Autorización judicial para retiro de dinero

 

El dinero a que se refiere el artículo 451 no puede ser retirado sino con autorización judicial.

 

Artículo 453.- Inversión del dinero del menor

 

El dinero del menor, cualquiera fuere su procedencia, será invertido en predios o en cédulas hipotecarias. Para hacer otras inversiones, los padres necesitan autorización judicial. Esta autorización será otorgada cuando lo requieran o aconsejen los intereses del hijo.

 

Artículo 454.- Deberes de los hijos

 

Los hijos están obligados a obedecer, respetar y honrar a sus padres.

 

Artículo 455.- Derecho del menor para aceptar bienes a título gratuito

 

El menor capaz de discernimiento puede aceptar donaciones, legados y herencias voluntarias siempre que sean puras y simples, sin intervención de sus padres. También puede ejercer derechos estrictamente personales.

 

Artículo 456.- Autorización al menor para contraer obligaciones

 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 1358, el menor que tenga más de dieciséis años de edad puede contraer obligaciones o renunciar derechos siempre que sus padres que ejerzan la patria potestad autoricen expresa o tácitamente el acto o lo ratifiquen.

 

Cuando el acto no es autorizado ni ratificado, el menor queda sujeto a la restitución de la suma que se hubiese convertido en su provecho. El menor que hubiese actuado con dolo responde de los daños y perjuicios que cause a tercero.

 

Artículo 457.- Autorización al menor para trabajar

 

El menor capaz de discernimiento puede ser autorizado por sus padres para dedicarse a un trabajo, ocupación, industria u oficio. En este caso, puede practicar los actos que requiera el ejercicio regular de tal actividad, administrar los bienes que se le hubiese dejado con dicho objeto o que adquiera como producto de aquella actividad, usufructuarlos o disponer de ellos. La autorización puede ser revocada por razones justificadas.

 

Artículo 458.- Responsabilidad del menor

 

El menor capaz de discernimiento responde por los daños y perjuicios que causa.

 

Artículo 459.- Asentimiento del menor para actos de administración de sus padres

 

Si es posible, los padres consultarán al menor que tenga más de dieciséis años los actos importantes de la administración. El asentimiento del menor no libera a los padres de responsabilidad.

 

Artículo 460.- Nombramiento de curador especial

 

Siempre que el padre o la madre tengan un interés opuesto al de sus hijos, se nombrará a éstos un curador especial.

 

El juez, a petición del padre o de la madre, del Ministerio Público, de cualquier otra persona o de oficio, conferirá el cargo al pariente a quien corresponda la tutela legítima. A falta de éste, el consejo de familia elegirá a otro pariente o a un extraño.

 

Artículo 461.- Causales de extinción de patria potestad

 

La patria potestad se acaba:

 

1. Por la muerte de los padres o del hijo.

 

2. Por cesar la incapacidad del hijo conforme al artículo 46.

 

3. Por cumplir el hijo dieciocho años de edad.

 

Artículo 462.- Causales de pérdida de patria potestad

 

La patria potestad se pierde por condena a pena que la produzca o por abandonar al hijo durante seis meses continuos o cuando la duración sumada del abandono exceda de este plazo.

 

Artículo 463.- Causales de privación de la patria potestad

 

Los padres pueden ser privados de la patria potestad:

 

1. Por dar órdenes, consejos, ejemplos corruptos o dedicar a la mendicidad a sus hijos.

 

2. Por tratarlos con dureza excesiva.

 

3. Por negarse a prestarles alimentos.

 

Artículo 464.- Derogado

 

Artículo 465.- Autorización judicial a los hijos para vivir separados de sus padres

 

El juez puede autorizar a los hijos, por causas graves, para que vivan separados del padre o de la madre que hubiese contraido matrimonio, poniéndolos bajo el cuidado de otra persona.

 

El juez fija las atribuciones que ésta debe ejercer.

 

Artículo 466.- Causales de suspensión de patria potestad

 

La patria potestad se suspende:

 

1. Cuando el padre o la madre tenga capacidad de ejercicio restringida según el artículo 44 numeral 9.

 

2. Por ausencia judicialmente declarada del padre o de la madre.

 

3. Cuando se compruebe que el padre o la madre se hallan impedidos de hecho para ejercerla.

 

4. En el caso del artículo 340.

 

Artículo 467.- Nombramiento de curador para representación en juicio

 

En los casos de los artículos 446, 463, 464 y 466, inciso 3, el consejo de familia proveerá de un curador al hijo para que represente a éste en el juicio respectivo.

 

Artículo 468.- Nombramiento judicial de curador

 

El juez, a solicitud de parte o de oficio, nombrará curador para los hijos y proveerá a su seguridad y a la de sus bienes conforme a las normas pertinentes del Código de Procedimientos Civiles, en caso de que el consejo de familia no cumpla con lo dispuesto en el artículo 467, o que pueda resultar perjuicio.

 

Artículo 469.- Consecuencia de la pérdida, privación, limitación y suspensión de patria potestad

 

Los efectos de la pérdida, la privación, la limitación y la suspensión de la patria potestad, se extenderán a los hijos nacidos después de que ha sido declarada.

 

Artículo 470.-  Inalterabilidad de los deberes de los padres

 

La pérdida, privación, limitación o suspensión de la patria potestad no alteran los deberes de los padres con los hijos.

 

Artículo 471.- Restitución de patria potestad

 

Los padres a los cuales se les ha privado de la patria potestad o limitado en su ejercicio, pueden pedir su restitución cuando cesen las causas que la determinaron.

 

La acción sólo puede intentarse transcurridos tres años de cumplida la sentencia correspondiente. El juez restituirá la patria potestad total o parcialmente, según convenga al interés del menor.

 

En los casos de pérdida y suspensión, los padres volverán a ejercer la patria potestad cuando desaparezcan los hechos que los motivaron; salvo la declaración de pérdida de la patria potestad por sentencia condenatoria por la comisión de delito doloso en agravio del hijo o en perjuicio del mismo o por la comisión de cualquiera de los delitos previstos en los artículos 107, 108-B, 110, 125, 148-A, 153, 153-A, 170, 171, 172, 173, 173-A, 174, 175, 176, 176-A, 177, 179, 179-A, 180, 181, 181-A, 183-A y 183-B del Código Penal o, por cualquiera de los delitos establecidos en el Decreto Ley 25475, que establece la penalidad para los delitos de terrorismo y los procedimientos para la investigación, la instrucción y el juicio.

 

Sección cuarta: Amparo familiar

Título I: Alimentos y bienes de familia

Capítulo primero: Alimentos

 Artículo 472.- Noción de alimentos

 

Se entiende por alimentos lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido, educación, instrucción y capacitación para el trabajo, asistencia médica y psicológica y recreación, según la situación y posibilidades de la familia. También los gastos del embarazo de la madre desde la concepción hasta la etapa de postparto.

 

Artículo 473.- Alimentos a hijos mayores de edad

 

El mayor de dieciocho años sólo tiene derecho a alimentos cuando no se encuentre en aptitud de atender a su subsistencia por causas de incapacidad física o mental debidamente comprobadas.

 

Si la causa que lo redujo a ese estado fue su propia inmoralidad, sólo podrá exigir lo estrictamente necesario para subsistir.

 

No se aplica lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando el alimentista es ascendiente del obligado a prestar alimentos.

 

Artículo 474.- Obligación recíproca de alimentos

 

Se deben alimentos recíprocamente:

 

1. Los cónyuges.

 

2. Los ascendientes y descendientes.

 

3. Los hermanos.

 

Artículo 475.- Prelación de obligados a pasar alimentos

 

Los alimentos, cuando sean dos o más los obligados a darlos, se prestan en el orden siguiente:

 

1. Por el cónyuge.

 

2. Por los descendientes.

 

3. Por los ascendientes.

 

4. Por los hermanos.

 

Artículo 476.- Gradación por orden de sucesión legal

 

Entre los descendientes y los ascendientes se regula la gradación por el orden en que son llamados a la sucesión legal del alimentista.

 

Artículo 477.- Prorrateo de alimentos

 

Cuando sean dos o más los obligados a dar los alimentos, se divide entre todos el pago de la pensión en cantidad proporcional a sus respectivas posibilidades. Sin embargo, en caso de urgente necesidad y por circunstancias especiales, el juez puede obligar a uno solo a que los preste, sin perjuicio de su derecho a repetir de los demás la parte que les corresponda.

 

Artículo 478.- Obligación alimenticia de los parientes

 

Si teniéndose en cuenta las demás obligaciones del cónyuge deudor de los alimentos, no se halla en condiciones de prestarlos sin poner en peligro su propia subsistencia, según su situación, están obligados los parientes antes que el cónyuge.

 

Artículo 479.- Obligación de alimentos entre ascendientes y descendientes

 

Entre los ascendientes y los descendientes, la obligación de darse alimentos pasa por causa de pobreza del que debe prestarlos al obligado que le sigue.

 

Artículo 480.- Obligación con hijo alimentista

 

La obligación de alimentarse que tiene un padre y su hijo extramatrimonial no reconocido ni declarado, conforme a lo dispuesto en el artículo 415, no se extiende a los descendientes y ascendientes de la línea paterna.

 

Artículo 481.- Criterios para fijar alimentos

 

Los alimentos se regulan por el juez en proporción a las necesidades de quien los pide y a las posibilidades del que debe darlos, atendiendo además a las circunstancias personales de ambos, especialmente a las obligaciones que se halle sujeto el deudor.

 

El juez considera como un aporte económico el trabajo doméstico no remunerado realizado por alguno de los obligados para el cuidado y desarrollo del alimentista, de acuerdo a lo señalado en el párrafo precedente.

 

No es necesario investigar rigurosamente el monto de los ingresos del que debe prestar los alimentos.

 

Artículo 482.- Incremento o disminución de alimentos

 

La pensión alimenticia se incrementa o reduce según el aumento o la disminución que experimenten las necesidades del alimentista y las posibilidades del que debe prestarla. Cuando el monto de la pensión se hubiese fijado en un porcentaje de las remuneraciones del obligado, no es necesario nuevo juicio para reajustarla. Dicho reajuste se produce automáticamente según las variaciones de dichas remuneraciones.

 

Artículo 483.- Causales de exoneración de alimentos

 

El obligado a prestar alimentos puede pedir que se le exonere si disminuyen sus ingresos, de modo que no pueda atenderla sin poner en peligro su propia subsistencia, o si ha desaparecido en el alimentista el estado de necesidad.

 

Tratándose de hijos menores, a quienes el padre o la madre estuviese pasando una pensión alimenticia por resolución judicial, esta deja de regir al llegar aquéllos a la mayoría de edad.

 

Sin embargo, si subsiste el estado de necesidad por causas de incapacidad física o mental debidamente comprobadas o el alimentista está siguiendo una profesión u oficio exitosamente, puede pedir que la obligación continúe vigente.

 

Artículo 484.- Formas diversas de dar alimentos

 

El obligado puede pedir que se le permita dar los alimentos en forma diferente del pago de una pensión, cuando motivos especiales justifiquen esta medida.

 

Artículo 485.- Restricciones al alimentista indigno

 

El alimentista que sea indigno de suceder o que pueda ser desheredado por el deudor de los alimentos, no puede exigir sino lo estrictamente necesario para subsistir.

 

Artículo 486.- Extinción de la obligación alimentaria

 

La obligación de prestar alimentos se extingue por la muerte del obligado o del alimentista, sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 728.

 

En caso de muerte del alimentista, sus herederos están obligados a pagar los gastos funerarios.

 

Artículo 487.- Caracteristicas del derecho alimentario

 

El derecho de pedir alimentos es intrasmisible, irrenunciable, intransigible e incompensable.

 

Capítulo segundo: Patrimonio familiar

Artículo 488.- Características del patrimonio familiar

 

El patrimonio familiar es inembargable, inalienable y trasmisible por herencia.

 

Artículo 489.- Bienes afectados patrimonio familiar

 

Puede ser objeto del patrimonio familiar:

 

1. La casa habitación de la familia.

 

2. Un predio destinado a la agricultura, la artesanía, la industria o el comercio.

 

El patrimonio familiar no puede exceder de lo necesario para la morada o el sustento de los beneficiarios.

 

Artículo 490.- Consecuencia de constitución de patrimonio familiar

 

La constitución del patrimonio familiar no transfiere la propiedad de los bienes del que lo constituye a los beneficiarios. Estos adquieren sólo el derecho de disfrutar de dichos bienes.

 

Artículo 491.- Autorización judicial para disponer del patrimonio familiar

 

Los bienes del patrimonio familiar pueden ser arrendados sólo en situaciones de urgente necesidad, transitoriamente y con autorización del juez.

 

También se necesita autorización judicial para arrendar una parte del predio cuando sea indispensable para asegurar el sustento de la familia.

 

Artículo 492.- Embargo de frutos del patrimonio familiar

 

Los frutos del patrimonio familiar son embargables hasta las dos terceras partes, únicamente para asegurar las deudas resultantes de condenas penales, de los tributos referentes al bien y de las pensiones alimenticias.

 

Artículo 493.- Personas que pueden constituir patrimonio familiar

 

Pueden constituir patrimonio familiar:

 

1. Cualquiera de los cónyuges sobre bienes de su propiedad.

 

2. Los cónyuges de común acuerdo sobre bienes de la sociedad.

 

3. El padre o madre que haya enviudado o se haya divorciado, sobre sus bienes propios.

 

4. El padre o madre solteros sobre bienes de su propiedad.

 

5. Cualquier persona dentro de los límites en que pueda donar o disponer libremente en testamento.

 

Artículo 494.- Requisito esencial para constituir patrimonio familiar

 

Para ejercer el derecho de constituir patrimonio familiar es requisito esencial no tener deudas cuyo pago sea perjudicado por la constitución.

 

Artículo 495.- Beneficiarios del patrimonio familiar

 

Pueden ser beneficiarios del patrimonio familiar sólo los cónyuges, los hijos y otros descendientes menores o incapaces, los padres y otros ascendientes que se encuentren en estado de necesidad y los hermanos menores o incapaces del constituyente.

 

Artículo 496.- Requisitos para la constitución del patrimonio familiar

 

Para la constitución del patrimonio familiar se requiere:

 

1. Que el constituyente formalice solicitud ante el juez, en la que debe precisar su nombre y apellidos, edad, estado civil y domicilio; individualizar el predio que propone afectar; aportar la prueba instrumental de no hallarse el predio sujeto a hipoteca, anticresis o embargo registrado; y señalar a los beneficiarios con precisión del vínculo familiar que lo une a ellos.

 

2. Que se acompañe a la solicitud, la minuta de constitución del patrimonio cuya autorización pide.

 

3. Que se publique un extracto de la solicitud por dos días interdiarios en el periódico donde lo hubiere o por aviso en el local del juzgado donde no lo hubiere.

 

4. Que sea aprobada por el Juez, conforme a lo dispuesto para el proceso no contencioso.

 

5. Que la minuta sea elevada a escritura pública.

 

6. Que sea inscrita en el registro respectivo.

 

En los casos de constitución, modificación o extinción del patrimonio familiar, el juez oirá la opinión del Ministerio Público antes de expedir resolución.

 

Artículo 497.- Administración de patrimonio familiar

 

La administración del patrimonio familiar corresponde al constituyente o a la persona que éste designe.

 

Artículo 498.- Pérdida de la calidad de beneficiario

 

Dejan de ser beneficiarios del patrimonio familiar:

 

1. Los cónyuges cuando dejan de serlo o mueren.

 

2. Los hijos menores o incapaces y los hermanos menores o incapaces, cuando mueren o llegan a la mayoría de edad o desaparece la incapacidad.

 

3. Los padres y otros ascendientes cuando mueren o desaparece el estado de necesidad.

 

Artículo 499.- Causales de extinción de patrimonio familiar

 

El patrimonio familiar se extingue:

 

1. Cuando todos sus beneficiarios dejan de serlo conforme al artículo 498.

 

2. Cuando, sin autorización del juez, los beneficiarios dejan de habitar en la vivienda o de trabajar el predio durante un año continuo.

 

3. Cuando, habiendo necesidad o mediada causa grave, el juez, a pedido de los beneficiarios, lo declara extinguido.

 

4. Cuando el inmueble sobre el cual recae fuere expropiado. En este caso, el producto de la expropiación debe ser depositado en una institución de crédito para constituir un nuevo patrimonio familiar. Durante un año, el justiprecio depositado será inembargable. Cualquiera de los beneficiarios puede exigir dentro de los seis primeros meses, que se constituya el nuevo patrimonio. Si al término del año mencionado no se hubiere constituido o promovido la constitución de un nuevo patrimonio, el dinero será entregado al propietario de los bienes expropiados.

 

Las mismas reglas son de aplicación en los casos de destrucción del inmueble cuando ella genera una indemnización.

 

Artículo 500.- Declaración judicial de extinción del patrimonio familiar

 

La extinción del patrimonio familiar debe ser declarada por el juez y se inscribe en los registros públicos.

 

Artículo 501.- Modificación del patrimonio familiar

 

El patrimonio familiar puede ser modificado según las circunstancias, observándose el mismo procedimiento que para su constitución.

 

Título II: Instituciones supletorias de amparo

Capítulo primero: Tutela

Artículo 502.- Finalidad de la tutela

 

Al menor que no esté bajo la patria potestad se le nombrará tutor que cuide de su persona y bienes.

 

Artículo 503.- Facultades para nombrar tutor

 

Tienen facultad de nombrar tutor, en testamento o por escritura pública:

 

1. El padre o la madre sobreviviente, para los hijos que estén bajo su patria potestad.

 

2. El abuelo o la abuela, para los nietos que estén sujetos a su tutela legítima.

 

Cualquier testador, para el que instituya heredero o legatario, si éste careciera de tutor nombrado por el padre o la madre y de tutor legítimo y la cuantía de la herencia o del legado bastare para los alimentos del menor.

 

Artículo 504.- Nombramiento de tutor por uno de los padres

 

Si uno de los padres fuere incapaz, valdrá el nombramiento de tutor que hiciere el otro, aunque éste muera primero.

 

Artículo 505.- Pluralidad de tutores

 

Si fueren nombrados dos o más tutores en testamento o por escritura pública, el cargo será desempeñado en el orden del nombramiento, salvo disposición contraria. En este último caso, si el instituyente no hubiera establecido el modo de ejercer las atribuciones de la tutela, ésta será mancomunada.

 

Artículo 506.- Tutor legítimo

 

A falta de tutor nombrado en testamento o por escritura pública, desempeñan el cargo los abuelos y demás ascendientes, prefiriéndose:

 

1. El más próximo al más remoto.

 

2. El más idóneo, en igualdad de grado. La preferencia la decide el juez oyendo al consejo de familia.

 

Artículo 507.- Tutela de hijos extramatrimoniales

 

La tutela de que trata el artículo 506 no tiene lugar respecto de los hijos extramatrimoniales si no la confirma el juez.

 

Artículo 508.- Tutor dativo

 

A falta de tutor testamentario o escriturario y de tutor legítimo, el consejo de familia nombrará tutor dativo a una persona residente en el lugar del domicilio del menor.

 

El consejo de familia se reunirá por orden del juez o a pedido de los parientes, del Ministerio Público o de cualquier persona.

 

Artículo 509.- Plazo para ratificar tutor dativo

 

El tutor dativo será ratificado cada dos años por el consejo de familia, dentro del plazo de treinta días contados a partir del vencimiento del período. La falta de pronunciamiento del consejo dentro de dicho plazo equivale a la ratificación.

 

Artículo 510.- Tutela Estatal

 

La tutela de los niños y adolescentes en situación de desprotección familiar se regula por la ley de la materia.

 

Artículo 511.- Derogado

 

Artículo 512.- Derecho a discernir el cargo

 

El tutor tiene la obligación de pedir el discernimiento del cargo. Si no lo hace, el juez debe ordenarlo de oficio, o a pedido de los parientes, del Ministerio Público o de cualquier persona.

 

Artículo 513.- Convalidación por discernimiento posterior

 

El discernimiento posterior al ejercicio del cargo no invalida los actos anteriores del tutor.

 

Artículo 514.- Medidas cautelares

 

Mientras no se nombre tutor o no se discierna la tutela, el juez, de oficio o a pedido del Ministerio Público, dictará todas las providencias que fueren necesarias para el cuidado de la persona y la seguridad de los bienes del menor.

 

Artículo 515.- Impedimentos para ejercer tutoría

 

No pueden ser tutores:

 

1. Los menores de edad. Si fueran nombrados en testamento o por escritura pública, ejercerán el cargo cuando lleguen a la mayoría.

 

2. Los sujetos a curatela.

 

3. Los deudores o acreedores del menor, por cantidades de consideración, ni los fiadores de los primeros, a no ser que los padres los hubiesen nombrado sabiendo esta circunstancia.

 

4. Los que tengan en un pleito propio, o de sus ascendientes, descendientes o cónyuge, interés contrario al del menor, a menos que con conocimiento de ello hubiesen sido nombrados por los padres.

 

5. Los enemigos del menor o de sus ascendientes o hermanos.

 

6. Los excluidos expresamente de la tutela por el padre o por la madre.

 

7. Los quebrados y quienes están sujetos a un procedimiento de quiebra.

 

8. Los condenados por homicidio, lesiones dolosas, riña, aborto, exposición o abandono de personas en peligro, supresión o alteración del estado civil, o por delitos contra el patrimonio o contra las buenas costumbres.

 

9. Las personas de mala conducta notoria o que no tuvieren manera de vivir conocida.

 

10. Los que fueron destituidos de la patria potestad.

 

11. Los que fueron removidos de otra tutela.

 

Artículo 516.- Impugnación de nombramiento de tutor

 

Cualquier interesado y el Ministerio Público pueden impugnar el nombramiento de tutor efectuado con infracción del artículo 515.

 

Si la impugnación precediera al discernimiento del cargo, se estará a lo dispuesto en el Código de Procedimientos Civiles.

 

Artículo 517.- Obligatoriedad del cargo de tutor

 

El cargo de tutor es obligatorio.

 

Artículo 518.- Personas que pueden excusarse del cargo de tutor

 

Pueden excusarse del cargo de tutor:

 

1. Los extraños, si hay en el lugar pariente consanguíneo idóneo.

 

2. Los analfabetos.

 

3. Los que por enfermedad crónica no pueden cumplir los deberes del cargo.

 

4. Los mayores de sesenta años.

 

5. Los que no tienen domicilio fijo, por razón de sus actividades.

 

6. Los que habitan lejos del lugar donde ha de ejercerse la tutela.

 

7. Los que tienen más de cuatro hijos bajo su patria potestad.

 

8. Los que sean o hayan sido tutores o curadores de otra persona.

 

9. Los que desempeñan función pública que consideren incompatible con el ejercicio de la tutela.

 

Artículo 519.- Plazo para excusar el cargo

 

El tutor debe proponer su excusa dentro del plazo de quince días desde que tuvo noticia del nombramiento o desde que sobrevino la causal si está ejerciendo el cargo. No puede proponerla vencido ese plazo.

 

Artículo 520.- Requisitos previos al ejercicio de la tutela

 

Son requisitos previos al ejercicio de la tutela:

 

1. La facción de inventario judicial de los bienes del menor, con intervención de éste si tiene dieciséis años cumplidos. Hasta que se realice esta diligencia, los bienes quedan en depósito.

 

2. La constitución de garantía hipotecaria o prendaria, o de fianza si le es imposible al tutor dar alguna de aquéllas, para asegurar la responsabilidad de su gestión. Tratándose del tutor legítimo, se estará a lo dispuesto en el artículo 426.

 

3. El discernimiento del cargo. El tutor en el discernimiento del cargo está obligado a prometer que guardará fielmente la persona y bienes del menor, así como a declarar si es su acreedor y el monto de su crédito bajo sanción de perderlo o si es su deudor o fiador del deudor.

 

Artículo 521.- Depósito de los valores del menor en institución financiera

 

Los valores que a juicio del juez no deben estar en poder del tutor, serán depositados en instituciones de crédito a nombre del menor.

 

Artículo 522.- Depósito del dinero del pupilo en institución bancaria

 

Es de aplicación al dinero del menor lo dispuesto en el artículo 451.

 

Artículo 523.- Autorización para retiro de valores y dinero

 

Los valores y el dinero a que se refieren los artículos 521 y 522, no pueden ser retirados de las instituciones de crédito sino mediante orden judicial.

 

Artículo 524.- Inversión del dinero del menor

 

El dinero del menor, cualquiera sea su procedencia, será invertido conforme a lo dispuesto en el artículo 453.

 

Artículo 525.- Responsabilidad del tutor por intereses legales

 

El tutor responde de los intereses legales del dinero que esté obligado a colocar, cuando por su negligencia quede improductivo durante más de un mes, sin que esto lo exima de las obligaciones que le imponen los artículos 522 y 524.

 

Artículo 526.- Deberes del tutor

 

El tutor debe alimentar y educar al menor de acuerdo a la condición de éste y proteger y defender su persona.

 

Estos deberes se rigen por las disposiciones relativas a la patria potestad, bajo la vigilancia del consejo de familia.

 

Cuando el menor carezca de bienes o éstos no sean suficientes, el tutor demandará el pago de una pensión alimenticia.

 

Artículo 527.- Representación del pupilo

 

El tutor representa al menor en todos los actos civiles, excepto en aquellos que, por disposición de la ley, éste puede ejecutar por sí solo.

 

Artículo 528.- Capacidad del pupilo bajo tutela

 

La capacidad del menor bajo tutela es la misma que la del menor sometido a la patria potestad.

 

Artículo 529.- Obligación de administrar con diligencia

 

El tutor está obligado a administrar los bienes del menor con la diligencia ordinaria.

 

Artículo 530.- Derecho del menor de recurrir al juez

 

El menor que ha cumplido catorce años y cualquier interesado puede recurrir al juez contra los actos del tutor.

 

Artículo 531.- Autorización para disponer de los bienes del pupilo

 

Los bienes del menor no pueden ser enajenados ni gravados sino con autorización judicial, concedida por necesidad o utilidad y con audiencia del consejo de familia. Se exceptúan de esta disposición los frutos en la medida que sean necesarios para la alimentación y educación del menor.

 

Artículo 532.- Actos que requieren autorización judicial

 

El tutor necesita también autorización judicial concedida previa audiencia del consejo de familia para:

 

1. Practicar los actos indicados en el artículo 448.

 

2. Hacer gastos extraordinarios en los predios.

 

3. Pagar deudas del menor, a menos que sean de pequeña cuantía.

 

4. Permitir al menor capaz de discernimiento, dedicarse a un trabajo, ocupación, industria u oficio, dentro de los alcances señalados en el artículo 457.

 

5. Celebrar contrato de locación de servicios.

 

6. Celebrar contratos de seguro de vida o de renta vitalicia a título oneroso.

 

7. Todo acto en que tengan interés el cónyuge del tutor, cualquiera de sus parientes o alguno de sus socios.

 

Artículo 533.- Intervención del menor para actos que requieren autorización judicial

 

En los casos de los artículos 531 y 532, cuando el menor tenga dieciséis años cumplidos, si fuera posible, el juez deberá oírlo antes de prestar su autorización.

 

Artículo 534.- Aplicación supletoria del artículo 449

 

Es de aplicación a la autorización judicial lo dispuesto en el artículo 449.

 

Artículo 535.- Venta fuera de la subasta

 

La venta puede hacerse, excepcionalmente, fuera de subasta, con aprobación del juez y previa audiencia del Ministerio Público, cuando lo requiera el interés del menor.

 

Artículo 536.- Actos realizados sin autorización judicial

 

Los actos practicados por el tutor sin la autorización judicial requerida por los artículos 531 y 532, no obligan al menor sino dentro de los límites del segundo párrafo del artículo 456.

 

Artículo 537.- Acción de nulidad del pupilo por actos sin autorización

 

La acción del menor para anular los actos celebrados por el tutor sin las formalidades legales prescribe a los dos años. Este plazo se cuenta a partir del día en que cesó la incapacidad.

 

Artículo 538.- Actos prohibidos a los tutores

 

Se prohíbe a los tutores:

 

1. Comprar o tomar en arrendamiento los bienes del menor.

 

2. Adquirir cualquier derecho o acción contra el menor.

 

3. Disponer de los bienes del menor a título gratuito.

 

4. Arrendar por más de tres años los bienes del menor.

 

Artículo 539.- Fijación judicial de la retribución del tutor

 

El tutor tiene derecho a una retribución que fijará el juez teniendo en cuenta la importancia de los bienes del menor y el trabajo que ha demandado su administración en cada período.

 

Nunca excederá dicha retribución del ocho por ciento de las rentas o productos líquidos consumidos ni del diez por ciento de los capitalizados.

 

Artículo 540.- Obligación del tutor a dar cuenta

 

El tutor está obligado a dar cuenta de su administración:

 

1. Anualmente

 

2. Al acabarse la tutela o cesar en el cargo.

 

Artículo 541.- Obligación del tutor legítimo de dar cuenta

 

Tratándose del tutor legítimo, se estará a lo dispuesto en el artículo 427 en lo que concierne a la obligación que impone el inciso 1 del artículo 540.

 

Artículo 542.- Proceso de rendición y desaprobación de cuentas

 

La rendición, a solicitud del tutor o del consejo de familia, se presenta en ejecución de sentencia del proceso abreviado. La presentación, en audiencia que el Juez señalará al efecto y con presencia del menor si tiene más de catorce años, se hace por escrito, adjuntando copia de los documentos justificantes u ofreciendo otros medios probatorios. En la audiencia, el tutor proporcionará las explicaciones que le sean solicitadas.

 

La demanda de desaprobación se formula, de ser el caso, dentro del plazo de caducidad de sesenta días después de presentadas las cuentas y se tramita como proceso de conocimiento.

 

Artículo 543.- Plazo del tutor para rendir cuenta

 

Rendida la cuenta del primer año, el juez podrá resolver que las posteriores se rindan bienal, trienal o quinquenalmente, si la administración no fuera de entidad.

 

Artículo 544.- Aumento o disminución de la garantía del tutor

 

La garantía que preste el tutor puede aumentarse o disminuirse durante el ejercicio de la tutela.

 

Artículo 545.- Depósito e Inversión del saldo a favor del pupilo

 

Son aplicables los artículos 451 y 453 al saldo que resulten de la cuenta anual en favor del menor.

 

Artículo 546.- Actos prohibidos del pupilo antes de rendición

 

El menor, llegado a la mayoría, no podrá celebrar convenio alguno con su antiguo tutor antes de ser aprobada judicialmente la cuenta final. Las disposiciones testamentarias del menor en favor del tutor tampoco tendrán efecto sin tal requisito, salvo las referentes a la legítima.

 

Artículo 547.- Interes legal del saldo contra el tutor

 

Son aplicables a los intereses del saldo de la cuenta final las disposiciones contenidas en el artículo 430.

 

Artículo 548.- Prohibición de dispensa a obligaciones del tutor

 

Las obligaciones que impone este capítulo a los tutores no son susceptibles de dispensa.

 

Artículo 549.- Fin de la tutela

 

La tutela se acaba:

 

1. Por la muerte del menor.

 

2. Por llegar el menor a los dieciocho años.

 

3. Por cesar la incapacidad del menor conforme al artículo 46.

 

4. Por cesar la incapacidad del padre o de la madre en el caso del artículo 580.

 

5. Por ingresar el menor bajo la patria potestad.

 

Artículo 550.- Causales de extinción del cargo del tutor

 

El cargo de tutor cesa:

 

1. Por muerte del tutor.

 

2. Por la aceptación de su renuncia.

 

3. Por la declaración de quiebra.

 

4. Por la no ratificación.

 

5. Por su remoción.

 

Artículo 551.- Efectos de la muerte del tutor

 

Los herederos del tutor, si son capaces, están obligados a continuar la gestión de su causante hasta que se nombre nuevo tutor.

 

Artículo 552.- Facultad de renuncia del tutor dativo

 

El tutor dativo que haya desempeñado el cargo seis años puede renunciarlo.

 

Artículo 553.- Continuidad de la tutela

 

El tutor que renuncie la tutela, así como aquél cuyo nombramiento sea impugnado, debe ejercer el cargo hasta que se le releve.

 

Artículo 554.- Causales de remoción del tutor

 

Será removido de la tutela:

 

1. El que incurra en alguno de los impedimentos del artículo 515, si no renuncia al cargo.

 

2. El que cause perjuicio al menor en su persona o intereses.

 

Artículo 555.- Suspensión provisional del tutor

 

El juez, después de presentada la demanda de remoción, puede suspender provisionalmente al tutor, si existe peligro en la demora.

 

Artículo 556.- Protección del menor y de sus bienes en el juicio

 

Contestada la demanda por el tutor testamentario o legítimo, se encargará del menor y de sus bienes, durante el juicio, un tutor legítimo y, a falta de éste, uno dativo.

 

Artículo 557.- Remoción del tutor a pedido del pupilo

 

El menor que ha cumplido la edad de catorce años puede pedir al juez la remoción de su tutor.

 

Artículo 558.- Obligados a solicitar remoción del tutor

 

Los parientes del menor y el Ministerio Público están obligados a pedir la remoción del tutor.

 

Artículo 559.-  Denuncia al tutor

 

Cualquiera puede denunciar al tutor por causas que den lugar a su remoción.

 

Artículo 560.- Convocatoria al consejo de familia

 

Si el juez tiene conocimiento de algún perjuicio que el tutor cause al menor, convocará de oficio al consejo de familia para que proceda, según las circunstancias, a usar de sus facultades en beneficio de aquél.

 

Artículo 561.- Acciones recíprocas del pupilo y tutor

 

Es aplicable a las acciones recíprocas del menor y del tutor lo dispuesto en el artículo 432.

 

Artículo 562.- Prescripción de la acción contra juez

 

Las acciones de responsabilidad subsidiaria contra el juez prescriben a los seis meses contados desde el día en que se hubieran podido interponer.

 

Artículo 563.- Tutor oficioso

 

La persona que se encargue de los negocios de un menor, será responsable como si fuera tutor. Esta responsabilidad puede serle exigida por el Ministerio Público, de oficio o a pedido de cualquier persona.

 

El juez, a solicitud del Ministerio Público, puede ordenar que se regularice la tutela. Si ello no fuera posible, dispondrá que el tutor oficioso asuma el cargo como dativo.

 

Capítulo segundo: Curatela

Artículo 564.- Personas sujetas a curatela

 

Están sujetas a curatela las personas a que se refiere el artículo 44 numerales 4, 5, 6, 7 y 8.

 

Artículo 565.- Fines de la curatela

 

La curatela se instituye para:

 

1. Derogado.

 

2. La administración de bienes.

 

3. Asuntos determinados.

 

Artículo 566.- Requisito indispensable para la curatela

 

No se puede nombrar curador para las personas con capacidad de ejercicio restringida contempladas en el artículo 44 en los numerales 4 al 7 sin que preceda declaración judicial de interdicción.

 

Artículo 567.- Curador provisional

 

El juez, en cualquier estado del juicio, puede privar provisionalmente del ejercicio de los derechos civiles a la persona cuya interdicción ha sido solicitada y designarle un curador provisional.

 

Artículo 568.- Normas supletorias aplicables a la curatela

 

Rigen para la curatela las reglas relativas a la tutela, con las modificaciones establecidas en este capítulo.

 

Artículo 568-A.- Facultad para nombrar su propio curador

 

Toda persona adulta mayor con capacidad plena de ejercicio de sus derechos civiles puede nombrar a su curador, curadores o curadores sustitutos por escritura pública con la presencia de dos (2) testigos, en previsión de ser declarado judicialmente interdicto en el futuro, inscribiendo dicho acto en el Registro Personal de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp).

 

El juez a cargo del proceso de interdicción recaba la certificación del registro, a efectos de verificar la existencia del nombramiento. La designación realizada por la propia persona vincula al juez.

 

Asimismo, la persona adulta mayor puede disponer en qué personas no debe recaer tal designación. También puede establecer el alcance de las facultades que gozará quien sea nombrado como curador.

 

Artículo 569.- Derogado

 

Artículo 570.- Derogado

 

Artículo 571.- Derogado

 

Artículo 572.- Derogado

 

Artículo 573.- Designación de curador por el consejo de familia

 

A falta de curador legítimo y de curador testamentario o escriturario, la curatela corresponde a la persona que designe el consejo de familia.

 

Artículo 574.- Exoneración de inventario y rendición de cuentas

 

Si el curador es el cónyuge, está exento de las obligaciones que imponen los artículos 520, inciso 1, y 540, inciso 1.

 

Artículo 575.- Curatela de los padres

 

Cuando la curatela corresponde a los padres se rige por las disposiciones referentes a la patria potestad.

 

Artículo 576.- Funciones del curador

 

El curador protege al incapaz, provee en lo posible a su restablecimiento y, en caso necesario, a su colocación en un establecimiento adecuado; y lo representa o lo asiste, según el grado de la incapacidad, en sus negocios.

 

Artículo 577.- Destino de los frutos de los bienes del incapaz

 

Los frutos de los bienes del incapaz se emplearán principalmente en su sostenimiento y en procurar su restablecimiento. En caso necesario se emplearán también los capitales, con autorización judicial.

 

Artículo 578.- Derogado

 

Artículo 579.- Exoneración de garantías

 

Los curadores legítimos están exentos de la obligación de garantizar su gestión, salvo lo dispuesto en el artículo 426.

 

Artículo 580.- Derogado

 

Artículo 581.- Derogado

 

Artículo 582.- Derogado

 

Artículo 583.- Facultados a solicitar interdicción

 

Pueden pedir la interdicción de la persona con capacidad de ejercicio restringida según el artículo 44 numerales del 4 al 7, su cónyuge, sus parientes o el Ministerio Público.

 

Artículo 584.- Pródigo

 

Puede ser declarado pródigo el que teniendo cónyuge o herederos forzosos dilapida bienes que exceden de su porción disponible.

 

Artículo 585.- Restricción de capacidad por mala gestión

 

Puede ser restringida en su capacidad de ejercicio por mala gestión la persona que por esta causa ha perdido más de la mitad de sus bienes, teniendo cónyuge o herederos forzosos.

 

Queda al prudente arbitrio del juez apreciar la mala gestión.

 

Artículo 586.- Curador para ebrios y toxicómanos

 

Será provisto de un curador quien, por causa de su ebriedad habitual, o del uso de sustancias que puedan generar toxicomanía o de drogas alucinógenas, se exponga o exponga a su familia a caer en la miseria, necesite asistencia permanente o amenace la seguridad ajena.

 

Artículo 587.- Facultados a solicitar curatela para pródigo o mal gestor

 

Pueden pedir la curatela del pródigo o del mal gestor, sólo su cónyuge, sus herederos forzosos, y, por excepción, el Ministerio Público, de oficio o a instancia de algún pariente, cuando aquéllos sean menores o estén incapacitados.

 

Artículo 588.- Facultados a solicitar interdicción para ebrios y toxicómanos

 

Sólo pueden pedir la interdicción del ebrio habitual y del toxicómano, su cónyuge, los familiares que dependan de él y, por excepción, el Ministerio Público por sí o a instancia de algún pariente, cuando aquéllos sean menores o estén incapacitados o cuando el incapaz constituya un peligro para la seguridad ajena.

 

Artículo 589.- Curador dativo

 

La curatela de las personas con capacidad de ejercicio restringida a que se refieren los artículos 584, 585 y 586 corresponde a la persona que designe el juez, oyendo al consejo de familia.

 

Artículo 590.- Protección del ebrio habitual y toxicómano

 

El curador del ebrio habitual y del toxicómano debe proveer a  la protección de la persona del incapaz, a su tratamiento y eventual rehabilitación conforme a las reglas contenidas en los artículos 576, 577 y 578.

 

Artículo 591.- Actos prohibidos al interdicto

 

El pródigo, el mal gestor, el ebrio habitual y el toxicómano no pueden litigar ni practicar actos que no sean de mera administración de su patrimonio, sin asentimiento especial del curador. El juez, al instituir la curatela, puede limitar también la capacidad del interdicto en cuanto a determinados actos de administración.

 

Artículo 592.- Derogado

 

Artículo 593.- Validez e invalidez de los actos del incapaz

 

Los actos del pródigo y del mal gestor anteriores al pedido de interdicción no pueden ser impugnados por esta causa.

 

Los del ebrio habitual y del toxicómano pueden serlo si la causa de la incapacidad hubiese sido notoria.

 

Artículo 594.- Acción de anulación de actos prohibidos al interdicto

 

Las personas que pueden promover la declaración de interdicción y el curador pueden demandar la anulación de los actos patrimoniales practicados en contravención del artículo 591.

 

Artículo 595.- Curatela del penado

 

Ejecutoriada la sentencia penal que conlleve la interdicción civil, el fiscal pedirá, dentro de las veinticuatro horas, el nombramiento de curador para el penado. Si no lo hiciera, será responsable de los daños y perjuicios que sobrevengan.

 

También pueden pedir el nombramiento el cónyuge y los parientes del interdicto.

 

Artículo 596.- Prelación, límites y funciones de curatela legítima

 

La curatela a que se refiere el artículo 595 se discierne por el orden establecido en el artículo 569 y se limita a la administración de los bienes y a la representación en juicio del penado.

 

El curador está también obligado a cuidar de la persona y bienes de los menores o incapaces que se hallaren bajo la autoridad del interdicto hasta que se les provea de tutor o de otro curador.

 

Artículo 597.- Curatela de bienes del ausente o desaparecido

 

Cuando una persona se ausenta o ha desaparecido de su domicilio, ignorándose su paradero según lo establece el artículo 47, se proveerá a la curatela interina de sus bienes, observándose lo dispuesto en los artículos 569 y 573. A falta de las personas llamadas por estos artículos, ejercerá la curatela la que designe el juez.

 

Artículo 598.- Curatela de bienes del hijo póstumo

 

A pedido de cualquier interesado o del Ministerio Público los bienes que han de corresponder al que está por nacer, serán encargados a un curador si el padre muere estando la madre destituida de la patria potestad. Esta curatela incumbe a la persona designada por el padre para la tutela del hijo o la curatela de sus bienes, y en su defecto, a la persona nombrada por el juez, a no ser que la madre hubiera sido declarada incapaz, caso en el que su curador lo será también de los bienes del concebido.

 

Artículo 599.- Curatela especial de bienes

 

El juez de primera instancia, de oficio o a pedido del Ministerio Público o de cualquier persona que tenga legítimo interés, deberá proveer a la administración de los bienes cuyo cuidado no incumbe a nadie, e instituir una curatela, especialmente:

 

1. Cuando los derechos sucesorios son inciertos.

 

2. Cuando por cualquier causa, la asociación o el comité no puedan seguir funcionando, sin haberse previsto solución alguna en el estatuto respectivo.

 

3. Derogado

 

Artículo 600.- Curatela de bienes en usufructo

 

Cuando el usufructuario no preste las garantías a que está obligado conforme al artículo 1007 el juez, a pedido del propietario, nombrará curador.

 

Artículo 601.- Juez competente y pluralidad de curadores

 

La curatela a que se refieren los artículos 597 a 600, será instituida por el juez del lugar donde se encuentren todos o la mayor parte de los bienes.

 

Pueden ser varios los curadores, si así lo exige la administración de los bienes.

 

Artículo 602.- Representación legal por curador de bienes

 

El curador de bienes no puede ejecutar otros actos administrativos que los de custodia y conservación, y los necesarios para el cobro de los créditos y pago de las deudas. Sin embargo, los actos que le son prohibidos serán válidos si, justificada su necesidad o utilidad, los autoriza el juez, previa audiencia del consejo de familia.

 

Artículo 603.- Representación por el curador

 

Corresponde al curador de bienes la representación en juicio. Las personas que tengan créditos contra los bienes podrán reclamarlos del respectivo curador.

 

Artículo 604.- Aplicación de normas procesales a la curatela

 

El curador instituido conforme a los artículos 599, incisos 1 y 2, y 600 está también sujeto a lo que prescribe el Código de Procedimientos Civiles.

 

Artículo 605.- Facultades y obligaciones del curador señaladas por el juez

 

Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 603 y 604, el juez que nombra al curador puede señalarle sus facultades y obligaciones, regulándolas, según las circunstancias, por lo que está previsto para los tutores.

 

Artículo 606.- Supuestos en los que se requiere curador especial

 

Se nombrará curador especial cuando:

 

1. Los intereses de los hijos estén en oposición a los de sus padres que ejerzan la patria potestad.

 

2. Los hijos adquieran bienes cuya administración no corresponda a sus padres.

 

3. Los padres pierdan la administración de los bienes de sus hijos.

 

4. Los intereses de las personas sujetas a tutela o a curatela estén en oposición a los de sus tutores o curadores, o a los de otros menores o a las personas con capacidad de ejercicio restringida que con ellos se hallen bajo un tutor o curador común.

 

5. Los menores o las personas con capacidad de ejercicio restringida comprendidas en el artículo 44 incisos del 1 al 8, que tengan bienes lejos de su domicilio y no puedan ser convenientemente administrados por el tutor o curador.

 

6. Haya negocios que exijan conocimientos especiales que no tenga el tutor o curador, o una administración separada de la que desempeña aquél.

 

7. Los que estando bajo tutela o curatela adquieran bienes con la cláusula de no ser administrados por su tutor o curador general.

 

8. El representante legal esté impedido de ejercer sus funciones.

 

9. Una persona capaz no pueda intervenir en un asunto urgente ni designar apoderado.

 

Artículo 607.- Nombramiento de curador por padre extramatrimonial

 

El padre extramatrimonial puede nombrar curador en testamento o por escritura pública para que administre, con exclusión de la madre o del tutor nombrado por ella, los bienes que deje a sus hijos. Igual facultad tiene la madre extramatrimonial.

 

Artículo 608.- Funciones del curador especial

 

Los curadores especialmente nombrados para determinados bienes se encargarán de la administración de éstos en el tiempo y forma señalados por el testador o el donante que los designó.

 

Artículo 609.- Nombramiento de curador especial

 

En los casos de los incisos 1 y 9 del artículo 606, el curador será nombrado por el juez. En los demás casos lo será por el consejo de familia.

 

Artículo 610.- Cese de curatela por rehabilitación

 

La curatela instituida conforme al artículo 44, numerales 4 a 7, cesa por declaración judicial que levanta la interdicción.

 

La rehabilitación puede ser pedida por el curador o por cualquier interesado.

 

Artículo 611.- Término de la curatela del condenado

 

La curatela del condenado a pena que lleva anexa la interdicción civil acaba al mismo tiempo que la privación de la libertad.

 

El liberado condicionalmente continúa bajo curatela.

 

Artículo 612.- Derogado

 

Artículo 613.- Rehabilitación del ebrio habitual, pródigo, toxicómano y mal gestor

 

La rehabilitación de la persona declarada con capacidad de ejercicio restringida en los casos a que se refiere el artículo 44, numerales 4 a 7, sólo puede ser solicitada cuando durante más de dos años no ha dado lugar el interdicto a ninguna queja por hechos análogos a los que determinaron la curatela.

 

Artículo 614.- Derogado

 

Artículo 615.- Cese de curatela de bienes

 

La curatela de los bienes cesa por la extinción de éstos o por haber desaparecido los motivos que la determinaron.

 

Artículo 616.- Cese de curatela de bienes del desaparecido

 

La curatela de los bienes del desaparecido cesa cuando reaparece o cuando se le declara ausente o presuntamente muerto.

 

Artículo 617.- Cese de curatela de los bienes del concebido

 

La curatela de los bienes del concebido cesa por su nacimiento o por su muerte.

 

Artículo 618.- Fin de la curatela especial

 

La curatela especial se acaba cuando concluyen los asuntos que la determinaron.

 

Capítulo tercero: Consejo de Familia

Artículo 619.- Procedencia de la constitución de Consejo de Familia

 

Habrá un consejo de familia para velar por la persona e intereses de los menores y de los incapaces mayores de edad que no tengan padre ni madre.

 

También lo habrá, aunque viva el padre o la madre en los casos que señala este Código.

 

Artículo 620.- Tutor no sujeto al Consejo de Familia

 

El tutor legítimo de un menor, que ejerce la curatela sobre el padre o la madre de éste, no se hallará sujeto a consejo de familia sino en los casos en que lo estarían los padres.

 

Artículo 621.- Obligados a solicitar formación del Consejo

 

El tutor testamentario o escriturario, los ascendientes llamados a la tutela legítima y los miembros natos del consejo, están obligados a poner en conocimiento del juez de menores o del juez de paz, en sus respectivos casos, el hecho que haga necesaria la formación del consejo, quedando responsables de la indemnización de daños y perjuicios si así no proceden.

 

Artículo 622.- Formación del Consejo de Familia por mandato judicial

 

El juez de menores o el de paz, en su caso, puede decretar la formación del consejo, de oficio o a pedido del Ministerio Público o de cualquier persona.

 

Artículo 623.- Composición del Consejo de Familia

 

El consejo se compone de las personas que haya designado por testamento o en escritura pública el último de los padres que tuvo al hijo bajo su patria potestad o su curatela; y, en su defecto, por las personas designadas por el último de los abuelos o abuelas que hubiera tenido al menor o incapaz bajo su tutela o curatela.

 

A falta de las personas mencionadas, forman el consejo los abuelos y abuelas, tíos y tías, hermanos y hermanas del menor o del incapaz.

 

Los hijos del mayor incapaz, que no sean sus curadores, son miembros natos del consejo que se forme para él.

 

Artículo 624.- Casos en que los padres son miembros natos del Consejo de Familia

 

Cuando los padres no tienen la administración de los bienes de sus hijos serán miembros natos del consejo que se conforme.

 

Artículo 625.- Participación de hermanos en el Consejo de Familia

 

Cuando, entre las personas hábiles para formar el consejo, hubiera menos hermanos enteros que medio hermanos, sólo asisten de éstos igual número al de aquéllos, excluyéndose a los de menor edad.

 

Artículo 626.- Prelación para formación del Consejo de Familia

 

Si no hay en el lugar donde debe formarse el consejo ni dentro de cincuenta kilómetros, cuatro miembros natos, el juez de menores o el de paz, según el caso, completará ese número llamando a los demás parientes consanguíneos, entre los cuales tiene preferencia el más próximo sobre el más remoto, y el de mayor edad cuando sean de igual grado.

 

También llamará a los sobrinos y primos hermanos, siguiendo la misma regla de preferencia, cuando no hay ningún miembro nato.

 

En defecto del número necesario de miembros del consejo, éste no se constituirá, y sus atribuciones las ejercerá el juez, oyendo a los miembros natos que hubiere.

 

Artículo 627.- Personas no obligadas a formar parte del Consejo de Familia

 

No pueden ser obligadas a formar parte del consejo las personas que no residen dentro de los cincuenta kilómetros del lugar en que funciona; pero son miembros si aceptan el cargo, para lo cual debe citarlos el juez, si residen dentro de sus límites de su jurisdicción.

 

Artículo 628.- Consejo de Familia para hijo extra matrimonial

 

El consejo de familia para un hijo extramatrimonial lo integran los parientes del padre o la madre, solamente cuando éstos lo hubieran reconocido.

 

Artículo 629.- Subsanación de inobservancia en la formación del Consejo de Familia

 

El juez puede subsanar la inobservancia de los artículos 623 a 628, si no se debe a dolo ni causa perjuicio a la persona o bienes del sujeto a tutela o curatela. En caso contrario, es nula la formación del consejo.

 

Artículo 630.- Improcedencia del Consejo de Familia para hijo extramatrimonial

 

No habrá consejo de familia para un hijo extramatrimonial, cuando el padre o la madre lo hayan prohibido en su testamento o por escritura pública. En este caso, el juez de menores o el de paz, según corresponda, asumirá las funciones del consejo, oyendo a los miembros natos que hubiera.

 

Artículo 631.- Facultades de superiores sobre expósitos y huérfanos

 

Los superiores de establecimientos de expósitos y huérfanos tienen sobre estos todas las facultades que corresponden al consejo.

 

Artículo 632.- Personas impedidas de ser miembros del Consejo de Familia

 

No pueden ser miembros del consejo:

 

1. El tutor ni el curador.

 

2. Los que están impedidos para ser tutores o curadores.

 

3. Las personas a quienes el padre o la madre, el abuelo o la abuela hubiesen excluido de este cargo en su testamento o por escritura pública.

 

4. Los hijos de la persona que por abuso de la patria potestad de lugar a su formación.

 

5. Los padres, en caso que el consejo se forme en vida de ellos, salvo lo dispuesto en el artículo 624.

 

Artículo 633.- Carácter gratuito e inexcusable del cargo de miembros del Consejo de Familia

 

El cargo de miembro del consejo es gratuito e inexcusable y debe desempeñarse personalmente salvo que el juez autorice, por causa justificada, la representación mediante apoderado.

 

El apoderado no puede representar a más de un miembro del consejo.

 

Artículo 634.- Formalidades para la formación del Consejo

 

La persona que solicita la formación del consejo debe precisar los nombres de quienes deban formarlo. El juez ordenará publicar la solicitud y los nombres por periódico o carteles.

 

Durante los diez días siguientes a la publicación, cualquier interesado puede observar la inclusión o exclusión indebida. El juez resolverá dentro del plazo de cinco días teniendo a la vista las pruebas acompañadas.

 

La reclamación no impide que el consejo inicie o prosiga sus funciones, a menos que el juez disponga lo contrario.

 

Si el peticionario ignora los nombres de las personas que deben integrar el consejo, el aviso se limitará a llamar a quienes se crean con derecho. El juez dispondrá la publicación de los nombres de quienes se presenten, observándose lo dispuesto en los párrafos segundo y tercero de este artículo.

 

Artículo 635.- Instalación del Consejo

 

Transcurrido el plazo señalado en el artículo 634 sin que se haya producido observación alguna, o resuelta ésta, el juez procederá a instalar formalmente el consejo, dejándose constancia en acta.

 

Artículo 636.- Citación a miembros del Consejo

 

Instalado el consejo, sus miembros serán citados por esquela, cada vez que sea necesario.

 

Artículo 637.- Reemplazo de los miembros del Consejo

 

Cuando por causa de muerte, impedimento sobreviniente o ausencia sin dejar apoderado, no queden cuatro miembros hábiles para asistir al consejo, se completará este número guardándose las mismas reglas que para su formación.

 

Artículo 638.- Consejo a favor de ausentes

 

También se forma consejo para que ejerza sus atribuciones en favor de los ausentes.

 

Artículo 639.- Presidencia del Consejo

 

El juez de menores preside el consejo que se forma para supervigilar al tutor o, en su caso, a los padres. El juez de paz lo preside cuando se forma para incapaces mayores de edad.

 

El juez ejecuta los acuerdos del consejo.

 

Artículo 640.- Convocatoria del Consejo

 

El juez convocará al consejo a solicitud del tutor, del curador, o de cualquiera de sus miembros, y cada vez que, a su juicio, el interés del menor o del incapaz lo exija.

 

Artículo 641.- Quórum y mayoría para adoptar acuerdos

 

El consejo no puede adoptar resolución sin que estén presentes en la deliberación y votación por lo menos tres de sus miembros, además del juez, y sin que haya conformidad de votos entre la mayoría de los asistentes. El juez solamente vota en caso de empate.

 

Artículo 642.- Multa por inasistencia

 

Cada vez que algún miembro presente en el lugar deje de asistir a reunión del consejo sin causa legítima, el juez le impondrá una multa equivalente a no más del veinte por ciento del sueldo mínimo vital mensual. Esta multa es inapelable y se aplicará en favor de los establecimientos de beneficencia.

 

Artículo 643.- Inasistencia justificada

 

Si es justificada la causa que alegue algún miembro del consejo para no asistir a una reunión, el juez podrá diferirla para otro día siempre que lo crea conveniente y no se perjudiquen los intereses del menor o incapaz.

 

Artículo 644.- Impedimento de asistencia y votación

 

Ningún miembro del consejo asistirá a su reunión ni emitirá voto cuando se trate de asuntos en que tenga interés él o sus descendientes, ascendientes o cónyuge, pero podrá ser oído si el consejo lo estima conveniente.

 

Artículo 645.- Asistencia de tutor y curador sin derecho a voto

 

El tutor o el curador tienen la obligación de asistir a las reuniones del consejo cuando sean citados. También podrán asistir siempre que el consejo se reúna a su solicitud. En ambos casos carecerán de voto.

 

Artículo 646.- Asistencia del curado

 

El sujeto a tutela que sea mayor de catorce años puede asistir a las reuniones del consejo, con voz, pero sin voto.

 

Artículo 647.- Facultades del Consejo de Familia

 

Corresponde al consejo:

 

1. Nombrar tutores dativos o curadores dativos generales y especiales, conforme a este Código.

 

2. Admitir o no la excusa o la renuncia de los tutores y curadores dativos que nombre.

 

3. Declarar la incapacidad de los tutores y curadores dativos que nombre, y removerlos a su juicio.

 

4. Provocar la remoción judicial de los tutores y curadores legítimos, de los testamentarios o escriturarios y de los nombrados por el juez.

 

5. Decidir, en vista del inventario, la parte de rentas o productos que deberá invertirse en los alimentos del menor o del incapaz, en su caso, y en la administración de sus bienes, si los padres no la hubieran fijado.

 

6. Aceptar la donación, la herencia o el legado sujeto a cargas, dejado al menor o, en su caso, al incapaz.

 

7. Autorizar al tutor o curador a contratar bajo su responsabilidad, uno o más administradores especiales, cuando ello sea absolutamente necesario y lo apruebe el juez.

 

8. Determinar la suma desde la cual comienza para el tutor o curador, según el caso, la obligación de colocar el sobrante de las rentas o productos del menor o incapaz.

 

9. Indicar los bienes que deben ser vendidos en caso de necesidad o por causa de utilidad manifiesta.

 

10. Ejercer las demás atribuciones que le conceden este Código y el de Procedimientos Civiles.

 

Artículo 648.- Apelación de resoluciones del Consejo presidido por Juez de Paz

 

De las resoluciones del consejo presidido por el juez de paz pueden apelar el juez de primera instancia:

 

1. Cualquiera de sus miembros que haya disentido de la mayoría al votarse el acuerdo.

 

2. El tutor o el curador.

 

3. Cualquier pariente del menor.

 

4. Cualquier otro interesado en la decisión.

 

El plazo para apelar es de cinco días, salvo lo dispuesto en el artículo 650.

 

Artículo 649.- Apelación de resoluciones del Consejo presidido por juez de Menores

 

De las resoluciones del consejo presidido por el juez de menores pueden apelar a la Sala Civil de la Corte Superior, dentro del mismo plazo y con la misma salvedad, las personas indicadas en el artículo 648.

 

Artículo 650.- Impugnación de resoluciones del Consejo

 

Las resoluciones en que el consejo de familia declare la incapacidad de los tutores o curadores, acuerde su remoción, o desestime sus excusas, pueden ser impugnadas, ante el juez o la Sala Civil de la Corte Superior, en su caso, en el plazo de quince días.

 

Artículo 651.- Responsabilidad solidaria de los miembros del Consejo

 

Los miembros del consejo son solidariamente responsables de los daños y perjuicios que, por dolo o culpa, sufra el sujeto a tutela o curatela, a no ser que hubiesen disentido del acuerdo que los causó.

 

Artículo 652.- Actas de las sesiones del Consejo

 

De las sesiones del consejo se extenderá acta en el libro de consejos de familia del juzgado y en un libro especial que conservará el pariente más próximo. En ambos libros firmarán todos los miembros asistentes. Si alguno de ellos no puede o no quiere firmar el acta, se dejará constancia de este hecho.

 

Artículo 653.- Sanción a Juez de Paz por incumplimiento de funciones

 

Por falta, impedimento u omisión del juez de paz en todo lo relativo a las atribuciones que le corresponden respecto del consejo de familia, cualquiera de los parientes del menor, del mayor incapaz o del ausente, puede pedir al juez de primera instancia que el mismo desempeñe esas funciones o que designe al juez de paz que deba hacerlo.

 

El juez, sin otro trámite que el informe del juez de paz, removerá de inmediato todo inconveniente y le impondrá a éste, según las circunstancias, una multa equivalente a no más del treinta por ciento del sueldo mínimo vital mensual.

 

La remoción de inconvenientes e imposición de multa corresponden a la Sala Civil de la Corte Superior cuando se trate del juez de menores.

 

En ambos casos, la multa no exime de responsabilidad funcional al juez negligente.

 

Artículo 654.- Facultades especiales del Juez y Sala Civil

 

Corresponde también al juez de primera instancia o, en su caso, a la Sala Civil de la Corte Superior, dictar en situación de urgencia, las providencias que favorezcan a la persona o intereses de los menores, mayores incapaces o ausentes, cuando haya retardo en la formación del consejo u obstáculos que impidan su reunión o que entorpezcan sus deliberaciones.

 

Artículo 655.- Jueces competentes

 

En las capitales de provincias donde no haya juez de paz letrado, los jueces de primera instancia ejercerán las atribuciones tutelares a que este Código se refiere.

 

Artículo 656.- Apelación

 

De las resoluciones de los jueces de paz se puede apelar al juez de primera instancia y de las de los jueces de menores a la Sala Civil de la Corte Superior.

 

Artículo 657.- Fin del cargo de miembro del Consejo de Familia

 

El cargo de miembro del consejo termina por muerte, declaración de quiebra o remoción.

 

El cargo termina también por renuncia fundada por haber sobrevenido impedimento legal para su desempeño.

 

Las causas que dan lugar a la remoción de los tutores son aplicables a los miembros del consejo de familia.

 

Artículo 658.- Cese del Consejo de Familia

 

El consejo de familia cesa en los mismos casos en que acaba la tutela o la curatela.

 

Artículo 659.- Disolución Judicial del Consejo de Familia

 

El juez debe disolver el consejo cuando no exista el número de miembros necesario para su funcionamiento.

 

Capítulo cuarto: Apoyos y salvaguardias

Artículo 659-A.- Acceso a apoyos y salvaguardias

 

La persona mayor de edad puede acceder de manera libre y voluntaria a los apoyos y salvaguardias que considere pertinentes para coadyuvar a su capacidad de ejercicio.

 

Artículo 659-B.- Definición de apoyos

 

Los apoyos son formas de asistencia libremente elegidos por una persona mayor de edad para facilitar el ejercicio de sus derechos, incluyendo el apoyo en la comunicación, en la comprensión de los actos jurídicos y de las consecuencias de estos, y la manifestación e interpretación de la voluntad de quien requiere el apoyo.

 

El apoyo no tiene facultades de representación salvo en los casos en que ello se establezca expresamente por decisión de la persona con necesidad de apoyo o el juez en el caso del artículo 659-E.

 

Cuando el apoyo requiera interpretar la voluntad de la persona a quien asiste aplica el criterio de la mejor interpretación de la voluntad, considerando la trayectoria de vida de la persona, las previas manifestaciones de voluntad en similares contextos, la información con la que cuenten las personas de confianza de la persona asistida, la consideración de sus preferencias y cualquier otra consideración pertinente para el caso concreto.

 

Artículo 659-C.- Determinación de los apoyos

 

La persona que solicita los apoyos determina su forma, identidad, alcance, duración y cantidad de apoyos. Los apoyos pueden recaer en una o más personas naturales, instituciones públicas o personas jurídicas sin fines de lucro, ambas especializadas en la materia y debidamente registradas.

 

Artículo 659-D.- Designación de los apoyos

 

La persona mayor de edad que requiera de apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica puede designarlo ante un notario o un juez competente.

 

Artículo 659-E.- Excepción a la designación de los apoyos por juez

 

El juez puede determinar, de modo excepcional, los apoyos necesarios para las personas con discapacidad que no puedan manifestar su voluntad y para aquellas con capacidad de ejercicio restringida, conforme al numeral 9 del artículo 44. Esta medida se justifica, después de haber realizado esfuerzos reales, considerables y pertinentes para obtener una manifestación de voluntad de la persona, y de habérsele prestado las medidas de accesibilidad y ajustes razonables, y cuando la designación de apoyos sea necesaria para el ejercicio y protección de sus derechos.

 

El juez determina la persona o personas de apoyo tomando en cuenta la relación de convivencia, confianza, amistad, cuidado o parentesco que exista entre ella o ellas y la persona que requiere apoyo. Asimismo, fija el plazo, alcances y responsabilidades del apoyo. En todos los casos, el juez debe realizar las diligencias pertinentes para obtener la mejor interpretación posible de la voluntad y las preferencias de la persona, y atender a su trayectoria de vida. No pueden ser designados como apoyos las personas condenadas por violencia familiar o personas condenadas por violencia sexual.

 

El proceso judicial de determinación de apoyos excepcionalmente se inicia por cualquier persona con capacidad jurídica.

 

Artículo 659-F.- Designación de apoyos a futuro

 

Toda persona mayor de 18 años de edad puede designar ante notario el o los apoyos necesarios en previsión de requerir en el futuro asistencia para el ejercicio de su capacidad jurídica. Asimismo, la persona puede disponer en qué personas o instituciones no debe recaer tal designación, así como la forma, alcance, duración y directrices del apoyo a recibir. En el documento debe constar el momento o las circunstancias en que su designación de apoyos a futuro surte eficacia.

 

Artículo 659-G.- Salvaguardias para el adecuado desempeño de los apoyos

 

Las salvaguardias son medidas para garantizar el respeto de los derechos, la voluntad y las preferencias de la persona que recibe apoyo, prevenir el abuso y la influencia indebida por parte de quien brinda tales apoyos; así como evitar la afectación o poner en riesgo los derechos de las personas asistidas.

 

La persona que solicita el apoyo o el juez interviniente en el caso del artículo 659-E establecen las salvaguardias que estimen convenientes para el caso concreto, indicando como mínimo los plazos para la revisión de los apoyos.

 

El juez realiza todas las audiencias y diligencias necesarias para determinar si la persona de apoyo está actuando de conformidad con su mandato y la voluntad y preferencias de la persona.

 

Artículo 659-H.- Exención de la garantía de gestión

 

La persona o personas que realicen el apoyo están exentas de la obligación de garantizar su gestión, salvo lo dispuesto en el artículo 426.

 

LIBRO IV: DERECHO DE SUCESIONES

Sección primera: Sucesión en general

Título I: Trasmisión sucesoria

Artículo 660.- Trasmisión sucesoria de pleno derecho

 

Desde el momento de la muerte de una persona, los bienes, derechos y obligaciones que constituyen la herencia se trasmiten a sus sucesores.

 

Artículo 661.- Responsabilidad intra vires hereditatis

 

El heredero responde de las deudas y cargas de la herencia sólo hasta donde alcancen los bienes de ésta. Incumbe al heredero la prueba del exceso, salvo cuando exista inventario judicial.

 

Artículo 662.- Responsabilidad ultra vires hereditatis

 

Pierde el beneficio otorgado en el artículo 661 el heredero que:

 

1. Oculta dolosamente bienes hereditarios.

 

2. Simula deudas o dispone de los bienes dejados por el causante, en perjuicio de los derechos de los acreedores de la sucesión.

 

Artículo 663.- Juez competente en materia sucesoria

 

Corresponde al juez del lugar donde el causante tuvo su último domicilio en el país, conocer de los procedimientos no contenciosos y de los juicios relativos a la sucesión.

 

Título II: Petición de herencia

Artículo 664.- Acción de petición de herencia

 

El derecho de petición de herencia corresponde al heredero que no posee los bienes que considera que le pertenecen, y se dirige contra quien los posea en todo o parte a título sucesorio, para excluirlo o para concurrir con él.

 

A la pretensión a que se refiere el párrafo anterior, puede acumularse la de declarar heredero al peticionante si, habiéndose pronunciado declaración judicial de herederos, considera que con ella se han preterido sus derechos.

 

Las pretensiones a que se refiere este Artículo son imprescriptibles y se tramitan como proceso de conocimiento.

 

Artículo 665.- Acción reinvidicatoria de bienes hereditarios

 

La acción reinvidicatoria procede contra el tercero que, sin buena fe, adquiere los bienes hereditarios por efecto de contratos a título oneroso celebrados por el heredero aparente que entró en posesión de ellos.

 

Si se trata de bienes registrados, la buena fe del adquirente se presume si, antes de la celebración del contrato, hubiera estado debidamente inscrito, en el registro respectivo, el título que amparaba al heredero aparente y la trasmisión de dominio en su favor, y no hubiera anotada demanda ni medida precautoria que afecte los derechos inscritos. En los demás casos, el heredero verdadero tiene el derecho de reivindicar el bien hereditario contra quien lo posea a título gratuito o sin título.

 

Artículo 666.- Retribución y resarcimiento por enajenación de bienes hereditarios

 

El poseedor de buena fe que hubiese enajenado un bien hereditario está obligado a restituir su precio al heredero y si se le adeudara, se trasmitirá a este último el derecho de cobrarlo. En todos los casos, el poseedor de mala fe está obligado a resarcir al heredero el valor del bien y de sus frutos y a indemnizarle el perjuicio que le hubiera ocasionado.

 

Título III: Indignidad

Artículo 667.- Exclusión de la sucesión por indignidad

 

Son excluidos de la sucesión de determinada persona, por indignidad, como herederos o legatarios:

 

1. Los autores y cómplices de homicidio doloso o de su tentativa, cometidos contra la vida del causante, de sus ascendientes, descendientes o cónyuge. Esta causal de indignidad no desaparece por el indulto ni por la prescripción de la pena.

 

2. Los que hubieran sido condenados por delito doloso cometido en agravio del causante o de alguna de las personas a las que se refiere el inciso anterior.

 

3. Los que hubieran denunciado calumniosamente al causante por delito al que la ley sanciona con pena privativa de libertad.

 

4. Los que hubieran empleado dolo o violencia para impedir al causante que otorgue testamento o para obligarle a hacerlo, o para que revoque total o parcialmente el otorgado.

 

5. Los que destruyan, oculten, falsifiquen o alteren el testamento de la persona de cuya sucesión se trata y quienes, a sabiendas, hagan uso de un testamento falsificado.

 

6. Los que hubieran sido sancionados con sentencia firme en un proceso de violencia familiar en agravio del causante.

 

7. Es indigno de suceder al hijo, el progenitor que no lo hubiera reconocido voluntariamente durante la minoría de edad o que no le haya prestado alimentos y asistencia conforme a sus posibilidades económicas, aun cuando haya alcanzado la mayoría de edad, si estuviera imposibilitado de procurarse sus propios recursos económicos. También es indigno de suceder al causante el pariente con vocación hereditaria o el cónyuge que no le haya prestado asistencia y alimentos cuando por ley estuviera obligado a hacerlo y se hubiera planteado como tal en la vía judicial.

 

Artículo 668.- Exclusión del indigno por sentencia

 

La exclusión por indignidad del heredero o legatario debe ser declarada por sentencia, en juicio que pueden promover contra el indigno los llamados a suceder a falta o en concurrencia con él. La acción prescribe al año de haber entrado el indigno en posesión de la herencia o del legado.

 

Artículo 669.- Desheredación por indignidad y perdón del indigno

 

El causante puede desheredar por indignidad a su heredero forzoso conforme a las normas de la desheredación y puede también perdonar al indigno de acuerdo con dichas normas.

 

Artículo 670.- Carácter personal de la indignidad

 

La indignidad es personal. Los derechos sucesorios que pierde el heredero indigno pasan a sus descendientes, quienes los heredan por representación. El indigno no tiene derecho al usufructo ni a la administración de los bienes que por esta causa reciban sus descendientes menores de edad.

 

Artículo 671.- Efectos de la declaración de indignidad

 

Declarada la exclusión del indigno, éste queda obligado a restituir a la masa los bienes hereditarios y a reintegrar los frutos. Si hubiera enajenado los bienes hereditarios, la validez de los derechos del adquirente se regirá por el artículo 665 y el resarcimiento a que está obligado por la segunda parte del artículo 666.

 

Título IV: Aceptación y renuncia de la herencia

Artículo 672.-  Formas de aceptar la herencia

 

La aceptación expresa puede constar en instrumento público o privado. Hay aceptación tácita si el heredero entra en posesión de la herencia o practica otros actos que demuestren de manera indubitable su voluntad de aceptar.

 

Artículo 673.-  Presunción de aceptación de herencia

 

La herencia se presume aceptada cuando ha transcurrido el plazo de tres meses, si el heredero está en el territorio de la República, o de seis, si se encuentra en el extranjero, y no hubiera renunciado a ella. Estos plazos no se interrumpen por ninguna causa.

 

Artículo 674.- Renuncia a herencia y legado

 

Pueden renunciar herencias y legados quienes tienen la libre disposición de sus bienes.

 

Artículo 675.- Formalidad de la renuncia

 

La renuncia debe ser hecha en escritura pública o en acta otorgada ante el juez al que corresponda conocer de la sucesión, bajo sanción de nulidad. El acta será obligatoriamente protocolizada.

 

Artículo 676.- Impugnación de la renuncia por el acreedor

 

Si la renuncia causa perjuicio a los acreedores del renunciante, éstos pueden impugnarla dentro de los tres meses de tener conocimiento de ella, para que sea declarada sin efecto en la parte en que perjudica sus derechos. La resolución que declare fundada la demanda dispondrá, según la naturaleza de los bienes, su administración judicial o su venta en pública subasta, para el pago de las deudas del renunciante. El remanente, si lo hubiera, se trasmite a los herederos a quienes favorezca la renuncia.

 

La demanda de impugnación se tramita como proceso sumarísimo.

 

Artículo 677.- Carácter de la aceptación y renuncia

 

La aceptación y la renuncia de la herencia no pueden ser parciales, condicionales, ni a término. Ambas son irrevocables y sus efectos se retrotraen al momento de la apertura de la sucesión.

 

Artículo 678.- Herencia futura

 

No hay aceptación ni renuncia de herencia futura.

 

Artículo 679.- Transmisibilidad del derecho de aceptar o renunciar a la herencia

 

El derecho de aceptar o renunciar la herencia, se trasmite a los herederos. En tal caso, el plazo del artículo 673 corre a partir de la fecha de la muerte del primer llamado.

 

Artículo 680.- Actos que no importan aceptación ni impiden renuncia

 

Los actos de administración provisional y de conservación de los bienes de la herencia practicados por el heredero mientras no haya vencido el plazo del artículo 673, no importan aceptación ni impiden la renuncia.

 

Título V: Representación

Artículo 681.- Herederos por representación

 

Por la representación sucesoria los descendientes tienen derecho de entrar en el lugar y en el grado de su ascendiente, a recibir la herencia que a éste correspondería si viviese, o la que hubiera renunciado o perdido por indignidad o desheredación.

 

Artículo 682.- Representación en línea recta

 

En la línea recta descendente la representación es ilimitada en favor de los descendientes de los hijos, sin distinción alguna.

 

Artículo 683.- Representación en línea colateral

 

En la línea colateral sólo hay representación para que al heredar a un hermano, concurran con los sobrevivientes los hijos de los hermanos premuertos que tengan derecho a representarlo en los casos previstos en el artículo 681.

 

Artículo 684.- Efectos de la representación sucesoria

 

Quienes concurran a la herencia por representación sucesoria, reciben por estirpes lo que habría correspondido al heredero a quien representan.

 

Artículo 685.- Representación en sucesión legal y testamentaria

 

En la sucesión legal, la representación se aplica en los casos mencionados en los artículos 681 a 684. En la sucesión testamentaria, rige con igual amplitud en la línea recta descendente, y en la colateral se aplica el artículo 683, salvo disposición distinta del testador.

 

Sección segunda: Sucesión testamentaria

Título I: Disposiciones generales

Artículo 686.- Sucesión por testamento

 

Por el testamento una persona puede disponer de sus bienes, total o parcialmente, para después de su muerte, y ordenar su propia sucesión dentro de los límites de la ley y con las formalidades que ésta señala.

 

Son válidas las disposiciones de carácter no patrimonial contenidas en el testamento, aunque el acto se limite a ellas.

 

Artículo 687.- Imposibilitados para otorgar testamento

 

No pueden otorgar testamento:

 

1. Los menores de edad, salvo el caso previsto en el artículo 46.

 

2. Los comprendidos en el artículo 44 numerales 6, 7 y 9.

 

3. Derogado.

 

Artículo 688.- Nulidad de disposición testamentaria

 

Son nulas las disposiciones testamentarias en favor del notario ante el cual se otorga el testamento, de su cónyuge o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, así como en favor de los testigos testamentarios.

 

Artículo 689.- Aplicación de normas sobre modalidades de acto jurídico

 

Las normas generales sobre las modalidades de los actos jurídicos, se aplican a las disposiciones testamentarias; y se tienen por no puestos las condiciones y los cargos contrarios a las normas imperativas de la ley.

 

Artículo 690.- Carácter personal y voluntario del acto testamentario

 

Las disposiciones testamentarias deben ser la expresión directa de la voluntad del testador, quien no puede dar poder a otro para testar, ni dejar sus disposiciones al arbitrio de un tercero.

 

Título II: Formalidades de los testamentos

Capítulo primero: Disposiciones comunes

Artículo 691.- Tipos de testamento

 

Los testamentos ordinarios son: el otorgado en escritura pública, el cerrado y el ológrafo. Los testamentos especiales, permitidos sólo en las circunstancias previstas en este título, son el militar y el marítimo.

 

Artículo 692.-  Formalidad del Testamento de analfabetos

 

Los analfabetos pueden testar solamente en escritura pública, con las formalidades adicionales indicadas en el artículo 697.

 

Artículo 693 y el artículo 694.- Derogado

 

Artículo 695.-  Formalidades testamentarias

 

Las formalidades de todo testamento son la forma escrita, la fecha de su otorgamiento, el nombre del testador y su firma, salvo lo dispuesto en el artículo 697. Las formalidades específicas de cada clase de testamento no pueden ser aplicadas a los de otra.

 

Capítulo segundo: Testamento en escritura pública

Artículo 696.- Formalidades del testamento por escritura pública

 

Las formalidades esenciales del testamento otorgado en escritura pública son:

 

1. Que estén reunidos en un sólo acto, desde el principio hasta el fin, el testador, el notario y dos testigos hábiles. El notario está obligado a verificar la identidad del testador y los testigos a través del documento de identidad y los medios de identificación biométrica establecidos por el Reniec. Cualquiera de los testigos puede actuar como testigo a ruego del testador o testigo de identidad.

 

2. Que el testador exprese por sí mismo su voluntad o, tratándose de una persona con discapacidad, con el otorgamiento de ajustes razonables o apoyos para la manifestación de voluntad, en caso lo requiera. Si así lo requiere, dictando su testamento al notario o dándole personalmente por escrito las disposiciones que debe contener.

 

3. Que el notario escriba el testamento de su puño y letra o a través de medios de tecnología informática u otros de naturaleza similar, en su registro de escrituras públicas, pudiendo insertar, de ser el caso, las disposiciones escritas que le sean entregadas por el testador.

 

4. Que cada una de las páginas del testamento sea firmada por el testador, los testigos y el notario.

 

5. Que el testamento sea leído clara y distintamente por el notario, el testador o el testigo testamentario que éste elija.

 

6. Que, durante la lectura, al fin de cada cláusula, se verifique si el contenido corresponde a la expresión de su voluntad. Si el testador fuera una persona con discapacidad, puede expresar su asentimiento u observaciones a través de ajustes razonables o apoyos en caso lo requiera.

 

7. Que el notario deje constancia de las indicaciones que, luego de la lectura, pueda hacer el testador, y salve cualquier error en que se hubiera incurrido.

 

8. Que el testador, los testigos y el notario firmen el testamento en el mismo acto.

 

9. Que, en los casos en que el apoyo de la persona con discapacidad sea un beneficiario, se requiere el consentimiento del juez.

 

Artículo 697.- Testigo testamentario a ruego

 

Si el testador es analfabeto, deberá leérsele el testamento dos veces, una por el notario y otra por el testigo testamentario que el testador designe. Si el testador no sabe o no puede firmar, lo hará a través del uso de la huella dactilar, de todo lo cual se mencionará en el testamento. En caso no tenga huella dactilar, el notario debe hacer uso de cualquier otro medio de verificación que permita acreditar la identidad del testador.

 

Artículo 698.- Suspensión de la facción de testamento

 

Si se suspende la facción del testamento por cualquier causa, se hará constar esta circunstancia, firmando el testador, si puede hacerlo, los testigos y el notario. Para continuar el testamento deberán estar reunidos nuevamente el testador, el mismo notario y los testigos, si pueden ser habidos, u otros en caso distinto.

 

Capítulo tercero: Testamento cerrado

Artículo 699.- Formalidad del Testamento Cerrado

 

Las formalidades esenciales del testamento cerrado son:

 

1. Que el documento en que ha sido extendido esté firmado en cada una de sus páginas por el testador, bastando que lo haga al final si estuviera manuscrito por él mismo, y que sea colocado dentro de un sobre debidamente cerrado o de una cubierta clausurada, de manera que no pueda ser extraído el testamento sin rotura o alteración de la cubierta.

 

Tratándose de un testamento otorgado por una persona con discapacidad por deficiencia visual, podrá ser otorgado en sistema braille o utilizando algún otro medio o formato alternativo de comunicación, debiendo contar cada folio con la impresión de su huella dactilar y su firma, colocado dentro de un sobre en las condiciones que detalla el primer párrafo.

 

2. Que el testador entregue personalmente al notario el referido documento cerrado, ante dos testigos hábiles, manifestándole que contiene su testamento. Si el testador es mudo o está imposibilitado de hablar, esta manifestación la hará por escrito en la cubierta.

 

3. Que el notario extienda en la cubierta del testamento un acta en que conste su otorgamiento por el testador y su recepción por el notario, la cual firmarán el testador, los testigos y el notario, quien la transcribirá en su registro, firmándola las mismas personas.

 

4. Que el cumplimiento de las formalidades indicadas en los incisos 2 y 3 se efectúe estando reunidos en un solo acto el testador, los testigos y el notario, quien dará al testador copia certificada del acta.

 

Artículo 700.- Revocación del testamento cerrado

 

El testamento cerrado quedará en poder del notario. El testador puede pedirle, en cualquier tiempo, la restitución de este testamento, lo que hará el notario ante dos testigos, extendiendo en su registro un acta en que conste la entrega, la que firmarán el testador, los testigos y el notario. Esta restitución produce la revocación del testamento cerrado, aunque el documento interno puede valer como testamento ológrafo si reúne los requisitos señalados en la primera parte del artículo 707.

 

Artículo 701.- Custodia y presentación judicial de testamento cerrado

 

El notario bajo cuya custodia queda el testamento cerrado, lo conservará con las seguridades necesarias hasta que, después de muerto el testador, el juez competente, a solicitud de parte interesada que acredite la muerte del testador y la existencia del testamento, ordene al notario la presentación de este último. La resolución del juez competente se hará con citación de los presuntos herederos o legatarios.

 

Artículo 702.-  Apertura de testamento cerrado

 

Presentado el testamento cerrado, el juez, con citación de las personas indicadas en el artículo 701, procederá de conformidad con el Código de Procedimientos Civiles.

 

Artículo 703.- Modificación de testamento cerrado por ológrafo

 

Si el juez comprueba que la cubierta está deteriorada, de manera que haya sido posible el cambio del pliego que contiene el testamento, dispondrá que éste valga como ológrafo, si reúne los requisitos señalados en la primera parte del artículo 707.

 

Capítulo cuarto: Impedimentos del notario y de los testigos testamentarios

Artículo 704.-  Impedimentos del notario

 

El notario que sea pariente del testador dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad está impedido de intervenir en el otorgamiento del testamento por escritura pública o de autorizar el cerrado.

 

Artículo 705.- Personas impedidas de ser testigos testamentarios

 

Están impedidos de ser testigos testamentarios:

 

1. Los que son incapaces de otorgar testamento.

 

2. Derogado

 

3. Los analfabetos.

 

4. Los herederos y los legatarios en el testamento en que son instituidos y sus cónyuges, ascendientes, descendientes y hermanos.

 

5. Los que tienen con el testador los vínculos de relación familiar indicados en el inciso anterior.

 

6. Los acreedores del testador, cuando no pueden justificar su crédito sino con la declaración testamentaria.

 

7. El cónyuge y los parientes del notario, dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, y los dependientes del notario o de otros notarios.

 

8. Los cónyuges en un mismo testamento.

 

Artículo 706.- Validez del testamento otorgado con testigo impedido

 

Al testigo testamentario cuyo impedimento no fuera notorio al tiempo de su intervención, se le tiene como hábil si la opinión común así lo hubiera considerado.

 

Capítulo quinto: Testamento ológrafo

Artículo 707.- Testamento ológrafo. Formalidades

 

Son formalidades esenciales del testamento ológrafo, que sea totalmente escrito, fechado y firmado por el propio testador. Si lo otorgara una persona con discapacidad por deficiencia visual, deberá cumplirse con lo expuesto en el segundo párrafo del numeral 1 del artículo 699.

 

Para que produzca efectos debe ser protocolizado, previa comprobación judicial, dentro del plazo máximo de un año contado desde la muerte del testador.

 

Artículo 708.- Presentación de testamento ológrafo ante Juez

 

La persona que conserve en su poder un testamento ológrafo, está obligada a presentarlo al juez competente dentro de los treinta días de tener conocimiento de la muerte del testador, bajo responsabilidad por el perjuicio que ocasione con su dilación, y no obstante lo dispuesto en la parte final del artículo 707.

 

Artículo 709.- Apertura judicial de testamento ológrafo

 

Presentado el testamento ológrafo con la copia certificada de la partida de defunción del testador o declaración judicial de muerte presunta, el juez, con citación a los presuntos herederos, procederá a la apertura si estuviera cerrado, pondrá su firma entera y el sello del juzgado en cada una de sus páginas y dispondrá lo necesario para la comprobación de la autenticidad de la letra y firma del testador mediante el cotejo, de conformidad con las disposiciones del Código Procesal Civil que fueran aplicables.

 

Solo en caso de faltar elementos para el cotejo, el juez puede disponer que la comprobación sea hecha por tres testigos que conozcan la letra y firma del testador.

 

En caso de un testamento otorgado en sistema braille u otro medio o formato alternativo de comunicación, la comprobación se hará sobre la firma y huella digital del testador.

 

Artículo 710.- Traducción oficial de testamento

 

Si el testamento estuviera escrito en idioma distinto del castellano, el juez nombrará un traductor oficial. Además, si el testador fuera extranjero, la traducción será hecha con citación del cónsul del país de su nacionalidad, si lo hubiera. Igualmente, el juez podrá nombrar un traductor si el testamento hubiera sido otorgado en sistema braille u otro medio o formato alternativo de comunicación. La versión será agregada al texto original, suscrita por el traductor con su firma legalizada por el secretario del juzgado. El juez autenticará también este documento con su firma entera y con el sello del juzgado.

 

Esta disposición es aplicable también en la comprobación del testamento cerrado.

 

Artículo 711.- Protocolización del expediente

 

Comprobada la autenticidad del testamento y el cumplimiento de sus requisitos de forma, el juez mandará protocolizar el expediente.

 

Capítulo sexto: Testamento Militar

Artículo 712.- Testamento militar

 

Pueden otorgar testamento militar los miembros de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas Policiales, que en tiempo de guerra estén dentro o fuera del país, acuartelados o participando en operaciones bélicas; las personas que sirvan o sigan a dichas fuerzas; y los prisioneros de guerra que estén en poder de las mismas.

 

Los prisioneros que se encuentren en poder del enemigo tienen el mismo derecho, conforme a las Convenciones Internacionales.

 

Artículo 713.- Personas ante quienes se puede otorgar testamento militar

 

El testamento militar puede ser otorgado ante un oficial, o ante el jefe del destacamento, puesto o comando al que pertenezca el testador, aunque dicho jefe no tenga la clase de oficial, o ante el médico o el capellán que lo asistan, si el testador está herido o enfermo, y en presencia de dos testigos.

 

Son formalidades de este testamento que conste por escrito y que sea firmado por el testador, por la persona ante la cual es otorgado y por los testigos.

 

Artículo 714.- Trámite del testamento militar

 

El testamento militar se hará llegar, a la brevedad posible y por conducto regular, al respectivo Cuartel General, donde se dejará constancia de la clase militar o mando de la persona ante la cual ha sido otorgado. Luego será remitido al Ministerio al que corresponda, que lo enviará al juez de primera instancia de la capital de la provincia donde el testador tuvo su último domicilio.

 

Si en las prendas de algunas de las personas a que se refiere el artículo 712 y que hubiera muerto, se hallará un testamento ológrafo, se le dará el mismo trámite.

 

Artículo 715.- Caducidad del testamento militar

 

El testamento militar caduca a los tres meses desde que el testador deje de estar en campaña y llegue a un lugar del territorio nacional donde sea posible otorgar testamento en las formas ordinarias.

 

El plazo de caducidad se computa a partir de la fecha del documento oficial que autoriza el retorno del testador, sin perjuicio del término de la distancia.

 

Si el testador muere antes del plazo señalado para la caducidad, sus presuntos herederos o legatarios pedirán ante el juez en cuyo poder se encuentra el testamento, su comprobación judicial y protocolización notarial, conforme a las disposiciones de los artículos 707, segundo párrafo, a 711.

 

Si el testamento otorgado en las circunstancias a que se refiere el artículo 712 tuviera los requisitos del testamento ológrafo, caduca al año de la muerte del testador.

 

Capítulo séptimo: Testamento marítimo

Artículo 716.- Personas que pueden otorgar testamento marítimo

 

Pueden otorgar testamento, durante la navegación acuática, los jefes, oficiales, tripulantes y cualquier otra persona que se encuentre embarcada en un buque de guerra peruano.

 

El mismo derecho tienen durante la navegación, los oficiales, tripulantes, pasajeros y cualquier otra persona que se encuentre a bordo de un barco mercante de bandera peruana, de travesía o de cabotaje, o que esté dedicado a faenas industriales o a fines científicos.

 

Artículo 717.- Formalidades del testamento marítimo

 

El testamento marítimo será otorgado ante quien tenga el mando del buque o ante el oficial en quien éste delegue la función y en presencia de dos testigos. El testamento del comandante del buque de guerra o del capitán del barco mercante será otorgado ante quien le siga en el mando.

 

Son formalidades de este testamento que conste por escrito y que sea firmado por el testador, por la persona ante la cual es otorgado y por los testigos. Se extenderá, además, un duplicado con las mismas firmas que el original.

 

El testamento será anotado en el diario de bitácora, de lo cual se dejará constancia en ambos ejemplares con el visto bueno de quien ejerce el mando de la nave, y se conservará con los documentos de éste.

 

Artículo 718.- Protección del testamento marítimo

 

Si antes de regresar al Perú la nave arriba a un puerto extranjero donde hubiera agente consular, el comandante o capitán de la nave le entregará, bajo cargo, uno de los ejemplares del testamento. El referido agente lo remitirá al Ministerio de Marina, si el testamento hubiere sido otorgado en un buque de guerra, o a la Dirección General de Capitanías, si fue otorgado en un barco mercante, para los fines a que se refiere el artículo 719.

 

Artículo 719.- Trámite del testamento marítimo

 

Al retorno de la nave al Perú los dos ejemplares o el ejemplar restante en el caso del artículo 718, serán entregados al Ministerio de Marina, si el buque es de guerra; o a la Capitanía del Puerto de destino para su remisión a la Dirección General de Capitanías, si el barco es mercante. En uno u otro caso, la autoridad respectiva enviará un ejemplar al juez de primera instancia de la provincia donde el testador tuvo su último domicilio y archivará el otro. Si el testador fuere extranjero y no estuviera domiciliado en el Perú, un ejemplar será remitido al Ministerio de Relaciones Exteriores.

 

En caso de muerte del testador durante el viaje, se agregará a cada ejemplar una copia certificada del acta que acredite la defunción. En igual caso, si se encuentra entre las prendas del difunto un testamento ológrafo, éste será guardado con los papeles de la nave, agregándosele copia certificada del acta que acredite la defunción y se le dará el mismo curso indicado en el párrafo anterior.

 

Artículo 720.- Caducidad del testamento marítimo

 

El testamento marítimo caduca a los tres meses de haber desembarcado definitivamente el testador. Si muere antes del vencimiento de este plazo, sus presuntos herederos o legatarios, pedirán al juez cuyo poder se encuentre, su comprobación judicial y protocolización notarial, conforme a las disposiciones de los artículos 707, segundo párrafo, a 711.

 

Si el testamento otorgado a las circunstancias a que se refiere el artículo 716 tuviera los requisitos del testamento ológrafo, caduca al año de la muerte del testador.

 

Capítulo octavo: Testamentos otorgados en el extranjero

Artículo 721.- Formalidad del Testamento otorgado en el extranjero

 

Los peruanos que residen o se hallen en el extranjero pueden otorgar testamento ante el agente consular del Perú, por escritura pública o cerrado, según lo dispuesto en los artículos 696 a 703, respectivamente. En estos casos aquél cumplirá la función de notario público.

 

Puede también otorgar testamento ológrafo, que será válido en el Perú, aunque la ley del respectivo país no admita esta clase de testamento.

 

Artículo 722.- Validez de testamento otorgado en el extranjero

 

Son válidos en el Perú en cuanto a su forma, los testamentos otorgados en otro país por los peruanos o los extranjeros, ante los funcionarios autorizados para ello y según las formalidades establecidas por la ley del respectivo país, salvo los testamentos mancomunado y verbal y las modalidades testamentarias incompatibles con la ley peruana.

 

Título III: La legítima y la porción disponible

Artículo 723.- Noción de legítima

 

La legítima constituye la parte de la herencia de la que no puede disponer libremente el testador cuando tiene herederos forzosos.

 

Artículo 724.- Herederos forzosos

 

Son herederos forzosos los hijos y los demás descendientes, los padres y los demás ascendientes, el cónyuge o, en su caso, el integrante sobreviviente de la unión de hecho.

 

Artículo 725.- Tercio de libre disposición

 

El que tiene hijos u otros descendientes, o cónyuge, puede disponer libremente hasta del tercio de sus bienes.

 

Artículo 726.- Libre disposición de la mitad de los bienes

 

El que tiene sólo padres u otros ascendientes, puede disponer libremente hasta de la mitad de sus bienes.

 

Artículo 727.- Libre disposición de la totalidad de los bienes

 

El que no tiene cónyuge ni parientes de los indicados en los artículos 725 y 726, tiene la libre disposición de la totalidad de sus bienes.

 

Artículo 728.- Gravamen sobre la porción disponible

 

Si el testador estuviese obligado al pago de una pensión alimenticia conforme al artículo 415, la porción disponible quedará gravada hasta donde fuera necesario para cumplirla.

 

Artículo 729.- Legítima de heredero forzoso

 

La legítima de cada uno de los herederos forzosos es una cuota igual a la que les corresponde en la sucesión intestada, cuyas disposiciones rigen, asimismo, su concurrencia, participación o exclusión.

 

Artículo 730.- Legítima del cónyuge

 

La legítima del cónyuge es independiente del derecho que le corresponde por concepto de gananciales provenientes de la liquidación de la sociedad de bienes del matrimonio.

 

Artículo 731.- Derecho de habitación vitalicia del cónyuge supérstite

 

Cuando el cónyuge sobreviviente concurra con otros herederos y sus derechos por concepto de legítima y gananciales no alcanzaren el valor necesario para que le sea adjudicada la casa-habitación en que existió el hogar conyugal, dicho cónyuge podrá optar por el derecho de habitación en forma vitalicia y gratuita sobre la referida casa. Este derecho recae sobre la diferencia existente entre el valor del bien y el de sus derechos por concepto de legítima y gananciales.

 

La diferencia de valor afectará la cuota de libre disposición del causante y, si fuere necesario, la reservada a los demás herederos en proporción a los derechos hereditarios de éstos.

 

En su caso, los otros bienes se dividen entre los demás herederos, con exclusión del cónyuge sobreviviente.

 

Artículo 732.- Derecho de usufructo del cónyuge supérstite

 

Si en el caso del artículo 731 el cónyuge sobreviviente no estuviere en situación económica que le permita sostener los gastos de la casa-habitación, podrá, con autorización judicial, darla en arrendamiento, percibir para sí la renta y ejercer sobre la diferencia existente entre el valor del bien y el de sus derechos por concepto de legítima y gananciales los demás derechos inherentes al usufructuario. Si se extingue el arrendamiento, el cónyuge sobreviviente podrá readquirir a su sola voluntad el derecho de habitación a que se refiere el artículo 731.

 

Mientras esté afectado por los derechos de habitación o de usufructo, en su caso, la casa-habitación tendrá la condición legal de patrimonio familiar.

 

Si el cónyuge sobreviviente contrae nuevo matrimonio, vive en concubinato o muere, los derechos que le son concedidos en este artículo y en el artículo 731 se extinguen, quedando expedita la partición del bien. También se extinguen tales derechos cuando el cónyuge sobreviviente renuncia a ellos.

 

Artículo 733.- Intangibilidad de la legítima

 

El testador no puede privar de la legítima a sus herederos forzosos, sino en los casos expresamente determinados por la ley, ni imponer sobre aquélla gravamen, modalidad, ni sustitución alguna. Tampoco puede privar a su cónyuge de los derechos que le conceden los artículos 731 y 732, salvo en los referidos casos.

 

Título IV: Institución y sustitución de herederos y legatarios

Artículo 734.- Institución de heredero o legatario

 

La institución de heredero o legatario debe recaer en persona cierta, designada de manera indubitable por el testador, salvo lo dispuesto en el artículo 763, y ser hecha sólo en testamento.

 

Artículo 735.- Sucesión a título universal y particular

 

La institución de heredero es a título universal y comprende la totalidad de los bienes, derechos y obligaciones que constituyen la herencia o una cuota parte de ellos. La institución de legatario es a título particular y se limita a determinados bienes, salvo lo dispuesto en el artículo 756. El error del testador en la denominación de uno u otro no modifica la naturaleza de la disposición.

 

Artículo 736.- Forma de institución de heredero forzoso

 

La institución de heredero forzoso se hará en forma simple y absoluta. Las modalidades que imponga el testador se tendrán por no puestas.

 

Artículo 737.- Institución de heredero voluntario

 

El testador que no tenga herederos forzosos, puede instituir uno o más herederos voluntarios y señalar la parte de la herencia que asigna a cada uno. Si no la determina, sucederán en partes iguales.

 

Artículo 738.- Caudal disponible para legatarios

 

El testador puede instituir legatarios, con la parte disponible si tiene herederos forzosos, y no teniéndolos, hasta con la totalidad de sus bienes y señalar los que asigna a cada uno de los legatarios.

 

El testador puede imponer tanto a los herederos voluntarios como a los legatarios, condiciones y cargos que no sean contrarios a la ley, a las buenas costumbres y al libre ejercicio de los derechos fundamentales de la persona.

 

Artículo 739.- Remanente que corresponde a herederos legales

 

Si el testador que carece de herederos forzosos no ha instituido herederos voluntarios y dispone en legados de sólo parte de sus bienes, el remanente que hubiere corresponde a sus herederos legales.

 

Artículo 740.- Igualdad de condiciones y cargos entre sustitutos y legatarios

 

El testador puede designar sustituto a los herederos voluntarios y a los legatarios para el caso en que el instituido muera antes que el testador, o que renuncie a la herencia o al legado o que los pierda por indignidad.

 

Artículo 741.- Igualdad de condiciones y cargos entre sustitutos e instituidos

 

Los herederos voluntarios y legatarios sustitutos quedan sujetos a las mismas condiciones y cargos que el instituido, a menos que el testador disponga otra cosa, o que las condiciones y cargos impuestos sean por su naturaleza inherentes a la persona del instituido.

 

Título V: Desheredación

Artículo 742.- Noción de desheredación

 

Por la desheredación el testador puede privar de la legítima al heredero forzoso que hubiera incurrido en alguna de las causales previstas en la ley.

 

Artículo 743.- Obligación de expresar causal de desheredación

 

La causal de desheredación debe ser expresada claramente en el testamento. La desheredación dispuesta sin expresión de causa, o por causa no señalada en la ley, o sujeta a condición, no es válida. La fundada en causa falsa es anulable.

 

Artículo 744.- Causales de desheredación de descendientes

 

Son causales de desheredación de los descendientes:

 

1. Haber maltratado de obra o injuriado grave y reiteradamente al ascendiente o a su cónyuge, si éste es también ascendiente del ofensor.

 

2. Haberle negado sin motivo justificado los alimentos o haber abandonado al ascendiente encontrándose éste gravemente enfermo o sin poder valerse por sí mismo.

 

3. Haberle privado de su libertad injustificadamente.

 

4.- Llevar el descendiente una vida deshonrosa o inmoral.

 

Artículo 745.- Causales de desheredación de ascendientes

 

Son causales de desheredación de los ascendientes:

 

1. Haber negado injustificadamente los alimentos a sus descendientes.

 

2. Haber incurrido el ascendiente en alguna de las causas por las que se pierde la patria potestad o haber sido privado de ella.

 

Artículo 746.- Causales de desheredación del cónyuge

 

Son causales de desheredación del cónyuge las previstas en el artículo 333, incisos 1 a 6.

 

Artículo 747.- Desheredación por indignidad

 

El testador puede fundamentar la desheredación en las causales específicas de ésta, enumeradas en los artículos 744 a 746, y en las de indignidad señaladas en el artículo 667.

 

Artículo 748.- Personas exentas de desheredación

 

No pueden ser desheredados los incapaces menores de edad, ni los mayores que por cualquier causa se encuentren privados de discernimiento. Estas personas tampoco pueden ser excluidas de la herencia por indignidad.

 

Artículo 749.- Efectos de desheredación

 

Los efectos de la desheredación se refieren a la legítima y no se extienden a las donaciones y legados otorgados al heredero, que el causante puede revocar, ni a los alimentos debidos por ley, ni a otros derechos que corresponden al heredero con motivo de la muerte del testador.

 

Artículo 750.- Derecho de contradecir la desheredación

 

El derecho de contradecir la desheredación corresponde al desheredado o a sus sucesores y se extingue a los dos años, contados desde la muerte del testador o desde que el desheredado tiene conocimiento del contenido del testamento.

 

Artículo 751.- Acción del causante para justificar desheredación

 

El que deshereda puede interponer demanda contra el desheredado para justificar su decisión. La demanda se tramita como proceso abreviado. La sentencia que se pronuncie impide contradecir la desheredación.

 

Artículo 752.- Prueba de desheredación a cargo de herederos

 

En caso de no haberse promovido juicio por el testador para justificar la desheredación, corresponde a sus herederos probar la causa, si el desheredado o sus sucesores la contradicen.

 

Artículo 753.- Revocación de la desheredación

 

La desheredación queda revocada por instituir heredero al desheredado o por declaración expresada en el testamento o en escritura pública. En tal caso, no produce efecto el juicio anterior seguido para justificar la desheredación.

 

Artículo 754.- Renovación de desheredación

 

Revocada la desheredación no puede ser renovada sino por hechos posteriores.

 

Artículo 755.- Herederos en representación de desheredado

 

Los descendientes del desheredado heredan por representación la legítima que correspondería a este si no hubiere sido excluido. El desheredado no tiene derecho al usufructo ni a la administración de los bienes que por esta causa adquieran sus descendientes que sean menores de edad o incapaces.

 

Título VI: Legados

Artículo 756.- Facultad de disponer por legado

 

El testador puede disponer como acto de liberalidad y a título de legado, de uno o más de sus bienes, o de una parte de ellos, dentro de su facultad de libre disposición.

 

Artículo 757.- Invalidez del legado

 

No es válido el legado de un bien determinado, si no se halla en el dominio del testador al tiempo de su muerte.

 

Artículo 758.- Legado de bien indeterminado

 

Es válido el legado de un bien mueble indeterminado, aunque no lo haya en la herencia. La elección, salvo disposición diversa del testador, corresponde al encargado de pagar el legado, quien cumplirá con dar un bien que no sea de calidad inferior ni superior a aquél, debiendo tener en consideración la parte disponible de la herencia y las necesidades del legatario.

 

Artículo 759.-  Legado de bien parcialmente ajeno

 

El legado de un bien que pertenece al testador sólo en parte o sobre el cual éste tiene otro derecho, es válido en cuanto a la parte o al derecho que corresponde al testador.

 

Artículo 760.- Legado de bien gravado

 

Si el testador lega un bien que está gravado por derechos reales de garantía, el bien pasará al legatario con los gravámenes que tuviere. El servicio de amortización e intereses de la deuda, serán de cargo del testador hasta el día de su muerte.

 

Artículo 761.- Legado de bien sujeto a uso, usufructo y habitación

 

Si el bien legado estuviere sujeto a usufructo, uso o habitación en favor de tercera persona, el legatario respetará estos derechos hasta que se extingan.

 

Artículo 762.- Legado de crédito y condonación de deuda

 

El legado de un crédito tiene efecto sólo en cuanto a la parte del mismo que subsiste en el momento de la muerte del testador. El heredero está obligado a entregar al legatario el título del crédito que le ha sido legado. El legado de liberación de una deuda comprende lo adeudado a la fecha de apertura de la sucesión.

 

Artículo 763.- Legado para fines sociales, culturales y religiosos

 

Son válidos los legados hechos en favor de los pobres o para fines culturales o religiosos, que serán entregados por el heredero a quienes indique el testador. A falta de indicación los primeros serán entregados a la Beneficencia Pública; los segundos al Instituto Nacional de Cultura o a los organismos que hagan sus veces en uno u otro caso; y los terceros, a la autoridad competente de la religión que profesaba el testador.

 

Artículo 764.- Legado de predio

 

Si el bien legado es un predio, los terrenos y las nuevas construcciones que el testador haya agregado después del testamento no forman parte del legado, salvo las mejoras introducidas en el inmueble, cualquiera que fuese su clase.

 

Artículo 765.- Legado en dinero

 

El legado en dinero debe ser pagado en esta especie, aunque no lo haya en la herencia.

 

Artículo 766.- Legado de alimentos

 

El legado de alimentos, si el testador no determinó su cuantía y forma de pago, se cumple asignando al legatario una pensión que se regirá por lo establecido en las disposiciones de los artículos 472 a 487.

 

Artículo 767.- Legado remuneratorio

 

El legado remuneratorio se considera como pago, en la parte en que corresponda razonablemente al servicio prestado por el beneficiario del testador y como acto de liberalidad en cuanto al exceso.

 

Artículo 768.- Legado sujeto a modalidad

 

El legatario no adquiere el legado subordinado a condición suspensiva o al vencimiento de un plazo, mientras no se cumpla la condición o venza el plazo. Mientras tanto puede ejercer las medidas precautorias de su derecho. El legado con cargo, se rige por lo dispuesto para las donaciones sujetas a esta modalidad.

 

Artículo 769.-  Legado de bien determinado

 

En el legado de bien determinado no sujeto a condición o plazo, el legatario lo adquiere en el estado en que se halle a la muerte del testador. Desde ese momento le corresponden los frutos del bien legado y asume el riesgo de su pérdida o deterioro, salvo dolo o culpa de quien lo tuviere en su poder.

 

Artículo 770.- Reducción del legado

 

Si el valor de los legados excede de la parte disponible de la herencia, éstos se reducen a prorrata, a menos que el testador haya establecido el orden en que deben ser pagados.

 

El legado hecho en favor de alguno de los coherederos no está sujeto a reducción, salvo que la herencia fuere insuficiente para el pago de las deudas.

 

Artículo 771.- Cuarta falcidia

 

Si el testador que tiene la libre disposición de sus bienes instituye herederos voluntarios y legatarios, la parte que corresponde a aquéllos no será menor de la cuarta parte de la herencia, con cuyo objeto serán reducidos a prorrata los legados, si fuere necesario.

 

Artículo 772.- Caducidad del legado

 

Caduca el legado:

 

1. Si el legatario muere antes que el testador.

 

2. Si el legatario se divorcia o se separa judicialmente del testador por su culpa.

 

3. Si el testador enajena el bien legado o éste perece sin culpa del heredero.

 

Artículo 773.- Aceptación y renuncia del legado

 

Es aplicable al legado la disposición del artículo 677.

 

Título VII: Derecho de acrecer

Artículo 774.-  Derecho de acrecer entre coherederos

 

Si varios herederos son instituidos en la totalidad de los bienes sin determinación de partes o en partes iguales y alguno de ellos no quiere o no puede recibir la suya, ésta acrece las de los demás, salvo el derecho de representación.

 

Artículo 775.- Derecho de acrecer entre colegatarios

 

Cuando un mismo bien es legado a varias personas, sin determinación de partes y alguna de ellas no quiera o no pueda recibir la que le corresponde, ésta acrecerá las partes de los demás.

 

Artículo 776.- Reintegro del legado a la masa hereditaria

 

El legado se reintegra a la masa hereditaria cuando no tiene efecto por cualquier causa, o cuando el legatario no puede o no quiere recibirlo.

 

Artículo 777.- Improcedencia del derecho a acrecer

 

El derecho de acrecer no tiene lugar cuando del testamento resulta una voluntad diversa del testador.

 

Título VIII: Albaceas

Artículo 778.- Nombramiento de albacea

 

El testador puede encomendar a una o varias personas, a quienes se denomina albaceas o ejecutores testamentarios, el cumplimiento de sus disposiciones de última voluntad.

 

Artículo 779.- Formalidad del nombramiento

 

El nombramiento de albacea debe constar en testamento.

 

Artículo 780.-  Pluralidad de albaceas

 

Cuando hay varios albaceas testamentarios nombrados para que ejerzan el cargo conjuntamente, vale lo que todos hagan de consuno o lo que haga uno de ellos autorizado por los demás. En caso de desacuerdo vale lo que decide la mayoría.

 

Artículo 781.- Responsabilidad solidaria de los albaceas

 

Es solidaria la reponsabilidad de los albaceas que ejercen conjuntamente el cargo, salvo disposición distinta del testador.

 

Artículo 782.- Ejercicio concurrente o sucesivo del albacea

 

Si el testador no dispone que los albaceas actúen conjuntamente, ni les atribuye funciones específicas a cada uno de ellos, desempeñarán el cargo sucesivamente, unos a falta de otros, en el orden en que se les ha designado.

 

Artículo 783.- Personas impedidas para ser albaceas

 

No puede ser albacea el que está incurso en los artículos 667, 744, 745 y 746.

 

Artículo 784.- Albaceazgo por personas jurídicas

 

Pueden ser albaceas las personas jurídicas autorizadas por ley o por su estatuto.

 

Artículo 785.- Excusa y renuncia del albacea

 

El albacea puede excusarse de aceptar el cargo, pero si lo hubiera aceptado, no podrá renunciarlo sino por justa causa, a juicio del juez.

 

Artículo 786.- Plazo para aceptación del cargo

 

Mientras el albacea no acepte el cargo o no se excuse, el juez al que corresponda conocer de la sucesión, a solicitud de parte interesada, le señalará un plazo prudencial para la aceptación, transcurrido el cual se tendrá por rehusado.

 

Artículo 787.- Obligaciones del albacea

 

Son obligaciones del albacea:

 

1. Atender a la inhumación del cadáver del testador o a su incineración si éste lo hubiera dispuesto así, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 13.

 

2. Ejercitar las acciones judiciales y extrajudiciales para la seguridad de los bienes hereditarios.

 

3. Hacer inventario judicial de los bienes que constituyen la herencia, con citación de los herederos, legatarios y acreedores de quienes tenga conocimiento.

 

4. Administrar los bienes de la herencia que no hayan sido adjudicados por el testador, hasta que sean entregados a los herederos o legatarios, salvo disposición diversa del testador.

 

5. Pagar las deudas y cargas de la herencia, con conocimiento de los herederos.

 

6. Pagar o entregar los legados.

 

7. Vender los bienes hereditarios con autorización expresa del testador, o de los herederos, o del juez, en cuanto sea indispensable para pagar las deudas de la herencia y los legados.

 

8. Procurar la división y partición de la herencia.

 

9. Cumplir los encargos especiales del testador.

 

10. Sostener la validez del testamento en el juicio de impugnación que se promueva, sin perjuicio del apersonamiento que, en tal caso, corresponde a los herederos.

 

Artículo 788.- Personería específica de los albaceas

 

Los albaceas no son representantes de la testamentaría para demandar ni responder en juicio, sino tratándose de los encargos del testador, de la administración que les corresponde y del caso del artículo 787, inciso 10.

 

Artículo 789.- Carácter personal del albaceazgo

 

El albaceazgo es indelegable; pero pueden ejercerse en casos justificados algunas funciones mediante representantes, bajo las órdenes y responsabilidad del albacea.

 

Artículo 790.- Posesión de bienes por el albacea

 

Si el testador no instituye herederos, sino solamente legatarios, la posesión de los bienes hereditarios corresponde al albacea, hasta que sean pagadas las deudas de la herencia y los legados.

 

Artículo 791.- Actos de conservación del albacea

 

Los herederos o legatarios pueden pedir al albacea la adopción de medidas necesarias para mantener la indemnidad de los bienes hereditarios.

 

Artículo 792.- Albacea dativo

 

Si el testador no hubiera designado albacea o si el nombrado no puede o no quiere desempeñar el cargo, sus atribuciones serán ejercidas por los herederos, y si no están de acuerdo, deberán pedir al juez el nombramiento de albacea dativo.

 

Artículo 793.- Remuneración del albacea

 

El cargo de albacea es remunerado, salvo que el testador disponga su gratuidad.

 

La remuneración no será mayor del cuatro por ciento de la masa líquida.

 

En defecto de la determinación de la remuneración por el testador, lo hará el juez, quien también señalará la del albacea dativo.

 

Artículo 794.- Rendición de cuenta del albacea

 

Aunque el testador le hubiera eximido de este deber, dentro de los sesenta días de terminado el albaceazgo, el albacea debe presentar a los sucesores un informe escrito de su gestión y, de ser el caso, las cuentas correspondientes, con los documentos del caso u ofreciendo otro medio probatorio. Las cuentas no requieren la observancia de formalidad especial en cuanto a su contenido, siempre que figure una relación ordenada de ingresos y gastos.

 

También cumplirá este deber durante el ejercicio del cargo, con frecuencia no inferior a seis meses, cuando lo ordene el Juez Civil a pedido de cualquier sucesor. La solicitud se tramita como proceso no contencioso.

 

El informe y las cuentas se entienden aprobados si dentro del plazo de caducidad de sesenta días de presentados no se solicita judicialmente su desaprobación, como proceso de conocimiento.

 

Las reglas contenidas en este artículo son de aplicación supletoria a todos los demás casos en los que exista deber legal o convencional de presentar cuentas de ingresos y gastos o informes de gestión.

 

Artículo 795.- Remoción del albacea

 

Puede solicitarse, como proceso sumarísimo, la remoción del albacea que no ha empezado la facción de inventarios dentro de los noventa días de la muerte del testador, o de protocolizado el testamento, o de su nombramiento judicial, lo que corresponda, o dentro de los treinta días de haber sido requerido notarialmente con tal objeto por los sucesores.

 

Artículo 796.- Cese del cargo del albacea

 

El cargo de albacea termina:

 

1. Por haber transcurrido dos años desde su aceptación, salvo el mayor plazo que señale el testador, o que conceda el juez con acuerdo de la mayoría de los herederos.

 

2. Por haber concluido sus funciones.

 

3. Por renuncia con aprobación judicial.

 

4. Por incapacidad legal o física que impida el desempeño de la función.

 

5. Por remoción judicial, a petición de parte debidamente fundamentada.

 

6. Por muerte, desaparición o declaración de ausencia.

 

Artículo 797.- Obligación de albacea de cumplir con la voluntad del testador

 

El albacea está facultado durante el ejercicio de su cargo y en cualquier tiempo después de haberlo ejercido, para exigir que se cumpla la voluntad del testador. Carece de esta facultad el que cesó por renuncia o por haber sido removido del cargo.

 

Título IX: Revocación, caducidad y nulidad de los testamentos

Capítulo primero: Revocación

Artículo 798.- Revocación del testamento

 

El testador tiene el derecho de revocar, en cualquier tiempo, sus disposiciones testamentarias. Toda declaración que haga en contrario carece de valor.

 

Artículo 799.- Forma de revocar

 

La revocación expresa del testamento, total o parcial, o de algunas de sus disposiciones, sólo puede ser hecha por otro testamento, cualquiera que sea su forma.

 

Artículo 800.- Reviviscencia de testamento anterior

 

Si el testamento que revoca uno anterior es revocado a su vez por otro posterior, reviven las disposiciones del primero, a menos que el testador exprese su voluntad contraria.

 

Artículo 801.- Revocación parcial de testamento

 

El testamento que no es revocado total y expresamente por otro posterior, subsiste en las disposiciones compatibles con las de este último.

 

Artículo 802.- Revocación del testamento cerrado

 

El testamento cerrado queda revocado si el testador lo retira de la custodia del notario

 

Artículo 803.- Validez del testamento cerrado como ológrafo

 

Tanto en el caso previsto en el artículo 802 como en el de su apertura por el testador, el testamento cerrado vale como ológrafo si se conserva el pliego interior y éste reúne las formalidades señaladas en la primera parte del artículo 707.

 

Artículo 804.- Revocación de testamento ológrafo

 

El testamento ológrafo queda revocado si el testador lo rompe, destruye o inutiliza de cualquier otra manera.

 

Capítulo segundo: Caducidad

Artículo 805.- Caducidad de testamento

 

El testamento caduca, en cuanto a la institución de heredero:

 

1. Si el testador deja herederos forzosos que no tenía cuando otorgó el testamento y que vivan; o que estén concebidos al momento de su muerte, a condición de que nazcan vivos.

 

2. Si el heredero renuncia a la herencia o muere antes que el testador sin dejar representación sucesoria, o cuando el heredero es el cónyuge y se declara la separación judicial por culpa propia o el divorcio.

 

3. Si el heredero pierde la herencia por declaración de indignidad o por desheredación, sin dejar descendientes que puedan representarlo.

 

Artículo 806.- Preterición de heredero forzoso

 

La preterición de uno o más herederos forzosos, invalida la institución de herederos en cuanto resulte afectada la legítima que corresponde a los preteridos. Luego de haber sido pagada ésta, la porción disponible pertenece a quienes hubieren sido instituidos indebidamente herederos, cuya condición legal es la de legatarios.

 

Artículo 807.- Reducción de disposiciones testamentarias

 

Las disposiciones testamentarias que menoscaban la legítima de los herederos, se reducirán, a petición de éstos, en lo que fueren excesivas.

 

Capítulo tercero: Nulidad

Artículo 808.- Nulidad y anulabilidad de testamento

 

Es nulo el testamento otorgado por menores de edad. Es anulable el de las demás personas comprendidas en el artículo 687.

 

Artículo 809.- Anulabilidad de testamento por vicios de voluntad

 

Es anulable el testamento obtenido por la violencia, la intimidación o el dolo. También son anulables las disposiciones testamentarias debidas a error esencial de hecho o de derecho del testador, cuando el error aparece en el testamento y es el único motivo que ha determinado al testador a disponer.

 

Artículo 810.- Nulidad por falsa muerte de heredero

 

Cuando un testamento ha sido otorgado expresando como causa la muerte del heredero instituido en uno anterior, valdrá éste y se tendrá por no otorgado aquél, si resulta falsa la noticia de la muerte.

 

Artículo 811.- Nulidad por defectos de forma

 

El testamento es nulo de pleno derecho, por defectos de forma, si es infractorio de lo dispuesto en el artículo 695 o, en su caso, de los artículos 696, 699 y 707, salvo lo previsto en el artículo 697.

 

Artículo 812.- Anulabilidad por defectos de forma

 

El testamento es anulable por defectos de forma cuando no han sido cumplidas las demás formalidades señaladas para la clase de testamento empleada por el testador. La acción no puede ser ejercida en este caso por quienes ejecutaron voluntariamente el testamento, y caduca a los dos años contados desde la fecha en que el heredero tuvo conocimiento del mismo.

 

Artículo 813.- Nulidad y anulabilidad de testamentos especiales

 

Los testamentos especiales son nulos de pleno derecho cuando falta la forma escrita, la firma del testador o de la persona autorizada para recibirlos. Son anulables en el caso del artículo 812.

 

Artículo 814.- Nulidad de testamento común

 

Es nulo el testamento otorgado en común por dos o más personas.

 

Sección tercera: Sucesión intestada

Título I: Disposiciones generales

Artículo 815.- Casos de sucesión intestada

 

La herencia corresponde a los herederos legales cuando:

 

1. El causante muere sin dejar testamento; el que otorgó ha sido declarado nulo total o parcialmente; ha caducado por falta de comprobación judicial; o se declara inválida la desheredación.

 

2. El testamento no contiene institución de heredero, o se ha declarado la caducidad o invalidez de la disposición que lo instituye.

 

3. El heredero forzoso muere antes que el testador, renuncia a la herencia o la pierde por indignidad o desheredación y no tiene descendientes.

 

4. El heredero voluntario o el legatario muere antes que el testador; o por no haberse cumplido la condición establecida por éste; o por renuncia, o por haberse declarado indignos a estos sucesores sin sustitutos designados.

 

5. El testador que no tiene herederos forzosos o voluntarios instituidos en testamento, no ha dispuesto de todos sus bienes en legados, en cuyo caso la sucesión legal sólo funciona con respecto a los bienes de que no dispuso.

 

La declaración judicial de herederos por sucesión total o parcialmente intestada, no impide al preterido por la declaración haga valer los derechos que le confiere el Artículo 664.

 

Artículo 816.- Órdenes sucesorios

 

Son herederos del primer orden, los hijos y demás descendientes; del segundo orden, los padres y demás ascendientes; del tercer orden, el cónyuge o, en su caso, el integrante sobreviviente de la unión de hecho; del cuarto, quinto y sexto órdenes, respectivamente, los parientes colaterales del segundo, tercer y cuarto grado de consanguinidad.

 

El cónyuge o, en su caso, el integrante sobreviviente de la unión de hecho también es heredero en concurrencia con los herederos de los dos primeros órdenes indicados en este artículo.

 

Artículo 817.-  Exclusión sucesoria

 

Los parientes de la línea recta descendente excluyen a los de la ascendente. Los parientes más próximos en grado excluyen a los más remotos, salvo el derecho de representación.

 

Título II: Sucesión de los descendientes

Artículo 818.- Igualdad de derechos sucesorios de los hijos

 

Todos los hijos tienen iguales derechos sucesorios respecto de sus padres. Esta disposición comprende a los hijos matrimoniales, a los extramatrimoniales reconocidos voluntariamente o declarados por sentencia, respecto a la herencia del padre o de la madre y los parientes de éstos, y a los hijos adoptivos.

 

Artículo 819.- Sucesión por cabeza y por estirpe

 

La misma igualdad de derechos rige la sucesión de los demás descendientes. Estos heredan a sus ascendientes por cabeza, si concurren solos, y por estirpe, cuando concurren con hijos del causante.

 

Título III: Sucesión de los ascendientes

Artículo 820.- Sucesión de los padres

 

A falta de hijos y otros descendientes heredan los padres por partes iguales. Si existiera sólo uno de ellos, a éste le corresponde la herencia.

 

Artículo 821.-  Sucesión de los abuelos

 

Si no hubiere padres, heredan los abuelos, en forma que la indicada en el artículo 820.

 

Título IV: Sucesión del cónyuge

Artículo 822.-  Concurrencia del cónyuge con descendientes

 

El cónyuge que concurre con hijos o con otros descendientes del causante, hereda una parte igual a la de un hijo.

 

Artículo 823.-  Opción usufructuaria del cónyuge

 

En los casos del artículo 822 el cónyuge puede optar por el usufructo de la tercera parte de la herencia, salvo que hubiere obtenido los derechos que le conceden los artículos 731 y 732.

 

Artículo 824.-  Concurrencia del cónyuge con ascendientes

 

El cónyuge que concurra con los padres o con otros ascendientes del causante, hereda una parte igual a la de uno de ellos.

 

Artículo 825.- Sucesión exclusiva del cónyuge

 

Si el causante no ha dejado descendientes ni ascendientes con derecho a heredar, la herencia corresponde al cónyuge sobreviviente.

 

Artículo 826.-  Improcedencia de la sucesión del cónyuge

 

La sucesión que corresponde al viudo o a la viuda no procede, cuando hallándose enfermo uno de los cónyuges al celebrarse el matrimonio, muriese de esa enfermedad dentro de los treinta días siguientes, salvo que el matrimonio hubiera sido celebrado para regularizar una situación de hecho.

 

Artículo 827.-  Derecho sucesorio del cónyuge de buena fe

 

La nulidad del matrimonio por haber sido celebrado con persona que estaba impedida de contraerlo no afecta los derechos sucesorios del cónyuge que lo contrajo de buena fe, salvo que el primer cónyuge sobreviva al causante.

 

Título V: Sucesión de los parientes colaterales

Artículo 828.- Sucesión de parientes colaterales

 

Si no hay descendientes, ni ascendientes, ni cónyuge con derecho a heredar, la herencia corresponde a los parientes colaterales hasta el cuarto grado de consanguinidad inclusive, excluyendo los más próximos a los más remotos, salvo el derecho de los sobrinos para concurrir con sus tíos en representación de sus padres, de conformidad con el artículo 683.

 

Artículo 829.-  Concurrencia de medios hermanos

 

En los casos de concurrencia de hermanos de padre y madre con medio hermanos, aquéllos recibirán doble porción que éstos.

 

Título VI: Sucesión del estado y de las beneficencias públicas

Artículo 830.- Sucesión del Estado y de la Beneficencia Pública

 

A falta de sucesores testamentarios o legales el juez o notario que conoce del proceso o trámite de sucesión intestada, adjudicará los bienes que integran la masa hereditaria, a la Sociedad de Beneficencia o a falta de ésta, a la Junta de Participación Social del lugar del último domicilio del causante en el país o a la Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana si estuvo domiciliado en el extranjero.

 

Es obligación de la entidad adjudicataria pagar las deudas del causante si las hubiera, hasta donde alcance el valor de los bienes adjudicados.

 

Corresponde al gestor del proceso o trámite de sucesión intestada, el diez por ciento del valor neto de los bienes adjudicados, el mismo que será abonado por la entidad respectiva, con el producto de la venta de dichos bienes u otros, mediante la adjudicación de alguno de ellos.

 

Sección cuarta: Masa hereditaria

Título I: Colación

Artículo 831.-  Noción de colación

 

Las donaciones u otras liberalidades que, por cualquier título, hayan recibido del causante sus herederos forzosos, se considerarán como anticipo de herencia para el efecto de colacionarse, salvo dispensa de aquél.

 

Artículo 832.- Límites de la dispensa de colación

 

La dispensa está permitida dentro de la porción disponible y debe establecerla expresamente el testador en su testamento o en otro instrumento público.

 

Artículo 833.-  Colación de bienes

 

La colación de los bienes se hace a elección de quien colaciona, devolviendo el bien a la masa hereditaria o reintegrando a ésta su valor. Si el bien hubiese sido enajenado o hipotecado, la colación se hará también por su valor. En ambos casos, el valor del bien es el que tenga en el momento de la apertura de la sucesión.

 

Artículo 834.-  Colación en especie

 

El que colaciona en especie deducirá en su favor el valor de las mejoras que hubiere hecho, y resarcirá a la masa hereditaria el valor de los deterioros que el bien haya sufrido por culpa suya.

 

Artículo 835.- Colación de dinero, créditos o títulos valores

 

Si la liberalidad consistió en dinero, créditos, o títulos valores, se hará un equitativo reajuste, según las circunstancias del caso, para determinar el valor colacionable al tiempo de la apertura de la sucesión.

 

En caso de discrepancia entre los herederos, el valor será determinado, en la vía incidental, por el juez a quien corresponde conocer de la sucesión.

 

Artículo 836.-  Bienes no colacionables

 

No son colacionables los bienes que por causas no imputables al heredero, hubieren perecido antes de la apertura de la sucesión.

 

Artículo 837.-  Gastos no colacionables

 

No es colacionable lo que se hubiese gastado en alimentos del heredero, o en darle alguna profesión, arte u oficio. Tampoco son colacionables los demás gastos hechos en favor de él, mientras estén de acuerdo con la condición de quien los hace y con la costumbre.

 

Artículo 838.- lnexigibilidad de colacionar el seguro y primas pagadas

 

No es colacionable el importe del seguro de vida contratado en favor de heredero, ni las primas pagadas al asegurador, si están comprendidas en la segunda parte del artículo 837.

 

Artículo 839.- Inexigibilidad de colacionar las utilidades

 

No son colacionables las utilidades obtenidas por el heredero como consecuencia de contratos celebrados con el causante, siempre que éstos, al tiempo de su celebración, no afecten el derecho de los demás herederos.

 

Artículo 840.- Colación de intereses legales y frutos

 

Los intereses legales y los frutos que produzcan el dinero y demás bienes colacionables integran la masa hereditaria desde la apertura de la sucesión.

 

Artículo 841.- Colación del heredero por representación

 

En los casos de representación el heredero colacionará lo recibido por su representado.

 

Artículo 842.- Colación del exceso de la porción disponible

 

La renuncia de la legítima no exime al heredero de devolver lo recibido, en cuanto exceda de la porción disponible del causante.

 

Artículo 843.- Beneficios exclusivos de la colación

 

La colación es sólo en favor de los herederos y no aprovecha a los legatarios ni a los acreedores de la sucesión.

 

Título II: Indivisión y partición

Capítulo primero: Indivisión

Artículo 844.- Copropiedad de herederos

 

Si hay varios herederos, cada uno de ellos es copropietario de los bienes de la herencia, en proporción a la cuota que tenga derecho a heredar.

 

Artículo 845.- Aplicación supletoria de normas sobre copropiedad

 

El estado de indivisión hereditaria se rige por las disposiciones relativas a la copropiedad, en lo que no estuviera previsto en este capítulo.

 

Artículo 846.- Plazo de indivisión de la empresa

 

El testador puede establecer la indivisión de cualquier empresa comprendida en la herencia, hasta por un plazo de cuatro años, sin perjuicio de que los herederos se distribuyan normalmente las utilidades.

 

Tratándose de explotaciones agrícolas y ganaderas se estará a lo dispuesto por la ley de la materia.

 

Asimismo, a partir de la publicación e inscripción registral del sometimiento de la sucesión a cualquiera de los procedimientos concursales previstos en la legislación nacional se producirá la indivisión de la masa hereditaria testamentaria o intestada

 

Artículo 847.- Indivisión pactada entre herederos

 

Los herederos pueden pactar la indivisión total o parcial de la herencia por el mismo plazo establecido en el artículo 846 y también renovarla.

 

Artículo 848.- Inscripción de la indivisión

 

La indivisión surte efectos contra terceros, sólo desde que es inscrita en el registro correspondiente.

 

Artículo 849.-  Pago a herederos en desacuerdo con indivisión

 

En los casos de indivisión se pagará la porción de los herederos que no la acepten.

 

Artículo 850.- Partición judicial antes del plazo

 

El juez puede ordenar, a petición de cualquiera de los herederos, la partición total o parcial de los bienes hereditarios antes del vencimientos del plazo de la indivisión, si sobrevienen circunstancias graves que la justifiquen.

 

Artículo 851.- Administración de herencia indivisa

 

Mientras la herencia permanezca indivisa será administrada por el albacea, o por el apoderado común nombrado por todos los herederos o por un administrador judicial.

 

Capítulo segundo: Partición

Artículo 852.- Partición testamentaria

 

No hay lugar a partición cuando el testador la ha dejado hecha en el testamento, pudiendo pedirse, en este caso, sólo la reducción en la parte que excede lo permitido por la ley.

 

No obstante lo señalado en el párrafo precedente, no cabe en ningún supuesto la partición en tanto permanezca vigente el procedimiento concursal al que se encuentra sometida la sucesión indivisa, de ser el caso que ello ocurra.

 

Artículo 853.- Formalidad de la partición

 

Cuando todos los herederos son capaces y están de acuerdo en la partición, se hará por escritura pública tratándose de bienes inscritos en registros públicos. En los demás casos, es suficiente documento privado con firmas notarialmente legalizadas.

 

Artículo 854.- Titulares de la acción de partición

 

Si no existe régimen de indivisión, la partición judicial de la herencia puede ser solicitada:

 

1. Por cualquier heredero.

 

2. Por cualquier acreedor de la sucesión o de cualquiera de los herederos.

 

Artículo 855.- Causales de partición judicial

 

La partición judicial es obligatoria en los siguientes casos:

 

1. Cuando hay heredero incapaz, a solicitud de su representante.

 

2. Cuando hay heredero declarado ausente, a solicitud de las personas a quienes se haya dado posesión temporal de sus bienes.

 

Artículo 856.- Suspensión de la participación por heredero concebido

 

La partición que comprende los derechos de un heredero concebido, será suspendida hasta su nacimiento. En el intervalo la madre disfruta de la correspondiente herencia en cuanto tenga necesidad de alimentos.

 

Artículo 857.- Suspensión de la partición por acuerdo o resolución judicial

 

Puede también diferirse o suspenderse la partición respecto de todos los bienes o de parte de ellos, por acuerdo de todos los herederos o por resolución judicial y por un plazo no mayor de dos años, cuando la ejecución inmediata pueda ocasionar notable perjuicio al patrimonio hereditario, o si es preciso para asegurar el pago de deudas o legados.

 

Artículo 858.- Partición con garantías

 

Si hay desacuerdo entre los herederos sobre los derechos de alguno de ellos, sobre la obligación de colacionar o acerca del valor de los bienes colacionables, se hará la partición prestando garantía para los resultados del juicio que se promoviere.

 

Artículo 859.- Forma de adjudicar los bienes hereditarios

 

Los bienes se adjudicarán en especie a cada uno de los herederos. De no ser posible, el valor de sus cuotas le será pagado en dinero.

 

Artículo 860.- Venta de bienes hereditarios para pago de adjudicación

 

Si no hubiera el dinero necesario para el pago a que se refiere el artículo 859, se procederá a la venta de los bienes hereditarios que sea menester, previo acuerdo mayoritario de los herederos y con aprobación judicial.

 

Artículo 861.- Partición de bienes divisibles

 

Si en la herencia hay bienes que pueden ser cómodamente partibles, su partición material se efectuará adjudicándose a cada heredero los bienes que corresponda.

 

Artículo 862.- Reducción a prorrateo del exceso en la partición

 

Las porciones asignadas por el testador que reunidas exceden del total de la herencia se reducirán, a prorrata, salvo lo dispuesto por aquél.

 

Artículo 863.- Partición de créditos heredados

 

Los créditos que constituyen parte del activo hereditario, se dividirán entre los herederos en proporción a la cuota que tienen en la herencia.

 

Artículo 864.- Partición de bienes omitidos

 

La omisión de algunos bienes en la partición no es motivo para que ésta no continúe, para dejarla sin efecto, ni para pedir la nulidad de la practicada. Los bienes omitidos deben ser partidos complementariamente.

 

Artículo 865.- Nulidad de partición por preterición

 

Es nula la partición hecha con preterición de algún sucesor. La pretensión es imprescriptible y se tramita como proceso de conocimiento.

 

La nulidad no afecta los derechos de los terceros adquirentes de buena fe y a título oneroso.

 

Artículo 866.- Saneamiento por evicción en la partición

 

Vencido el heredero en un juicio sobre los bienes que se le adjudicaron, sus coherederos le indemnizarán, a prorrata, el valor que ellos tenían al momento de la evicción. Si alguno resulta insolvente, la responsabilidad la asumen los solventes y el que la pide.

 

Artículo 867.-  Improcedencia del saneamiento por evicción

 

No hay saneamiento por evicción cuando el juicio proviene de causa expresamente excluida de la partición, es posterior a ésta o se debe a culpa exclusiva del heredero.

 

Artículo 868.-  Improcedencia de saneamiento por insolvencia

 

La insolvencia del deudor de un crédito adjudicado a alguno de los herederos, no da lugar a saneamiento, si sobreviniere después de hecha la partición.

 

Título III: Cargas y deudas de la herencia

Capítulo primero: Cargas

Artículo 869.- Cargas de la masa hereditaria

 

Son de cargo de la masa hereditaria:

 

1. Los gastos del funeral y, en su caso, los de incineración, que se pagan preferentemente.

 

2. Los gastos provenientes de la última enfermedad del causante.

 

3. Los gastos de administración.

 

Artículo 870.- Extensión de beneficio a personas que vivieron como causante

 

Las personas que hayan vivido en la casa del causante o alimentado por cuenta de éste, pueden exigir al albacea o a los herederos que continúen la atención de estos beneficios con cargo a la masa hereditaria, durante tres meses.

 

Capítulo segundo: Deudas

Artículo 871.- Deudas que recaen sobre masa hereditaria

 

Mientras la herencia permanece indivisa, la obligación de pagar las deudas del causante gravita sobre la masa hereditaria; pero hecha la partición, cada uno de los herederos responde de esas deudas en proporción a su cuota hereditaria.

 

Artículo 872.- Preferencia de pago de acreedores del causante

 

Los acreedores del causante tienen preferencia respecto a los acreedores de los herederos para ser pagados con cargo a la masa hereditaria.

 

Artículo 873.- Pago de deudas antes de la partición

 

El heredero puede pedir que las deudas de la herencia, debidamente acreditadas y que carezcan de garantía real, sean pagadas o se asegure su pago antes de la partición.

 

Artículo 874.- Pago de deuda alimentaria

 

La pensión alimenticia a que se refiere el artículo 728 es deuda hereditaria que grava en lo que fuere necesario la parte de libre disposición de la herencia en favor del alimentista y se pagará, según los casos:

 

1. Asumiendo uno de los herederos la obligación alimentaria por disposición del testador o por acuerdo entre ellos. Puede asegurarse su pago mediante hipoteca u otra garantía.

 

2. Calculando el monto de la pensión alimenticia durante el tiempo que falta para su extinción, y entregando al alimentista o a su representante legal, el capital representativo de la renta.

 

La elección de las indicadas alternativas corresponde a los herederos; si hubiere desacuerdo entre ellos, el juez decidirá su forma de pago.

 

Artículo 875.- Oposición del acreedor a la partición

 

El acreedor de la herencia puede oponerse a la partición y al pago o entrega de los legados, mientras no se le satisfaga su deuda o se le asegure el pago.

 

La oposición se ejerce a través de demanda, o como tercero con interés en el proceso existente, de ser el caso. Las facultades procesales dependen de la naturaleza de su derecho.

 

También puede demandar la tutela preventiva de su derecho todavía no exigible. Esta pretensión se tramita como proceso abreviado.

 

Artículo 876.- Ineficacia de la partición respecto del acreedor

 

Si no obstante la oposición prevista en el artículo 875 se procede a la partición, sin pagar la deuda ni asegurar su pago, la partición se reputará no hecha en cuanto se refiere a los derechos del oponente.

 

Artículo 877.- Resarcimiento a heredero por pago de deuda

 

El heredero que hubiere pagado una deuda de la herencia debidamente acreditada, o que hubiere sido ejecutado por ella, tiene derecho a ser resarcido por sus coherederos en la parte proporcional que a cada uno de ellos corresponda.

 

Artículo 878.- Perjuicio de los coherederos por insolvencia

 

La insolvencia de cualquiera de los coherederos obligados a resarcir al que pagó una deuda hereditaria, o que sufrió un embargo por ella, perjudica a prorrata al que la pagó y a los demás coherederos responsables, cuando la insolvencia existía en el momento del pago.

 

Artículo 879.- Inexigibilidad del legatario de pagar deuda de la herencia

 

El legatario no está obligado a pagar las deudas de la herencia, salvo disposición contraria del testador. Si hubiera pagado alguna deuda debidamente acreditada y que grave específicamente el bien legado, deberá resarcírsele por los herederos lo que hubiere pagado.

 

Artículo 880.- Conservación de derechos de crédito del heredero o legatario

 

El heredero o legatario que fuere acreedor del causante, conserva los derechos derivados de su crédito, sin perjuicio de la consolidación que pudiera operar.

 

Libro V: Derechos reales

Sección primera: Disposiciones generales

Artículo 881.- Noción de Derechos Reales

 

Son derechos reales los regulados en este Libro y otras leyes.

 

Artículo 882.- Improcedencia de prohibición de enajenar o gravar

 

No se puede establecer contractualmente la prohibición de enajenar o gravar, salvo que la ley lo permita.

 

Artículo 884.- Derogado

 

Artículo 884.- Normas que rigen la propiedad incorporal

 

Las propiedades incorporales se rigen por su legislación especial.

 

Sección segunda: Bienes

Título I: Clases de bienes

Artículo 885.-  Bienes inmuebles

 

Son inmuebles:

 

1. El suelo, el subsuelo y el sobresuelo.

 

2. El mar, los lagos, los ríos, los manantiales, las corrientes de agua y las aguas vivas o estanciales.

 

3. Las minas, canteras y depósitos de hidrocarburos.

 

4. Las naves y embarcaciones.

 

5. Los diques y muelles.

 

6. Derogado.

 

7. Las concesiones para explotar servicios públicos.

 

8. Las concesiones mineras obtenidas por particulares.

 

9. Derogado.

 

10. Los derechos sobre inmuebles inscribibles en el registro.

 

11. Los demás bienes a los que la ley les confiere tal calidad.

 

Artículo 886.- Bienes muebles

 

Son muebles:

 

1. Los vehículos terrestres de cualquier clase.

 

2. Las fuerzas naturales susceptibles de apropiación.

 

3. Las construcciones en terreno ajeno, hechas para un fin temporal.

 

4. Los materiales de construcción o procedentes de una demolición si no están unidos al suelo.

 

5. Los títulos valores de cualquier clase o los instrumentos donde conste la adquisición de créditos o de derechos personales.

 

6. Los derechos patrimoniales de autor, derechos de patente, nombres comerciales, marcas y otros derechos de propiedad intelectual.

 

7. Las rentas o pensiones de cualquier clase.

 

8. Las acciones o participaciones que cada socio tenga en sociedades o asociaciones, aunque a éstas pertenezcan bienes inmuebles.

 

9. Los demás bienes que puedan llevarse de un lugar a otro.

 

10. Los demás bienes no comprendidos en el artículo 885.

 

Título II: Partes integrantes y accesorios

Artículo 887.- Noción de parte integrante

 

Es parte integrante lo que no puede ser separado sin destruir, deteriorar o alterar el bien.

 

Las partes integrantes no pueden ser objeto de derechos singulares.

 

Artículo 888.- Noción de bienes accesorios

 

Son accesorios los bienes que, sin perder su individualidad, están permanentemente afectados a un fin económico u ornamental con respecto a otro bien.

 

La afectación sólo puede realizarla el propietario del bien principal o quien tenga derecho a disponer de él, respetándose los derechos adquiridos por terceros.

 

Los accesorios pueden ser materia de derechos singulares.

 

El aprovechamiento pasajero de un bien para la finalidad económica de otro no le otorga la calidad de accesorio.

 

La separación provisional del accesorio para servir a la finalidad económica de otro bien, no le suprime su calidad.

 

Artículo 889.- Partes integrantes y accesorias

 

Las partes integrantes de un bien y sus accesorios siguen la condición de éste, salvo que la ley o el contrato permita su diferenciación o separación.

 

Título III: Frutos y productos

Artículo 890.- Noción de frutos

 

Son frutos los provechos renovables que produce un bien, sin que se altere ni disminuya su sustancia.

 

Artículo 891.- Clases de frutos

 

Los frutos son naturales, industriales y civiles. Son frutos naturales los que provienen del bien, sin intervención humana. Son frutos industriales los que produce el bien, por la intervención humana. Son frutos civiles los que el bien produce como consecuencia de una relación jurídica.

 

Artículo 892.- Percepción de frutos naturales, industriales y civiles

 

Los frutos naturales, industriales y civiles pertenecen al propietario, productor y titular del derecho respectivamente, sin perjuicio de los derechos adquiridos.

 

Se perciben los frutos naturales cuando se recogen, los industriales cuando se obtienen y los civiles cuando se recaudan.

 

Artículo 893.- Cómputo de frutos industriales o civiles

 

Para el cómputo de los frutos industriales o civiles, se rebajarán los gastos y desembolsos realizados para obtenerlos.

 

Artículo 894.-  Concepto de productos

 

Son productos los provechos no renovables que se extraen de un bien.

 

Artículo 895.- Aplicación extensiva de las normas sobre frutos

 

Las disposiciones sobre frutos comprenden los productos si ellas no los excluyen expresamente.

 

Sección tercera: Derechos reales principales

Título I: Posesión

Capítulo primero: Disposiciones generales

Artículo 896.-  Noción de posesión

 

La posesión es el ejercicio de hecho de uno o más poderes inherentes a la propiedad.

 

Artículo 897.- Servidor de la posesión

 

No es poseedor quien, encontrándose en relación de dependencia respecto a otro, conserva la posesión en nombre de éste y en cumplimiento de órdenes e instrucciones suyas.

 

Artículo 898.- Adición del plazo posesorio

 

El poseedor puede adicionar a su plazo posesorio el de aquel que le trasmitió válidamente el bien.

 

Artículo 899.- Coposesión

 

Existe coposesión cuando dos o más personas poseen un mismo bien conjuntamente.

 

Cada poseedor puede ejercer sobre los bien actos posesorios, con tal que no signifiquen la exclusión de los demás.

 

Capítulo segundo: Adquisición y conservación de la posesión

Artículo 900.- Adquisición de la posesión

 

La posesión se adquiere por la tradición, salvo los casos de adquisición originaria que establece la ley.

 

Artículo 901.- Tradición

 

La tradición se realiza mediante la entrega del bien a quien debe recibirlo o a la persona designada por él o por la ley y con las formalidades que ésta establece.

 

Artículo 902.- Sucedáneos de la tradición

 

La tradición también se considera realizada:

 

1. Cuando cambia el título posesorio de quien está poseyendo.

 

2. Cuando se transfiere el bien que está en poder de un tercero. En este caso, la tradición produce efecto en cuanto al tercero sólo desde que es comunicada por escrito.

 

Artículo 903.- Tradición documental

 

Tratándose de artículos en viaje o sujetos al régimen de almacenes generales, la tradición se realiza por la entrega de los documentos destinados a recogerlos.

 

Sin embargo, el adquirente de buena fe de objetos no identificables, a quien se hubiere hecho entrega de los mismos, tiene preferencia sobre el tenedor de los documentos, salvo prueba en contrario.

 

Artículo 904.- Conservación de la posesión

 

Se conserva la posesión, aunque su ejercicio esté impedido por hechos de naturaleza pasajera.

 

Capítulo tercero: Clases de posesión y sus efectos

Artículo 905.- Posesión inmediata y mediata

 

Es poseedor inmediato el poseedor temporal en virtud de un título. Corresponde la posesión mediata a quien confirió el título.

 

Artículo 906.-  Posesión ilegítima de buena fe

 

La posesión ilegítima es de buena fe cuando el poseedor cree en su legitimidad, por ignorancia o error de hecho o de derecho sobre el vicio que invalida su título.

 

Artículo 907.- Duración de la buena fe

 

La buena fe dura mientras las circunstancias permitan al poseedor creer que posee legítimamente o, en todo caso, hasta que sea citado en juicio, si la demanda resulta fundada.

 

Artículo 908.- Posesión de buena fe y los frutos

 

El poseedor de buena fe hace suyos los frutos.

 

Artículo 909.- Responsabilidad del poseedor de mala fe

 

El poseedor de mala fe responde de la pérdida o detrimento del bien aun por caso fortuito o fuerza mayor, salvo que éste también se hubiese producido en caso de haber estado en poder de su titular.

 

Artículo 910.- Obligación del poseedor de mala fe a restituir frutos

 

El poseedor de mala fe está obligado a entregar los frutos percibidos y, si no existen, a pagar su valor estimado al tiempo que los percibió o debió percibir.

 

Artículo 911.- Posesión precaria

 

La posesión precaria es la que se ejerce sin título alguno o cuando el que se tenía ha fenecido.

 

Capítulo cuarto: Presunciones legales

Artículo 912.- Presunción de propiedad

 

El poseedor es reputado propietario, mientras no se pruebe lo contrario. Esta presunción no puede oponerla el poseedor inmediato al poseedor mediato. Tampoco puede oponerse al propietario con derecho inscrito.

 

Artículo 913.- Presunción de posesión de accesorios

 

La posesión de un bien hace presumir la posesión de sus accesorios.

 

La posesión de un inmueble hace presumir la de los bienes muebles que se hallen en él.

 

Artículo 914.- Presunción de buena fe del poseedor

 

Se presume la buena fe del poseedor, salvo prueba en contrario.

 

La presunción a que se refiere este artículo no favorece al poseedor del bien inscrito a nombre de otra persona.

 

Artículo 915.- Presunción de posesión continua

 

Si el poseedor actual prueba haber poseído anteriormente, se presume que poseyó en el tiempo intermedio, salvo prueba en contrario.

 

Capítulo quinto: Mejoras

Artículo 916.- Clases de mejoras

 

Las mejoras son necesarias, cuando tienen por objeto impedir la destrucción o el deterioro del bien.

 

Son útiles, las que sin pertenecer a la categoría de las necesarias aumentan el valor y la renta del bien.

 

Son de recreo, cuando sin ser necesarias ni útiles, sirven para ornato, lucimiento o mayor comodidad.

 

Artículo 917.- Derecho al valor o al retiro de las mejoras

 

El poseedor tiene derecho a valor actual de las mejoras necesarias y útiles que existan al tiempo de la restitución y a retirar las de recreo que puedan separarse sin daño, salvo que el dueño opte por pagar por su valor actual.

 

La regla del párrafo anterior no es aplicable a las mejoras hechas después de la citación judicial sino cuando se trata de las necesarias.

 

Artículo 918.- Derecho de retención

 

En los casos en que el poseedor debe ser reembolsado de mejoras, tiene el derecho de retención.

 

Artículo 919.- Prescripción de la acción de reembolso

 

Restituido el bien, se pierde el derecho de separación, y transcurridos dos meses prescribe la acción de reembolso.

 

Capítulo sexto: Defensa posesoria

Artículo 920.- Defensa posesoria extrajudicial

 

El poseedor puede repeler la fuerza que se emplee contra él o el bien y recobrarlo, si fuere desposeído. La acción se realiza dentro de los quince (15) días siguientes a que tome conocimiento de la desposesión. En cualquier caso, debe abstenerse de las vías de hecho no justificadas por las circunstancias.

 

El propietario de un inmueble que no tenga edificación o esta se encuentre en dicho proceso, puede invocar también la defensa señalada en el párrafo anterior en caso de que su inmueble fuera ocupado por un poseedor precario. En ningún caso procede la defensa posesoria si el poseedor precario ha usufructuado el bien como propietario por lo menos diez (10) años.

 

La Policía Nacional del Perú así como las Municipalidades respectivas, en el marco de sus competencias previstas en la Ley Orgánica de Municipalidades, deben prestar el apoyo necesario a efectos de garantizar el estricto cumplimiento del presente artículo, bajo responsabilidad.

 

En ningún caso procede la defensa posesoria contra el propietario de un inmueble, salvo que haya operado la prescripción, regulada en el artículo 950 de este Código.

 

Artículo 921.- Defensa posesoria judicial

 

Todo poseedor de muebles inscritos y de inmuebles puede utilizar las acciones posesorias y los interdictos. Si su posesión es de más de un año puede rechazar los interdictos que se promuevan contra él.

 

Capítulo séptimo: Extinción de la posesión

Artículo 922.- Causales de extinción de la posesión

 

La posesión se extingue por:

 

1. Tradición

 

2. Abandono

 

3. Ejecución de resolución judicial

 

4. Destrucción total o pérdida del bien.

 

Título II: Propiedad

Capítulo primero: Disposiciones generales

Artículo 923.- Noción de propiedad

 

La propiedad es el poder jurídico que permite usar, disfrutar, disponer y reivindicar un bien. Debe ejercerse en armonía con el interés social y dentro de los límites de la ley.

 

Artículo 924.- Ejercicio abusivo del derecho de propiedad

 

Aquél que sufre o está amenazado de un daño porque otro se excede o abusa en el ejercicio de su derecho, puede exigir que se restituya al estado anterior o que se adopten las medidas del caso, sin perjuicio de la indemnización por los daños irrogados.

 

Artículo 925.- Restricciones legales

 

Las restricciones legales de la propiedad establecidas por causa de necesidad y utilidad públicas o de interés social no pueden modificarse ni suprimirse por acto jurídico.

 

Artículo 926.-  Restricciones convencionales

 

Las restricciones de la propiedad establecidas por pacto para que surtan efecto respecto a terceros, deben inscribirse en el registro respectivo.

 

Artículo 927.- Acción reivindicatoria

 

La acción reivindicatoria es imprescriptible. No procede contra aquél que adquirió el bien por prescripción.

 

Artículo 928.- Régimen legal de la expropiación

 

La expropiación se rige por la legislación de la materia.

 

Capítulo segundo: Adquisición de la propiedad

Subcapítulo I: Apropiación

Artículo 929.- Apropiación de cosas libres

 

Las cosas que no pertenecen a nadie, como las piedras, conchas u otras análogas que se hallen en el mar o en los ríos o en sus playas u orillas, se adquieren por la persona que las aprehenda, salvo las previsiones de las leyes y reglamentos.

 

Artículo 930.-  Apropiación por caza y pesca

 

Los animales de caza y peces se adquieren por quien los coge, pero basta que hayan caído en las trampas o redes, o que, heridos, sean perseguidos sin interrupción.

 

Artículo 931.- Caza y pesca en propiedad ajena

 

No está permitida la caza ni la pesca en predio ajeno, sin permiso del dueño o poseedor, según el caso, salvo que se trate de terrenos no cercados ni sembrados.

 

Los animales cazados o pescados en contravención a este artículo pertenecen a su titular o poseedor, según el caso, sin perjuicio de la indemnización que corresponda.

 

Artículo 932.- Hallazgo de objetos perdidos

 

Quien halle un objeto perdido está obligado a entregarlo a la autoridad municipal, la cual comunicará el hallazgo mediante anuncio público. Si transcurren tres meses y nadie lo reclama, se venderá en pública subasta y el producto se distribuirá por mitades entre la Municipalidad y quien lo encontró, previa deducción de los gastos.

 

Artículo 933.- Gastos y gratificación por el hallazgo

 

El dueño que recobre lo perdido está obligado al pago de los gastos y a abonar a quien lo halló la recompensa ofrecida o, en su defecto, una adecuada a las circunstancias. Si se trata de dinero, esa recompensa no será menor a una tercera parte de lo recuperado.

 

Artículo 934.- Búsqueda de tesoro en terreno ajeno

 

No está permitido buscar tesoro en terreno ajeno cercado, sembrado o edificado, salvo autorización expresa del propietario. El tesoro hallado en contravención de este artículo pertenece íntegramente al dueño del suelo.

 

Quien buscare tesoro sin autorización expresa del propietario está obligado al pago de la indemnización de daños y perjuicios resultantes.

 

Artículo 935.- División de tesoro encontrado en terreno ajeno

 

El tesoro descubierto en terreno ajeno no cercado, sembrado o edificado, se divide por partes iguales entre el que lo halla y el propietario del terreno, salvo pacto distinto.

 

Artículo 936.- Protección al Patrimonio Cultural de la Nación

 

Los artículos 934 y 935 son aplicables sólo cuando no sean opuestos a las normas que regulan el patrimonio cultural de la Nación.

 

Subcapítulo II: Especificación y mezcla

Artículo 937.- Adquisición por especificación y mezcla

 

El objeto que se hace de buena fe con materia ajena pertenece al artífice, pagando el valor de la cosa empleada.

 

La especie que resulta de la unión o mezcla de otras de diferentes dueños, pertenece a éstos en proporción a sus valores respectivos.

 

Subcapítulo III: Accesión

Artículo 938.- Noción de accesión

 

El propietario de un bien adquiere por accesión lo que se une o adhiere materialmente a él.

 

Artículo 939.- Accesión por aluvión

 

Las uniones de tierra y los incrementos que se forman sucesiva e imperceptiblemente en los fundos situados a lo largo de los ríos o torrentes, pertenecen al propietario del fundo.

 

Artículo 940.- Accesión por avulsión

 

Cuando la fuerza del río arranca una porción considerable y reconocible en un campo ribereño y lo lleva al de otro propietario ribereño, el primer propietario puede reclamar su propiedad, debiendo hacerlo dentro de dos años del acaecimiento. Vencido este plazo perderá su derecho de propiedad, salvo que el propietario del campo al que se unió la porción arrancada no haya tomado aún posesión de ella.

 

Artículo 941.- Edificación de buena fe en terreno ajeno

 

Cuando se edifique de buena fe en terreno ajeno, el dueño del suelo puede optar entre hacer suyo lo edificado u obligar al invasor a que le pague el terreno. En el primer caso, el dueño del suelo debe pagar el valor de la edificación, cuyo monto será el promedio entre el costo y el valor actual de la obra. En el segundo caso, el invasor debe pagar el valor comercial actual del terreno.

 

Artículo 942.- Mala fe del propietario del suelo

 

Si el propietario del suelo obra de mala fe, la opción de que trata el artículo 941 corresponde al invasor de buena fe, quien en tal caso puede exigir que se le pague el valor actual de la edificación o pagar el valor comercial actual del terreno.

 

Artículo 943.- Edificación de mala fe en terreno ajeno

 

Cuando se edifique de mala fe en terreno ajeno, el dueño puede exigir la demolición de lo edificado si le causare perjuicio, más el pago de la indemnización correspondiente o hacer suyo lo edificado sin obligación de pagar su valor. En el primer caso la demolición es de cargo del invasor.

 

Artículo 944.- Invasión del suelo colindante

 

Cuando con una edificación se ha invadido parcialmente y de buena fe el suelo de la propiedad  vecina sin que el dueño de ésta se haya opuesto, el propietario del edificio adquiere el terreno ocupado, pagando su valor, salvo que destruya lo construido.

 

Si la porción ocupada hiciere insuficiente el resto del terreno para utilizarlo en una construcción normal, puede exigirse al invasor que lo adquiera totalmente.

 

Cuando la invasión a que se refiere este artículo haya sido de mala fe, regirá lo dispuesto en el artículo 943.

 

Artículo 945.- Edificación o siembra con materiales, plantas o semillas ajenas

 

El que de buena fe edifica con materiales ajenos o siembra plantas o semillas ajenas adquiere lo construido o sembrado, pero debe pagar el valor de los materiales, plantas o semillas y la indemnización por los daños y perjuicios causados.

 

Si la edificación o siembra es hecha de mala fe se aplica el párrafo anterior, pero quien construye o siembra debe pagar el doble del valor de los materiales, plantas o semillas y la correspondiente indemnización de daños y perjuicios.

 

Artículo 946.- Accesión natural

 

El propietario de animal hembra adquiere la cría, salvo pacto en contrario.

 

Para que los animales se consideren frutos, basta que estén en el vientre de la madre, aunque no hayan nacido.

 

En los casos de inseminación artificial realizada con elementos reproductivos procedentes de animal ajeno, el propietario de la hembra adquiere la cría pagando el valor del elemento reproductor, si obra de buena fe, y el triple de dicho valor, si lo hace de mala fe.

 

Subcapítulo IV: Trasmisión de la propiedad

Artículo 947.- Transferencia de propiedad de bien mueble

 

La transferencia de propiedad de una cosa mueble determinada se efectúa con la tradición a su acreedor, salvo disposición legal diferente.

 

Artículo 948.- Adquisición a “non dominus” de bien mueble

 

Quien de buena fe y como propietario recibe de otro la posesión de una cosa mueble, adquiere el dominio, aunque el enajenante de la posesión carezca de facultad para hacerlo. Se exceptúan de esta regla los bienes perdidos y los adquiridos con infracción de la ley penal.

 

Artículo 949.- Transferencia de propiedad de bien inmueble

 

La sola obligación de enajenar un inmueble determinado hace al acreedor propietario de él, salvo disposición legal diferente o pacto en contrario.

 

Subcapítulo V: Prescripción Adquisitiva

Artículo 950.- Prescripción adquisitiva

 

La propiedad inmueble se adquiere por prescripción mediante la posesión continua, pacífica y pública como propietario durante diez años.

 

Se adquiere a los cinco años cuando median justo título y buena fe.

 

Artículo 951.- Requisitos de la prescripción adquisitiva de bien mueble

 

La adquisición por prescripción de un bien mueble requiere la posesión continua, pacífica y pública como propietario durante dos años si hay buena fe, y por cuatro si no la hay.

 

Artículo 952.- Declaración judicial de prescripción adquisitiva

 

Quien adquiere un bien por prescripción puede entablar juicio para que se le declare propietario.

 

La sentencia que accede a la petición es título para la inscripción de la propiedad en el registro respectivo y para cancelar el asiento en favor del antiguo dueño.

 

Artículo 953.- Interrupción de término prescriptorio

 

Se interrumpe el término de la prescripción si el poseedor pierde la posesión o es privado de ella, pero cesa ese efecto si la recupera antes de un año o si por sentencia se le restituye.

 

Capítulo tercero: Propiedad predial

Subcapítulo I: Disposiciones generales

Artículo 954.- Extensión del derecho de propiedad

 

La propiedad del predio se extiende al subsuelo y al sobresuelo, comprendidos dentro de los planos verticales del perímetro superficial y hasta donde sea útil al propietario el ejercicio de su derecho.

 

La propiedad del subsuelo no comprende los recursos naturales, los yacimientos y restos arqueológicos, ni otros bienes regidos por leyes especiales.

 

Artículo 955.- Propiedad del suelo, subsuelo y sobresuelo

 

El subsuelo o el sobresuelo pueden pertenecer, total o parcialmente, a propietario distinto que el dueño del suelo.

 

Artículo 956.- Acciones por obra que amenaza ruina

 

Si alguna obra amenaza ruina, quien tenga legítimo interés puede pedir la reparación, la demolición o la adopción de medidas preventivas.

 

Artículo 957.- Régimen de la propiedad predial

 

La propiedad predial queda sujeta a la zonificación, a los procesos de habilitación y subdivisión y a los requisitos y limitaciones que establecen las disposiciones respectivas.

 

Artículo 958.- Régimen de la propiedad horizontal

 

La propiedad horizontal se rige por la legislación de la materia.

 

Subcapitulo II: Limitaciones por razón de vecindad

Artículo 959.- Actos para evitar peligro de propiedades vecinas

 

El propietario no puede impedir que en su predio se ejecuten actos para servicios provisorios de las propiedades vecinas, que eviten o conjuren un peligro actual o inminente, pero se le indemnizará por los daños y perjuicios causados.

 

Artículo 960.- Paso de materiales de construcción por predio ajeno

 

Si para construir o reparar un edificio es indispensable pasar materiales por predio ajeno o colocar en él andamios, el dueño de éste debe consentirlo, recibiendo indemnización por los daños y perjuicios que se le causen.

 

Artículo 961.- Límites a la explotación industrial del predio

 

El propietario, en ejercicio de su derecho y especialmente en su trabajo de explotación industrial, debe abstenerse de perjudicar las propiedades contiguas o vecinas, la seguridad, el sosiego y la salud de sus habitantes.

 

Están prohibidos los humos, hollines, emanaciones, ruidos, trepidaciones y molestias análogas que excedan de la tolerancia que mutuamente se deben los vecinos en atención a las circunstancias.

 

Artículo 962.- Prohibición de abrir o cavar pozos que dañen propiedad vecina

 

Al propietario de un inmueble no le está permitido abrir o cavar en su terreno pozos susceptibles de causar ruina o desmoronamiento en la propiedad vecina o de perjudicar las plantaciones en ella existentes y puede ser obligado a guardar las distancias necesarias para la seguridad de los predios afectados, además de la obligación de pagar la indemnización por los daños y perjuicios.

 

Artículo 963.- Obras y depósitos nocivos y peligrosos

 

Si cerca de un lindero se construye horno, chimenea, establo u otros similares o depósito para agua o materias húmedas, penetrantes, explosivas o radioactivas o se instala maquinaria o análogos, deben observarse las distancias y precauciones establecidas por los reglamentos respectivos y, a falta de éstos, las que sean necesarias para preservar la solidez o la salubridad de los predios vecinos. La inobservancia de esta disposición puede dar lugar al cierre o retiro de la obra y a la indemnización de daños y perjuicios.

 

Artículo 964.- Paso de aguas por predio vecino

 

El propietario no puede hacer que las aguas correspondientes al predio discurran en los predios vecinos, salvo pacto distinto.

 

Subcapítulo III: Derechos del propietario

Artículo 965.- Derecho a cercar un predio

 

El propietario de un predio tiene derecho a cercarlo.

 

Artículo 966.- Obligación de deslinde y amojonamiento

 

El propietario de un predio puede obligar a los vecinos, sean propietarios o poseedores, al deslinde y al amojonamiento.

 

Artículo 967.- Derecho al corte de ramas y raíces invasoras del predio

 

Todo propietario puede cortar las ramas de los árboles que se extiendan sobre el predio y las raíces que lo invadan. Cuando sea necesario, podrá recurrir a la autoridad municipal o judicial para el ejercicio de estos derechos.

 

Capítulo cuarto: Extinción de la propiedad

Artículo 968.- Causales de extinción de la propiedad

 

La propiedad se extingue por:

 

1. Adquisición del bien por otra persona.

 

2. Destrucción o pérdida total o consumo del bien.

 

3. Expropiación.

 

4. Abandono del bien durante veinte años, en cuyo caso pasa el predio al dominio del Estado.

 

Capítulo quinto: Copropiedad

Subcapítulo I: Disposiciones generales

Artículo 969.- Noción de Copropiedad

 

Hay copropiedad cuando un bien pertenece por cuotas ideales a dos o más personas.

 

Artículo 970.- Presunción de igualdad de cuotas

 

Las cuotas de los propietarios se presumen iguales, salvo prueba en contrario.

 

El concurso de los copropietarios, tanto en los beneficios como en las cargas, está en proporción a sus cuotas respectivas.

 

Artículo 971.- Decisiones sobre el bien común

 

Las decisiones sobre el bien común se adoptarán por:

 

1. Unanimidad, para disponer, gravar o arrendar el bien, darlo en comodato o introducir modificaciones en él.

 

2. Mayoría absoluta, para los actos de administración ordinaria. Los votos se computan por el valor de las cuotas.

 

En caso de empate, decide el juez por la vía incidental.

 

Artículo 972.- Régimen aplicable a la administración judicial de los bienes comunes

 

La administración judicial de los bienes comunes se rige por el Código de Procedimientos Civiles.

 

Artículo 973.- Administración del bien común por uno de los copropietarios

 

Cualquiera de los copropietarios puede asumir la administración y emprender los trabajos para la explotación normal del bien, si no está establecida la administración convencional o judicial y mientras no sea solicitada alguna de ellas.

 

En este caso las obligaciones del administrador serán las del administrador judicial. Sus servicios serán retribuidos con una parte de la utilidad, fijada por el juez y observando el trámite de los incidentes.

 

Subcapítulo II: Derechos y obligaciones de los copropietarios

Artículo 974.- Derecho de uso del bien común

 

Cada copropietario tiene derecho a servirse del bien común, siempre que no altere su destino ni perjudique el interés de los demás.

 

El derecho de usar el bien común corresponde a cada copropietario. En caso de desavenencia el juez regulará el uso, observándose las reglas procesales sobre administración judicial de bienes comunes.

 

Artículo 975.- Indemnización por uso total o parcial del bien

 

El copropietario que usa el bien parcial o totalmente con exclusión de los demás, debe indemnizarles en las proporciones que les corresponda, salvo lo dispuesto en el artículo 731.

 

Artículo 976.- Derecho de disfrute

 

El derecho de disfrutar corresponde a cada copropietario. Estos están obligados a reembolsarse proporcionalmente los provechos obtenidos del bien.

 

Artículo 977.- Disposición de la cuota ideal y sus frutos

 

Cada copropietario puede disponer de su cuota ideal y de los respectivos frutos. Puede también gravarlos.

 

Artículo 978.- Condicionabilidad de la validez de actos de propiedad exclusiva

 

Si un copropietario practica sobre todo o parte de un bien, acto que importe el ejercicio de propiedad exclusiva, dicho acto sólo será válido desde el momento en que se adjudica el bien o la parte a quien practicó el acto.

 

Artículo 979.- Reinvindicación y defensa del bien común

 

Cualquier copropietario puede revindicar el bien común. Asimismo, puede promover las acciones posesorias, los interdictos, las acciones de desahucio, aviso de despedida y las demás que determine la ley.

 

Artículo 980.- Mejoras necesarias y útiles en la copropiedad

 

Las mejoras necesarias y útiles pertenecen a todos los copropietarios, con la obligación de responder proporcionalmente por los gastos.

 

Artículo 981.- Gastos de conservación y cargas del bien común

 

Todos los copropietarios están obligados a concurrir, en proporción a su parte, a los gastos de conservación y al pago de los tributos, cargas y gravámenes que afecten al bien común.

 

Artículo 982.- Saneamiento por evicción del bien común

 

Los copropietarios están recíprocamente obligados al saneamiento en caso de evicción, en proporción a la parte de cada uno.

 

Subcapítulo III: Partición

Artículo 983.- Noción de partición

 

Por la partición permutan los copropietarios, cediendo cada uno el derecho que tiene sobre los bienes que no se le adjudiquen, a cambio del derecho que le ceden en los que se le adjudican.

 

Artículo 984.- Obligatoriedad de la partición

 

Los copropietarios están obligados a hacer partición cuando uno de ellos o el acreedor de cualquiera lo pida, salvo los casos de indivisión forzosa, de acto jurídico o de ley que fije plazo para la partición.

 

Artículo 985.- Imprescriptibilidad de la acción de partición

 

La acción de partición es imprescriptible y ninguno de los copropietarios ni sus sucesores pueden adquirir por prescripción los bienes comunes.

 

Artículo 986.- Partición convencional

 

Los copropietarios pueden hacer partición por convenio unánime.

La partición convencional puede ser hecha también mediante sorteo.

 

Artículo 987.- Partición convencional especial

 

Si alguno de los copropietarios es incapaz o ha sido declarado ausente, la partición convencional se somete a aprobación judicial, acompañando a la solicitud tasación de los bienes por tercero, con firma legalizada notarialmente, así como el documento que contenga el convenio particional, firmado por todos los interesados y sus representantes legales. Puede prescindirse de tasación cuando los bienes tienen cotización en bolsa o mercado análogo, o valor determinado para efectos tributarios.

 

La solicitud de aprobación se sujeta al trámite del proceso no contencioso, con citación del Ministerio Público y del consejo de familia, si ya estuviera constituído.

 

Artículo 988.- Partición de bienes indivisibles

 

Los bienes comunes que no son susceptibles de división material pueden ser adjudicados, en común, a dos o más copropietarios que convengan en ello, o se venderán por acuerdo de todos ellos y se dividirá el precio. Si los copropietarios no estuvieran de acuerdo con la adjudicación en común o en la venta contractual, se venderán en pública subasta.

 

Artículo 989.- Derecho de preferencia del copropietario

 

Los copropietarios tienen el derecho de preferencia para evitar la subasta de que trata el artículo 988 y adquirir su propiedad, pagando en dinero el precio de la tasación en las partes que correspondan a los demás copartícipes.

 

Artículo 990.- Lesión en la partición

 

La lesión en la partición se rige por lo dispuesto en los artículos 1447 a 1456.

 

Artículo 991.- Diferimiento o suspensión de la partición

 

Puede diferirse o suspenderse la partición por acuerdo unánime de los copropietarios. Si hubiese copropietarios incapaces, se requerirá autorización judicial, observándose las reglas previstas en el artículo 987.

 

Subcapítulo IV: Extinción de la copropiedad

Artículo 992.- Causales de extinción de la copropiedad

 

La copropiedad se extingue por:

 

1. División y partición del bien común.

 

2. Reunión de todas las cuotas partes en un solo propietario.

 

3. Destrucción total o pérdida del bien.

 

4. Enajenación del bien a un tercero.

 

5. Pérdida del derecho de propiedad de los copropietarios.

 

Subcapítulo V: Pacto de indivisión

Artículo 993.- Plazo y efectos del pacto de indivisión

 

Los copropietarios pueden celebrar pacto de indivisión por un plazo no mayor de cuatro años y renovarlo todas las veces que lo juzguen conveniente.

 

El pacto de indivisión que no consigne plazo se presume que es por cuatro años.

 

Para que produzca efecto contra terceros, el pacto de indivisión debe inscribirse en el registro correspondiente.

 

Si median circunstancias graves el juez puede ordenar la partición antes del vencimiento del plazo.

 

Subcapítulo VI: Medianería

Artículo 994.- Presunción de medianería

 

Las paredes, cercos o zanjas situados entre dos predios se presumen comunes, mientras no se pruebe lo contrario.

 

Artículo 995.- Obtención de medianería

 

Si la pared que separa los predios se ha levantado en terreno de uno de ellos, el vecino puede obtener la medianería pagando la mitad del valor actual de la obra y del suelo ocupado.

 

En tal caso, puede pedir la supresión de todo lo que sea incompatible con el derecho que le da la medianería.

 

Artículo 996.- Uso de pared medianera

 

Todo colindante puede colocar tirantes y vigas en la pared medianera, y servirse de ésta sin deteriorarla, pero no puede abrir en ella ventanas o claraboyas.

 

Artículo 997.- Construcción de pared medianera

 

Cualquier colindante puede levantar la pared medianera, siendo de su cargo los gastos de la reparación y cualesquiera otros que exigiera la mayor altura.

 

Artículo 998.- Cargas de la medianería

 

Los colindantes deben contribuir a prorrata para la conservación, reparación o reconstrucción de la pared medianera, a no ser que renuncien a la medianería, hagan o no uso de ella.

 

Título III: Usufructo

Capítulo primero: Disposiciones generales

Artículo 999.- Noción de Usufructo

 

El usufructo confiere las facultades de usar y disfrutar temporalmente de un bien ajeno.

 

Pueden excluirse del usufructo determinados provechos y utilidades.

 

El usufructo puede recaer sobre toda clase de bienes no consumibles, salvo lo dispuesto en los artículo 1018 a 1020.

 

Artículo 1000.- Constitución del usufructo

 

El usufructo se puede constituir por:

 

1. Ley cuando expresamente lo determina.

 

2. Contrato o acto jurídico unilateral.

 

3. Testamento

 

Artículo 1001.- Plazo del usufructo

 

El usufructo es temporal. El usufructo constituido en favor de una persona jurídica no puede exceder de treinta años y cualquier plazo mayor que se fije se reduce a éste.

 

Tratándose de bienes inmuebles de valor monumental de propiedad del Estado que sean materia de restauración con fondos de personas naturales o jurídicas, el usufructo que constituya el Estado en favor de éstas podrá tener un plazo máximo de noventinueve años.

 

Artículo 1002.- Transferencia o gravamen del usufructo

 

El usufructo, con excepción del legal, puede ser transferido a título oneroso o gratuito o ser gravado, respetándose su duración y siempre que no haya prohibición expresa.

 

Artículo 1003.- Usufructo del bien expropiado

 

En caso de expropiación del bien objeto del usufructo, éste recaerá sobre el valor de la expropiación.

 

Artículo 1004.- Usufructo legal sobre productos

 

Cuando el usufructo legal recae sobre los productos a que se refiere el artículo 894, los padres restituirán la mitad de los ingresos netos obtenidos.

 

Artículo 1005.- Régimen de los efectos del usufructo

 

Los efectos del usufructo se rigen por el acto constitutivo y, no estando previstos en éste, por las disposiciones del presente título.

 

Capítulo segundo: Deberes y derechos del usufructuario

Artículo 1006.- Inventario y tasación de bienes por el usufructuario

 

 Al entrar en posesión, el usufructuario hará inventario y tasación de los bienes muebles, salvo que haya sido expresamente eximido de esa obligación por el propietario que no tenga heredero forzoso. El inventario y la tasación serán judiciales cuando se trata del usufructo legal y del testamentario.

 

Artículo 1007.- Obligación del usufructuario de prestar garantía

 

El usufructuario está obligado a prestar la garantía señalada en el título constitutivo de su derecho o la que ordene el juez, cuando éste encuentre que puede peligrar el derecho del propietario.

 

Artículo 1008.- Explotación del bien

 

El usufructuario debe explotar el bien en la forma normal y acostumbrada.

 

Artículo 1009.- Prohibición de modificar el bien usufructuado

 

El usufructuario no debe hacer ninguna modificación sustancial del bien o de su uso.

 

Artículo 1010.- Obligación del usufructuario de pagar tributos y rentas

 

El usufructuario debe pagar los tributos, las rentas vitalicias y las pensiones de alimentos que graven los bienes.

 

Artículo 1011.- Derecho de subrogación del usufructuario

 

Si el usufructuario paga la deuda hipotecaria o el interés que ésta devenga, se subroga en el crédito pagado.

 

Artículo 1012.- Desgaste del bien por disfrute ordinario

 

El usufructuario no responde del desgaste por el disfrute ordinario.

 

Artículo 1013.- Obligación de reparar el bien usufructuado

 

El usufructuario está obligado a efectuar las reparaciones ordinarias y, si por su culpa se necesitan obras extraordinarias, debe hacerlas a su costo.

 

Artículo 1014.- Reparaciones ordinarias

 

Se consideran reparaciones ordinarias las que exijan los desperfectos que procedan del uso normal de los bienes y sean indispensables para su conservación.

 

El propietario puede exigir judicialmente la ejecución de las reparaciones. El pedido se tramita como incidente.

 

Artículo 1015.- Aplicación supletoria de las normas sobre mejoras

 

Las reglas sobre mejoras necesarias, útiles y de recreo establecidas para la posesión se aplican al usufructo.

 

Artículo 1016.- Propiedad de frutos pendientes

 

Pertenecen al usufructuario los frutos naturales y mixtos pendientes al comenzar el usufructo; y al propietario, los pendientes a su término.

 

Artículo 1017.- Oposición por infracciones del propietario

 

El propietario puede oponerse a todo acto del usufructuario que importe una infracción de los artículos 1008 y 1009 y pedir al juez que regule el uso o explotación. El pedido se tramita como incidente.

 

Capítulo tercero: Cuasiusufructo

Artículo 1018.- Usufructo de dinero

 

El usufructo de dinero sólo da derecho a percibir la renta.

 

Artículo 1019.- Usufructo de un crédito

 

El usufructuario de un crédito tiene las acciones para el cobro de la renta y debe ejercitar las acciones necesarias para que el crédito no se extinga.

 

Artículo 1020.- Cobro de capital

 

Si el usufructuario cobra el capital, debe hacerlo conjuntamente con el propietario y en este caso el usufructo recaerá sobre el dinero cobrado.

 

Capítulo cuarto: Extinción y modificación del usufructo

Artículo 1021.- Causales de extinción del usufructo

 

El usufructo se extingue por:

 

1. Cumplimiento de los plazos máximos que prevé el artículo 1001 o del establecido en el acto constitutivo.

 

2. Prescripción resultante del no uso del derecho durante cinco años.

 

3. Consolidación.

 

4. Muerte o renuncia del usufructuario.

 

5. Destrucción o pérdida total del bien.

 

6. Abuso que el usufructuario haga de su derecho, enajenando o deteriorando los bienes o dejándolos perecer por falta de reparaciones ordinarias. En este caso el juez declara la extinción.

 

Artículo 1022.- Usufructo a favor de varias personas

 

El usufructo constituido en favor de varias personas en forma sucesiva se extingue a la muerte de la última.

 

Si el usufructo fuera constituido en favor de varias personas en forma conjunta, la muerte de alguna de éstas determinará que las demás acrezcan su derecho. Este usufructo también se extingue con la muerte de la última persona.

 

Artículo 1023.- Destrucción del bien usufructuado

 

Si la destrucción del bien ocurre por dolo o culpa de un tercero, el usufructo se transfiere a la indemnización debida por el responsable del daño.

 

Si se destruye el bien dado en usufructo, estando asegurado por el constituyente o el usufructuario, el usufructo se transfiere a la indemnización pagada por el asegurador.

 

Artículo 1024.- Destrucción o pérdida parcial del bien usufructuado

 

Si el bien sujeto al usufructo se destruye o pierde en parte, el usufructo se conserva sobre el resto.

 

Artículo 1025.- Usufructo sobre fundo o edificio

 

Si el usufructo se establece sobre un fundo del cual forma parte un edificio que llega a destruirse por vetustez o accidente, el usufructuario tiene derecho a gozar del suelo y de los materiales.

 

Pero si el usufructo se encuentra establecido solamente sobre un edificio que llega a destruirse, el usufructuario no tiene derecho al suelo ni a los materiales, ni al edificio que el propietario reconstruya a su costa.

 

Título IV: Uso y habitación

Artículo 1026.- Régimen legal del derecho de uso

 

El derecho de usar o de servirse de un bien no consumible se rige por las disposiciones del título anterior, en cuanto sean aplicables.

 

Artículo 1027.- Derecho de habitación

 

Cuando el derecho de uso recae sobre una casa o parte de ella para servir de morada, se estima constituido el derecho de habitación.

 

Artículo 1028.- Extensión de los derechos de uso y habitación

 

Los derechos de uso y habitación se extienden a la familia del usuario, salvo disposición distinta.

 

Artículo 1029.- Carácter personal de los derechos de uso y habitación

 

Los derechos de uso y habitación no pueden ser materia de ningún acto jurídico, salvo la consolidación.

 

Título V: Superficie

Artículo 1030.- Superficie: Noción y plazo

 

Puede constituirse el derecho de superficie por el cual el superficiario goza de la facultad de tener temporalmente una construcción en propiedad separada sobre o bajo la superficie del suelo.

 

Este derecho no puede durar más de noventinueve años. A su vencimiento, el propietario del suelo adquiere la propiedad de lo construido reembolsando su valor, salvo pacto distinto.

 

Artículo 1031.- Constitución o transmisibilidad

 

El derecho de superficie puede constituirse por acto entre vivos o por testamento. Este derecho es trasmisible, salvo prohibición expresa.

 

Artículo 1032.- Extensión del derecho de superficie

 

El derecho de superficie puede extenderse al aprovechamiento de una parte del suelo, no necesaria para la construcción, si dicha parte ofrece ventaja para su mejor utilización.

 

Artículo 1033.- Pervivencia del derecho de superficie

 

El derecho de superficie no se extingue por la destrucción de lo construido.

 

Artículo 1034.- Extinción del derecho de superficie

 

La extinción del derecho de superficie importa la terminación de los derechos concedidos por el superficiario en favor de tercero.

 

Título VI: Servidumbres

Artículo 1035.- Servidumbre legal y convencional

 

La ley o el propietario de un predio puede imponerle gravámenes en beneficio de otro que den derecho al dueño del predio dominante para practicar ciertos actos de uso del predio sirviente o para impedir al dueño de éste el ejercicio de alguno de sus derechos.

 

Artículo 1036.- Caracteristicas de la servidumbre

 

Las servidumbres son inseparables de ambos predios. Sólo pueden trasmitirse con ellos y subsisten cualquiera sea su propietario.

 

Artículo 1037.- Perpetuidad de la servidumbre

 

Las servidumbres son perpetuas, salvo disposición legal o pacto contrario.

 

Artículo 1038.- Indivisibilidad de la servidumbre

 

Las servidumbres son indivisibles. Por consiguiente, la servidumbre se debe entera a cada uno de los dueños del predio dominante y por cada uno de los del sirviente.

 

Artículo 1039.- División del predio dominante

 

Si el predio dominante se divide, la servidumbre subsiste en favor de los adjudicatarios que la necesiten, pero sin exceder el gravamen del predio sirviente.

 

Artículo 1040.- Servidumbres aparentes

 

Sólo las servidumbres aparentes pueden adquirirse por prescripción, mediante la posesión continua durante cinco años con justo título y buena fe o durante diez años sin estos requisitos.

 

Artículo 1041.- Constitución de servidumbre por el usufructuario

 

El usufructuario puede constituir servidumbres por el plazo del usufructo, con conocimiento del propietario.

 

Artículo 1042.- Servidumbre de predio sujeto a copropiedad

 

El predio sujeto a copropiedad sólo puede ser gravado con servidumbres si prestan su asentimiento todos los copropietarios. Si hubiere copropietarios incapaces, se requerirá autorización judicial, observándose las reglas del artículo 987 en cuanto sean aplicables.

El copropietario puede adquirir servidumbres en beneficio del predio común, aunque lo ignoren los demás copropietarios.

 

Artículo 1043.- Extensión y condiciones de la servidumbre

 

La extensión y demás condiciones de las servidumbres se rigen por el título de su constitución y, en su defecto, por las disposiciones de este Código.

 

Toda duda sobre la existencia de una servidumbre, sobre su extensión o modo de ejercerla, se interpreta en el sentido menos gravoso para el predio sirviente, pero sin imposibilitar o dificultar el uso de la servidumbre.

 

Artículo 1044.- Obras para ejercicio de servidumbre

 

A falta de disposición legal o pacto en contrario, el propietario del predio dominante hará a su costo las obras requeridas para el ejercicio de la servidumbre, en el tiempo y forma que sean de menor incomodidad para el propietario del predio sirviente.

 

Artículo 1045.- Conservación de la servidumbre

 

La servidumbre se conserva por el uso de una persona extraña, si lo hace en consideración al predio dominante.

 

Artículo 1046.- Prohibición de aumentar gravamen

 

El propietario del predio dominante no puede aumentar el gravamen del predio sirviente por hecho o acto propio.

 

Artículo 1047.- Prohibición de impedir el uso de servidumbre

 

El propietario del predio sirviente no puede impedir el ejercicio o menoscabar el uso de la servidumbre. Si por razón de lugar o modo la servidumbre le es incómoda, podrá ser variada si no perjudica su uso.

 

Artículo 1048.- Servidumbre sobre bien propio

 

El propietario de dos predios puede gravar uno con servidumbre en beneficio del otro.

 

Artículo 1049.- Extinción por destrucción total

 

Las servidumbres se extinguen por destrucción total, voluntaria o involuntaria, de cualquiera de los edificios, dominante o sirviente, sin mengua de las relativas al suelo. Pero reviven por la reedificación, siempre que pueda hacerse uso de ellas.

 

Artículo 1050.- Extinción por falta de uso

 

Las servidumbres se extinguen en todos los casos por el no uso durante cinco años.

 

Artículo 1051.- Servidumbre legal de paso

 

La servidumbre legal de paso se establece en beneficio de los predios que no tengan salida a los caminos públicos.

 

Esta servidumbre cesa cuando el propietario del predio dominante adquiere otro que le de salida o cuando se abre un camino que de acceso inmediato a dicho predio.

 

Artículo 1052.- Onerosidad de la servidumbre legal de paso

 

La servidumbre del artículo 1051 es onerosa. Al valorizársela, deberán tenerse también en cuenta los daños y perjuicios que resultaren al propietario del predio sirviente.

 

Artículo 1053.- Servidumbre de paso gratuito

 

El que adquiere un predio enclavado en otro del enajenante adquiere gratuitamente el derecho al paso.

 

Artículo 1054.- Amplitud del camino en el derecho de paso

 

La amplitud del camino se fijará según las circunstancias.

 

Artículo 1055 hasta el 1090.- Derogado

 

Sección cuarta: Derechos reales de garantía

Título II: Anticresis

Artículo 1091.- Definición de anticresis

 

Por la anticresis se entrega un inmueble en garantía de una deuda, concediendo al acreedor el derecho de explotarlo y percibir sus frutos.

 

Artículo 1092.- Formalidades

 

El contrato se otorgará por escritura pública, bajo sanción de nulidad, expresando la renta del inmueble y el interés que se pacte.

 

Artículo 1093.- Imputación de la renta del inmueble

 

La renta del inmueble se aplica al pago de los intereses y gastos, y el saldo al capital.

 

Artículo 1094.- Obligaciones del acreedor anticrético

 

Las obligaciones del acreedor son las mismas del arrendatario, excepto la de pagar la renta.

 

Artículo 1095.- Retención del inmueble por otra deuda

 

El acreedor no puede retener el inmueble por otra deuda, si no se le concedió este derecho.

 

Artículo 1096.- Normas supletorias aplicables

 

Son aplicables a la anticresis las reglas establecidas para la prenda en lo que no se opongan a las consignadas en este título.

 

Título III: Hipoteca

Capítulo primero: Disposiciones generales

Artículo 1097.- Noción de hipoteca

 

Por la hipoteca se afecta un inmueble en garantía del cumplimiento de cualquier obligación, propia o de un tercero.

 

La garantía no determina la desposesión y otorga al acreedor los derechos de persecución, preferencia y venta judicial del bien hipotecado.

 

Artículo 1098.- Formalidad de la hipoteca

 

La hipoteca se constituye por escritura pública, salvo disposición diferente de la ley.

 

Artículo 1099.- Requisitos de validez de hipoteca

 

Son requisitos para la validez de la hipoteca:

 

1. Que afecte el bien el propietario o quien esté autorizado para ese efecto conforme a ley.

 

2. Que asegure el cumplimiento de una obligación determinada o determinable.

 

3. Que el gravamen sea de cantidad determinada o determinable y se inscriba en el registro de la propiedad inmueble.

 

Artículo 1100.- Carácter inmobiliario de la hipoteca

 

La hipoteca debe recaer sobre inmuebles específicamente determinados.

 

Artículo 1101.- Extensión de la hipoteca

 

La hipoteca se extiende a todas las partes integrantes del bien hipotecado, a sus accesorios, y al importe de las indemnizaciones de los seguros y de la expropiación, salvo pacto distinto.

 

Artículo 1102.- Indivisibilidad de la hipoteca

 

La hipoteca es indivisible y subsiste por entero sobre todos los bienes hipotecados.

 

Artículo 1103.- Hipoteca sobre conjunto de bienes que conforman una explotación económica

 

Los contratantes pueden considerar como una sola unidad para los efectos de la hipoteca, toda explotación económica que forma un conjunto de bienes unidos o dependientes entre sí.

 

Artículo 1104.- Garantía de obligación futura o eventual

 

La hipoteca puede garantizar una obligación futura o eventual.

 

Artículo 1105.- Hipoteca sujeta a modalidad

 

La hipoteca puede ser constituida bajo condición o plazo.

 

Artículo 1106.- Prohibición de hipotecar bienes futuros

 

No se puede constituir la hipoteca sobre bienes futuros.

 

Artículo 1107.- Cobertura de la hipoteca

 

La hipoteca cubre el capital, los intereses que devengue, las primas del seguro pagadas por el acreedor y las costas del juicio.

 

Artículo 1108.- Garantía de títulos transmisibles

 

La escritura de constitución de hipoteca para garantizar títulos trasmisibles por endoso o al portador, consignará, además de las circunstancias propias de la constitución de hipoteca, las relativas al número y valor de los títulos que se emitan y que garanticen la hipoteca; la serie o series a que correspondan; la fecha o fechas de la emisión; el plazo y forma en que deben ser amortizados; la designación de un fideicomisario; y las demás que sirvan para determinar las condiciones de dichos títulos.

 

Artículo 1109.- Hipoteca de varios inmuebles

 

El acreedor cuya hipoteca comprenda varios inmuebles podrá, a su elección, perseguir a todos ellos simultáneamente o sólo a uno, aun cuando hubieran pertenecido o pasado a propiedad de diferentes personas o existieren otras hipotecas. Sin embargo, el juez podrá, por causa fundada, fijar un orden para la venta de los bienes afectados.

 

Artículo 1110.- Cumplimiento anticipado de la obligación

 

Si los bienes hipotecados se pierden o deterioran de modo que resulten insuficientes, puede pedirse el cumplimiento de la obligación aunque no esté vencido el plazo, salvo que se garantice ésta a satisfacción del acreedor.

 

Artículo 1111.- Nulidad del pacto comisorio

 

Aunque no se cumpla la obligación, el acreedor no adquiere la propiedad del inmueble por el valor de la hipoteca. Es nulo el pacto en contrario.

 

Capítulo segundo: Rango de las hipotecas

Artículo 1112.- Preferencia de hipotecas

 

Las hipotecas tendrán preferencia por razón de su antiguedad conforme a la fecha de registro, salvo cuando se ceda su rango.

 

Artículo 1113.- Hipotecas ulteriores

 

No se puede renunciar a la facultad de gravar el bien con segunda y ulteriores hipotecas.

 

Artículo 1114.- Cesión de rango preferente

 

El acreedor preferente puede ceder su rango a otro acreedor hipotecario. Para que la cesión produzca efecto contra el deudor se requiere que éste la acepte o que le sea comunicada fehacientemente.

 

Capítulo tercero: Reducción de la hipoteca

Artículo 1115.- Reducción del monto de la hipoteca

 

El monto de la hipoteca puede ser reducido por acuerdo entre acreedor y deudor.

 

La reducción sólo tendrá efecto frente a tercero después de su inscripción en el registro.

 

Artículo 1116.- Reducción judicial del monto de la hipoteca

 

El deudor hipotecario puede solicitar al juez la reducción del monto de la hipoteca, si ha disminuido el importe de la obligación. La petición se tramita como incidente.

 

Capítulo cuarto: Efectos de la hipoteca frente a terceros

Artículo 1117.- Acción personal y acción real del acreedor

 

El acreedor puede exigir el pago al deudor, por la acción personal; o al tercer adquirente del bien hipotecado, usando de la acción real. El ejercicio de una de estas acciones no excluye el de la otra, ni el hecho de dirigirla contra el deudor, impide se ejecute el bien que esté en poder de un tercero, salvo disposición diferente de la ley.

 

Capítulo quinto: Hipotecas legales

Artículo 1118.- Hipotecas legales

 

Además de las hipotecas legales establecidas en otras leyes, se reconocen las

siguientes:

 

1. La del inmueble enajenado sin que su precio haya sido pagado totalmente o lo haya sido con dinero de un tercero.

 

2. La del inmueble para cuya fabricación o reparación se haya proporcionado trabajo o materiales por el contratista y por el monto que el comitente se haya obligado a pagarle.

 

3. La de los inmuebles adquiridos en una partición con la obligación de hacer amortizaciones en dinero a otros de los copropietarios.

 

Artículo 1119.- Constitución e inscripción de hipoteca legal

 

Las hipotecas legales a que se refiere el artículo 1118 se constituyen de pleno derecho y se inscriben de oficio, bajo responsabilidad del registrador, simultáneamente con los contratos de los cuales emanan.

 

En los demás casos, el derecho del acreedor surge de la inscripción de las hipotecas legales en el registro. Las personas en cuyo favor se reconocen dichas hipotecas, pueden exigir el otorgamiento de los instrumentos necesarios para su inscripción.

 

Artículo 1120.- Renuncia y cesión de rango

 

Las hipotecas legales son renunciables y también puede cederse su rango respecto a otras hipotecas legales y convencionales.

 

La renuncia y la cesión pueden hacerse antelada y unilateralmente.

 

Artículo 1121.- Normas aplicables a la hipoteca legal

 

Las reglas de los artículos 1097 a 1117 y 1122 rigen para las hipotecas legales en cuanto sean aplicables.

 

Capítulo sexto: Extinción de la hipoteca

Artículo 1122.- Causas de extinción de la hipoteca

 

La hipoteca se acaba por:

 

1. Extinción de la obligación que garantiza.

 

2. Anulación, rescisión o resolución de dicha obligación.

 

3. Renuncia escrita del acreedor.

 

4. Destrucción total del inmueble.

 

5. Consolidación.

 

Título  IV: Derecho de Retención

Artículo 1123.-  Derecho de retención

 

Por el derecho de retención un acreedor retiene en su poder el bien de su deudor si su crédito no está suficientemente garantizado. Este derecho procede en los casos que establece la ley o cuando haya conexión entre el crédito y el bien que se retiene.

 

Artículo 1124.- Bienes no susceptibles de retención

 

La retención no puede ejercerse sobre bienes que al momento de recibirse estén destinados a ser depositados o entregados a otra persona.

 

Artículo 1125.- Indivisibilidad del derecho de retención

 

El derecho de retención es indivisible. Puede ejercerse por todo el crédito o por el saldo pendiente, y sobre la totalidad de los bienes que estén en posesión del acreedor o sobre uno o varios de ellos.

 

Artículo 1126.-  Límite y cese del derecho de retención

 

La retención se ejercita en cuanto sea suficiente para satisfacer la deuda que la motiva y cesa cuando el deudor la paga o la garantiza.

 

Artículo 1127.-  Ejercicio judicial y extrajudicial de la retención

 

El derecho de retención se ejercita:

 

1. Extrajudicialmente, rehusando la entrega del bien hasta que se cumpla la obligación por la cual se invoca.

 

2. Judicialmente, como excepción que se opone a la acción destinada a conseguir la entrega del bien. El juez puede autorizar que se sustituya el derecho de retención por una garantía suficiente.

 

Artículo 1128.- Inscripción o anotación preventiva del derecho de retención

 

Para que el derecho de retención sobre inmuebles surta efecto contra terceros, debe ser inscrito en el registro de la propiedad inmueble.

 

Sólo se puede ejercitar el derecho de retención frente al adquirente a título oneroso que tiene registrado su derecho de propiedad, si el derecho de retención estuvo inscrito con anterioridad a la adquisición.

 

Respecto a los inmuebles no inscritos, el derecho de retención puede ser registrado mediante anotación preventiva extendida por mandato judicial.

 

Artículo 1129.- Embargo y remate del bien hipotecado

 

El derecho de retención no impide el embargo y el remate del bien, pero el adquirente no puede retirarlo del poder del retenedor sino entregándole el precio de la subasta, en lo que baste para cubrir su crédito y salvo la preferencia hipotecaria que pueda existir.

 

Artículo 1130.- Nulidad del pacto comisorio

 

Aunque no se cumpla la obligación, el retenedor no adquiere la propiedad del bien retenido. Es nulo el pacto contrario, con excepción de los casos de adjudicación del bien al acreedor pactados bajo el Decreto Legislativo que aprueba el Régimen de Garantía Mobiliaria.

 

Artículo 1131.- Aplicación del derecho de retención

 

Las reglas de este título son aplicables a todos los casos en que la ley reconozca el derecho de retención, sin perjuicio de los preceptos especiales.

 

 

Libro VI: Las obligaciones

Sección primera: Las obligaciones y sus modalidades

Título I: Obligaciones de dar

Artículo 1132.- Obligación de dar bien cierto

 

El acreedor de bien cierto no puede ser obligado a recibir otro, aunque éste sea de mayor valor.

 

Artículo 1133.- Obligaciones de dar bienes ciertos

 

El obligado a dar un conjunto de bienes ciertos informará sobre su estado cuando lo solicite el acreedor.

 

Artículo 1134.- Alcances de la obligación de dar bien cierto

 

La obligación de dar comprende también la de conservar el bien hasta su entrega.

 

El bien debe entregarse con sus accesorios, salvo que lo contrario resulte de la ley, del título de la obligación o de las circunstancias del caso.

 

Artículo 1135.- Concurrencia de acreedores de bien inmueble

 

Cuando el bien es inmueble y concurren diversos acreedores a quienes el mismo deudor se ha obligado a entregarlo, se prefiere al acreedor de buena fe cuyo título ha sido primeramente inscrito o, en defecto de inscripción, al acreedor cuyo título sea de fecha anterior. Se prefiere, en este último caso, el título que conste de documento de fecha cierta más antigua.

 

Artículo 1136.- Concurrencia de acreedores de bien mueble

 

Si el bien cierto que debe entregarse es mueble y lo reclamasen diversos acreedores a quienes el mismo deudor se hubiese obligado a entregarlo, será preferido el acreedor de buena fe a quien el deudor hizo tradición de él, aunque su título sea de fecha posterior. Si el deudor no hizo tradición del bien, será preferido el acreedor cuyo título sea de fecha anterior; prevaleciendo, en este último caso, el título que conste de documento de fecha cierta más antigua.

 

Artículo 1137.- Pérdida del bien

 

La pérdida del bien puede producirse:

 

1. Por perecer o ser inútil para el acreedor por daño parcial.

 

2. Por desaparecer de modo que no se tenga noticias de él o, aun teniéndolas, no se pueda recobrar.

 

3. Por quedar fuera del comercio.

 

Artículo 1138.- Teoría del riesgo en las obligaciones de dar bien cierto

 

En las obligaciones de dar bienes ciertos se observan, hasta su entrega, las reglas

siguientes:

 

1. Si el bien se pierde por culpa del deudor, su obligación queda resuelta; pero el acreedor deja de estar obligado a su contraprestación, si la hubiere, y el deudor queda sujeto al pago de la correspondiente indemnización.

 

Si como consecuencia de la pérdida, el deudor obtiene una indemnización o adquiere un derecho contra tercero en sustitución de la prestación debida, el acreedor puede exigirle la entrega de tal indemnización o sustituirse al deudor en la titularidad del derecho contra el tercero. En estos casos, la indemnización de daños y perjuicios se reduce en los montos correspondientes.

 

2. Si el bien se deteriora por culpa del deudor, el acreedor puede optar por resolver la obligación, o por recibir el bien en el estado en que se encuentre y exigir la reducción de la contraprestación, si la hubiere, y el pago de la correspondiente indemnización de daños y perjuicios, siendo de aplicación, en este caso, lo dispuesto en el segundo párrafo del inciso 1. Si el deterioro es de escasa importancia, el acreedor puede exigir la reducción de la contraprestación, en su caso.

 

3. Si el bien se pierde por culpa del acreedor, la obligación del deudor queda resuelta, pero éste conserva el derecho a la contraprestación, si la hubiere. Si el deudor obtiene algún beneficio con la resolución de su obligación, su valor reduce la contraprestación a cargo del acreedor.

 

4. Si el bien se deteriora por culpa del acreedor, éste tiene la obligación de recibirlo en el estado en que se halle, sin reducción alguna de la contraprestación, si la hubiere.

 

5. Si el bien se pierde sin culpa de las partes, la obligación del deudor queda resuelta, con pérdida del derecho a la contraprestación, si la hubiere. En este caso, corresponden al deudor los derechos y acciones que hubiesen quedado relativos al bien.

 

6. Si el bien se deteriora sin culpa de las partes, el deudor sufre las consecuencias del deterioro, efectuándose una reducción proporcional de la contraprestación. En tal caso, corresponden al deudor los derechos y acciones que pueda originar el deterioro del bien.

 

Artículo 1139.- Presunción de culpa del deudor

 

Se presume que la pérdida o deterioro del bien en posesión del deudor es por culpa suya, salvo prueba en contrario.

 

Artículo 1140.- Pérdida del bien en obligación proveniente de delito o falta

 

El deudor no queda eximido de pagar el valor del bien cierto, aunque éste se haya perdido sin culpa, cuando la obligación proviene de delito o falta. Esta regla no se aplica si el acreedor ha sido constituido en mora.

 

Artículo 1141.- Gastos de conservación

 

Los gastos de conservación son de cargo del propietario desde que se contrae la obligación hasta que se produce la entrega. Si quien incurre en ellos no es la persona a quien correspondía efectuarlos, el propietario debe reintegrarle lo gastado, más sus intereses.

 

Artículo 1142.- Bienes inciertos

 

Los bienes inciertos deben indicarse, cuando menos, por su especie y cantidad.

 

Artículo 1143.- Reglas para elección de bien incierto

 

En las obligaciones de dar bienes determinados sólo por su especie y cantidad, la elección corresponde al deudor, salvo que lo contrario resulte de la ley, del título de la obligación o de las circunstancias del caso.

 

Si la elección corresponde al deudor, debe escoger bienes de calidad no inferior a la media. Si la elección corresponde al acreedor, debe escoger bienes de calidad no superior a la media. Si la elección corresponde a un tercero, debe escoger bienes de calidad media.

 

Artículo 1144.- Plazo judicial para elección

 

A falta de plazo para la elección, corresponde al juez fijarlo.

 

Si el deudor omite efectuar la elección dentro del plazo establecido o el fijado por el juez, ella corresponde al acreedor. Igual regla se aplica cuando la elección debe practicarla el acreedor.

 

Si la elección se confía a un tercero y éste no la efectúa, la hará el juez, sin perjuicio del derecho de las partes de exigir a aquél el pago de la indemnización que corresponda por su incumplimiento.

 

Artículo 1145.- Irrevocabilidad de la elección

 

La elección es irrevocable luego de ejecutada la prestación. La elección, comunicada a la otra parte, o a ambas si la practica un tercero o el juez, surte iguales efectos.

 

Artículo 1146.- Efectos anteriores a la individualización de bien incierto

 

Antes de la individualización del bien, no puede el deudor eximirse de la entrega invocando la pérdida sin su culpa.

 

Esta regla no se aplica cuando la elección debe efectuarse entre determinados bienes de la misma especie y todos ellos se pierden sin culpa del deudor.

 

Artículo 1147.- Reglas aplicables después de la elección

 

Practicada la elección, se aplican las reglas establecidas sobre obligaciones de dar

bienes ciertos.

 

Título II: Obligaciones de hacer

Artículo 1148.- Plazo y modo de obligaciones de hacer

 

El obligado a la ejecución de un hecho debe cumplir la prestación en el plazo y modo pactados o, en su defecto, en los exigidos por la naturaleza de la obligación o las circunstancias del caso.

 

Artículo 1149.- Ejecución de la prestación por terceros

 

La prestación puede ser ejecutada por persona distinta al deudor, a no ser que del pacto o de las circunstancias resultara que éste fue elegido por sus cualidades personales.

 

Artículo 1150.- Opciones del acreedor por inejecución de obligaciones

 

El incumplimiento de la obligación de hacer por culpa del deudor, faculta al acreedor a optar por cualquiera de las siguientes medidas:

 

1. Exigir la ejecución forzada del hecho prometido, a no ser que sea necesario para ello emplear violencia contra la persona del deudor.

 

2. Exigir que la prestación sea ejecutada por persona distinta al deudor y por cuenta de éste.

 

3. Dejar sin efecto la obligación.

 

Artículo 1151.- Opciones del acreedor por ejecución parcial, tardía o defectuosa

 

El cumplimiento parcial, tardío o defectuoso de la obligación de hacer por culpa del deudor, permite al acreedor adoptar cualquiera de las siguientes medidas:

 

1. Las previstas en el artículo 1150, incisos 1 ó 2.

 

2. Considerar no ejecutada la prestación, si resultase sin utilidad para él.

 

3. Exigir al deudor la destrucción de lo hecho o destruirlo por cuenta de él, si le fuese perjudicial.

 

4. Aceptar la prestación ejecutada, exigiendo que se reduzca la contraprestación, si la hubiere.

 

Artículo 1152.- Derecho del acreedor a ser indemnización

 

En los casos previstos en los artículos 1150 y 1151, el acreedor también tiene derecho a exigir el pago de la indemnización que corresponda.

 

Artículo 1153.- Cumplimiento deficiente sin culpa del deudor

 

El cumplimiento parcial, tardío o defectuoso de la obligación de hacer, sin culpa del deudor, permite al acreedor optar por lo previsto en el artículo 1151, incisos 2, 3 ó 4.

 

Artículo 1154.- Imposibilidad de la prestación por culpa del deudor

 

Si la prestación resulta imposible por culpa del deudor, su obligación queda resuelta, pero el acreedor deja de estar obligado a su contraprestación, si la hubiere, sin perjuicio de su derecho de exigirle el pago de la indemnización que corresponda.

 

La misma regla se aplica si la imposibilidad de la prestación sobreviene después de la constitución en mora del deudor.

 

Artículo 1155.- Imposibilidad de la prestación por culpa del acreedor

 

Si la prestación resulta imposible por culpa del acreedor, la obligación del deudor queda resuelta, pero éste conserva el derecho a la contraprestación, si la hubiere.

 

Igual regla se aplica cuando el cumplimiento de la obligación depende de una prestación previa del acreedor y, al presentarse la imposibilidad, éste hubiera sido constituido en mora.

 

Si el deudor obtiene algún beneficio con la resolución de la obligación, su valor reduce la contraprestación a cargo del acreedor.

 

Artículo 1156.- Imposibilidad de prestación sin culpa de las partes

 

Si la prestación resulta imposible sin culpa de las partes, la obligación del deudor queda resuelta. El deudor debe devolver en este caso al acreedor lo que por razón de la obligación haya recibido, correspondiéndole los derechos y acciones que hubiesen quedado relativos a la prestación no cumplida.

 

Artículo 1157.- Sustitución de acreedor por inejecución culposa

 

Si como consecuencia de la inejecución por culpa del deudor éste obtiene una indemnización o adquiere un derecho contra tercero en sustitución de la prestación debida, el acreedor puede exigirle la entrega de tal indemnización o sustituir al deudor en la titularidad del derecho contra el tercero. En estos casos, la indemnización de daños y perjuicios se reduce en los montos correspondientes.

 

Título III: Obligaciones de no hacer

Artículo 1158.- Derechos de acreedor por incumplimiento culposo

 

El incumplimiento por culpa del deudor de la obligación de no hacer, autoriza al acreedor a optar por cualquiera de las siguientes medidas:

 

1. Exigir la ejecución forzada, a no ser que fuese necesario para ello emplear violencia contra la persona del deudor.

 

2. Exigir la destrucción de lo ejecutado o destruirlo por cuenta del deudor.

 

3. Dejar sin efecto la obligación.

 

Artículo 1159.- Indemnización

 

En los casos previstos por el artículo 1158, el acreedor también tiene derecho a exigir el pago de la correspondiente indemnización de daños y perjuicios.

 

Artículo 1160.- Normas aplicables a obligaciones de no hacer

 

Son aplicables a las obligaciones de no hacer las disposiciones de los artículos 1154, primer párrafo, 1155, 1156 y 1157.

 

Título IV: Obligaciones alternativas y facultativas

Artículo 1161.- Prestaciones alternativas

 

El obligado alternativamente a diversas prestaciones, sólo debe cumplir por completo una de ellas.

 

Artículo 1162.- Reglas para elección de prestaciones alternativas

 

La elección de la prestación corresponde al deudor, si no se ha atribuido esta facultad al acreedor o a un tercero.

 

Quien deba practicar la elección no podrá elegir parte de una prestación y parte de otra.

 

Son aplicables a estos casos las reglas del artículo 1144.

 

Artículo 1163.- Formas de realizar la elección

 

La elección se realiza con la ejecución de una de las prestaciones, o con la declaración de la elección, comunicada a la otra parte, o a ambas si la practica un tercero o el juez.

 

Artículo 1164.- Elección en obligación de prestaciones periódicas

 

Cuando la obligación alternativa consiste en prestaciones periódicas, la elección hecha para un período obliga para los siguientes, salvo que lo contrario resulte de la ley, del título de la obligación o de las circunstancias del caso.

 

Artículo 1165.- Reglas de imposibilidad de prestaciones elegidas por deudor

 

Cuando la elección corresponde al deudor, la imposibilidad de una o más prestaciones se rige por las reglas siguientes:

 

1. Si todas las prestaciones son imposibles por causas imputables al deudor, la obligación queda resuelta y éste debe devolver al acreedor la contraprestación, si la hubiere, y asimismo debe pagar la correspondiente indemnización de daños y perjuicios referidos a la última prestación que fuera imposible.

 

2. Si algunas prestaciones son imposibles, el deudor escoge entre las subsistentes.

 

3. Si todas las prestaciones son imposibles por causas no imputables al deudor, se extingue la obligación.

 

Artículo 1166.- Reglas de imposibilidad de prestaciones elegidas por acreedor, tercero o juez

 

Cuando la elección corresponde al acreedor, a un tercero o al juez, la imposibilidad de una o más prestaciones se rige por las reglas siguientes:

 

1. Si todas las prestaciones son imposibles por causas imputables al deudor, la obligación queda resuelta y éste debe devolver al acreedor la contraprestación, si la hubiere, y asimismo debe pagar la correspondiente indemnización de daños y perjuicios referidos a la prestación imposible que el acreedor señale.

 

2. Si algunas prestaciones son imposibles por causas imputables al deudor, el acreedor puede elegir alguna de las subsistentes; disponer, cuando ello corresponda, que el tercero o el juez la escoja; o declarar resuelta la obligación.

 

En este último caso, el deudor devolverá la contraprestación al acreedor, si la hubiere, y pagará la correspondiente indemnización de daños y perjuicios referidos a la prestación imposible que el acreedor señale.

 

3. Si algunas prestaciones son imposibles sin culpa del deudor, la elección se practica entre las subsistentes.

 

4. Si todas las prestaciones son imposibles sin culpa del deudor, se extingue la obligación.

 

Artículo 1167.- Obligación alternativa simple

 

La obligación alternativa se considera simple si todas las prestaciones, salvo una, son nulas o imposibles de cumplir por causas no imputables a las partes.

 

Artículo 1168.- Obligación facultativa

 

La obligación facultativa se determina únicamente por la prestación principal que forma el objeto de ella.

 

Artículo 1169.- Extinción de obligación facultativa

 

La obligación facultativa se extingue cuando la prestación principal es nula o imposible, aunque la prestación accesoria sea válida o posible de cumplir.

 

Artículo 1170.- Conversión de obligación facultativa en simple

 

La obligación facultativa se convierte en simple si la prestación accesoria resulta nula o imposible de cumplir.

 

Artículo 1171.- Presunción de obligación facultativa

 

En caso de duda sobre si la obligación es alternativa o facultativa, se la tiene por facultativa.

 

Título V: Obligaciones divisibles e indivisibles

Artículo 1172.- División de deudas y créditos

 

Si son varios los acreedores o los deudores de una prestación divisible y la obligación no es solidaria, cada uno de los acreedores sólo puede pedir la satisfacción de la parte del crédito que le corresponde, en tanto que cada uno de los deudores únicamente se encuentra obligado a pagar su parte de la deuda.

 

Artículo 1173.- Presunción de división en alícuotas

 

En las obligaciones divisibles, el crédito o la deuda se presumen divididos en tantas partes iguales como acreedores o deudores existan, reputándose créditos o deudas distintos e independientes unos de otros, salvo que lo contrario resulte de la ley, del título de la obligación o de las circunstancias del caso.

 

Artículo 1174.- Inoponibilidad del beneficio de división

 

El beneficio de la división no puede ser opuesto por el heredero del deudor encargado de cumplir la prestación, por quien se encuentre en posesión de la cosa debida o por quien adquiere el bien que garantiza la obligación.

 

Artículo 1175.- Obligaciones indivisibles

 

La obligación es indivisible cuando no resulta susceptible de división o de cumplimiento parcial por mandato de la ley, por la naturaleza de la prestación o por el modo en que fue considerada al constituirse.

 

Artículo 1176.- Derechos de acreedor de obligación indivisa

 

Cualquiera de los acreedores puede exigir a cualquiera de los deudores la ejecución total de la obligación indivisible. El deudor queda liberado pagando conjuntamente a todos los acreedores, o a alguno de ellos, si éste garantiza a los demás el reembolso de la parte que les corresponda en la obligación.

 

Artículo 1177.- Efectos de indivisibilidad

 

La indivisibilidad también opera respecto de los herederos del acreedor o del deudor.

 

Artículo 1178.- Consolidación entre acreedor y uno de los deudores

 

La consolidación entre el acreedor y uno de los deudores no extingue la obligación respecto de los demás codeudores. El acreedor, sin embargo, sólo puede exigir la prestación reembolsando a los codeudores el valor de la parte que le correspondió en la obligación o garantizando el reembolso.

 

Artículo 1179.- Novación entre deudor y uno de los acreedores

 

La novación entre el deudor y uno de los acreedores no extingue la obligación respecto de los demás coacreedores. Estos, sin embargo, no pueden exigir la prestación indivisible sino reembolsando al deudor el valor de la parte de la prestación original correspondiente al acreedor que novó o garantizando el reembolso.

 

La misma regla se aplica en los casos de compensación, condonación, consolidación y transacción.

 

Artículo 1180.- Conversión de obligación indivisible en obligación de indemnizar

 

La obligación indivisible se resuelve en la de indemnizar daños y perjuicios. Cada uno de los deudores queda obligado por el íntegro de la indemnización, salvo aquellos que hubiesen estado dispuestos a cumplir, quienes sólo contribuirán a la indemnización con la porción del valor de la prestación que les corresponda.

 

Artículo 1181.- Normas aplicables a las obligaciones indivisibles

 

Las obligaciones indivisibles se rigen, además, por los artículos 1184, 1188, 1192, 1193, 1194, 1196, 1197, 1198, 1199, 1203 y 1204.

 

Si la obligación indivisible es solidaria, se aplican las normas de la solidaridad, así como lo dispuesto por el artículo 1177.

 

Título VI: Obligaciones mancomunadas y solidarias

Artículo 1182.- Régimen legal de obligaciones mancomunadas

 

Las obligaciones mancomunadas se rigen por las reglas de las obligaciones divisibles.

 

Artículo 1183.- Carácter expreso de solidaridad

 

La solidaridad no se presume. Sólo la ley o el título de la obligación la establecen en forma expresa.

 

Artículo 1184.- Modalidades de la obligación solidaria

 

La solidaridad no queda excluida por la circunstancia de que cada uno de los deudores esté obligado con modalidades diferentes ante el acreedor, o de que el deudor común se encuentre obligado con modalidades distintas ante los acreedores.

 

Sin embargo, tratándose de condiciones o plazos suspensivos, no podrá exigirse el cumplimiento de la obligación afectada por ellos hasta que se cumpla la condición o venza el plazo.

 

Artículo 1185.- Pago del deudor a uno de los acreedores solidaridarios

 

El deudor puede efectuar el pago a cualquiera de los acreedores solidarios, aun cuando hubiese sido demandado sólo por alguno.

 

Artículo 1186.- Exigibilidad de deuda en caso de solidaridad pasiva

 

El acreedor puede dirigirse contra cualquiera de los deudores solidarios o contra todos ellos simultáneamente.

 

Las reclamaciones entabladas contra uno, no serán obstáculo para las que posteriormente se dirijan contra los demás, mientras no resulte pagada la deuda por completo.

 

Artículo 1187.- Transmisión de obligación solidaria

 

Si muere uno de los deudores solidarios, la deuda se divide entre los herederos en proporción a sus respectivas participaciones en la herencia.

 

Regla similar se aplica en caso de muerte de uno de los acreedores solidarios.

 

Artículo 1188.- Extinción de solidaridad

 

La novación, compensación, condonación o transacción entre el acreedor y uno de los deudores solidarios sobre la totalidad de la obligación, libera a los demás codeudores.

 

En estos casos las relaciones entre el deudor que practicó tales actos y sus codeudores, se rigen por las reglas siguientes:

 

1. En la novación, los codeudores responden, a su elección, por su parte en la obligación primitiva o por la proporción que les habría correspondido en la nueva obligación.

 

2. En la compensación, los codeudores responden por su parte.

 

3. En la condonación, se extingue la obligación de los codeudores.

 

4. En la transacción, los codeudores responden, a su elección, por su parte en la obligación original o por la proporción que les habría correspondido en las prestaciones resultantes de la transacción.

 

Artículo 1189.- Extinción parcial de solidaridad

 

Si los actos señalados en el primer párrafo del artículo 1188 se hubieran limitado a la parte de uno solo de los deudores, los otros no quedan liberados sino en cuanto a dicha parte.

 

Artículo 1190.- Extinción total o parcial de la solidaridad entre deudor y uno de los acreedores

 

Cuando los actos a que se refiere el artículo 1188 son realizados entre el deudor y uno de los acreedores solidarios sobre la totalidad de la obligación, ésta se extingue respecto a los demás coacreedores. El acreedor que hubiese efectuado cualquiera de estos actos, así como el que cobra la deuda, responderá ante los demás de la parte que les corresponda en la obligación original.

 

Si tales actos se hubieran limitado a la parte que corresponde a uno solo de los acreedores, la obligación se extingue únicamente respecto a dicha parte.

 

Artículo 1191.- Extinción parcial de la solidaridad por consolidación

 

La consolidación operada en uno de los acreedores o deudores solidarios sólo extingue la obligación en la parte correspondiente al acreedor o al deudor.

 

Artículo 1192.- Excepciones oponibles a acreedores o deudores solidarios

 

A cada uno de los acreedores o deudores solidarios sólo pueden oponérseles las excepciones que les son personales y las comunes a todos los acreedores o deudores.

 

Artículo 1193.- Efectos de la sentencia de juicio entre acreedores y deudores

 

La sentencia pronunciada en el juicio seguido entre el acreedor y uno de los deudores solidarios, o entre el deudor y uno de los acreedores solidarios, no surte efecto contra los demás codeudores o coacreedores, respectivamente.

 

Sin embargo, los otros deudores pueden oponerla al acreedor, salvo que se fundamente en las relaciones personales del deudor que litigó. A su turno, los demás acreedores pueden hacerla valer contra el deudor, salvo las excepciones personales que éste pueda oponer a cada uno de ellos.

 

Artículo 1194.- Mora en obligaciones solidarias

 

La constitución en mora de uno de los deudores o acreedores solidarios no surte efecto respecto a los demás.

 

La constitución en mora del deudor por uno de los acreedores solidarios, o del acreedor por uno de los deudores solidarios, favorece a los otros.

 

Artículo 1195.- Efectos del incumplimiento culpable de uno o mas codeudores

 

El incumplimiento de la obligación por causa imputable a uno o a varios codeudores, no libera a los demás de la obligación de pagar solidariamente el valor de la prestación debida.

 

El acreedor puede pedir el resarcimiento de los daños y perjuicios al codeudor o, solidariamente, a los codeudores responsables del incumplimiento.

 

Artículo 1196.- Efectos de la interrupción de la prescripción

 

Los actos mediante los cuales el acreedor interrumpe la prescripción contra uno de los deudores solidarios, o uno de los acreedores solidarios interrumpe la prescripción contra el deudor común, surgen efecto respecto de los demás deudores o acreedores.

 

Artículo 1197.- Efectos de suspensión de la prescripción

 

La suspensión de la prescripción respecto de uno de los deudores o acreedores solidarios no surte efecto para los demás.

 

Sin embargo, el deudor constreñido a pagar puede repetir contra los codeudores, aun cuando éstos hayan sido liberados por prescripción. Y, a su turno, el acreedor que cobra, respecto al cual se hubiera suspendido la prescripción, responde ante sus coacreedores de la parte que les corresponde en la obligación.

 

Artículo 1198.- Efectos de renuncia de prescripción

 

La renuncia a la prescripción por uno de los codeudores solidarios no surte efecto respecto de los demás. El deudor que hubiese renunciado a la prescripción, no puede repetir contra los codeudores liberados por prescripción.

 

La renuncia a la prescripción en favor de uno de los acreedores solidarios, favorece a los demás.

 

Artículo 1199.- Reconocimiento de deuda por un deudor solidario

 

El reconocimiento de la deuda por uno de los deudores solidarios, no produce efecto respecto a los demás codeudores.

 

Si se practica el reconocimiento por el deudor ante uno de los acreedores solidarios, favorece a los otros.

 

Artículo 1200.- Renuncia del acreedor a la solidaridad a favor de un deudor

 

El acreedor que renuncia a la solidaridad en favor de uno de los deudores, conserva la acción solidaria contra los demás.

 

El acreedor que otorga recibo a uno de los deudores o que acciona judicialmente contra él, por su parte y sin reserva, renuncia a la solidaridad.

 

Artículo 1201.- Prorrateo de insolvencia de un codeudor

 

Si el acreedor renuncia a la solidaridad respecto de uno de los deudores, y alguno de los otros es insolvente, la parte de éste se distribuye a prorrata entre todos los codeudores, comprendiendo a aquél que fue liberado de la solidaridad.

 

Artículo 1202.- Pérdida de acción solidaria

 

El acreedor que, sin reserva, recibe de uno de los deudores solidarios parte de los frutos o de los intereses adeudados, pierde contra él la acción solidaria por el saldo, pero la conserva en cuanto a los frutos o intereses futuros.

 

Artículo 1203.- Presunción de igualdad en división de obligación solidaria

 

En las relaciones internas, la obligación solidaria se divide entre los diversos deudores o acreedores, salvo que haya sido contraída en interés exclusivo de alguno de ellos.

 

Las porciones de cada uno de los deudores o, en su caso, de los acreedores, se presumen iguales, excepto que lo contrario resulte de la ley, del título de la obligación o de las circunstancias del caso.

 

Artículo 1204.- Insolvencia de codeudor

 

Si alguno de los codeudores es insolvente, su porción se distribuye entre los demás, de acuerdo con sus intereses en la obligación.

 

Si el codeudor en cuyo exclusivo interés fue asumida la obligación es insolvente, la deuda se distribuye por porciones iguales entre los demás.

 

Título VII: Reconocimiento de las obligaciones

Artículo 1205.- Formalidad en el reconocimiento de obligaciones

 

El reconocimiento puede efectuarse por testamento o por acto entre vivos. En este último caso, si para constituir la obligación primitiva se hubiera prescrito alguna forma determinada, el reconocimiento deberá practicarse en la misma forma.

 

Título VIII: Transmisión de las obligaciones

Capítulo único: Cesión de derechos

Artículo 1206.- Cesión de derechos

 

La cesión es el acto de disposición en virtud del cual el cedente trasmite al cesionario el derecho a exigir la prestación a cargo de su deudor, que se ha obligado a transferir por un título distinto.

 

La cesión puede hacerse aun sin el asentimiento del deudor.

 

Artículo 1207.- Formalidad de cesión de derechos

 

La cesión debe constar por escrito, bajo sanción de nulidad.

 

Cuando el acto o contrato que constituye el título de la transferencia del derecho conste por escrito, este documento sirve de constancia de la cesión.

 

Artículo 1208.- Derechos que pueden ser cedidos

 

Pueden cederse derechos que sean materia de controversia judicial, arbitral o administrativa.

 

Artículo 1209.- Cesión del derecho a participar en patrimonio hereditario

 

También puede cederse el derecho a participar en un patrimonio hereditario ya causado, quedando el cedente obligado a garantizar su calidad de heredero.

 

Artículo 1210.- Ineficacia de la Cesión

 

La cesión no puede efectuarse cuando se opone a la ley, a la naturaleza de la obligación o al pacto con el deudor.

 

El pacto por el que se prohíbe o restringe la cesión es oponible al cesionario de buena fe, si consta del instrumento por el que se constituyó la obligación o se prueba que el cesionario lo conocía al momento de la cesión.

 

Artículo 1211.- Alcance de la cesión de derechos

 

La cesión de derechos comprende la trasmisión al cesionario de los privilegios, las garantías reales y personales, así como los accesorios del derecho trasmitido, salvo pacto en contrario.

 

En el caso de un bien dado en prenda, debe ser entregado al cesionario si estuviese en poder del cedente, mas no si estuviese en poder de un tercero.

 

Artículo 1212.- Garantía del derecho cedido

 

El cedente está obligado a garantizar la existencia y exigibilidad del derecho cedido, salvo pacto distinto.

 

Artículo 1213.- Garantía de la solvencia del deudor

 

El cedente no está obligado a garantizar la solvencia del deudor, pero si lo hace, responde dentro de los límites de cuanto ha recibido y queda obligado al pago de los intereses y al reembolso de los gastos de la cesión y de los que el cesionario haya realizado para ejecutar al deudor, salvo pacto distinto.

 

Artículo 1214.- Cesión legal

 

Cuando la cesión opera por ministerio de la ley, el cedente no responde de su realidad, ni de la solvencia del deudor.

 

Artículo 1215.- Inicio de los efectos de la cesión

 

La cesión produce efecto contra el deudor cedido desde que éste la acepta o le es comunicada fehacientemente.

 

Artículo 1216.- Excepción de la liberación del deudor por cumplimiento de la prestación

 

El deudor que antes de la comunicación o de la aceptación, cumple la prestación respecto al cedente, no queda liberado ante el cesionario si éste prueba que dicho deudor conocía de la cesión realizada.

 

Artículo 1217.- Derogado

 

Sección segunda: Efectos de las obligaciones

Título I: Disposiciones generales

Artículo 1218.- Transmisibilidad de la obligación

 

La obligación se trasmite a los herederos, salvo cuando es inherente a la persona, lo prohíbe la ley o se ha pactado en contrario.

 

Artículo 1219.- Derechos y acciones del acreedor como efecto de las obligaciones

 

Es efecto de las obligaciones autorizar al acreedor para lo siguiente:

 

1. Emplear las medidas legales a fin de que el deudor le procure aquello a que está obligado.

 

2. Procurarse la prestación o hacérsela procurar por otro, a costa del deudor.

 

3. Obtener del deudor la indemnización correspondiente.

 

4. Ejercer los derechos del deudor, sea en vía de acción o para asumir su defensa, con excepción de los que sean inherentes a la persona o cuando lo prohíba la ley. El acreedor para el ejercicio de los derechos mencionados en este inciso, no necesita recabar previamente autorización judicial, pero deberá hacer citar a su deudor en el juicio que promueva.

 

Es posible ejercitar simultáneamente los derechos previstos en este artículo, salvo los casos de los incisos 1 y 2.

 

Título II: Pago

Capítulo primero: Disposiciones generales

Artículo 1220.- Noción de pago

 

Se entiende efectuado el pago sólo cuando se ha ejecutado íntegramente la prestación.

 

Artículo 1221.- Indivisibilidad del pago

 

No puede compelerse al acreedor a recibir parcialmente la prestación objeto de la obligación, a menos que la ley o el contrato lo autoricen.

 

Sin embargo, cuando la deuda tiene una parte líquida y otra ilíquida, puede exigir el acreedor el pago de la primera, sin esperar que se liquide la segunda.

 

Artículo 1222.- Pago realizado por tercero

 

Puede hacer el pago cualquier persona, tenga o no interés en el cumplimiento de la obligación, sea con el asentimiento del deudor o sin él, salvo que el pacto o su naturaleza lo impidan.

 

Quien paga sin asentimiento del deudor, sólo puede exigir la restitución de aquello en que le hubiese sido útil el pago.

 

Artículo 1223.- Aptitud legal para efectuar el pago

 

Es válido el pago de quien se encuentra en aptitud legal de efectuarlo.

 

Sin embargo, quien de buena fe recibió en pago bienes que se consumen por el uso o dinero de quien no podía pagar, sólo está obligado a devolver lo que no hubiese consumido o gastado.

 

Artículo 1224.- Aptitud legal para recibir el pago

 

Sólo es válido el pago que se efectúe al acreedor o al designado por el juez, por la ley o por el propio acreedor, salvo que, hecho a persona no autorizada, el acreedor lo ratifique o se aproveche de él.

 

Artículo 1225.- Pago a persona con derecho a cobrar

 

Extingue la obligación el pago hecho a persona que está en posesión del derecho de cobrar, aunque después se le quite la posesión o se declare que no la tuvo.

 

Artículo 1226.- Presunción de autorización para cobrar

 

El portador de un recibo se reputa autorizado para recibir el pago, a menos que las circunstancias se opongan a admitir esta presunción.

 

Artículo 1227.- Pago a Incapaces

 

El pago hecho a incapaces sin asentimiento de sus representantes legales, no extingue la obligación. Si se prueba que el pago fue útil para el incapaz, se extingue la obligación en la parte pagada.

 

Artículo 1228.- Ineficacia del pago

 

El pago efectuado por el deudor después de notificado judicialmente para que no lo verifique, no extingue la obligación.

 

Artículo 1229.- Prueba del pago

 

La prueba del pago incumbe a quien pretende haberlo efectuado.

 

Artículo 1230.- Retención del pago

 

El deudor puede retener el pago mientras no le sea otorgado el recibo correspondiente.

 

Tratándose de deudas cuyo recibo sea la devolución del título, perdido éste, quien se encuentre en aptitud de verificar el pago puede retenerlo y exigir del acreedor la declaración judicial que inutilice el título extraviado.

 

Artículo 1231.- Presunción de pago total

 

Cuando el pago deba efectuarse en cuotas periódicas, el recibo de alguna o de la última, en su caso, hace presumir el pago de las anteriores, salvo prueba en contrario.

 

Artículo 1232.- Presunción de pago de intereses

 

El recibo de pago del capital otorgado sin reserva de intereses, hace presumir el pago de éstos, salvo prueba en contrario.

 

Artículo 1233.- Pago con títulos valores

 

La entrega de títulos valores que constituyen órdenes o promesas de pago, sólo extinguirá la obligación primitiva cuando hubiesen sido pagados o cuando por culpa del acreedor se hubiesen perjudicado, salvo pacto en contrario.

 

Entre tanto la acción derivada de la obligación primitiva quedará en suspenso.

 

Artículo 1234.- Inexigibilidad de pago en moneda distinta

 

El pago de una deuda contraída en moneda nacional no podrá exigirse en moneda distinta, ni en cantidad diferente al monto nominal originalmente pactado.

 

Artículo 1235.- Teoría valorista

 

No obstante, lo establecido en el artículo 1234, las partes pueden acordar que el monto de una deuda contraída en moneda nacional sea referido a índices de reajuste automático que fije el Banco Central de Reserva del Perú, a otras monedas o a mercancías, a fin de mantener dicho monto en valor constante.

 

El pago de las deudas a que se refiere el párrafo anterior se efectuará en moneda nacional, en monto equivalente al valor de referencia, al día del vencimiento de la obligación.

 

Si el deudor retardara el pago, el acreedor puede exigir, a su elección, que la deuda sea pagada al valor de referencia al día del vencimiento de la obligación o al día en que se efectúe el pago.

 

Artículo 1236.- Cálculo del valor del pago

 

Cuando deba restituirse el valor de una prestación, aquel se calcula al que tenga al día del pago, salvo disposición legal diferente o pacto en contrario.

 

Artículo 1237.- Deuda contraída en moneda extranjera

 

Pueden concertarse obligaciones en moneda extranjera no prohibidas por leyes especiales.

 

Salvo pacto en contrario, el pago de una deuda en moneda extranjera puede hacerse en moneda nacional al tipo de cambio de venta del día y lugar del vencimiento de la obligación.

 

En el caso a que se refiere el párrafo anterior, si no hubiera mediado pacto en contrario en lo referido a la moneda de pago y el deudor retardara el pago, el acreedor puede exigir, a su elección, que el pago en moneda nacional se haga al tipo de cambio de venta en la fecha de vencimiento de la obligación, o al que rija el día del pago.

 

Artículo 1238.- Lugar de pago

 

El pago debe efectuarse en el domicilio del deudor, salvo estipulación en contrario, o que ello resulte de la ley, de la naturaleza de la obligación o de las circunstancias del caso.

 

Designados varios lugares para el pago, el acreedor puede elegir cualquiera de ellos. Esta regla se aplica respecto al deudor, cuando el pago deba efectuarse en el domicilio del acreedor.

 

Artículo 1239.- Cambio de domicilio de las partes

 

Si el deudor cambia de domicilio, habiendo sido designado éste como lugar para el pago, el acreedor puede exigirlo en el primer domicilio o en el nuevo.

 

Igual regla es de aplicación, respecto al deudor, cuando el pago deba verificarse en el domicilio del acreedor.

 

Artículo 1240.- Plazo para el pago

 

Si no hubiese plazo designado, el acreedor puede exigir el pago inmediatamente después de contraída la obligación.

 

Artículo 1241.- Gastos del pago

 

Los gastos que ocasione el pago son de cuenta del deudor.

 

Capítulo segundo: Pago de intereses

Artículo 1242.- Interés compensatorio y moratorio

 

El interés es compensatorio cuando constituye la contraprestación por el uso del dinero o de cualquier otro bien.

 

Es moratorio cuanto tiene por finalidad indemnizar la mora en el pago.

 

Artículo 1243.- Tasa máxima de interés convencional

 

La tasa máxima del interés convencional compensatorio o moratorio, es fijada por el Banco Central de Reserva del Perú.

 

Cualquier exceso sobre la tasa máxima da lugar a la devolución o a la imputación al capital, a voluntad del deudor.

 

Artículo 1244.- Tasa de interés legal

 

La tasa del interés legal es fijada por el Banco Central de Reserva del Perú.

 

Artículo 1245.- Pago de interés legal a falta de pacto

 

Cuando deba pagarse interés, sin haberse fijado la tasa, el deudor debe abonar el interés legal.

 

Artículo 1246.- Pago del interés por mora

 

Si no se ha convenido el interés moratorio, el deudor sólo está obligado a pagar por causa de mora el interés compensatorio pactado y, en su defecto, el interés legal.

 

Artículo 1247.- Intereses en obligaciones no pecuniarias

 

En la obligación no pecuniaria, el interés se fija de acuerdo al valor que tengan los bienes materia de la obligación en la plaza donde deba pagarse al día siguiente del vencimiento, o con el que determinen los peritos si el bien ha perecido al momento de hacerse la evaluación.

 

Artículo 1248.- Intereses en obligaciones consistentes en títulos valores

 

Cuando la obligación consiste en títulos valores, el interés es igual a la renta que devenguen o, a falta de ella, al interés legal. En este último caso, se determina el valor de los títulos de acuerdo con su cotización en la bolsa o, en su defecto, por el que tengan en la plaza el día siguiente al de su vencimiento.

 

Artículo 1249.- Limitación al anatocismo

 

No se puede pactar la capitalización de intereses al momento de contraerse la obligación, salvo que se trate de cuentas mercantiles, bancarias o similares.

 

Artículo 1250.- Validez del convenio de capitalización de intereses

 

Es válido el convenio sobre capitalización de intereses celebrado por escrito después de contraída la obligación, siempre que medie no menos de un año de atraso en el pago de los intereses.

 

Capítulo tercero: Pago por consignación

Artículo 1251.- Consignación y presupuestos de procedencia

 

El deudor queda libre de su obligación si consigna la prestación debida y concurren los siguientes requisitos:

 

1. Que el deudor haya ofrecido al acreedor el pago de la prestación debida, o lo hubiere puesto a su disposición de la manera pactada en el título de la obligación.

 

2. Que, respecto del acreedor, concurran los supuestos del Artículo 1338 o injustificadamente se haya negado a recibir el pago. Se entiende que hay negativa tácita en los casos de respuestas evasivas, de inconcurrencia al lugar pactado en el día y hora señalados para el cumplimiento, cuando se rehusé a entregar recibo o conductas análogas.

 

Artículo 1252.- Consignación judicial o extrajudicial

 

El ofrecimiento puede ser judicial o extrajudicial.

 

Es judicial en los casos que así se hubiera pactado y además: cuando no estuviera establecida contractual o legalmente la forma de hacer el pago, cuando por causa que no le sea imputable el deudor estuviera impedido de cumplir la prestación de la manera prevista, cuando el acreedor no realiza los actos de colaboración necesarios para que el deudor pueda cumplir la que le compete, cuando el acreedor no sea conocido o fuese incierto, cuando se ignore su domicilio, cuando se encuentre ausente o fuera una persona contemplada en el artículo 43 o 44 del Código Civil sin tener representante, curador o apoyo designado, cuando el crédito fuera litigioso o lo reclamaran varios acreedores y en situaciones análogas que impidan al deudor ofrecer o efectuar directamente un pago válido.

 

El ofrecimiento extrajudicial debe efectuarse de la manera que estuviera pactada la obligación y, en su defecto, mediante carta notarial cursada al acreedor con una anticipación no menor de cinco días anteriores a la fecha de cumplimiento debido, si estuviera determinado. Si no lo estuviera, la anticipación debe ser de diez días anteriores a la fecha de cumplimiento que el deudor señale.

 

Artículo 1253.- Ofrecimiento judicial de pago, consignación y oposición

 

El ofrecimiento judicial de pago y la consignación se tramitan como proceso no contencioso de la manera que establece el Código Procesal Civil.

 

La oposición al ofrecimiento extrajudicial y, en su caso, a la consignación efectuada, se tramitan en el proceso contencioso que corresponda a la naturaleza de la relación jurídica respectiva.

 

Artículo 1254.- Validez del pago con efecto retroactivo

 

El pago se reputa válido con efecto retroactivo a la fecha de ofrecimiento, cuando:

 

1. El acreedor no se opone al ofrecimiento judicial dentro de los cinco días siguientes de su emplazamiento;

 

2. La oposición del acreedor al pago por cualquiera de las formas de ofrecimiento, es desestimada por resolución con autoridad de cosa juzgada.

 

El ofrecimiento judicial se entiende efectuado el día en que el acreedor es válidamente emplazado. El extrajudicial se entiende efectuado el día que es puesto en conocimiento.

 

Artículo 1255.- Desistimiento del ofrecimiento de pago

 

El deudor puede desistirse del pago ofrecido y, en su caso, retirar el depósito efectuado, en los casos siguientes:

 

1. Antes de la aceptación por el acreedor.

 

2. Cuando hay oposición, mientras no sea desestimada por resolución con autoridad de cosa juzgada.

 

Capítulo cuarto: Imputación del pago

Artículo 1256.- Imputación del pago por el deudor

 

Quien tiene varias obligaciones de la misma naturaleza constituidas por prestaciones fungibles y homogéneas, en favor de un solo acreedor, puede indicar al tiempo de hacer el pago, o, en todo caso, antes de aceptar el recibo emitido por el acreedor, a cuál de ellas se aplica éste. Sin el asentimiento del acreedor, no se imputará el pago parcialmente o a una deuda ilíquida o no vencida.

 

Artículo 1257.- Orden de la imputación convencional

 

Quien deba capital, gastos e intereses, no puede, sin el asentimiento del acreedor, aplicar el pago al capital antes que, a los gastos, ni a estos antes que a los intereses.

 

Artículo 1258.- Imputación por acreedor

 

Cuando el deudor no ha indicado a cuál de las deudas debe imputarse el pago, pero hubiese aceptado recibo del acreedor aplicándolo a alguna de ellas, no puede reclamar contra esta imputación, a menos que exista causa que impida practicarla.

 

Artículo 1259.- Imputación legal

 

No expresándose a qué deuda debe hacerse la imputación, se aplica el pago a la menos garantizada; entre varias deudas igualmente garantizadas, a la más onerosa para el deudor; y entre varias deudas igualmente garantizadas y onerosas, a la más antigua. Si estas reglas no pueden aplicarse, la imputación se hará proporcionalmente.

 

Capítulo quinto: Pago con subrogación

Artículo 1260.- Subrogación legal

 

La subrogación opera de pleno derecho en favor:

 

1. De quien paga una deuda a la cual estaba obligado, indivisible o solidariamente, con otro u otros.

 

2. De quien por tener legítimo interés cumple la obligación.

 

3. Del acreedor que paga la deuda del deudor común a otro acreedor que le es preferente.

 

Artículo 1261.- Subrogación convencional

 

La subrogación convencional tiene lugar:

 

1. Cuando el acreedor recibe el pago de un tercero y lo sustituye en sus derechos.

 

2. Cuando el tercero no interesado en la obligación paga con aprobación expresa o tácita del deudor.

 

3. Cuando el deudor paga con una prestación que ha recibido en mutuo y subroga al mutuante en los derechos el acreedor, siempre que el contrato de mutuo se haya celebrado por documento de fecha cierta, haciendo constar tal propósito en dicho contrato y expresando su procedencia al tiempo de efectuar el pago.

 

Artículo 1262.- Efectos de la subrogación

 

La subrogación sustituye al subrogado en todos los derechos, acciones y garantías del antiguo acreedor, hasta por el monto de lo que hubiese pagado.

 

Artículo 1263.- Efectos de la subrogación en las obligaciones solidarias o indivisibles

 

En los casos del artículo 1260, inciso 1, el subrogado está autorizado a ejercitar los derechos del acreedor contra sus codeudores, sólo hasta la concurrencia de la parte por la que cada uno de éstos estaba obligado a contribuir para el pago de la deuda, aplicándose, sin embargo, las reglas del artículo 1204.

 

Artículo 1264.- Subrogación parcial

 

Si el subrogado en lugar del acreedor lo fuese sólo parcialmente, y los bienes del deudor no alcanzasen para pagar la parte restante que corresponda al acreedor y la del subrogado, ambos concurrirán con igual derecho por la porción que respectivamente se les debiera.

 

Capítulo sexto: Dación en pago

Artículo 1265.- Noción

 

El pago queda efectuado cuando el acreedor recibe como cancelación total o parcial una prestación diferente a la que debía cumplirse.

 

Artículo 1266.- Normas aplicables a dación en pago

 

Si se determina la cantidad por la cual el acreedor recibe el bien en pago, sus relaciones con el deudor se regulan por las reglas de la compraventa.

 

Capítulo séptimo: Pago Indebido

Artículo 1267.- Pago indebido por error de hecho o de derecho

 

El que por error de hecho o de derecho entrega a otro algún bien o cantidad en pago, puede exigir la restitución de quien la recibió.

 

Artículo 1268.- Pago indebido recibido de buena fe

 

Queda exento de la obligación de restituir quien, creyendo de buena fe que el pago se hacía por cuenta de un crédito legítimo y subsistente, hubiese inutilizado el título, limitado o cancelado las garantías de su derecho o dejado prescribir la acción el verdadero deudor. El que pagó indebidamente sólo podrá dirigirse contra el verdadero deudor.

 

Artículo 1269.- Pago indebido recibido de mala fe

 

El que acepta un pago indebido, si ha procedido de mala fe, debe abonar el interés legal cuando se trate de capitales o los frutos percibidos o que ha debido percibir cuando el bien recibido los produjera, desde la fecha del pago indebido.

 

Además, responde de la pérdida o deterioro que haya sufrido el bien por cualquier causa, y de los perjuicios irrogados a quien lo entregó, hasta que lo recobre.

 

Puede liberarse de esta responsabilidad, si prueba que la causa no imputable habría afectado al bien del mismo modo si hubiera estado en poder de quien lo entregó.

 

Artículo 1270.- Enajenación del bien recibido como pago indebido de mala fe

 

Si quien acepta un pago indebido de mala fe, enajena el bien a un tercero que también actúa de mala fe, quien efectúo el pago puede exigir la restitución, y a ambos, solidariamente, la indemnización de daños y perjuicios.

 

En caso que la enajenación hubiese sido a título oneroso pero el tercero hubiera procedido de buena fe, quien recibió el pago indebido deberá devolver el valor del bien, más la indemnización de daños y perjuicios.

 

Si la enajenación se hizo a título gratuito y el tercero procedió de buena fe, quien efectuó el pago indebido puede exigir la restitución del bien. En este caso, sin embargo, sólo está obligado a pagar la correspondiente indemnización de daños y perjuicios quien recibió el pago indebido de mala fe.

 

Artículo 1271.- Restitución de intereses o frutos por pago indebido de buena fe

 

El que de buena fe acepta un pago indebido debe restituir los intereses o frutos percibidos y responde de la pérdida o deterioro del bien en cuanto por ellos se hubiese enriquecido.

 

Artículo 1272.- Restitución de intereses o frutos

 

Si quien acepta un pago indebido de buena fe, hubiese enajenado el bien a un tercero que también tuviera buena fe, restituirá el precio o cederá la acción para hacerlo efectivo.

 

Si el bien se hubiese transferido a un tercero a título gratuito, o el tercero, adquirente a título oneroso, hubiese actuado de mala fe, quien paga indebidamente puede exigir la restitución. En estos casos sólo el tercero, adquirente a título gratuito u oneroso, que actuó de mala fe, estará obligado a indemnizar los daños y perjuicios irrogados.

 

Artículo 1273.- Carga de la prueba del error

 

Corre a cargo de quien pretende haber efectuado el pago probar el error con que lo hizo, a menos que el demandado negara haber recibido el bien que se le reclame. En este caso, justificada por el demandante la entrega, queda relevado de toda otra prueba. Esto no limita el derecho del demandado para acreditar que le era debido lo que se supone recibió.

 

Sin embargo, se presume que hubo error en el pago cuando se cumple con una prestación que nunca se debió o que ya estaba pagadas. Aquel a quien se pide la devolución, puede probar que la entrega se efectuó a título de liberalidad o por otra causa justificada.

 

Artículo 1274.- Prescripción de la acción por pago indebido

 

La acción para recuperar lo indebidamente pagado prescribe a los cinco años de efectuado el pago.

 

Artículo 1275.- Improcedencia de la repetición

 

No hay repetición de lo pagado en virtud de una deuda prescrita, o para cumplir deberes morales o de solidaridad social o para obtener un fin inmoral o ilícito.

 

Lo pagado para obtener un fin inmoral o ilícito corresponde a la institución encargada del bienestar familiar.

 

Artículo 1276.- Reglas de pago indebido para obligaciones de hacer y no hacer

 

Las reglas de este capítulo se aplican, en cuanto sean pertinentes, a las obligaciones de hacer en las que no proceda restituir la prestación y a las obligaciones de no hacer.

 

En tales casos, quien acepta el pago indebido de buena fe, sólo está obligado a indemnizar aquello en que se hubiese beneficiado, si procede de mala fe, queda obligado a restituir el íntegro del valor de la prestación, más la correspondiente indemnización de daños y perjuicios.

 

Título III: Novación

Artículo 1277.- Definición: requisitos

 

Por la novación se sustituye una obligación por otra.

 

Para que exista novación es preciso que la voluntad de novar se manifieste indubitablemente en la nueva obligación, o que la existencia de la anterior sea incompatible con la nueva.

 

Artículo 1278.- Novación objetiva

 

Hay novación objetiva cuando el acreedor y el deudor sustituyen la obligación primitiva por otra, con prestación distinta o a título diferente.

 

Artículo 1279.- Actos que no constituyen novación

 

La emisión de títulos valores o su renovación, la modificación de un plazo o del lugar del pago, o cualquier otro cambio accesorio de la obligación, no producen novación.

 

Artículo 1280.- Novación subjetiva activa

 

En la novación por cambio de acreedor se requiere, además del acuerdo entre el acreedor que se sustituye y el sustituido, el asentimiento del deudor.

 

Artículo 1281.- Novación subjetiva por delegación

 

La novación por delegación requiere, además del acuerdo entre el deudor que se sustituye y el sustituido, el asentimiento del acreedor.

 

Artículo 1282.- Novación por expromisión

 

La novación por expromisión puede efectuarse aun contra la voluntad del deudor primitivo.

 

Artículo 1283.- Intransmisibilidad de garantía a la nueva obligación

 

En la novación no se trasmiten a la nueva obligación las garantías de la obligación extinguida, salvo pacto en contrario.

 

Sin embargo, en la novación por delegación la obligación es exigible contra el deudor primitivo y sus garantes, en caso que la insolvencia del nuevo deudor hubiese sido anterior y pública, o conocida del deudor al delegar su deuda.

 

Artículo 1284.- Novación de obligación sujeta a condición suspensiva

 

Cuando una obligación pura se convierte en otra sujeta a condición suspensiva, sólo habrá novación si se cumple la condición, salvo pacto en contrario.

 

Las mismas reglas se aplican si la antigua obligación estuviera sujeta a condición suspensiva y la nueva fuera pura.

 

Artículo 1285.- Novación de obligación sujeta a condición resolutoria

 

Cuando una obligación pura se convierte en otra sujeta a condición resolutoria, opera la novación, salvo pacto en contrario.

 

Las mismas reglas se aplican si la antigua obligación estuviera sujeta a condición resolutoria y la nueva fuera pura.

 

Artículo 1286.- Novación de obligación nula o anulable

 

Si la obligación primitiva fuera nula, no existe novación.

 

Si la obligación primitiva fuera anulable, la novación tiene validez si el deudor, conociendo del vicio, asume la nueva obligación.

 

Artículo 1287.- Nulidad o anulabilidad de la nueva obligación

 

Si la nueva obligación se declara nula o es anulada, la primitiva obligación revive, pero el acreedor no podrá valerse de las garantías prestadas por terceros.

 

Título IV: Compensación

Artículo 1288.- Extinción de la obligación por compensación

 

Por la compensación se extinguen las obligaciones recíprocas, líquidas, exigibles y de prestaciones fungibles y homogéneas, hasta donde respectivamente alcancen, desde que hayan sido opuestas la una a la otra. La compensación no opera cuando el acreedor y el deudor la excluyen de común acuerdo.

 

Artículo 1289.- Oponibilidad de la compensación

 

Puede oponerse la compensación por acuerdo entre las partes, aun cuando no concurran los requisitos previstos por el artículo 1288. Los requisitos para tal compensación pueden establecerse previamente.

 

Artículo 1290.- Prohibición de la compensación

 

Se prohíbe la compensación:

 

1. En la restitución de bienes de los que el propietario haya sido despojado.

 

2. En la restitución de bienes depositados o entregados en comodato.

 

3. Del crédito inembargable.

 

4. Entre particulares y el Estado, salvo en los casos permitidos por la ley.

 

Artículo 1291.- Oponibilidad de la compensación por el garante

 

El garante puede oponer la compensación de lo que el acreedor deba al deudor.

 

Artículo 1292.- Inoponibilidad de la compensación

 

El deudor que ha consentido que el acreedor ceda su derecho a un tercero, no puede oponer a éste la compensación que hubiera podido oponer al cedente.

 

Artículo 1293.- Imputación legal de compensación

 

Cuando una persona tuviera respecto de otras varias deudas compensables, y no manifestara al oponer la compensación a cuál la imputa, se observarán las disposiciones del artículo 1259.

 

Artículo 1294.- Intangibilidad de los derechos adquiridos por efecto de compensación

 

La compensación no perjudica los derechos adquiridos sobre cualquiera de los créditos.

 

Título V: Condonación

Artículo 1295.- Extinción de obligación por condonación

 

De cualquier modo, que se pruebe la condonación de la deuda efectuada de común acuerdo entre el acreedor y el deudor, se extingue la obligación, sin perjuicio del derecho de tercero.

 

Artículo 1296.- Efectos de la condonación a uno de los garantes

 

La condonación a uno de los garantes no extingue la obligación del deudor principal, ni la de los demás garantes.

 

La condonación efectuada a uno de los garantes sin asentimiento de los otros aprovecha a todos, hasta donde alcance la parte del garante en cuyo favor se realizó.

 

Artículo 1297.- Condonación de deuda

 

Hay condonación de la deuda cuando el acreedor entrega al deudor el documento original en que consta aquella, salvo que el deudor pruebe que la ha pagado.

 

Artículo 1298.- Presunción de condonación de la prenda

 

La prenda en poder del deudor hace presumir su devolución voluntaria, salvo prueba en contrario.

 

Artículo 1299.- Condonación de la prenda

 

La devolución voluntaria de la prenda determina la condonación de la misma, pero no la de la deuda.

 

Título VI: Consolidación

Artículo 1300.- Consolidación total o parcial

 

La consolidación puede producirse respecto de toda la obligación o de parte de ella.

 

Artículo 1301.- Efectos del cese de la consolidación

 

Si la consolidación cesa, se restablece la separación de las calidades de acreedor y deudor reunidas en la misma persona.

 

En tal caso, la obligación extinguida renace con todos sus accesorios, sin perjuicio del derecho de terceros.

 

Título VII: Transacción

Artículo 1302.- Noción

 

Por la transacción las partes, haciéndose concesiones recíprocas, deciden sobre algún asunto dudoso o litigioso, evitando el pleito que podría promoverse o finalizando el que está iniciado.

 

Con las concesiones recíprocas, también se pueden crear, regular, modificar o extinguir relaciones diversas de aquellas que han constituido objeto de controversia entre las partes.

 

La transacción tiene valor de cosa juzgada.

 

Artículo 1303.- Contenido de la transacción

 

La transacción debe contener la renuncia de las partes a cualquier acción que tenga una contra otra sobre el objeto de dicha transacción.

 

Artículo 1304.- Formalidad de la transacción

 

La transacción debe hacerse por escrito, bajo sanción de nulidad, o por petición al juez que conoce el litigio.

 

Artículo 1305.- Derechos transigibles

 

Sólo los derechos patrimoniales pueden ser objeto de transacción.

 

Artículo 1306.- Transacción de responsabilidad civil

 

Se puede transigir sobre la responsabilidad civil que provenga de delito.

 

Artículo 1307.- Transacción del ausente o incapaz

 

Los representantes de ausentes o incapaces pueden transigir con aprobación del juez, quien para este efecto oirá al Ministerio Público y al consejo de familia cuando lo haya y lo estime conveniente.

 

Artículo 1308.- Transacción de obligación nula o anulable

 

Si la obligación dudosa o litigiosa fuera nula, la transacción adolecerá de nulidad. Si fuera anulable y las partes, conociendo el vicio, la celebran, tiene validez la transacción.

 

Artículo 1309.- Transacción sobre nulidad o anulabilidad de obligación sujeta a litigio

 

Si la cuestión dudosa o litigiosa versara sobre la nulidad o anulabilidad de la obligación, y las partes así lo manifestaran expresamente, la transacción será válida.

 

Artículo 1310.- Indivisibilidad de la transacción

 

La transacción es indivisible y si alguna de sus estipulaciones fuese nula o se anulase, queda sin efecto, salvo pacto en contrario.

 

En tal caso, se restablecen las garantías otorgadas por las partes, pero no las prestadas por terceros.

 

Artículo 1311.- La suerte como medio de transacción

 

Cuando las partes se sirven de la suerte para dirimir cuestiones, ello produce los efectos de la transacción y le son aplicables las reglas de este título.

 

Artículo 1312.- Ejecución de la transacción judicial y extrajudicial

 

La transacción judicial se ejecuta de la misma manera que la sentencia y la extrajudicial, en la vía ejecutiva.

 

Título VIII: Mutuo disenso

Artículo 1313.- Noción del mutuo disenso

 

Por el mutuo disenso las partes que han celebrado un acto jurídico acuerdan dejarlo sin efecto. Si perjudica el derecho de tercero se tiene por no efectuado.

 

Título IX: Inejecución de obligaciones

Capítulo primero: Disposiciones generales

Artículo 1314.- Inimputabilidad por diligencia ordinaria

 

Quien actúa con la diligencia ordinaria requerida, no es imputable por la inejecución de la obligación o por su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso.

 

Artículo 1315.- Caso fortuito o fuerza mayor

 

Caso fortuito o fuerza mayor es la causa no imputable, consistente en un evento extraordinario, imprevisible e irresistible, que impide la ejecución de la obligación o determina su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso.

 

Artículo 1316.- Extinción de la obligación por causas no imputables al deudor

 

La obligación se extingue si la prestación no se ejecuta por causa no imputable al deudor.

 

Si dicha causa es temporal, el deudor no es responsable por el retardo mientras ella perdure. Sin embargo, la obligación se extingue si la causa que determina la inejecución persiste hasta que al deudor, de acuerdo al título de la obligación o a la naturaleza de la prestación, ya no se le pueda considerar obligado a ejecutarla; o hasta que el acreedor justificadamente pierda interés en su cumplimiento o ya no le sea útil.

 

También se extingue la obligación que sólo es susceptible de ejecutarse parcialmente, si ella no fuese útil para el acreedor o si éste no tuviese justificado interés en su ejecución parcial. En caso contrario, el deudor queda obligado a ejecutarla con reducción de la contraprestación, si la hubiere.

 

Artículo 1317.- Daños y perjuicios por inejecución no imputable

 

El deudor no responde de los daños y perjuicios resultantes de la inejecución de la obligación, o de su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso, por causas no imputables, salvo que lo contrario esté previsto expresamente por la ley o por el título de la obligación.

 

Artículo 1318.- Dolo

 

Procede con dolo quien deliberadamente no ejecuta la obligación.

 

Artículo 1319.- Culpa inexcusable

 

Incurre en culpa inexcusable quien por negligencia grave no ejecuta la obligación.

 

Artículo 1320.- Culpa leve

 

Actúa con culpa leve quien omite aquella diligencia ordinaria exigida por la naturaleza de la obligación y que corresponda a las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar.

 

Artículo 1321.- Indemnización por dolo, culpa leve e inexcusable

 

Queda sujeto a la indemnización de daños y perjuicios quien no ejecuta sus obligaciones por dolo, culpa inexcusable o culpa leve.

 

El resarcimiento por la inejecución de la obligación o por su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso, comprende tanto el daño emergente como el lucro cesante, en cuanto sean consecuencia inmediata y directa de tal inejecución.

 

Si la inejecución o el cumplimiento parcial, tardío o defectuoso de la obligación, obedecieran a culpa leve, el resarcimiento se limita al daño que podía preverse al tiempo en que ella fue contraída.

 

Artículo 1322.- Indemnización por daño moral

 

El daño moral, cuando él se hubiera irrogado, también es susceptible de resarcimiento.

 

Artículo 1323.- Incumplimiento de pago de cuota

 

Cuando el pago deba efectuarse en cuotas periódicas, el incumplimiento de tres cuotas, sucesivas o no, concede al acreedor el derecho de exigir al deudor el inmediato pago del saldo, dándose por vencidas las cuotas que estuviesen pendientes, salvo pacto en contrario.

 

Artículo 1324.- Efectos de la inejecución de obligaciones dinerarias

 

Las obligaciones de dar sumas de dinero devengan el interés legal que fija el Banco Central de Reserva del Perú, desde el día en que el deudor incurra en mora, sin necesidad de que el acreedor pruebe haber sufrido daño alguno. Si antes de la mora se debían intereses mayores, ellos continuarán devengándose después del día de la mora, con la calidad de intereses moratorios.

 

Si se hubiese estipulado la indemnización del daño ulterior, corresponde al acreedor que demuestre haberlo sufrido el respectivo resarcimiento.

 

Artículo 1325.- Responsabilidad en obligaciones ejecutadas por tercero

 

El deudor que para ejecutar la obligación se vale de terceros, responde de los hechos dolosos o culposos de éstos, salvo pacto en contrario.

 

Artículo 1326.- Reducción del resarcimiento por actos del acreedor

 

Si el hecho doloso o culposo del acreedor hubiese concurrido a ocasionar el daño, el resarcimiento se reducirá según su gravedad y la importancia de las consecuencias que de él deriven.

 

Artículo 1327.- Liberación del resarcimiento

 

El resarcimiento no se debe por los daños que el acreedor habría podido evitar usando la diligencia ordinaria, salvo pacto en contrario.

 

Artículo 1328.- Nulidad de pacto de exoneración y limitación de responsabilidad

 

Es nula toda estipulación que excluya o limite la responsabilidad por dolo o culpa inexcusable del deudor o de los terceros de quien éste se valga.

 

También es nulo cualquier pacto de exoneración o de limitación de responsabilidad para los casos en que el deudor o dichos terceros violen obligaciones derivadas de normas de orden público.

 

Artículo 1329.- Presunción de la culpa leve del deudor

 

Se presume que la inejecución de la obligación, o su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso, obedece a culpa leve del deudor.

 

Artículo 1330.- Prueba de dolo y culpa inexcusable

 

La prueba del dolo o de la culpa inexcusable corresponde al perjudicado por la inejecución de la obligación, o por su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso.

 

Artículo 1331.- Prueba de daños y perjuicios

 

La prueba de los daños y perjuicios y de su cuantía también corresponde al perjudicado por la inejecución de la obligación, o por su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso.

 

Artículo 1332.- Valoración del resarcimiento

 

Si el resarcimiento del daño no pudiera ser probado en su monto preciso, deberá fijarlo el juez con valoración equitativa.

 

Capítulo segundo: Mora

Artículo 1333.- Constitución en mora

 

Incurre en mora el obligado desde que el acreedor le exija, judicial o extrajudicialmente, el cumplimiento de su obligación.

 

No es necesaria la intimación para que la mora exista:

 

1. Cuando la ley o el pacto lo declaren expresamente.

 

2. Cuando de la naturaleza y circunstancias de la obligación resultare que la designación del tiempo en que había de entregarse el bien, o practicarse el servicio, hubiese sido motivo determinante para contraerla.

 

3. Cuando el deudor manifieste por escrito su negativa a cumplir la obligación.

 

4. Cuando la intimación no fuese posible por causa imputable al deudor.

 

Artículo 1334.- Mora en obligaciones de dar sumas de dinero

 

En las obligaciones de dar sumas de dinero cuyo monto requiera ser determinado mediante resolución judicial, hay mora a partir de la fecha de la citación con la demanda.

 

Se exceptúa de esta regla lo dispuesto en el artículo 1985.

 

Artículo 1335.- Mora en obligaciones recíprocas

 

En las obligaciones recíprocas, ninguno de los obligados incurre en mora sino desde que alguno de ellos cumple su obligación, u otorga garantías de que la cumplirá.

 

Artículo 1336.- Responsabilidad del deudor en caso de mora

 

El deudor constituido en mora responde de los daños y perjuicios que irrogue por el retraso en el cumplimiento de la obligación y por la imposibilidad sobreviniente, aun cuando ella obedezca a causa que no le sea imputable. Puede sustraerse a esta responsabilidad probando que ha incurrido en retraso sin culpa, o que la causa no imputable habría afectado la prestación; aunque se hubiese cumplido oportunamente.

 

Artículo 1337.- Indemnización en caso de mora que inutiliza la obligación

 

Cuando por efecto de la morosidad del deudor, la obligación resultase sin utilidad para el acreedor, éste puede rehusar su ejecución y exigir el pago de la indemnización de daños y perjuicios compensatorios.

 

Artículo 1338.- Mora del acreedor

 

El acreedor incurre en mora cuando sin motivo legítimo se niega a aceptar la prestación ofrecida o no cumple con practicar los actos necesarios para que se pueda ejecutar la obligación.

 

Artículo 1339.- Indemnización por mora del acreedor

 

El acreedor en mora queda obligado a indemnizar los daños y perjuicios derivados de su retraso.

 

Artículo 1340.- Riesgo por imposibilidad de cumplimiento de obligación

 

El acreedor en mora asume los riesgos por la imposibilidad de cumplimiento de la obligación, salvo que obedezca a dolo o culpa inexcusable del deudor.

 

Capítulo tercero: Obligaciones con cláusula penal

Artículo 1341.- Cláusula penal compensatoria

 

El pacto por el que se acuerda que, en caso de incumplimiento, uno de los contratantes queda obligado al pago de una penalidad, tiene el efecto de limitar el resarcimiento a esta prestación y a que se devuelva la contraprestación, si la hubiere; salvo que se haya estipulado la indemnización del daño ulterior. En este último caso, el deudor deberá pagar el íntegro de la penalidad, pero ésta se computa como parte de los daños y perjuicios si fueran mayores.

 

Artículo 1342.- Exigibilidad de la penalidad y de la obligación

 

Cuando la cláusula penal se estipula para el caso de mora o en seguridad de un pacto determinado, el acreedor tiene derecho para exigir, además de la penalidad, el cumplimiento de la obligación.

 

Artículo 1343.- Exigibilidad de pena

 

Para exigir la pena no es necesario que el acreedor pruebe los daños y perjuicios sufridos. Sin embargo, ella sólo puede exigirse cuando el incumplimiento obedece a causa imputable al deudor, salvo pacto en contrario.

 

Artículo 1344.- Oportunidad de estipulación

 

La cláusula penal puede ser estipulada conjuntamente con la obligación o por acto posterior.

 

Artículo 1345.- Accesoriedad de cláusula penal

 

La nulidad de la cláusula penal no origina la de la obligación principal.

 

Artículo 1346.- Reducción judicial de la pena

 

El juez, a solicitud del deudor, puede reducir equitativamente la pena cuando sea manifiestamente excesiva o cuando la obligación principal hubiese sido en parte o irregularmente cumplida.

 

Artículo 1347.- Cláusula penal divisible

 

Cada uno de los deudores o de los herederos del deudor está obligado a satisfacer la pena en proporción a su parte, siempre que la cláusula penal sea divisible, aunque la obligación sea indivisible.

 

Artículo 1348.- Cláusula penal indivisible

 

Si la cláusula penal es indivisible, cada uno de los deudores y de sus herederos queda obligado a satisfacer íntegramente la pena.

 

Artículo 1349.- Cláusula penal solidaria y divisible

 

Si la cláusula penal fuese solidaria, pero divisible, cada uno de los deudores queda obligado a satisfacerla íntegramente.

 

En caso de muerte de un codeudor, la penalidad se divide entre sus herederos en proporción a las participaciones que les corresponda en la herencia.

 

Artículo 1350.- Derecho de codeudores no culpables

 

Los codeudores que no fuesen culpables tienen expedito su derecho para reclamar de aquél que dio lugar a la aplicación de la pena.

 

Libro VII: Fuentes de las obligaciones

Sección: Contratos en general

Título I: Disposiciones generales

Artículo 1351.- Noción de contrato

 

El contrato es el acuerdo de dos o más partes para crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica patrimonial.

 

Artículo 1352.- Perfección de contratos

 

Los contratos se perfeccionan por el consentimiento de las partes, excepto aquellos que, además, deben observar la forma señalada por la ley bajo sanción de nulidad.

 

Artículo 1353.- Régimen legal de los contratos

 

Todos los contratos de derecho privado, inclusive los innominados, quedan sometidos a las reglas generales contenidas en esta sección, salvo en cuanto resulten incompatibles con las reglas particulares de cada contrato.

 

Artículo 1354.- Libertad contractual

 

Las partes pueden determinar libremente el contenido del contrato, siempre que no sea contrario a norma legal de carácter imperativo.

 

Artículo 1355.- Regla y límites de la contratación

 

La ley, por consideraciones de interés social, público o ético puede imponer reglas o establecer limitaciones al contenido de los contratos.

 

Artículo 1356.- Primacía de la voluntad de contratantes

 

Las disposiciones de la ley sobre contratos son supletorias de la voluntad de las partes, salvo que sean imperativas.

 

Artículo 1357.- Garantía y seguridad del Estado

 

Por ley, sustentada en razones de interés social, nacional o público, pueden establecerse garantías y seguridades otorgadas por el Estado mediante contrato.

 

Artículo 1358.- Contratos que pueden celebrar la persona con capacidad de ejercicio restringida

 

Las personas con capacidad de ejercicio restringida contempladas en el artículo 44 numerales 4 al 8 pueden celebrar contratos relacionados con las necesidades ordinarias de su vida diaria.

 

Artículo 1359.- Conformidad de voluntad de partes

 

No hay contrato mientras las partes no estén conformes sobre todas sus estipulaciones, aunque la discrepancia sea secundaria.

 

Artículo 1360.- Validez del contrato con reserva

 

Es válido el contrato cuando las partes han resuelto reservar alguna estipulación, siempre que con posterioridad la reserva quede satisfecha, en cuyo caso opera retroactivamente.

 

Artículo 1361.- Obligatoriedad de los contratos

 

Los contratos son obligatorios en cuanto se haya expresado en ellos.

 

Se presume que la declaración expresada en el contrato responde a la voluntad común de las partes y quien niegue esa coincidencia debe probarla.

 

Artículo 1362.- Buena Fe

 

Los contratos deben negociarse, celebrarse y ejecutarse según las reglas de la buena fe y común intención de las partes.

 

Artículo 1363.- Efectos del contrato

 

Los contratos sólo producen efectos entre las partes que los otorgan y sus herederos, salvo en cuanto a éstos si se trata de derechos y obligaciones no trasmisibles.

 

Artículo 1364.- Gastos y tributos del contrato

 

Los gastos y tributos que origine la celebración de un contrato se dividen por igual entre las partes, salvo disposición legal o pacto distinto.

 

Artículo 1365.- Fin de contratos continuados

 

En los contratos de ejecución continuada que no tengan plazo convencional o legal determinado, cualquiera de las partes puede ponerle fin mediante aviso previo remitido por la vía notarial con una anticipación no menor de treinta días. Transcurrido el plazo correspondiente el contrato queda resuelto de pleno derecho.

 

Artículo 1366.- Personas prohibidas de adquirir derechos reales por contrato, legado o subasta

 

No pueden adquirir derechos reales por contrato, legado o subasta pública, directa o indirectamente o por persona interpuesta:

 

1. El Presidente y los Vicepresidentes de la República, los Senadores y Diputados, los Ministros de Estado y funcionarios de la misma jerarquía, los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y los del Tribunal de Garantías Constitucionales, el Fiscal de la Nación y los Fiscales ante la Corte Suprema de Justicia, los miembros del Jurado Nacional de Elecciones, el Contralor General de la República, el Presidente y Directores del Banco Central de Reserva del Perú y el Superintendente de Banca y Seguros, los bienes nacionales.

 

2. Los Prefectos y demás autoridades políticas, los bienes de que trata el inciso anterior, situados en el territorio de su jurisdicción.

 

3. Los funcionarios y servidores del Sector Público, los bienes del organismo al que pertenecen y los confiados a su administración o custodia o los que para ser transferidos requieren su intervención.

 

4. Los Magistrados judiciales, los árbitros y los auxiliares de justicia, los bienes que estén o hayan estado en litigio ante el juzgado o el tribunal en cuya jurisdicción ejercen o han ejercido sus funciones.

 

5. Los miembros del Ministerio Público, los bienes comprendidos en los procesos en que intervengan o hayan intervenido por razón de su función.

 

6. Los abogados, los bienes que son objeto de un juicio en que intervengan o hayan intervenido por razón de su profesión, hasta después de un año de concluido en todas sus instancias. Se exceptúa el pacto de cuota litis.

 

7. Los albaceas, los bienes que administran.

 

8. Quienes por ley o acto de autoridad pública administren bienes ajenos, respecto de dichos bienes.

 

9. Los agentes mediadores de comercio, los martilleros y los peritos, los bienes cuya venta o evaluación les ha sido confiada, hasta después de un año de su intervención en la operación.

 

Artículo 1367.- Extensión del impedimento

 

Las prohibiciones establecidas en el artículo 1366 se aplican también a los parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad de las personas impedidas.

 

Artículo 1368.- Plazo de prohibiciones

 

Las prohibiciones de que tratan los incisos 1, 2, 3, 7 y 8 del artículo 1366 rigen hasta seis meses después de que las personas impedidas cesen en sus respectivos cargos.

 

Artículo 1369.- Inaplicabilidad de los impedimentos

 

No rigen las prohibiciones de los incisos 6 y 7 del artículo 1366 cuando se trate del derecho de copropiedad o de la dación en pago.

 

Artículo 1370.- Rescisión

 

La rescisión deja sin efecto un contrato por causal existente al momento de celebrarlo.

 

Artículo 1371.- Resolución

 

La resolución deja sin efecto un contrato válido por causal sobreviniente a su celebración.

 

Artículo 1372.- Efectos retroactivos de la rescisión y resolución

 

La rescisión se declara judicialmente, pero los efectos de la sentencia se retrotraen al momento de la celebración del contrato.

 

La resolución se invoca judicial o extrajudicialmente. En ambos casos, los efectos de la sentencia se retrotraen al momento en que se produce la causal que la motiva.

 

Por razón de la resolución, las partes deben restituirse las prestaciones en el estado en que se encontraran al momento indicado en el párrafo anterior, y si ello no fuera posible deben rembolsarse en dinero el valor que tenían en dicho momento.

 

En los casos previstos en los dos primeros párrafos de este Artículo, cabe pacto en contrario. No se perjudican los derechos adquiridos de buena fe.

 

Título II: El consentimiento

Artículo 1373.- Perfeccionamiento del Contrato

 

El contrato queda perfeccionado en el momento y lugar en que la aceptación es conocida por el oferente.

 

Artículo 1374.- Conocimiento y contratación entre ausentes

 

La oferta, su revocación, la aceptación y cualquier otra declaración contractual dirigida a determinada persona se consideran conocidas en el momento en que llegan a la dirección del destinatario, a no ser que este pruebe haberse encontrado, sin su culpa, en la imposibilidad de conocerla.

 

Si se realiza a través de medios electrónicos, ópticos u otro análogo, se presumirá la recepción de la declaración contractual, cuando el remitente reciba el acuse de recibo.

 

Artículo 1375.- Oportunidad de la aceptación

 

La aceptación debe llegar a conocimiento del oferente dentro del plazo establecido por él.

 

Artículo 1376.- Contraoferta

 

La aceptación tardía y la oportuna que no sea conforme a la oferta equivalen a una contraoferta.

 

Sin embargo, el oferente puede considerar eficaz la aceptación tardía o la que se haga con modificaciones, con tal que dé inmediato aviso en ese sentido al aceptante.

 

Artículo 1377.- Ofertas alternativas

 

Son válidas las ofertas alternativas hechas a un mismo destinatario. La aceptación de cualquiera de las ofertas alternativas da lugar a la formación del contrato respecto a la cual el destinatario haya expresado su aceptación.

 

Artículo 1378.- Observancia de la forma requerida

 

No tiene efectos la aceptación que se formule sin observarse la forma requerida por el oferente.

 

Artículo 1379.- Ofertas cruzadas

 

En las ofertas cruzadas, el contrato se perfecciona con la aceptación de una de ellas.

 

Artículo 1380.- Aceptación tácita

 

Cuando a solicitud del oferente o por la naturaleza de la operación o según los usos, la prestación a cargo del aceptante haya de ejecutarse sin respuesta previa, el contrato queda concluido en el momento y lugar en que comenzó la ejecución. El aceptante debe dar aviso prontamente al oferente del inicio de la ejecución y, en su defecto, queda obligado a la indemnización de daños y perjuicios.

 

Artículo 1381.- Aceptación excepcional

 

Si la operación es de aquellas en que no se acostumbra la aceptación expresa o si el destinatario ha hecho una invitación a ofrecer, se reputa concluido el contrato si la oferta no fue rehusada sin dilación.

 

La prueba de la costumbre y de la invitación a ofrecer corresponde al oferente.

 

Artículo 1382.- Obligatoriedad de la oferta

 

La oferta obliga al oferente, si lo contrario no resulta de los términos de ella, de la naturaleza de la operación o de las circunstancias del caso.

 

Artículo 1383.- Eficacia de la oferta

 

La muerte o la incapacidad sobreviniente del oferente no priva de eficacia a la oferta, la cual obliga a sus herederos o representantes legales, salvo que la naturaleza de la operación u otras circunstancias, determinen que la fuerza vinculante de la oferta sea intrasmisible.

 

Artículo 1384.- Revocación de la oferta

 

La oferta deja de ser obligatoria si antes o simultáneamente con su recepción llega a conocimiento del destinatario la declaración del oferente en el sentido que puede revocarla en cualquier momento antes de su aceptación.

 

Artículo 1385.- Caducidad de la oferta

 

La oferta caduca:

 

1. Si se hizo sin conceder plazo determinado o determinable a una persona con la que el oferente está en comunicación inmediata y no fue seguidamente aceptada.

 

2. Si se hizo sin conceder plazo determinado o determinable a una persona con la que el oferente no está en comunicación inmediata y hubiese transcurrido el tiempo suficiente para llegar la respuesta a conocimiento del oferente, por el mismo medio de comunicación utilizado por éste.

 

3. Si antes de recibida la oferta o simultáneamente con ésta llega a conocimiento del destinatario la retractación del oferente.

 

Artículo 1386.- Revocación de la aceptación

 

Se considera inexistente la aceptación si antes de ella o junto con ella llega a conocimiento del oferente la retractación del aceptante.

 

Artículo 1387.- Caducidad de oferta por muerte o incapacidad del destinatario

 

La muerte o la incapacidad sobreviniente del destinatario de la oferta determina la caducidad de ésta.

 

Artículo 1388.- Oferta al público

 

La oferta al público vale como invitación a ofrecer, considerándose oferentes a quienes accedan a la invitación y destinatario al proponente.

 

Si el proponente indica claramente que su propuesta tiene el carácter obligatorio de una oferta, valdrá como tal.

 

Artículo 1389.- Subasta

 

En la subasta, la convocatoria es una invitación a ofrecer y las posturas son las ofertas.

 

La obligatoriedad de cada postura cesa desde que se formula otra mejor.

 

El contrato se celebra cuando el subastador adjudica la buena pro al postor que hasta ese momento ha formulado la mejor postura válida.

 

Artículo 1390.- Contrato por adhesión

 

El contrato es por adhesión cuando una de las partes, colocada en la alternativa de aceptar o rechazar íntegramente las estipulaciones fijadas por la otra parte, declara su voluntad de aceptar.

 

Artículo 1391.- Adhesión de tercero

 

Cuando se permita la adhesión por terceros a un contrato ya celebrado y no se determine la manera de adherirse, el interesado debe dirigirse al órgano constituido para la ejecución del contrato o, a falta de él, a todos los contratantes originarios.

 

Artículo 1392.- Cláusulas generales de contratación

 

Las cláusulas generales de contratación son aquéllas redactadas previa y unilateralmente por una persona o entidad, en forma general y abstracta, con el objeto de fijar el contenido normativo de una serie indefinida de futuros contratos particulares, con elementos propios de ellos.

 

Artículo 1393.- Cláusulas generales aprobadas por autoridad administrativa

 

Las cláusulas generales de contratación aprobadas por la autoridad administrativa se incorporan automáticamente a todas las ofertas que se formulen para contratar con arreglo a ellas, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 1395.

 

Artículo 1394.- Bienes y servicios contratados por cláusulas generales

 

El Poder Ejecutivo señalará la provisión de bienes y servicios que deben ser contratados con arreglo a cláusulas generales de contratación aprobadas por la autoridad administrativa.

 

Artículo 1395.- Exclusión de cláusulas generales del contrato

 

Las partes pueden convenir expresamente que determinadas cláusulas generales de contratación aprobadas por la autoridad administrativa, no se incorporen a la oferta en el contrato particular que ellas celebran.

 

Artículo 1396.- Efectos del consumo del bien o utilización del servicio

 

En los contratos ofrecidos con arreglo a cláusulas generales de contratación aprobadas por la autoridad administrativa, el consumo del bien o la utilización del servicio genera de pleno derecho la obligación de pago a cargo del cliente, aun cuando no haya formalizado el contrato o sea incapaz.

 

Artículo 1397.- Cláusulas generales no aprobadas administrativamente

 

Las cláusulas generales de contratación no aprobadas administrativamente se incorporan a la oferta de un contrato particular cuando sean conocidas por la contraparte o haya podido conocerlas usando de una diligencia ordinaria.

 

Se presume que la contraparte ha conocido las cláusulas generales de contratación cuando han sido puestas en conocimiento del público mediante adecuada publicidad.

 

Artículo 1398.- Estipulaciones inválidas

 

En los contratos celebrados por adhesión y en las cláusulas generales de contratación no aprobadas administrativamente, no son válidas las estipulaciones que establezcan, en favor de quien las ha redactado, exoneraciones o limitaciones de responsabilidad; facultades de suspender la ejecución del contrato, de rescindirlo o de resolverlo, y de prohibir a la otra parte el derecho de oponer excepciones o de prorrogar o renovar tácitamente el contrato.

 

Artículo 1399.- Ineficacia de estipulaciones

 

En los contratos nominados celebrados por adhesión o con arreglo a cláusulas generales de contratación no aprobadas administrativamente, carecen de eficacia las estipulaciones contrarias a las normas establecidas para el correspondiente contrato, a no ser que las circunstancias de cada contrato particular justifiquen su validez.

 

Artículo 1400.- Prevalencia de cláusulas agregadas al formulario

 

En los casos del artículo 1397 las cláusulas agregadas al formulario prevalecen sobre las de éste cuando sean incompatibles, aunque las últimas no hubiesen sido dejadas sin efecto.

 

Artículo 1401.- Interpretación de las estipulaciones

 

Las estipulaciones insertas en las cláusulas generales de contratación o en formularios redactados por una de las partes, se interpretan, en caso de duda, en favor de la otra.

 

Título III: Objeto del contrato

Artículo 1402.- Objeto del contrato

 

El objeto del contrato consiste en crear, regular, modificar o extinguir obligaciones.

 

Artículo 1403.- Obligación ilícita y prestación posible

 

La obligación que es objeto del contrato debe ser lícita.

 

La prestación en que consiste la obligación y el bien que es objeto de ella deben ser posibles.

 

Artículo 1404.- Contratos sujetos a condición o plazo suspensivo

 

La licitud de la obligación o la posibilidad de la prestación o del bien que es objeto de ella en un contrato sujeto a condición o a plazo suspensivo, se apreciarán al momento del cumplimiento de la condición o del vencimiento del plazo.

 

Artículo 1405.- Nulidad del contrato sobre derecho a suceder

 

Es nulo todo contrato sobre el derecho de suceder en los bienes de una persona que no ha muerto o cuya muerte se ignora.

 

Artículo 1406.- Nulidad de disposición de patrimonio futuro

 

Es nulo el contrato por el que se dispone sobre la totalidad o una parte sustancial de los bienes que una persona pueda adquirir en el futuro.

 

Artículo 1407.- Determinación del objeto por arbitrio

 

Si la determinación de la obligación que es objeto del contrato es deferida a un tercero y no resulta que las partes quisieron remitirse a su mero arbitrio, el tercero debe proceder haciendo una apreciación de carácter equitativo.

 

Artículo 1408.- Determinación de tercero

 

La determinación librada al mero arbitrio de un tercero no puede impugnarse si no se prueba su mala fe.

 

Si falta la determinación y las partes no se ponen de acuerdo para sustituir al tercero, el contrato es nulo.

 

Artículo 1409.- Bienes objeto de la prestación

 

La prestación materia de la obligación creada por el contrato puede versar sobre:

 

1. Bienes futuros, antes de que existan en especie, y también la esperanza incierta de que existan, salvo las prohibiciones establecidas por la ley.

 

2. Bienes ajenos o afectados en garantía o embargados o sujetos a litigio por cualquier otra causa.

 

Artículo 1410.- Cumplimiento sobre bien futuro

 

Cuando la obligación creada por el contrato recae sobre un bien futuro, el compromiso de entrega queda subordinado a su existencia posterior, salvo, que la obligación verse sobre una esperanza incierta, caso en el cual el contrato es aleatorio.

 

Si la falta de entrega obedece a causas imputables al obligado, el acreedor puede recurrir a los derechos que le confiere la ley.

 

Título IV: Forma del contrato

Artículo 1411.- Forma como requisito

 

Se presume que la forma que las partes convienen adoptar anticipadamente y por escrito es requisito indispensable para la validez del acto, bajo sanción de nulidad.

 

Artículo 1412.- Exigencia de partes del cumplimiento de la formalidad

 

Si por mandato de la ley o por convenio debe otorgarse escritura pública o cumplirse otro requisito que no revista la forma solemne prescrita legalmente o la convenida por las partes por escrito bajo sanción de nulidad, éstas pueden compelerse recíprocamente a llenar la formalidad requerida.

 

La pretensión se tramita como proceso sumarísimo, salvo que el título de cuya formalidad se trata tenga la calidad de ejecutivo, en cuyo caso se sigue el trámite del proceso correspondiente.

 

Artículo 1413.- Formalidad para la modificación del contrato

 

Las modificaciones del contrato original deben efectuarse en la forma prescrita para ese contrato.

 

Título V: Contratos preparatorios

Artículo 1414.- Compromiso de contratar

 

Por el compromiso de contratar las partes se obligan a celebrar en el futuro un contrato definitivo.

 

Artículo 1415.- Contenido del compromiso de contratar

 

El compromiso de contratar debe contener, por lo menos, los elementos esenciales del contrato definitivo.

 

Artículo 1416.-Plazo del compromiso de contratar

 

El plazo del compromiso de contratar debe ser determinado o determinable. Si no se estableciera el plazo, éste será de un año.

 

Artículo 1417.- Compromiso de contratar a su vencimiento

 

El compromiso de contratar puede ser renovado a su vencimiento por un plazo no mayor que el indicado como máximo en el artículo 1416 y así sucesivamente.

 

Artículo 1418.- Negativa injustificada de celebrar contrato definitivo

 

La injustificada negativa del obligado a celebrar el contrato definitivo otorga a la otra parte alternativamente el derecho a:

 

1. Exigir judicialmente la celebración del contrato.

 

2. Solicitar se deje sin efecto el compromiso de contratar.

 

En uno u otro caso hay lugar a la indemnización de daños y perjuicios.

 

Artículo 1419.- Contrato de opción

 

Por el contrato de opción, una de las partes queda vinculada a su declaración de celebrar en el futuro un contrato definitivo y la otra tiene el derecho exclusivo de celebrarlo o no.

 

Artículo 1420.- Contrato de opción recíproca

 

Es válido el pacto en virtud del cual el contrato de opción recíproca puede ser ejercitado indistintamente por cualquiera de las partes.

 

Artículo 1421.- Contrato de opción con reserva de beneficiario

 

Es igualmente válido el pacto conforme al cual el optante se reserva el derecho de designar la persona con la que se establecerá el vínculo definitivo.

 

Artículo 1422.- Contenido del contrato de opción

 

El contrato de opción debe contener todos los elementos y condiciones del contrato definitivo.

 

Artículo 1423.- Plazo del Contrato de Opción

 

El plazo del contrato de opción debe ser determinado o determinable. Si no se estableciera el plazo, éste será de un año.

 

Artículo 1424.- Renovación del Contrato de Opción

 

Al vencimiento de la opción, las partes pueden renovarla por un plazo no mayor al máximo señalado en el artículo 1423 y así sucesivamente.

 

Artículo 1425.- Formalidad en Contratos Preparatorios

 

Los contratos preparatorios son nulos si no se celebran en la misma forma que la ley prescribe para el contrato definitivo bajo sanción de nulidad.

 

Título VI: Contrato con prestaciones recíprocas

Artículo 1426.- Incumplimiento

 

En los contratos con prestaciones recíprocas en que éstas deben cumplirse simultáneamente, cada parte tiene derecho de suspender el cumplimiento de la prestación a su cargo, hasta que se satisfaga la contraprestación o se garantice su cumplimiento.

 

Artículo 1427.- Caducidad del plazo

 

Si después de concluido un contrato con prestaciones recíprocas sobreviniese el riesgo de que la parte que debe cumplir en segundo lugar no pueda hacerlo, la que debe efectuar la prestación en primer lugar puede suspender su ejecución, hasta que aquélla satisfaga la que le concierne o garantice su cumplimiento.

 

Artículo 1428.- Resolución por incumplimiento

 

En los contratos con prestaciones recíprocas, cuando alguna de las partes falta al cumplimiento de su prestación, la otra parte puede solicitar el cumplimiento o la resolución del contrato y, en uno u otro caso, la indemnización de daños y perjuicios.

 

A partir de la fecha de la citación con la demanda de resolución, la parte demandada queda impedida de cumplir su prestación.

 

Artículo 1429.- Resolución de pleno derecho

 

En el caso del artículo 1428 la parte que se perjudica con el incumplimiento de la otra puede requerirla mediante carta por vía notarial para que satisfaga su prestación, dentro de un plazo no menor de quince días, bajo apercibimiento de que, en caso contrario, el contrato queda resuelto.

 

Si la prestación no se cumple dentro del plazo señalado, el contrato se resuelve de pleno derecho, quedando a cargo del deudor la indemnización de daños y perjuicios.

 

Artículo 1430.- Condición resolutoria

 

Puede convenirse expresamente que el contrato se resuelva cuando una de las partes no cumple determinada prestación a su cargo, establecida con toda precisión.

 

La resolución se produce de pleno derecho cuando la parte interesada comunica a la otra que quiere valerse de la cláusula resolutoria.

 

Artículo 1431.- Resolución por imposibilidad de la prestación

 

En los contratos con prestaciones recíprocas, si la prestación a cargo de una de las partes deviene imposible sin culpa de los contratantes, el contrato queda resuelto de pleno derecho. En este caso, el deudor liberado pierde el derecho a la contraprestación y debe restituir lo que ha recibido.

 

Empero, las partes pueden convenir en que el riesgo esté a cargo del acreedor.

 

Artículo 1432.- Resolución por culpa de las partes

 

Si la prestación resulta imposible por culpa del deudor, el contrato queda resuelto de pleno derecho y éste no puede exigir la contraprestación y está sujeto a la indemnización de daños y perjuicios.

 

Cuando la imposibilidad sea imputable al acreedor, el contrato queda resuelto de pleno derecho. Sin embargo, dicho acreedor deberá satisfacer la contraprestación, correspondiéndole los derechos y acciones que hubieren quedado relativos a la prestación.

 

Artículo 1433.- Incumplimiento por imposibilidad parcial

 

Las reglas de los artículos 1431 y 1432 son aplicables cuando el cumplimiento de la prestación se hace parcialmente imposible, a menos que el acreedor manifieste al deudor su conformidad para el cumplimiento parcial, en cuyo caso debe efectuarse una reducción proporcional en la contraprestación debida.

 

El contrato se resuelve cuando no sea posible la reducción.

 

Artículo 1434.- Incumplimiento de prestaciones plurilaterales autónomas

 

En los contratos plurilaterales con prestaciones autónomas, la imposibilidad sobreviniente de cumplir la prestación por una de las partes no determina la resolución del contrato respecto de las otras, a menos que la prestación incumplida se considere esencial, de acuerdo con las circunstancias.

 

En los casos de incumplimiento, las otras partes pueden optar por resolver el vínculo respecto del que hubiese incumplido o exigir su cumplimiento.

 

Título VII: Cesión de posición contractual

Artículo 1435.- Cesión

 

En los contratos con prestaciones no ejecutadas total o parcialmente, cualquiera de las partes puede ceder a un tercero su posición contractual.

 

Se requiere que la otra parte preste su conformidad antes, simultáneamente o después del acuerdo de cesión.

 

Si la conformidad del cedido hubiera sido prestada previamente al acuerdo entre cedente y cesionario, el contrato sólo tendrá efectos desde que dicho acuerdo haya sido comunicado al cedido por escrito de fecha cierta.

 

Artículo 1436.- Reglas aplicables a cesión de posición contractual

 

La forma de la trasmisión, la capacidad de las partes intervinientes, los vicios del consentimiento y las relaciones entre los contratantes se definen en función del acto que sirve de base a la cesión y se sujetan a las disposiciones legales pertinentes.

 

Artículo 1437.- Liberación del cedente

 

El cedente se aparta de sus derechos y obligaciones y unos y otros son asumidos por el cesionario desde el momento en que se celebre la cesión. Empero, el cedido podrá accionar contra el cedente si hubiera pactado con éste que no queda liberado por la cesión si el cesionario no cumple las obligaciones asumidas. En este caso, el cedido debe comunicar al cedente del incumplimiento del cesionario dentro de los treinta días en que se produjo y, de no hacerlo, el cedente queda libre de responsabilidad.

 

Artículo 1438.- Garantía de existencia y validez del contrato

 

El cedente garantiza al cesionario la existencia y validez del contrato, salvo pacto en contrario. Este pacto no surte efecto si la invalidez se debe a hecho propio del cedente.

 

Es válido el pacto por el cual el cedente garantiza el cumplimiento de la obligación del deudor, en cuyo caso responde como fiador.

 

El cedido puede oponer al cesionario y éste a aquél las excepciones y medidas de defensa derivadas del contrato, pero no las fundadas en otras relaciones con el cedente, salvo que expresamente hubiera hecho reserva de ellas en el momento en que aceptó la cesión.

 

Artículo 1439.- Garantías de terceros en el contrato de cesión

 

Las garantías constituidas por terceras personas no pasan al cesionario sin la autorización expresa de aquéllas.

 

Título VIII: Excesiva onerosidad de la prestación

Artículo 1440.- Definición

 

En los contratos conmutativos de ejecución continuada, periódica o diferida, si la prestación llega a ser excesivamente onerosa por acontecimientos extraordinarios e imprevisibles, la parte perjudicada puede solicitar al juez que la reduzca o que aumente la contraprestación, a fin de que cese la excesiva onerosidad.

 

Si ello no fuera posible por la naturaleza de la prestación, por las circunstancias o si lo solicitara el demandado, el juez decidirá la resolución del contrato. La resolución no se extiende a las prestaciones ejecutadas.

 

Artículo 1441.- Extensión de la excesiva onerosidad de la prestación

 

Las disposiciones contenidas en el artículo 1440 se aplican:

 

1. A los contratos conmutativos de ejecución inmediata, cuando la prestación a cargo de una de las partes ha sido diferida por causa no imputable a ella.

 

2. A los contratos aleatorios, cuando la excesiva onerosidad se produce por causas extrañas al riesgo propio del contrato.

 

Artículo 1442.- Excesiva onerosidad en contratos con prestación de una parte

 

Cuando se trate de contratos en que una sola de las partes hubiera asumido obligaciones, le es privativo solicitar judicialmente la reducción de la prestación a fin de que cese su excesiva onerosidad.

 

Si no se puede reducir la prestación, rige lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 1440.

 

Artículo 1443.- Improcedencia de la acción por excesiva onerosidad

 

No procede la acción por excesiva onerosidad de la prestación cuando su ejecución se ha diferido por dolo o culpa de la parte perjudicada.

 

Artículo 1444.- Nulidad de la renuncia a la acción

 

Es nula la renuncia a la acción por excesiva onerosidad de la prestación.

 

Artículo 1445.- Caducidad de la acción

 

La acción por excesiva onerosidad de la prestación caduca a los tres meses de producidos los acontecimientos extraordinarios e imprevisibles a que se refiere el artículo 1440.

 

Artículo 1446.- Plazo de caducidad

 

El término inicial del plazo de caducidad a que se refiere el artículo 1445 corre a partir del momento en que hayan desaparecido los acontecimientos extraordinarios e imprevisibles.

 

Título IX: Lesión

Artículo 1447.- Acción por Lesión

 

La acción rescisoria por lesión sólo puede ejercitarse cuando la desproporción entre las prestaciones al momento de celebrarse el contrato es mayor de las dos quintas partes y siempre que tal desproporción resulte del aprovechamiento por uno de los contratantes de la necesidad apremiante del otro.

 

Procede también en los contratos aleatorios, cuando se produzca la desproporción por causas extrañas al riesgo propio de ellos.

 

Artículo 1448.- Presunción de aprovechamiento

 

En el caso del artículo 1447, si la desproporción fuera igual o superior a las dos terceras partes, se presume el aprovechamiento por el lesionante de la necesidad apremiante del lesionado.

 

Artículo 1449.- Apreciación de la desproporción

 

La desproporción entre las prestaciones se apreciará según el valor que tengan al tiempo de celebrarse el contrato.

 

Artículo 1450.- Consignación del exceso

 

Fenece el proceso si el demandado, dentro del plazo para contestar la demanda, consigna la diferencia del valor.

 

Artículo 1451.- Reajuste del valor

 

El demandado puede reconvenir el reajuste del valor. En este caso, la sentencia dispondrá el pago de la diferencia de valor establecido, más sus intereses legales, dentro del plazo de ocho días, bajo apercibimiento de declararse rescindido el contrato.

 

Artículo 1452.- Acción de reajuste

 

En los casos en que la acción rescisoria a que se refiere el artículo 1447 fuere inútil para el lesionado, por no ser posible que el demandado devuelva la prestación recibida, procederá la acción de reajuste.

 

Artículo 1453.- Nulidad de la renuncia a la acción por lesión

 

Es nula la renuncia a la acción por lesión.

 

Artículo 1454.- Caducidad de la acción por lesión

 

La acción por lesión caduca a los seis meses de cumplida la prestación a cargo del lesionante, pero en todo caso a los dos años de la celebración del contrato.

 

Artículo 1455.- Improcedencia de la acción por lesión

 

No procede la acción por lesión:

 

1. En la transacción.

 

2. En las ventas hechas por remate público.

 

Artículo 1456.- Lesión en la partición

 

No puede ejercitar la acción por lesión el copropietario que haya enajenado bienes por más de la mitad del valor en que le fueron adjudicados.

 

Título X: Contrato en favor de tercero

Artículo 1457.- Definición

 

Por el contrato en favor de tercero, el promitente se obliga frente al estipulante a cumplir una prestación en beneficio de tercera persona.

 

El estipulante debe tener interés propio en la celebración del contrato.

 

Artículo 1458.- Origen y exigibilidad del derecho del tercero

 

El derecho del tercero surge directa e inmediatamente de la celebración del contrato. Empero, será necesario que el tercero haga conocer al estipulante y al promitente su voluntad de hacer uso de ese derecho, para que sea exigible, operando esta declaración retroactivamente.

 

La declaración del beneficiario puede ser previa al contrato.

 

Artículo 1459.- Declaración de herederos

 

La declaración de hacer uso del derecho puede ser efectuada por los herederos del tercero beneficiario, salvo pacto distinto.

 

Artículo 1460.- Falta de aceptación del tercero

 

Si el tercero no acepta hacer uso del derecho, el estipulante puede exigir el beneficio en su favor.

 

Artículo 1461.- Exigibilidad de cumplimiento al promitente

 

El estipulante tiene derecho a exigir el cumplimiento de la obligación por el promitente. El mismo derecho le corresponde al tercero beneficiario una vez que haya efectuado la declaración a que se refiere el artículo 1458 y a los herederos del mismo en el caso del artículo 1459.

 

Artículo 1462.- Exclusividad del tercero para exigir el cumplimiento

 

Cuando se deja exclusivamente al tercero el derecho de hacer exigible la obligación del promitente, el estipulante no podrá exonerar a éste.

 

Artículo 1463.- Derecho de sustitución del estipulante

 

El estipulante puede reservar en el contrato el derecho de sustituir al tercero independientemente de la voluntad de éste y de la del promitente.

 

La sustitución a que se refiere el párrafo anterior no se trasmite a los herederos del estipulante, salvo pacto distinto.

 

Artículo 1464.- Revocación o modificación del derecho del tercero

 

El estipulante puede revocar o modificar el derecho del tercero en tanto no se hayan producido los casos de aceptación previstos en los artículos 1458 y 1459.

 

Artículo 1465.- Intrasmisibilidad de la facultad de revocación o modificación

 

La facultad de revocación o modificación no se trasmite a los herederos, salvo pacto distinto.

 

Artículo 1466.- Requisitos para la revocación o modificación

 

Para que el estipulante y sus herederos, en su caso, puedan hacer valer la revocación o modificación, se requiere que el tercero haya conocido la existencia del contrato y no haya expresado aún la voluntad de hacer uso de su derecho.

 

Artículo 1467.- Extinción del contrato por revocación

 

La revocación de la estipulación en favor del tercero produce la extinción del contrato, salvo pacto distinto.

 

Artículo 1468.- Renuncia a la facultad de revocar, modificar o sustituir el contrato

 

Se puede renunciar a la facultad de revocar, modificar o sustituir el contrato en favor de tercero.

 

Artículo 1469.- Oposición al derecho de tercero

 

El promitente puede oponer al tercero las excepciones fundadas en el contrato, pero no las que deriven de otras relaciones existentes entre él y el estipulante.

 

Título XI: Promesa de la obligación o del hecho de un tercero

Artículo 1470.- Promesa de la obligación o del hecho de un tercero

 

Se puede prometer la obligación o el hecho de un tercero, con cargo de que el promitente quede obligado a indemnizar al otro contratante si el tercero no asume la obligación o no cumple el hecho prometido, respectivamente.

 

Artículo 1471.- La indemnización como prestación sustitutoria

 

En cualquiera de los casos del artículo 1470, la indemnización a cargo del promitente tiene el carácter de prestación sustitutoria de la obligación o del hecho del tercero.

 

Artículo 1472.- Pacto anticipado de indemnización

 

Puede pactarse anticipadamente el monto de la indemnización.

 

Título XII: Contrato por persona a nombrar

Artículo 1473.- Facultad de partes de nombrar a tercero

 

Al celebrar el contrato puede convenirse que cualquiera de las partes se reserve la facultad de nombrar posteriormente a un tercero que asuma los derechos y las obligaciones derivadas de aquel acto.

 

La reserva de nombramiento no procede en los casos en que no es admitida la representación o es indispensable la determinación de los contratantes.

 

Artículo 1474.- Plazo para nombramiento de tercero

 

La declaración de nombramiento debe comunicarse a la otra parte dentro de un plazo que no podrá exceder de veinte días, contados a partir de la fecha de celebración del contrato.

 

La declaración de nombramiento no tiene efecto si no es acompañada de la aceptación de la persona nombrada.

 

Artículo 1475.- Formalidad de la declaración de nombramiento

 

La declaración de nombramiento y la aceptación por la persona nombrada deben revestir la misma forma que las partes hayan usado para el contrato, aunque no esté prescrita por la ley.

 

Artículo 1476.- Efectos de la declaración de nombramiento

 

Si la declaración de nombramiento se hizo válidamente, la persona nombrada asume los derechos y las obligaciones derivadas del contrato, con efecto desde el momento de la celebración de éste.

 

En caso contrario o cuando no se efectúa la declaración de nombramiento dentro del plazo, el contrato produce efecto entre los contratantes originarios.

 

Título XIII: Arras confirmatorias

Artículo 1477.- Entrega y devolución de arras

 

La entrega de arras confirmatorias importa la conclusión del contrato. En caso de cumplimiento, quien recibió las arras las devolverá o las imputará sobre su crédito, según la naturaleza de la prestación.

 

Artículo 1478.- Arras penales

 

Si la parte que hubiese entregado las arras no cumple la obligación por causa imputable a ella, la otra parte puede dejar sin efecto el contrato conservando las arras. Si quien no cumplió es la parte que las ha recibido, la otra puede dejar sin efecto el contrato y exigir el doble de las arras.

 

Artículo 1479.- Reglas aplicables a la indemnización

 

Si la parte que no ha incumplido la obligación prefiere demandar la ejecución o la resolución del contrato, la indemnización de daños y perjuicios se regula por las normas generales.

 

Título XIV: Arras de retractación

Artículo 1480.- Arras de retractación

 

La entrega de las arras de retractación sólo es válida en los contratos preparatorios y concede a las partes el derecho de retractarse de ellos.

 

Artículo 1481.- Efectos de la retractación entre partes

 

Si se retracta la parte que entrega las arras, las pierde en provecho del otro contratante.

 

Si se retracta quien recibe las arras, debe devolverlas dobladas al tiempo de ejercitar el derecho.

 

Artículo 1482.- Renuncia al derecho de retractación

 

La parte que recibe las arras puede renunciar al derecho de retractación.

 

Artículo 1483.- Efecto del contrato definitivo

 

Si se celebra el contrato definitivo, quien recibe las arras las devolverá de inmediato o las imputará sobre su crédito, según la naturaleza de la prestación.

 

Título XV: Obligaciones de Saneamiento

Capítulo primero: Disposiciones generales

Artículo 1484.- Aplicación de saneamiento

 

Hay lugar a saneamiento en los contratos relativos a la transferencia de la propiedad, la posesión o el uso de un bien.

 

Artículo 1485.- Saneamiento

 

En virtud del saneamiento el transferente está obligado a responder frente al adquirente por la evicción, por los vicios ocultos del bien o por sus hechos propios, que no permitan destinar el bien transferido a la finalidad para la cual fue adquirido o que disminuyan su valor.

 

Artículo 1486.- Destino normal

 

Si no se indica expresa o tácitamente la finalidad de la adquisición, se presume que la voluntad de las partes es dar al bien el destino normal de acuerdo con sus características, la oportunidad de la adquisición y las costumbres del lugar.

 

Artículo 1487.- Transmisión del derecho de saneamiento

 

Tanto la obligación como el derecho de saneamiento se trasmiten a los respectivos herederos.

 

Artículo 1488.- Caducidad de la acción de saneamiento

 

El adquirente puede exigir el saneamiento tanto a su inmediato transferente como a los anteriores a éste, en la medida que éstos hubieran estado obligados a ello con respecto a sus inmediatos adquirentes.

 

Los plazos de caducidad de las acciones de saneamiento contra los transferentes anteriores al inmediato se cuentan a partir de la celebración de sus respectivos contratos.

 

Artículo 1489.- Facultad de los contratantes respecto del saneamiento

 

Los contratantes pueden ampliar, restringir o suprimir la obligación de saneamiento, salvo el caso contemplado en el artículo 1528.

 

Artículo 1490.- Limitación del Saneamiento

 

En las ventas forzadas hechas por las autoridades y entidades autorizadas por ley, el saneamiento queda limitado a la restitución del precio que produzca la transferencia.

 

Capítulo segundo: Saneamiento por evicción

Artículo 1491.- Saneamiento por evicción

 

Se debe el saneamiento por evicción cuando el adquirente es privado total o parcialmente del derecho a la propiedad, uso o posesión de un bien en virtud de resolución judicial o administrativa firme y por razón de un derecho de tercero, anterior a la transferencia.

 

Artículo 1492.- Evicción por allanamiento o abandono

 

Se produce la evicción cuando el adquirente, con el asentimiento del transferente, se allana a la demanda o hace abandono del bien sin esperar la resolución de que trata el artículo 1491.

 

Artículo 1493.- Liberación del transferente

 

Si el adquirente, con el asentimiento del transferente, ha evitado la evicción mediante un pago, el transferente puede liberarse de todas las consecuencias del saneamiento con el reembolso de lo pagado, de los intereses, de todos los gastos en que haya incurrido el adquirente y de la indemnización a que se refiere el artículo 1495, inciso 7.

 

Artículo 1494.- Improcedencia del saneamiento

 

No hay lugar a saneamiento por evicción cuando el derecho del tercero llegue a ser exigible por dolo o culpa inexcusable del adquirente.

 

Artículo 1495.- Derechos del adquiriente en virtud del saneamiento

 

El adquirente tiene en virtud del saneamiento el derecho de pedirle al transferente:

 

1. El valor del bien al momento de la evicción, teniendo en cuenta la finalidad para la que fue adquirido.

 

2. Los intereses legales desde que se produce la evicción.

 

3. Los frutos devengados por el bien durante el tiempo que lo poseyó de buena fe o su valor, si fue obligado a devolverlos con el mismo bien.

 

4. Las costas del juicio de evicción, en caso de haber sido obligado a pagarlas.

 

5. Los tributos y gastos del contrato que hayan sido de cargo del adquirente.

 

6. Todas las mejoras hechas de buena fe por el adquirente, no abonadas por el evincente.

 

7. La indemnización de daños y perjuicios, cuando el transferente incurrió en dolo o culpa al celebrar el contrato.

 

Artículo 1496.- Mejoras hechas por el transferente

 

Si las mejoras son abonadas al adquirente, habiendo sido hechas por el transferente, su valor será considerado a cuenta de lo que tenga que pagar éste a aquél.

 

Artículo 1497.- Renuncia a saneamiento por evicción

 

Cuando se pacta que el transferente no queda sujeto a la obligación de saneamiento por evicción, si se produce ésta debe devolver la contraprestación que recibió, a no ser que el adquirente renuncie expresamente a dicha devolución. No es válida esta renuncia si el transferente actuó con dolo o culpa inexcusable.

 

Artículo 1498.- Notificación de la demanda al transferente

 

Promovido juicio de evicción, queda el adquirente obligado a solicitar, dentro del plazo para contestar la demanda, que ésta se notifique al transferente que él designe.

 

Artículo 1499.- Intervención sustitutoria y coadyuvante en el proceso

 

Si el transferente sale a juicio ocupará el lugar del adquirente como demandado hasta la conclusión del juicio.

 

Cuando el adquirente lo solicite puede coadyuvar en la defensa.

 

Artículo 1500.- Pérdida del derecho al saneamiento

 

El adquirente pierde el derecho a exigir el saneamiento:

 

1. Si no pidió y cuidó que se citara al transferente con la demanda del juicio de evicción.

 

2. Si se sometió la causa a arbitraje sin asentimiento del transferente y la perdió.

 

3. Si transigió el juicio sin anuencia del transferente.

 

4. Si al celebrar el contrato conocía que el bien era litigioso o ajeno.

 

5. Por caducidad, siendo el plazo de ésta de un año a partir de la fecha en que se produjo la evicción.

 

Artículo 1501.- Evicción parcial

 

En caso de evicción parcial, el adquirente tiene derecho a recibir el valor de la parte del bien cuyo derecho se pierde. Sin embargo, puede optar por la resolución del contrato, si esa parte es de tal importancia con respecto al todo que la haga inútil para la finalidad de la adquisición.

 

Artículo 1502.- Evicción en bienes interdependientes

 

El adquirente pude ejercitar la facultad opcional del artículo 1501 cuando se le transfieren dos o más bienes interdependientes o en conjunto, si por razón de evicción pierde el derecho sobre alguno de ellos.

 

El derecho a que se refiere el párrafo anterior rige aun cuando se haya señalado un valor individual a cada uno de los bienes transferidos.

 

Capítulo tercero: Saneamiento por vicios ocultos

Artículo 1503.- Obligación de saneamiento por vicios ocultos

 

El transferente está obligado al saneamiento por los vicios ocultos existentes al momento de la transferencia.

 

Artículo 1504.- Vicios conocibles por el adquirente

 

No se consideran vicios ocultos los que el adquirente pueda conocer actuando con la diligencia exigible de acuerdo con su aptitud personal y con las circunstancias.

 

Artículo 1505.- Saneamiento por falta de cualidades prometidas

 

Hay lugar al saneamiento cuando el bien carece de las cualidades prometidas por el transferente que le daban valor o lo hacían apto para la finalidad de la adquisición.

 

Artículo 1506.- Vicio oculto en la transferencia conjunta

 

Cuando se transfieren dos o más bienes conjuntamente, el vicio de cada uno dará derecho a la acción correspondiente y no se extenderá a los otros, a no ser que el adquirente no hubiese adquirido el otro u otros sin el que adolece del vicio. Se presume esto último cuando se adquiere un tiro, yunta, pareja, juego o análogos, aunque se hubiera señalado un valor separado por cada uno de los bienes que lo componen.

 

Artículo 1507.- Saneamiento en bienes principales y accesorios

 

Cuando se transfieren bienes principales y accesorios, los vicios que afectan a los primeros dan lugar al saneamiento de éstos y de los accesorios, pero no a la inversa.

 

Artículo 1508.- Vicios en bien fungible

 

El adquirente de un bien fungible viciado puede exigir, en sustitución del saneamiento, la entrega de otro de igual naturaleza.

 

Artículo 1509.- Cargas, limitaciones o gravámenes ocultos

 

Hay lugar al saneamiento cuando existan cargas, limitaciones o gravámenes ocultos y de los que no se dio noticias al celebrarse el contrato, si éstos son de tanta importancia que disminuyen el valor del bien, lo hacen inútil para la finalidad de su adquisición o reducen sus cualidades para ese efecto.

 

Artículo 1510.- Saneamiento por inexistencia de servidumbres activas

 

También hay lugar al saneamiento cuando no existen las servidumbres activas declaradas por el transferente al celebrarse el contrato, que harían apto el bien para la finalidad de su adquisición.

 

Artículo 1511.- Acción redhibitoria

 

El adquirente puede pedir, en razón del saneamiento a que está obligado el transferente, la resolución del contrato.

 

Artículo 1512.- Efectos de la resolución

 

La resolución a que se refiere el artículo 1511 impone al transferente la obligación de pagar al adquirente:

 

1. El valor que tendría el bien al momento de la resolución, si es que no existiera el vicio que lo afecta, teniendo en cuenta la finalidad de la adquisición.

 

2. Los intereses legales desde el momento de la citación con la demanda.

 

3. Los gastos o tributos del contrato pagados por el adquirente.

 

4. Los frutos del bien que estuviesen pendientes al momento de la resolución.

 

5. La indemnización de daños y perjuicios, cuando el transferente haya incurrido en dolo o culpa respecto de la existencia de los vicios.

 

Artículo 1513.- Acción estimatoria

 

El adquirente puede optar por pedir que se le pague lo que el bien vale de menos, por razón de vicio, en el momento de ejercerse la acción de pago, teniendo en cuenta la finalidad de su adquisición, sin perjuicio del derecho que contempla el artículo 1512, inciso 5.

 

Artículo 1514.- Caducidad de las acciones redhibitoria y estimatoria

 

Las acciones a que se refieren los artículos 1511 y 1513 caducan a los tres meses si se trata de bienes muebles y a los seis, de inmuebles.

 

Los plazos se computan desde el momento de la recepción del bien.

 

Artículo 1515.- Vicios de poca importancia

 

Cuando se trata de vicios de poca importancia, el transferente puede ofrecer subsanarlos, si esto es posible. Si la oferta es rechazada por el adquirente, éste puede intentar sólo la acción estimatoria, perdiendo la redhibitoria.

 

Artículo 1516.- Perjuicio del transferente por pérdida del bien

 

El transferente sufre el perjuicio de la pérdida del bien si éste perece totalmente por los vicios ocultos que tenía.

 

Artículo 1517.- Pérdida por culpa del adquirente

 

El transferente queda libre de responsabilidad si el vicio que causó la pérdida del bien tuvo este efecto exclusivamente por culpa del adquirente, aunque hubiera ya existido en el momento de la transferencia.

 

Artículo 1518.- Pérdida por caso fortuito o fuerza mayor

 

El transferente queda libre de responsabilidad si el bien que adolece de vicio se pierde por caso fortuito o fuerza mayor.

 

Artículo 1519.- Renuncia a saneamiento por vicios ocultos

 

Cuando se pacta que el transferente no queda sujeto a la obligación de saneamiento por vicios ocultos, si el bien se pierde por razón de estos vicios, debe devolver la contraprestación, a no ser que el adquirente renuncie expresamente a ella.

 

Artículo 1520.- Nulidad de renuncia al saneamiento

 

La renuncia al saneamiento es nula cuando el transferente actúa con dolo o culpa inexcusable respecto a la existencia de vicios del bien al momento de celebrarse el contrato o de pactarse la renuncia.

 

Artículo 1521.- Vicios ocultos en transferencia de animales

 

En la transferencia de animales, el saneamiento por vicios ocultos se regula por las leyes especiales o, en su defecto, por los usos. A falta de estos últimos, se observarán las normas que anteceden.

 

Artículo 1522.- Improcedencia del saneamiento en la transferencia de animales

 

No hay lugar al saneamiento por vicio oculto en la transferencia de animales y ganado hecha en feria o en pública subasta, ni en las de caballería de desecho o en circunstancias equivalentes.

 

Artículo 1523.- Garantía de buen funcionamiento

 

Si el transferente garantiza el buen funcionamiento del bien transferido durante cierto tiempo, el adquirente que alegue vicio o defecto de funcionamiento debe comunicarlo al transferente en el plazo de siete días a partir del descubrimiento; y puede entablar la acción correspondiente dentro del plazo de dos meses a contar desde la fecha de la comunicación.

 

Capítulo cuarto: Saneamiento por hecho propio del transferente

Artículo 1524.- Saneamiento por hecho propio

 

El transferente está obligado al saneamiento por hecho propio que disminuye el valor del bien, lo hace inútil para la finalidad de su adquisición, o reduce sus cualidades para ese efecto.

 

Artículo 1525.- Acciones redhibitorias y estimatorias

 

En razón del saneamiento por hecho propio del transferente, el adquirente puede ejercer las acciones previstas en los artículos 1511 y 1513. Estas acciones son excluyentes.

 

Artículo 1526.- Plazos de caducidad

 

Los plazos de las acciones de qué trata el artículo 1525 son los indicados en el artículo 1514.

 

Artículo 1527.- Excepción de saneamiento

 

Si el transferente entabla acción judicial destinada a enervar cualesquiera de los derechos sobre el bien que corresponden al adquirente en virtud del contrato, tiene éste la facultad de deducir la excepción de saneamiento, cuyo objeto es poner definitivamente fin al juicio.

 

Artículo 1528.- Nulidad del pacto de liberación o limitación del saneamiento

 

Es nulo el pacto mediante el cual se pretende liberar o limitar la obligación de saneamiento del transferente por un hecho voluntario suyo.

 

Sin embargo, puede ser válida, a juicio del juez, la exoneración o limitación del saneamiento por hechos concretos, cuya justificación debe expresarse en el contrato.

 

Sección segunda: Contratos nominados

Título I: Compraventa

Capítulo primero: Disposiciones generales

Artículo 1529.- Definición

 

Por la compraventa el vendedor se obliga a transferir la propiedad de un bien al comprador y éste a pagar su precio en dinero.

 

Artículo 1530.- Gastos de entrega y transporte

 

Los gastos de entrega son de cargo del vendedor y los gastos de transporte a un lugar diferente del de cumplimiento son de cargo del comprador, salvo pacto distinto.

 

Artículo 1531.- Condiciones del contrato

 

Si el precio de una transferencia se fija parte en dinero y parte en otro bien, se calificará el contrato de acuerdo con la intención manifiesta de los contratantes, independientemente de la denominación que se le dé.

 

Si no consta la intención de las partes, el contrato es de permuta cuando el valor del bien es igual o excede al del dinero; y de compraventa, si es menor.

 

Capítulo segundo: El bien materia de la venta

Artículo 1532.- Bienes susceptibles de compra – venta

 

Pueden venderse los bienes existentes o que puedan existir, siempre que sean determinados o susceptibles de determinación y cuya enajenación no esté prohibida por la ley.

 

Artículo 1533.- Perecimiento parcial del bien

 

Si cuando se hizo la venta había perecido una parte del bien, el comprador tiene derecho a retractarse del contrato o a una rebaja por el menoscabo, en proporción al precio que se fijó por el todo.

 

Artículo 1534.- Compra venta de bien futuro

 

En la venta de un bien que ambas partes saben que es futuro, el contrato está sujeto a la condición suspensiva de que llegue a tener existencia.

 

Artículo 1535.- Riesgo de cuantía y calidad del bien futuro

 

Si el comprador asume el riesgo de la cuantía y calidad del bien futuro, el contrato queda igualmente sujeto a la condición suspensiva de que llegue a tener existencia.

 

Empero, si el bien llega a existir, el contrato producirá desde ese momento todos sus efectos, cualquiera sea su cuantía y calidad, y el comprador debe pagar íntegramente el precio.

 

Artículo 1536.- Compra-venta de esperanza incierta

 

En los casos de los artículos 1534 y 1535, si el comprador asume el riesgo de la existencia del bien, el vendedor tiene derecho a la totalidad del precio, aunque no llegue a existir.

 

Artículo 1537.- Compromiso de venta de bien ajeno

 

El contrato por el cual una de las partes se compromete a obtener que la otra adquiera la propiedad de un bien que ambas saben que es ajeno, se rige por los artículos 1470, 1471 y 1472.

 

Artículo 1538.- Conversión del compromiso de venta de bien ajeno en compra – venta

 

En el caso del artículo 1537, si la parte que se ha comprometido adquiere después la propiedad del bien, queda obligada en virtud de ese mismo contrato a transferir dicho bien al acreedor, sin que valga pacto en contrario.

 

Artículo 1539.- Rescisión del compromiso de venta de bien ajeno

 

La venta de bien ajeno es rescindible a solicitud del comprador, salvo que hubiese sabido que no pertenecía al vendedor o cuando éste adquiera el bien, antes de la citación con la demanda.

 

Artículo 1540.- Compra-venta de bien parcialmente ajeno

 

En el caso del artículo 1539, si el bien es parcialmente ajeno, el comprador puede optar entre solicitar la rescisión del contrato o la reducción del precio.

 

Artículo 1541.- Efectos de la rescisión

 

En los casos de rescisión a que se refieren los artículos 1539 y 1540, el vendedor debe restituir al comprador el precio recibido, y pagar la indemnización de daños y perjuicios sufridos.

 

Debe reembolsar igualmente los gastos, intereses y tributos del contrato efectivamente pagados por el comprador y todas las mejoras introducidas por éste.

 

Artículo 1542.- Adquisición de bienes en locales abiertos al público

 

Los bienes muebles adquiridos en tiendas o locales abiertos al público no son reivindicables si son amparados con facturas o pólizas del vendedor. Queda a salvo el derecho del perjudicado para ejercitar las acciones civiles o penales que correspondan contra quien los vendió indebidamente.

 

Capítulo tercero: El precio

Artículo 1543.- Nulidad por precio fijado unilateralmente

 

La compraventa es nula cuando la determinación del precio se deja al arbitrio de una de las partes.

 

Artículo 1544.- Determinación del precio por tercero

 

Es válida la compraventa cuando se confía la determinación del precio a un tercero designado en el contrato o a designarse posteriormente, siendo de aplicación las reglas establecidas en los artículos 1407 y 1408.

 

Artículo 1545.- Determinación del precio en bolsa o mercado

 

Es también válida la compraventa si se conviene que el precio sea el que tuviere el bien en bolsa o mercado, en determinado lugar y día.

 

Artículo 1546.- Reajuste automático del precio

 

Es lícito que las partes fijen el precio con sujeción a lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 1235.

 

Artículo 1547.- Fijación del precio en caso de silencio de las partes

 

En la compraventa de bienes que el vendedor vende habitualmente, si las partes no han determinado el precio ni han convenido el modo de determinarlo, rige el precio normalmente establecido por el vendedor.

 

Si se trata de bienes que tienen precio de bolsa o de mercado, se presume, a falta de indicación expresa sobre el precio, que rige el de lugar en que debe realizarse la entrega.

 

Artículo 1548.- Precio determinado por peso neto

 

En la compraventa en que el precio se fija por peso, a falta de convenio, se entiende que se refiere al peso neto.

 

Capítulo cuarto: Obligaciones del vendedor

Artículo 1549.- Perfeccionamiento de transferencia

 

Es obligación esencial del vendedor perfeccionar la transferencia de la propiedad del bien.

 

Artículo 1550.- Estado del bien al momento de la entrega

 

El bien debe ser entregado en el estado en que se encuentre en el momento de celebrarse el contrato, incluyendo sus accesorios.

 

Artículo 1551.- Entrega de documentos y títulos del bien vendido

 

El vendedor debe entregar los documentos y títulos relativos a la propiedad o al uso del bien vendido, salvo pacto distinto.

 

Artículo 1552.- Oportunidad de la entrega del bien

 

El bien debe ser entregado inmediatamente después de celebrado el contrato, salvo la demora resultante de su naturaleza o de pacto distinto.

 

Artículo 1553.- Lugar de entrega del bien

 

A falta de estipulación, el bien debe ser entregado en el lugar en que se encuentre en el momento de celebrarse el contrato. Si el bien fuera incierto, la entrega se hará en el domicilio del vendedor, una vez que se realice su determinación.

 

Artículo 1554.- Entrega de frutos del bien

 

El vendedor responde ante el comprador por los frutos del bien, en caso de ser culpable de la demora de su entrega. Si no hay culpa, responde por los frutos sólo en caso de haberlos percibido.

 

Artículo 1555.- Demora en entrega de frutos

 

Si al tiempo de celebrarse el contrato el comprador conocía el obstáculo que demora la entrega, no se aplica el artículo 1554 ni es responsable el vendedor de la indemnización por los daños y perjuicios.

 

Artículo 1556.- Resolución por falta de entrega

 

Cuando se resuelve la compraventa por falta de entrega, el vendedor debe reembolsar al comprador los tributos y gastos del contrato que hubiera pagado e indemnizarle los daños y perjuicios.

 

Artículo 1557.- Prórroga de plazos por demora en entrega del bien

 

Demorada la entrega del bien por el vendedor en un contrato cuyo precio debe pagarse a plazos, éstos se prorrogan por el tiempo de la demora.

 

Capítulo quinto: Obligaciones del comprador

Artículo 1558.- Tiempo, forma y lugar del pago del precio

 

El comprador está obligado a pagar el precio en el momento, de la manera y en el lugar pactados.

 

A falta de convenio y salvo usos diversos, debe ser pagado al contado en el momento y lugar de la entrega del bien. Si el pago no puede hacerse en el lugar de la entrega del bien, se hará en el domicilio del comprador.

 

Artículo 1559.- Resolución por falta de pago del saldo

 

Cuando se ha pagado parte del precio y en el contrato no se estipuló plazo para la cancelación del saldo, el vendedor puede ejercitar el derecho contemplado en el artículo 1429. Resuelto el contrato, el vendedor debe devolver la parte del precio pagado, deducidos los tributos y gastos del contrato.

 

Artículo 1560.- Resolución por falta de garantía por el saldo

 

Se observará lo dispuesto en el artículo 1559 si el contrato se resuelve por no haberse otorgado, en el plazo convenido, la garantía debida por el saldo del precio.

 

Artículo 1561.- Incumplimiento de pago por armadas

 

Cuando el precio debe pagarse por armadas en diversos plazos, si el comprador deja de pagar tres de ellas, sucesivas o no, el vendedor puede pedir la resolución del contrato o exigir al deudor el inmediato pago del saldo, dándose por vencidas las cuotas que estuvieren pendientes.

 

Artículo 1562.- Improcedencia de la acción resolutoria

 

Las partes pueden convenir que el vendedor pierde el derecho a optar por la resolución del contrato si el comprador hubiese pagado determinada parte del precio, en cuyo caso el vendedor sólo podrá optar por exigir el pago del saldo.

 

Artículo 1563.- Efectos de la resolución por falta de pago

 

La resolución del contrato por incumplimiento del comprador da lugar a que el vendedor devuelva lo recibido, teniendo derecho a una compensación equitativa por el uso del bien y a la indemnización de los daños y perjuicios, salvo pacto en contrario.

 

Alternativamente, puede convenirse que el vendedor haga suyas, a título de indemnización, algunas de las armadas que haya recibido, aplicándose en este caso las disposiciones pertinentes sobre las obligaciones con cláusula penal.

 

Artículo 1564.- Resolución de la compraventa de bienes muebles no entregados

 

En la compraventa de bienes muebles no entregados al comprador, si éste no paga el precio, en todo o en parte, ni otorga la garantía a que se hubiere obligado, el vendedor puede disponer del bien. En tal caso, el contrato queda resuelto de pleno derecho.

 

Artículo 1565.- Oportunidad de la obligación de recibir el bien

 

El comprador está obligado a recibir el bien en el plazo fijado en el contrato, o en el que señalen los usos.

 

A falta de plazo convenido o de usos diversos, el comprador debe recibir el bien en el momento de la celebración del contrato.

 

Artículo 1566.- Compraventa de bienes muebles inscritos

 

Los contratos de compraventa a plazos de bienes muebles inscritos en el registro correspondiente se rigen por la ley de la materia.

 

Capítulo sexto: Transferencia del riesgo

Artículo 1567.- Transferencia del riesgo

 

El riesgo de pérdida de bienes ciertos, no imputables a los contratantes, pasa al comprador en el momento de su entrega.

 

Artículo 1568.- Transferencia del riesgo antes de la entrega

 

En el caso del artículo 1567 el riesgo de pérdida pasa al comprador antes de la entrega de los bienes si, encontrándose a su disposición, no los recibe en el momento señalado en el contrato para la entrega.

 

Artículo 1569.- Transferencia del riesgo en la compraventa por peso, número o medida

 

En el caso de compraventa de bienes por peso, número o medida, se aplicará el artículo 1568 si, encontrándose los bienes a su disposición, el comprador no concurre en el momento señalado en el contrato o determinado por el vendedor para pesarlos, contarlos o medirlos, siempre que se encuentren a su disposición.

 

Artículo 1570.- Transferencia del riesgo por expedición del bien a lugar distinto de la entrega

 

Si a pedido del comprador, el vendedor expide el bien a lugar distinto a aquél en que debía ser entregado, el riesgo de pérdida pasa al comprador a partir del momento de su expedición.

 

Capítulo séptimo: Venta a satisfacción del comprador, a prueba y sobre muestra

Artículo 1571.- Compraventa a satisfacción

 

La compraventa de bienes a satisfacción del comprador se perfecciona sólo en el momento en que éste declara su conformidad.

 

El comprador debe hacer su declaración dentro del plazo estipulado en el contrato o por los usos o, en su defecto, dentro de un plazo prudencial fijado por el vendedor.

 

Artículo 1572.- Compraventa a prueba

 

La compraventa a prueba se considera hecha bajo la condición suspensiva de que el bien tenga las cualidades pactadas o sea idóneo para la finalidad a que está destinado.

 

La prueba debe realizarse en el plazo y según las condiciones establecidas en el contrato o por los usos.

 

Si no se realiza la prueba o el resultado de ésta no es comunicado al vendedor dentro del plazo indicado, la condición se tendrá por cumplida.

 

Artículo 1573.- Compraventa sobre muestra

 

Si la compraventa se hace sobre muestra, el comprador tiene derecho a la resolución del contrato si la calidad del bien no es conforme a la muestra o a la conocida en el comercio.

 

Capítulo octavo: Compraventa sobre medida

Artículo 1574.- Compraventa por extensión o cabida

 

En la compraventa de un bien con la indicación de su extensión o cabida y por un precio en razón de un tanto por cada unidad de extensión o cabida, el vendedor está obligado a entregar al comprador la cantidad indicada en el contrato. Si ello no fuese posible, el comprador está obligado a pagar lo que se halle de más, y el vendedor a devolver el precio correspondiente a lo que se halle de menos.

 

Artículo 1575.- Rescisión de la compraventa sobre medida

 

Si el exceso o falta en la extensión o cabida del bien vendido es mayor que un décimo de la indicada en el contrato, el comprador puede optar por su rescisión.

 

Artículo 1576.- Plazo para pago del exceso o devolución

 

Cuando en el caso del artículo 1574 el comprador no pueda pagar inmediatamente el precio del exceso que resultó, el vendedor está obligado a concederle un plazo no menor de treinta días para el pago.

 

Si no lo hace, el plazo será determinado por el juez, en la vía incidental, con arreglo a las circunstancias.

 

Igual regla se aplica, en su caso, para que el vendedor devuelva la diferencia resultante.

 

Artículo 1577.- Compraventa ad corpus

 

Si el bien se vende fijando precio por el todo y no con arreglo a su extensión o cabida, aun cuando ésta se indique en el contrato, el comprador debe pagar la totalidad del precio a pesar de que se compruebe que la extensión o cabida real es diferente.

 

Sin embargo, si se indicó en el contrato la extensión o cabida, y la real difiere de la señalada en más de una décima parte, el precio sufrirá la reducción o el aumento proporcional.

 

Artículo 1578.- Compraventa de bienes homogéneos

 

Si en la compraventa de varios bienes homogéneos por un solo y mismo precio, pero con indicación de sus respectivas extensiones o cabidas, se encuentra que la extensión o cabida es superior en alguno o algunos e inferior en otro u otros, se hará la compensación entre las faltas y los excesos, hasta el límite de su concurrencia.

 

Si el precio fue pactado por unidad de extensión o medida, el derecho al suplemento, o a la disminución del precio que resulta después de efectuada la compensación, se regula por los artículos 1574 a 1576.

 

Artículo 1579.- Caducidad de la acción rescisoria

 

El derecho del vendedor al aumento del precio y el del comprador a su disminución, así como el derecho de este último de pedir la rescisión del contrato, caducan a los seis meses de la recepción del bien por el comprador.

 

Capítulo noveno: Compraventa sobre documentos

Artículo 1580.- Compraventa sobre documentos

 

En la compraventa sobre documentos, la entrega del bien queda sustituida por la de su título representativo y por los otros documentos exigidos por el contrato o, en su defecto, por los usos.

 

Artículo 1581.- Oportunidad y lugar de pago

 

El pago del precio debe efectuarse en el momento y en el lugar de entrega de los documentos indicados en el artículo 1580, salvo pacto o uso distintos.

 

Capítulo décimo: Pactos que pueden integrar la compraventa

Subcapítulo I: Disposición general

Artículo 1582.- Pactos que no pueden integrar la compraventa

 

Puede integrar la compraventa cualquier pacto lícito, con excepción de los siguientes, que son nulos:

 

1. El pacto de mejor comprador, en virtud del cual puede rescindirse la compraventa por convenirse que, si hubiera quien dé más por el bien, lo devolverá el comprador.

 

2. El pacto de preferencia, en virtud del cual se impone al comprador la obligación de ofrecer el bien al vendedor por el tanto que otro proponga, cuando pretenda enajenarlo.

 

Subcapítulo II: Compraventa con reserva de propiedad

Artículo 1583.- Compra venta con reserva de propiedad

 

En la compraventa puede pactarse que el vendedor se reserva la propiedad del bien hasta que se haya pagado todo el precio o una parte determinada de él, aunque el bien haya sido entregado al comprador, quien asume el riesgo de su pérdida o deterioro desde el momento de la entrega.

 

El comprador adquiere automáticamente el derecho a la propiedad del bien con el pago del importe del precio convenido.

 

Artículo 1584.- Oponibilidad del pacto de reserva de propiedad

 

La reserva de la propiedad es oponible a los acreedores del comprador sólo si consta por escrito que tenga fecha cierta anterior al embargo.

 

Si se trata de bienes inscritos, la reserva de la propiedad es oponible a terceros siempre que el pacto haya sido previamente registrado.

 

Artículo 1585.- Reserva de propiedad en arrendamiento – venta

 

Las disposiciones de los artículos 1583 y 1584 son aplicables a los contratos de arrendamiento en los que se convenga que, al final de los mismos, la propiedad del bien sea adquirida por el arrendatario por efecto del pago de la merced conductiva pactada.

 

Subcapítulo III: Pacto de Retroventa

Artículo 1586.- Definición

 

Por la retroventa, el vendedor adquiere el derecho de resolver unilateralmente el contrato, sin necesidad de decisión judicial.

 

Artículo 1587.- Nulidad de estipulaciones en el pacto de retroventa

 

Es nula la estipulación que impone al vendedor, como contrapartida de la resolución del contrato, la obligación de pagar al comprador una cantidad de dinero u otra ventaja para éste.

 

También es nula, en cuanto al exceso, la estipulación que obliga al vendedor a devolver, en caso de resolución del contrato, una suma adicional que no sea la destinada a conservar el valor adquisitivo del precio.

 

Artículo 1588.- Plazo para ejercitar el derecho de resolución

 

El plazo para ejercitar el derecho de resolución es de dos años tratándose de inmuebles y de un año en el caso de muebles, salvo que las partes estipulen un plazo menor.

 

El plazo se computa a partir de la celebración de la compraventa. Si las partes convienen un plazo mayor que el indicado en el primer párrafo de este artículo o prorrogan el plazo para que sea mayor de dos años o de un año, según el caso, el plazo o la prórroga se consideran reducidos al plazo legal.

 

El comprador tiene derecho a retener el bien hasta que el vendedor le reembolse las mejoras necesarias y útiles.

 

Artículo 1589.- Retroventa en bienes indivisos

 

Los que han vendido conjuntamente un bien indiviso con pacto de retroventa, y los herederos del que ha vendido con el mismo pacto, no pueden usar su derecho separadamente, sino conjuntamente.

 

Artículo 1590.- Retroventa en venta separada

 

Cuando los copropietarios de un bien indiviso hayan vendido separadamente sus cuotas en la copropiedad con pacto de retroventa, cada uno de ellos puede ejercitar, con la misma separación, el derecho de resolver el contrato por su respectiva participación.

 

Artículo 1591.- Oponibilidad de la retroventa

 

El pacto de retroventa es oponible a terceros cuando aparece inscrito en el correspondiente registro.

 

Capítulo décimo primero: Derecho de retracto

Artículo 1592.- Definición

 

El derecho de retracto es el que la ley otorga a determinadas personas para subrogarse en el lugar del comprador y en todas las estipulaciones del contrato de compraventa.

 

El retrayente debe reembolsar al adquiriente el precio, los tributos y gastos pagados por éste y, en su caso, los intereses pactados.

 

Es improcedente el retracto en las ventas hechas por remate público.

 

Artículo 1593.- Retracto en dación en pago

 

El derecho de retracto también procede en la dación en pago.

 

Artículo 1594.- Procedencia del derecho de retracto

 

El derecho de retracto procede respecto de bienes muebles inscritos y de inmuebles.

 

Artículo 1595.- Irrenunciabilidad e intrasmisibilidad

 

Es irrenunciable e intrasmisible por acto entre vivos el derecho de retracto.

 

Artículo 1596.- Plazo para ejercer derecho de retracto

 

El derecho de retracto debe ejercerse dentro del plazo de treinta días contados a partir de la comunicación de fecha cierta a la persona que goza de este derecho.

 

Cuando su domicilio no sea conocido ni conocible, puede hacerse la comunicación mediante publicaciones en el diario encargado de los avisos judiciales y en otro de mayor circulación de la localidad, por tres veces con intervalo de cinco días entre cada aviso. En este caso, el plazo se cuenta desde el día siguiente al de la última publicación.

 

Artículo 1597.- Plazo especial para ejercer derecho de retracto

 

Si el retrayente conoce la transferencia por cualquier medio distinto del indicado en el artículo 1596, el plazo se cuenta a partir de la fecha de tal conocimiento. Para este caso, la presunción contenida en el artículo 2012 sólo es oponible después de un año de la inscripción de la transferencia.

 

Artículo 1598.- Garantía en retracto

 

Cuando el precio del bien fue pactado a plazos es obligatorio el otorgamiento de una garantía para el pago del precio pendiente, aunque en el contrato que da lugar al retracto no se hubiera convenido.

 

Artículo 1599.- Titulares del derecho de retracto

 

Tienen derecho de retracto:

 

1. Derogado

 

2. El copropietario, en la venta a tercero de las porciones indivisas.

 

3. El litigante, en caso de venta por el contrario del bien que se esté discutiendo judicialmente.

 

4. El propietario, en la venta del usufructo y a la inversa.

 

5. El propietario del suelo y el superficiario, en la venta de sus respectivos derechos.

 

6. Los propietarios de predios urbanos divididos materialmente en partes, que no puedan ejercitar sus derechos de propietarios sin someter las demás partes del bien a servidumbres o a servicios que disminuyan su valor.

 

7. El propietario de la tierra colindante, cuando se trate de la venta de una finca rústica cuya cabida no exceda de la unidad agrícola o ganadera mínima respectiva, o cuando aquélla y ésta reunidas no excedan de dicha unidad.

 

Artículo 1600.- Orden de prelación de los retrayentes

 

Si hay diversidad en los títulos de dos o más que tengan derecho de retracto, el orden de preferencia será el indicado en el artículo 1599.

 

Artículo 1601.- Retracto en enajenación sucesiva

 

Cuando se hayan efectuado dos o más enajenaciones antes de que expire el plazo para ejercitar el retracto, este derecho se refiere a la primera enajenación sólo por el precio, tributos, gastos e intereses de la misma. Quedan sin efecto las otras enajenaciones.

 

Título II: Permuta

Artículo 1602.- Definición

 

Por la permuta los permutantes se obligan a transferirse recíprocamente la propiedad de bienes.

 

Artículo 1603.- Reglas aplicables a la permuta

 

La permuta se rige por las disposiciones sobre compraventa, en lo que le sean aplicables.

 

Título III: Suministro

Artículo 1604.- Definición

 

Por el suministro, el suministrante se obliga a ejecutar en favor de otra persona prestaciones periódicas o continuadas de bienes.

 

Artículo 1605.- Prueba y formalidad del contrato de suministro

 

La existencia y contenido del suministro pueden probarse por cualesquiera de los medios que permite la ley, pero si se hubiera celebrado por escrito, el mérito del instrumento respectivo prevalecerá sobre todos los otros medios probatorios.

 

Cuando el contrato se celebre a título de liberalidad debe formalizarse por escrito, bajo sanción de nulidad.

 

Artículo 1606.- Volumen y periodicidad indeterminada

 

Cuando no se haya fijado el volumen del suministro o su periodicidad, se entiende que se ha pactado teniendo en cuenta las necesidades del suministrado, determinadas al momento de la celebración del contrato.

 

Artículo 1607.- Determinación del suministrado

 

Si los contratantes determinan únicamente los límites mínimos y máximos para el suministro total o para las prestaciones singulares, corresponde al suministrado establecer dentro de estos límites el volumen de lo debido.

 

Artículo 1608.- Pago del precio en el suministro periódico

 

En el suministro periódico, el precio se abona en el acto de las prestaciones singulares y en proporción a cada una de ellas.

 

Artículo 1609.- Determinación del precio en el suministro periódico

 

Si en el suministro periódico de entrega de bienes en propiedad, no se ha determinado el precio, serán aplicables las reglas pertinentes de la compraventa y se tendrán en consideración el momento del vencimiento de las prestaciones singulares y el lugar en que éstas deben ser cumplidas.

 

Artículo 1610.- Pago del precio en el suministro continuado

 

En el suministro continuado, el precio se paga, a falta de pacto, de acuerdo con los usos del mercado.

 

Artículo 1611.- Plazo para prestaciones singulares

 

El plazo establecido para las prestaciones singulares se presume en interés de ambas partes.

 

Artículo 1612.- Vencimiento de prestaciones singulares

 

Cuando el beneficiario del suministro tiene la facultad de fijar el vencimiento de las prestaciones singulares, debe comunicar su fecha al suministrante con un aviso previo no menor de siete días.

 

Artículo 1613.- Suministro de plazo indeterminado

 

Si la duración del suministro no se encuentra establecida, cada una de las partes puede separarse del contrato dando aviso previo en el plazo pactado, o, en su defecto, dentro de un plazo no menor de treinta días.

 

Artículo 1614.- Pacto de preferencia

 

En caso de haberse pactado la cláusula de preferencia en favor del suministrante o del suministrado, la duración de la obligación no excederá de cinco años y se reduce a este límite si se ha fijado un plazo mayor.

 

Artículo 1615.- Propuesta y ejercicio de la preferencia

 

En el caso previsto en el artículo 1614, la parte que tenga la preferencia deberá comunicar en forma indubitable a la otra las condiciones propuestas por terceros. El beneficiado por el pacto de preferencia, a su vez, está obligado a manifestar dentro del plazo obligatoriamente fijado, su decisión de hacer valer la preferencia.

 

Artículo 1616.- Exclusividad del suministrante

 

Cuando en el contrato de suministro se ha pactado la cláusula de exclusividad en favor del suministrante, el beneficiario del suministro no puede recibir de terceros prestaciones de la misma naturaleza, ni proveerlos con medios propios a la producción de las cosas que constituyen el objeto de la prestación.

 

Artículo 1617.- Exclusividad del suministrado

 

Si la cláusula de exclusividad se pacta en favor del beneficiario del suministro, el suministrante no puede, directa ni indirectamente, efectuar prestaciones de igual naturaleza que aquellas que son materia del contrato, en ningún otro lugar.

 

Artículo 1618.- Incumplimiento de promover la venta

 

El beneficiario del suministro que asume la obligación de promover la venta de los bienes que tiene en exclusividad responde de los daños y perjuicios si incumple esa obligación, aun cuando haya satisfecho el contrato respecto de la cantidad mínima pactada.

 

Artículo 1619.- Incumplimiento de escasa importancia

 

Si el beneficiario del suministro no satisface la obligación que le corresponde y este incumplimiento es de escasa importancia, el suministrante no puede suspender la ejecución del contrato sin darle aviso previo.

 

Artículo 1620.- Resolución del suministro

 

Cuando alguna de las partes incumple las prestaciones singulares a que está obligada, la otra puede pedir la resolución del contrato si el incumplimiento tiene una importancia tal que disminuya la confianza en la exactitud de los sucesivos cumplimientos.

 

Título IV: Donación

Artículo 1621.- Definición

 

Por la donación el donante se obliga a transferir gratuitamente al donatario la propiedad de un bien.

 

Artículo 1622.- Donación mortis causa

 

La donación que ha de producir sus efectos por muerte del donante, se rige por las reglas establecidas para la sucesión testamentaria.

 

Artículo 1623.- Donación verbal de bienes muebles

 

La donación de bienes muebles puede hacerse verbalmente, cuando su valor no exceda del 25% de la Unidad Impositiva Tributaria, vigente al momento en que se celebre el contrato.

 

Artículo 1624.- Donación por escrito de bienes muebles

 

Si el valor de los bienes muebles excede el límite fijado en el artículo 1623, la donación se deberá hacer por escrito de fecha cierta, bajo sanción de nulidad.

 

En el instrumento deben especificarse y valorizarse los bienes que se donen.

 

Artículo 1625.- Donación de bienes inmuebles

 

La donación de bienes inmuebles, debe hacerse por escritura pública, con indicación individual del inmueble o inmuebles donados, de su valor real y el de las cargas que ha de satisfacer el donatario, bajo sanción de nulidad.

 

Artículo 1626.- Donación de muebles por nupcias

 

La donación de bienes muebles con ocasión de bodas o acontecimientos similares no está sujeta a las formalidades establecidas por los artículos 1624 y 1625.

 

Artículo 1627.- Compromiso de donar bien ajeno

 

El contrato en virtud del cual una persona se obliga a obtener que otra adquiera gratuitamente la propiedad de un bien que ambos saben que es ajeno, se rige por los artículos 1470, 1471 y 1472.

 

Artículo 1628.- Donación a favor de tutor o curador

 

La donación en favor de quien ha sido tutor o curador del donante está sujeta a la condición suspensiva de ser aprobadas las cuentas y pagado el saldo resultante de la administración.

 

Artículo 1629.- Límites de la donación

 

Nadie puede dar por vía de donación, más de lo que puede disponer por testamento.

 

La donación es inválida en todo lo que exceda de esta medida.

 

El exceso se regula por el valor que tengan o debían tener los bienes al momento de la muerte del donante.

 

Artículo 1630.- Donación conjunta

 

Cuando la donación se ha hecho a varias personas conjuntamente, se entenderá por partes iguales y no se dará entre ellas el derecho de acrecer.

 

Se exceptúan de esta disposición las donaciones hechas conjuntamente a marido y mujer, entre los cuales tendrá lugar el derecho de acrecer, si el donante no dispuso lo contrario.

 

Artículo 1631.- Donación conjunta

 

Puede establecerse la reversión sólo en favor del donante. La estipulada en favor de tercero es nula; pero no producirá la nulidad de la donación.

 

Artículo 1632.- Renuncia tácita a la reversión

 

El asentimiento del donante a la enajenación de los bienes que constituyeron la donación determina la renuncia del derecho de reversión. El asentimiento del donante a la constitución de una garantía real por el donatario no importa renuncia del derecho de reversión sino en favor del acreedor.

 

Artículo 1633.- Beneficio del donante empobrecido

 

El donante que ha desmejorado de fortuna sólo puede eximirse de entregar el bien donado en la parte necesaria para sus alimentos.

 

Artículo 1634.- Invalidez de donación

 

Queda invalidada de pleno derecho la donación hecha por persona que no tenía hijos, si resulta vivo el hijo del donante que éste reputaba muerto.

 

La donación hecha por quien no tenía hijos al tiempo de celebrar el contrato, no queda invalidada si éstos sobrevinieren, salvo que expresamente estuviese establecida esta condición.

 

Artículo 1635.- Efectos de la invalidación

 

Invalidada la donación se restituye al donante el bien donado, o su valor de reposición si el donatario lo hubiese enajenado o no pudiese ser restituido.

 

Si el bien donado se halla gravado, el donante libera el gravamen pagando la cantidad que corresponda y se subroga en los derechos del acreedor.

 

Artículo 1636.- Excepción a invalidez de pleno derecho

 

No queda invalidada de pleno derecho la donación en el caso del artículo 1634 cuando el valor del bien donado no exceda de la décima parte de los bienes que tuvo el donante al tiempo de hacer la donación. En este caso, es necesario que el donante la declare sin efecto.

 

Artículo 1637.- Revocación de donación

 

El donante puede revocar la donación por las mismas causas de indignidad para suceder y de desheredación.

 

Artículo 1638.- Intrasmisibilidad de la revocación

 

No pasa a los herederos la facultad de revocar la donación.

 

Artículo 1639.- Caducidad de la revocación

 

La facultad de revocar la donación caduca a los seis meses desde que sobrevino alguna de las causas del artículo 1637.

 

Artículo 1640.- Comunicación de la revocación

 

No produce efecto la revocación si dentro de sesenta días de hecha por el donante, no se comunica en forma indubitable al donatario o a sus herederos.

 

Artículo 1641.- Contradicción de la revocación

 

El donatario o sus herederos pueden contradecir las causas de la revocación para que judicialmente se decida sobre el mérito de ellas. Quedará consumada la revocación que no fuese contradicha dentro de sesenta días después de comunicada en forma indubitable al donatario o a sus herederos.

 

Artículo 1642.- Invalidez de donación remuneratoria o sujeta a cargo

 

En el caso de donaciones remuneratorias o sujetas a cargo, su invalidación o revocación determina la obligación del donante de abonar al donatario el valor del servicio prestado o del cargo satisfecho.

 

Artículo 1643.- Frutos por revocación o invalidación

 

Los frutos de las donaciones revocadas pertenecen al donante desde que se comunica en forma indubitable la revocación; y en caso de invalidación de pleno derecho, desde que se cita con la demanda de restitución del bien donado.

 

Artículo 1644.- Caducidad de la donación

 

Caduca la donación si el donatario ocasiona intencionalmente la muerte del donante.

 

Artículo 1645.- Donación inoficiosa

 

Si las donaciones exceden la porción disponible de la herencia, se suprimen o reducen en cuanto al exceso las de fecha más reciente, o a prorrata, si fueran de la misma fecha.

 

Artículo 1646.- Donación por matrimonio

 

La donación hecha por razón de matrimonio está sujeta a la condición de que se celebre el acto.

 

Artículo 1647.- Irrevocabilidad de donación por matrimonio

 

La donación a que se refiere el artículo 1646 no es revocable por causa de ingratitud.

 

Título V: Mutuo

Artículo 1648.- Definición

 

Por el mutuo, el mutuante se obliga a entregar al mutuatario una determinada cantidad de dinero o de bienes consumibles, a cambio de que se le devuelvan otros de la misma especie, calidad o cantidad.

 

Artículo 1649.- Prueba y formalidad del mutuo

 

La existencia y contenido del mutuo se rigen por lo dispuesto en la primera parte del artículo 1605.

 

Artículo 1650.- Mutuo entre cónyuges

 

El mutuo entre cónyuges constará por escritura pública, bajo sanción de nulidad, cuando su valor exceda el límite previsto por el artículo 1625.

 

Artículo 1651.- Mutuo de representantes de incapaces o ausentes

 

Los representantes de incapaces o ausentes, para celebrar mutuo en representación de las personas cuyos bienes administran, deben observar lo dispuesto en el artículo 1307.

 

Artículo 1652.- Mutuo de incapaces o ausentes

 

En el caso del artículo 1651, no será necesaria la intervención de los representantes o el cumplimiento de las formalidades de la transacción, según el caso, cuando el valor del bien mutuado no exceda diez veces el sueldo mínimo vital mensual.

 

Artículo 1653.- Entrega de bien mutado

 

El mutuante está obligado a efectuar la entrega en la oportunidad convenida y, en su defecto, al momento de celebrarse el contrato.

 

Artículo 1654.- Efecto de la entrega

 

Con la entrega del bien mutuado se desplaza la propiedad al mutuatario y desde este instante le corresponde la mejora, el deterioro o destrucción que sobrevengan.

 

Artículo 1655.- Presunción del buen estado del bien

 

Recibido el bien por el mutuatario, se presume que se halla en estado de servir para el uso a que se destinó.

 

Artículo 1656.- Plazo legal de devolución

 

Cuando no se ha fijado plazo para la devolución ni éste resulta de las circunstancias, se entiende que es de treinta días contados desde la entrega.

 

Artículo 1657.- Plazo judicial de devolución

 

Si se ha convenido que el mutuatario pague sólo cuando pueda hacerlo o tenga los medios, el plazo será fijado por el juez atendiendo las circunstancias y siguiendo el procedimiento establecido para el juicio de menor cuantía.

 

Artículo 1658.- Pago anticipado

 

Si se conviene que el mutuatario no abone intereses u otra contraprestación al mutuante, aquél puede efectuar el pago antes del plazo estipulado.

 

Artículo 1659.- Lugar de cumplimiento

 

La entrega de lo que se presta y su devolución se harán en el lugar convenido o, en su defecto, en el que se acostumbre hacerlo.

 

Artículo 1660.- Lugar de cumplimiento a falta de convenio

 

Cuando no se ha convenido lugar ni exista costumbre, la entrega se hará en el sitio en que se encuentre el bien y la devolución en el domicilio del mutuatario.

 

Artículo 1661.- Pago por imposibilidad de devolver el bien

 

Si el mutuatario no pudiese devolver bien similar en especie, cantidad y calidad al que recibió, satisfará su prestación pagando el valor que tenía al momento y lugar en que debió hacerse el pago.

 

Artículo 1662.- Pago previa evaluación del bien

 

Si en el caso del artículo 1661, fueran evaluados los bienes al momento de celebración del contrato, el mutuatario está obligado a satisfacer el valor que se les dio, aunque valgan más o menos al momento del pago.

 

Artículo 1663.- Pago de intereses

 

El mutuatario debe abonar intereses al mutuante, salvo pacto distinto.

 

Artículo 1664.- Usura encubierta

 

Si en el mutuo se declara recibida mayor cantidad que la verdaderamente entregada, el contrato se entiende celebrado por esta última, quedando sin efecto en cuanto al exceso.

 

Artículo 1665.- Falso mutuo

 

Cuando se presta una cantidad de dinero que debe devolverse en mercaderías o viceversa, el contrato es de compraventa.

 

Título VI: Arrendamiento

Capítulo primero: Disposiciones generales

Artículo 1666.- Definición

 

Por el arrendamiento el arrendador se obliga a ceder temporalmente al arrendatario el uso de un bien por cierta renta convenida.

 

Artículo 1667.- Facultad de arrendar bienes

 

Puede dar en arrendamiento el que tenga esta facultad respecto de los bienes que administra.

 

Artículo 1668.- Personas impedidas de arrendar

 

No puede tomar en arrendamiento:

 

1. El administrador, los bienes que administra.

 

2. Aquel que por ley está impedido.

 

Artículo 1669.- Arrendamiento de bien indiviso

 

El copropietario de un bien indiviso no puede arrendarlo sin consentimiento de los demás partícipes. Sin embargo, si lo hace, el arrendamiento es válido si los demás copropietarios lo ratifican expresa o tácitamente.

 

Artículo 1670.- Prelación entre arrendatarios

 

Cuando se arrienda un mismo bien a dos o más personas, se prefiere al arrendatario de buena fe cuyo título ha sido primeramente inscrito o, en defecto de inscripción, al que ha empezado a poseerlo. Si ninguno ha empezado a poseerlo, será preferido el arrendatario cuyo título sea de fecha anterior, salvo que el de alguno conste de documento de fecha cierta.

 

Artículo 1671.- Arrendamiento de bien ajeno

 

Si el arrendatario sabía que el bien era ajeno, el contrato se rige por lo dispuesto en los artículos 1470, 1471 y 1472.

 

Artículo 1672.- Prohibición de arrendatarios

 

El arrendador no puede realizar en las bien innovaciones que disminuyan el uso por parte del arrendatario.

 

Artículo 1673.- Reparaciones de bien arrendado

 

Si en el curso del arrendamiento el bien requiere reparaciones que no pueden diferirse hasta el fin del contrato, el arrendatario debe tolerarlas aun cuando importen privación del uso de una parte de él.

 

Artículo 1674.- Resolución o rebaja de renta

 

Cuando para reparar el bien se impide al arrendatario que use una parte de él, éste tiene derecho a dar por resuelto el contrato o a la rebaja en la renta proporcional al tiempo y a la parte que no utiliza.

 

Artículo 1675.- Restitución de bien mueble arrendado

 

El bien mueble arrendado se debe restituir en el lugar en que fue entregado, salvo pacto distinto.

 

Artículo 1676.- Pago de renta

 

El pago de la renta puede pactarse por períodos vencidos o adelantados. A falta de estipulación, se entiende que se ha convenido por períodos vencidos.

 

Artículo 1677.- Arrendamiento financiero

 

El contrato de arrendamiento financiero se rige por su legislación especial y, supletoriamente, por el presente título y los artículos 1419 a 1425, en cuanto sean aplicables.

 

Capítulo segundo: Obligaciones del arrendador

Artículo 1678.- Obligación de entregar el bien

 

El arrendador está obligado a entregar al arrendatario el bien arrendado con todos sus accesorios, en el plazo, lugar y estado convenidos.

Si no se indica en el contrato el tiempo ni el lugar de la entrega, debe realizarse inmediatamente donde se celebró, salvo que por costumbre deba efectuarse en otro lugar o época.

 

Artículo 1679.- Presunción de buen estado

 

Entregado el bien al arrendatario, se presume que se halla en estado de servir y con todo lo necesario para su uso.

 

Artículo 1680.- Obligaciones adicionales al arrendador

 

También está obligado el arrendador:

 

1. A mantener al arrendatario en el uso del bien durante el plazo del contrato y a conservarlo en buen estado para el fin del arrendamiento.

 

2. A realizar durante el arrendamiento todas las reparaciones necesarias, salvo pacto distinto.

 

Capítulo tercero: Obligaciones del arrendatario

Artículo 1681.- Obligaciones del arrendatario

 

El arrendatario está obligado:

 

1. A recibir el bien, cuidarlo diligentemente y usarlo para el destino que se le concedió en el contrato o al que pueda presumirse de las circunstancias.

 

2. A pagar puntualmente la renta en el plazo y lugar convenidos y, a falta de convenio, cada mes, en su domicilio.

 

3. A pagar puntualmente los servicios públicos suministrados en beneficio del bien, con sujeción a las normas que los regulan.

 

4. A dar aviso inmediato al arrendador de cualquier usurpación, perturbación o imposición de servidumbre que se intente contra el bien.

 

5. A permitir al arrendador que inspeccione por causa justificada el bien, previo aviso de siete días.

 

6. A efectuar las reparaciones que le correspondan conforme a la ley o al contrato.

 

7. A no hacer uso imprudente del bien o contrario al orden público o a las buenas costumbres.

 

8. A no introducir cambios ni modificaciones en el bien, sin asentimiento del arrendador.

 

9. A no subarrendar el bien, total o parcialmente, ni ceder el contrato, sin asentimiento escrito del arrendador.

 

10. A devolver el bien al arrendador al vencerse el plazo del contrato en el estado en que lo recibió, sin más deterioro que el de su uso ordinario.

 

11. A cumplir las demás obligaciones que establezca la ley o el contrato.

 

Artículo 1682.- Reparación por arrendatario

 

El arrendatario está obligado a dar aviso inmediato al arrendador de las reparaciones que haya que efectuar, bajo responsabilidad por los daños y perjuicios resultantes.

 

Si se trata de reparaciones urgentes, el arrendatario debe realizarlas directamente con derecho a reembolso, siempre que avise al mismo tiempo al arrendador.

 

En los demás casos, los gastos de conservación y de mantenimiento ordinario son de cargo del arrendatario, salvo pacto distinto.

 

Artículo 1683.- Responsabilidad por pérdida y deterioro del bien

 

El arrendatario es responsable por la pérdida y el deterioro del bien que ocurran en el curso del arrendamiento, aun cuando deriven de incendio, si no prueba que han ocurrido por causa no imputable a él.

 

Es también responsable por la pérdida y el deterioro ocasionados por causas imputables a las personas que ha admitido, aunque sea temporalmente, al uso del bien.

 

Artículo 1684.- Pérdida y deterioro de bienes asegurados

 

Si el bien destruido o deteriorado por incendio había sido asegurado por el arrendador o por cuenta de éste, la responsabilidad del arrendatario frente al arrendador se limita a la diferencia entre la indemnización abonada o por abonar por el asegurador y el daño efectivo.

 

Si se trata del bien valorizado y el seguro se ha fijado en una cantidad igual a la tasación, no hay responsabilidad del arrendatario frente al arrendador, si éste es indemnizado por el asegurador.

 

Quedan a salvo, en todo caso, las normas concernientes al derecho de subrogación del asegurador.

 

Artículo 1685.- Pérdida y deterioro en pluralidad de arrendatarios

 

Si son varios los arrendatarios, todos son responsables por la pérdida o deterioro del bien en proporción al valor de la parte que ocupan, salvo que se pruebe que el siniestro comenzó en la habitación o parte del inmueble arrendado a uno de ellos, quien, en tal caso, será el único responsable.

 

Artículo 1686.- Responsabilidad del arrendador ocupante

 

Si el arrendador ocupa alguna parte del predio, será considerado como arrendatario, respecto a la responsabilidad a que se refiere el artículo 1685.

 

Capítulo cuarto: Duración del arrendamiento

Artículo 1687.- Duración del arrendamiento

 

El arrendamiento puede ser de duración determinada o indeterminada.

 

Artículo 1688.- Plazo máximo de arrendamiento de duración determinada

 

El plazo del arrendamiento de duración determinada no puede exceder de diez años.

 

Cuando el bien arrendado pertenece a entidades públicas o a incapaces el plazo no puede ser mayor de seis años.

 

Todo plazo o prórroga que exceda de los términos señalados se entiende reducido a dichos plazos.

 

Artículo 1689.- Presunciones del arrendamiento de duración determinada

 

A falta de acuerdo expreso, se presume que el arrendamiento es de duración determinada en los siguientes casos y por los períodos que se indican:

 

1. Cuando el arrendamiento tenga una finalidad específica, se entiende pactado por el tiempo necesario para llevarla a cabo.

 

2. Si se trata de predios ubicados en lugares de temporada, el plazo de arrendamiento será el de una temporada.

 

Artículo 1690.- Arrendamiento de duración indeterminada

 

El arrendamiento de duración indeterminada se reputa por meses u otro período, según se pague la renta.

 

Artículo 1691.- Períodos forzosos y voluntarios

 

El arrendamiento puede ser celebrado por períodos forzosos y períodos voluntarios, pudiendo ser éstos en favor de una o ambas partes.

 

Capítulo quinto: Subarrendamiento y cesión del arrendamiento

Artículo 1692.- Definición

 

El subarrendamiento es el arrendamiento total o parcial del bien arrendado que celebra el arrendatario en favor de un tercero, a cambio de una renta, con asentimiento escrito del arrendador.

 

Artículo 1693.- Obligación solidaria de las partes

 

Tanto el subarrendatario como el arrendatario están obligados solidariamente ante el arrendador por las obligaciones asumidas por el arrendatario.

 

Artículo 1694.- Accesoriedad del subarrendamiento

 

A la conclusión del arrendamiento se extinguen los subarrendamientos cuyos plazos no han vencido, dejándose a salvo el derecho del subarrendatario para exigir del arrendatario la indemnización correspondiente.

 

Artículo 1695.- Subsistencia del arrendamiento

 

El subarrendamiento no termina si el arrendamiento cesa por consolidación en la persona del arrendatario y del arrendador.

 

Artículo 1696.- Cesión del arrendamiento

 

La cesión del arrendamiento constituye la trasmisión de los derechos y obligaciones del arrendatario en favor de un tercero que lo sustituye y se rige por las reglas de la cesión de posición contractual.

 

Capítulo sexto: Resolución del arrendamiento

Artículo 1697.- Causales de resolución

 

El contrato de arrendamiento puede resolverse:

 

1. Si el arrendatario no ha pagado la renta del mes anterior y se vence otro mes y además quince días. Si la renta se pacta por períodos mayores, basta el vencimiento de un solo período y además quince días. Si el alquiler se conviene por períodos menores a un mes, basta que venzan tres períodos.

 

2. En los casos previstos en el inciso 1, si el arrendatario necesitó que hubiese contra él sentencia para pagar todo o parte de la renta, y se vence con exceso de quince días el plazo siguiente sin que haya pagado la nueva renta devengada.

 

3. Si el arrendatario da al bien destino diferente de aquél para el que se le concedió expresa o tácitamente, o permite algún acto contrario al orden público o a las buenas costumbres.

 

4. Por subarrendar o ceder el arrendamiento contra pacto expreso, o sin asentimiento escrito del arrendador.

 

5. Si el arrendador o el arrendatario no cumplen cualesquiera de sus obligaciones.

 

Artículo 1698.- Resolución por falta de pago de la renta

 

La resolución por falta de pago de la renta se sujeta a lo pactado, pero en ningún caso procede, tratándose de casas-habitación comprendidas en leyes especiales, si no se han cumplido por lo menos dos mensualidades y quince días.

 

Capítulo séptimo: Conclusión del arrendamiento

Artículo 1699.- Fin de arrendamiento de duración determinada

 

El arrendamiento de duración determinada concluye al vencimiento del plazo establecido por las partes, sin que sea necesario aviso previo de ninguna de ellas.

 

Artículo 1700.- Continuación de arrendamiento de duración determinada

 

Vencido el plazo del contrato, si el arrendatario permanece en el uso del bien arrendado, no se entiende que hay renovación tácita, sino la continuación del arrendamiento, bajo sus mismas estipulaciones, hasta que el arrendador solicite su devolución, la cual puede pedir en cualquier momento.

 

Artículo 1701.- Conversión de los periodos voluntarios en forzosos

 

En el arrendamiento cuya duración se pacta por períodos forzosos para ambas partes y voluntarios a opción de una de ellas, los períodos voluntarios se irán convirtiendo uno a uno en forzosos si la parte a la que se concedió la opción no avisa a la otra que el arrendamiento concluirá al finalizar los períodos forzosos o cada uno de los voluntarios.

 

El aviso a que se refiere el párrafo anterior debe cursarse con no menos de dos meses de anticipación al día del vencimiento del respectivo período, si se trata de inmuebles, y de no menos de un mes, en el caso de los demás bienes.

 

Artículo 1702.- Períodos voluntarios para ambas partes

 

Si en el contrato se establece que los períodos sean voluntarios para ambas partes, basta que cualquiera de ellas dé a la otra el aviso prescrito en el artículo 1701 para que el arrendamiento concluya al finalizar los períodos forzosos.

 

Artículo 1703.- Fin del arrendamiento de duración indeterminada

 

Se pone fin a un arrendamiento de duración indeterminada dando aviso judicial o extrajudicial al otro contratante.

 

Artículo 1704.- Exigibilidad de devolución del bien y cobro de penalidad

 

Vencido el plazo del contrato o cursado el aviso de conclusión del arrendamiento, si el arrendatario no restituye el bien, el arrendador tiene derecho a exigir su devolución y a cobrar la penalidad convenida o, en su defecto, una prestación igual a la renta del período precedente, hasta su devolución efectiva. El cobro de cualquiera de ellas no importará la continuación del arrendamiento.

 

Artículo 1705.- Causales de conclusión extrajudicial

 

Además, concluye el arrendamiento, sin necesidad de declaración judicial, en los siguientes casos:

 

1. Cuando el arrendador sea vencido en juicio sobre el derecho que tenía.

 

2. Si es preciso para la conservación del bien que el arrendatario lo devuelva con el fin de repararlo.

 

3. Por la destrucción total o pérdida del bien arrendado.

 

4. En caso de expropiación.

 

5. Si dentro de los noventa días de la muerte del arrendatario, sus herederos que usan el bien, comunican al arrendador que no continuarán el contrato.

 

Artículo 1706.- Consignación del bien arrendado

 

En todo caso de conclusión del arrendamiento o teniendo el arrendatario derecho para resolverlo, si pone el bien a disposición del arrendador y éste no puede o no quiere recibirlo, aquél podrá consignarlo.

 

Artículo 1707.- Extinción de responsabilidad por consignación

 

Desde el día en que el arrendatario efectúe la consignación se extingue su responsabilidad por la renta, salvo que la impugnación a la consignación fuese declarada fundada.

 

Artículo 1708.- Enajenación del bien arrendado

 

En caso de enajenación del bien arrendado se procederá del siguiente modo:

 

1. Si el arrendamiento estuviese inscrito, el adquirente deberá respetar el contrato, quedando sustituido desde el momento de su adquisición en todos los derechos y obligaciones del arrendador.

 

2. Si el arrendamiento no ha sido inscrito, el adquirente puede darlo por concluido.

 

Excepcionalmente, el adquirente está obligado a respetar el arrendamiento, si asumió dicha obligación.

 

3. Tratándose de bienes muebles, el adquirente no está obligado a respetar el contrato si recibió su posesión de buena fe.

 

Artículo 1709.- Responsabilidad por bien enajenado

 

Cuando concluya el arrendamiento por enajenación del bien arrendado, el arrendador queda obligado al pago de los daños y perjuicios irrogados al arrendatario.

 

Artículo 1710.- Continuación del arrendamiento con herederos del arrendatario

 

Si dos o más herederos del arrendatario usan el bien, y la mitad o el mayor número de ellos no manifiesta su voluntad de extinguirlo, continúa el contrato para éstos, sin ninguna responsabilidad de los otros.

 

En tal caso, no subsisten las garantías que estaban constituidas en favor del arrendador. Este tiene, sin embargo, el derecho de exigir nuevas garantías; si no se le otorgan dentro de quince días, concluye el contrato.

 

Artículo 1711.- Autorización para desocupar bien arrendado

 

Para desocupar el bien el arrendatario debe previamente recabar autorización escrita del arrendador o, en su defecto, de la autoridad respectiva.

 

Si el arrendatario desocupa el bien sin alguna de esas autorizaciones, será responsable:

 

1. De la renta y de los pagos por los servicios a su cargo que se devenguen después de la desocupación hasta que el arrendador tome posesión del bien.

 

2. De los daños y perjuicios correspondientes.

 

3. De que un tercero se introduzca en él.

 

Artículo 1712.- Arrendamiento especial

 

Los contratos de arrendamiento regulados por leyes especiales se rigen supletoriamente por las normas de este título.

 

Título VII: Hospedaje

Artículo 1713.- Definición

 

Por el hospedaje, el hospedante se obliga a prestar al huésped albergue y, adicionalmente, alimentación y otros servicios que contemplan la ley y los usos, a cambio de una retribución. Esta podrá ser fijada en forma de tarifa por la autoridad competente si se trata de hoteles, posadas u otros establecimientos similares.

 

Artículo 1714.- Sujeción a normas reglamentarias y cláusulas generales

 

El hospedaje se sujeta además a las normas reglamentarias y a las cláusulas generales de contratación aprobadas por la autoridad competente.

 

Artículo 1715.- Derechos del huésped

 

El huésped tiene derecho a exigir del hospedante que la habitación presente las condiciones de aseo y funcionamiento de servicios normales y que los alimentos, en su caso, respondan a los requisitos de calidad e higiene adecuados.

 

Artículo 1716.- Exhibición de tarifas

 

Los establecimientos destinados a hospedaje exhibirán en lugar visible las tarifas y cláusulas generales de contratación que rigen este contrato.

 

Artículo 1717.- Derecho de retención

 

Los equipajes y demás bienes entregados o introducidos por el huésped responden preferencialmente por el pago de la retribución del hospedaje y por los daños y perjuicios que aquél hubiese causado al establecimiento, pudiendo el hospedante retenerlos hasta su cancelación.

 

Artículo 1718.- Responsabilidad del hospedante como depositario

 

El hospedante responde como depositario por el dinero, joyas, documentos y otros bienes recibidos en custodia del huésped y debe poner en su cuidado la diligencia ordinaria exigida por la naturaleza de la obligación y que corresponda a las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar.

 

Artículo 1719.- Responsabilidad del hospedante sobre objetos de uso corriente

 

El hospedante responde igualmente de los objetos de uso corriente introducidos por el huésped, siempre que éste cumpla las prescripciones del aviso que estará fijado en lugar visible de las habitaciones.

 

La autoridad competente fijará el límite de la responsabilidad.

 

Artículo 1720.- Declaración de objetos de uso común

 

El hospedante tiene derecho a solicitar del huésped, dentro de las veinticuatro horas de su ingreso, una declaración escrita de los objetos de uso común introducidos, así como a comprobar su exactitud.

 

Artículo 1721.- Negativa a la custodia de bienes

 

El hospedante no puede negarse a recibir en custodia o a que se introduzcan los bienes a que se refiere el artículo 1718, sin justos motivos. Se consideran tales, el excesivo valor de los bienes en relación con la importancia del establecimiento, así como su naturaleza en cuanto constituya obstáculo respecto a la capacidad del local.

 

Artículo 1722.- Extensión de responsabilidad del hospedante

 

La responsabilidad del hospedante por la custodia de los bienes depositados o introducidos se extiende a los actos u omisiones de los familiares que trabajan con él y a sus dependientes.

 

Artículo 1723.- Comunicación de sustracción, pérdida o deterioro de bienes

 

El huésped está obligado a comunicar al hospedante la sustracción, pérdida o deterioro de los bienes introducidos en el establecimiento tan pronto tenga conocimiento de ello. De no hacerlo, quedará excluida la responsabilidad del hospedante, salvo cuando tales hechos se produzcan por dolo o culpa inexcusable de este último.

 

Artículo 1724.- Liberación de responsabilidad del hospedante

 

El hospedante no tiene responsabilidad si prueba que la sustracción, pérdida o deterioro de los bienes introducidos por el huésped se debe a su culpa exclusiva o de quienes le visiten, acompañen o sean dependientes suyos o si tiene como causa la naturaleza o vicio de ellos.

 

Artículo 1725.- Caducidad del crédito del hospedante

 

El crédito de la hospedante caduca a los seis meses contados a partir del momento de la terminación del contrato.

 

Artículo 1726.- Servicio de estacionamiento y similares

 

El servicio adicional de estacionamiento de vehículos o similares, se rige por los artículos 1713 a 1725, en cuanto sean aplicables.

 

Artículo 1727.- Extensión normativa de normas de hospedaje

 

Las disposiciones de los artículos 1713 a 1725 comprenden a los hospitales, clínicas y casas de salud o de reposo, establecimientos comerciales o de espectáculos públicos, balnearios, restaurantes, clubes, naves, aeronaves, coches-cama y similares, en lo que les sean aplicables.

 

Título VIII: Comodato

Artículo 1728.- Definición

 

Por el comodato, el comodante se obliga a entregar gratuitamente al comodatario un bien no consumible, para que lo use por cierto tiempo o para cierto fin y luego lo devuelva.

 

Artículo 1729.- Comodato de bien consumible

 

Hay comodato de un bien consumible sólo si es prestado a condición de no ser consumido.

 

Artículo 1730.- Prueba del comodato

 

La existencia y contenido del comodato se rigen por lo dispuesto en la primera parte del artículo 1605.

 

Artículo 1731.- Presunción del buen estado del bien recibido

 

Se presume que el comodatario recibe el bien en buen estado de uso y conservación, salvo prueba en contrario.

 

Artículo 1732.- Aumento, menoscabo y pérdida del bien

 

Corresponde al comodante el aumento y el menoscabo o pérdida del bien, salvo culpa del comodatario o pacto de satisfacer todo perjuicio.

 

Artículo 1733.- Intrasmisibilidad del comodato

 

Las obligaciones y derechos que resulten del comodato no se trasmiten a los herederos del comodatario, salvo que el bien haya sido dado en comodato para una finalidad que no pueda suspenderse.

 

Artículo 1734.- Prohibición de ceder uso del bien

 

El comodatario no puede ceder el uso del bien a un tercero sin autorización escrita del comodante, bajo sanción de nulidad.

 

Artículo 1735.- Obligaciones del comodante

 

Son obligaciones del comodante:

 

1. Entregar el bien en el plazo convenido

 

2. Comunicar oportunamente al comodatario si el bien adolece de algún vicio que conoce.

 

3. No solicitar la devolución del bien antes del plazo estipulado y, en defecto de pacto, antes de haber servido al uso para el que fue dado en comodato, salvo el caso previsto en el artículo 1736.

 

4. Pagar los gastos extraordinarios que hubiese hecho el comodatario para la conservación del bien.

 

Artículo 1736.- Devolución anticipada del bien

 

Si el comodante necesita con urgencia imprevista el bien o acredita que existe peligro de deterioro o pérdida si continúa en poder del comodatario, puede solicitarle su devolución antes de cumplido el plazo o de haber servido para el uso.

 

Artículo 1737.- Comodato de duración indeterminada

 

Cuando no se ha determinado la duración del contrato, el comodatario está obligado a restituir el bien cuando el comodante lo solicite.

 

Artículo 1738.- Obligaciones del comodatario

 

Son obligaciones del comodatario:

 

1. Custodiar y conservar el bien con la mayor diligencia y cuidado, siendo responsable de la pérdida o deterioro que no provenga de su naturaleza o del uso ordinario.

 

2. Emplear el bien para el uso determinado en el contrato o, en su defecto, según la naturaleza del mismo y la costumbre, siendo responsable del deterioro o pérdida provenientes del abuso.

 

3. Permitir que el comodante inspeccione el bien para establecer su estado de uso y conservación.

 

4. Pagar los gastos ordinarios indispensables que exija la conservación y uso del bien.

 

5. Devolver el bien en el plazo estipulado o, en su defecto, después del uso para el que fue dado en comodato.

 

Artículo 1739.- Eximencia de responsabilidad por uso ordinario

 

El comodatario no responde si el bien se deteriora o modifica por efecto del uso para el que ha sido entregado.

 

Artículo 1740.- Gastos de recepción y restitución del bien

 

Los gastos de recepción y restitución del bien corren por cuenta del comodatario.

 

Artículo 1741.- Responsabilidad por uso distinto del bien

 

El comodatario que emplea el bien para un uso distinto o por un plazo mayor del convenido es responsable de la pérdida o deterioro ocurridos por causa que no le sea imputable, salvo que pruebe que estos hechos se habrían producido aun cuando no lo hubiese usado diversamente o lo hubiese restituido en su oportunidad.

 

Artículo 1742.- Responsabilidad por perecimiento del bien

 

El comodatario debe pagar el valor del bien dado en comodato si perece por causa que no le es imputable, cuando hubiese podido evitarla sustituyéndolo con uno de su propiedad.

 

Artículo 1743.- Responsabilidad por el deterioro y pérdida de bien tasado

 

Si el bien fue tasado al tiempo de celebrarse el contrato, su pérdida o deterioro es de cuenta del comodatario, aun cuando hubiera ocurrido por causa que no le sea imputable.

 

Artículo 1744.- Lugar de devolución del bien

 

El comodatario debe devolver el bien dado en comodato al comodante o a quien tenga derecho a recibirlo, en el lugar en que lo recibió.

 

Artículo 1745.- Suspensión de la devolución del bien

 

El comodatario no puede suspender la restitución alegando que el comodante no tiene derecho sobre el bien, salvo que haya sido perdido, hurtado o robado o que el comodatario sea designado depositario por mandato judicial.

 

Artículo 1746.- Consignación del bien

 

Si el comodatario supone que se le ha dado en comodato un bien extraviado, hurtado o robado, debe consignarlo de inmediato y bajo responsabilidad, con citación del comodante y del presunto propietario, si lo conoce.

 

Artículo 1747.- Suspensión de devolución

 

El comodatario está obligado a suspender la restitución del bien si se pretende utilizarlo para la comisión de una infracción penal.

 

En este caso, debe consignarlo de inmediato y bajo responsabilidad, con citación del comodante.

 

Artículo 1748.- Derecho de retención

 

El comodatario tiene derecho a retener el bien, sólo cuando no le hayan sido pagados los gastos extraordinarios a que se refiere el artículo 1735, inciso 4.

 

Artículo 1749.- Enajenación del bien por herederos del comodatario

 

Si los herederos del comodatario hubiesen enajenado el bien sin tener conocimiento del comodato, el comodante puede exigir que le paguen su valor o le cedan los derechos que en virtud de la enajenación le corresponden, salvo que haya hecho uso de la acción reinvindicatoria.

 

Si los herederos hubiesen conocido del comodato, indemnizarán además los daños y perjuicios.

 

Artículo 1750.- Pago por imposibilidad de restituir el bien

 

Cuando sea imposible devolver el bien, el comodatario pagará, a elección del comodante, otro de la misma especie y calidad, o su valor, de acuerdo con las circunstancias y lugar en que debía haberse restituido.

 

Artículo 1751.- Hallazgo del bien dado en comodato

 

Pagado el bien dado en comodato por haberse perdido, si posteriormente lo halla el comodatario, no podrá obligar al comodante a recibirlo, pero éste tendrá la facultad de recuperarlo, devolviendo al comodatario lo que recibió.

 

Si el hallazgo lo realiza el comodante, puede retenerlo devolviendo el bien o valor que recibió o, en su defecto, entregando el bien hallado al comodatario.

 

Si el bien fue hallado por un tercero, el comodante está facultado para reclamarlo y, una vez recuperado, devolverá al comodatario lo que éste le hubiese pagado.

 

Artículo 1752.- Responsabilidad solidaria en pluralidad de comodatarios

 

Si el bien se ha dado en comodato a dos o más personas para que lo usen al mismo tiempo, todas son responsables solidariamente.

 

Artículo 1753.- Caducidad de la acción por deterioro o modificación del bien

 

La acción del comodante para reclamar por el deterioro o modificación del bien, cuando la causa sea imputable al comodatario, caduca a los seis meses de haberlo recuperado.

 

Artículo 1754.- Caducidad de la acción de reintegro de gastos extraordinarios

 

La acción del comodatario para que se le reintegren los gastos extraordinarios a que se refiere el artículo 1735, inciso 4, caduca a los seis meses contados desde que devolvió el bien.

 

Título IX: Prestación de servicios

Capítulo primero: Disposiciones generales

Artículo 1755.- Definición

 

Por la prestación de servicios se conviene que éstos o su resultado sean proporcionados por el prestador al comitente.

 

Artículo 1756.- Modalidades de las prestaciones de servicios

 

Son modalidades de la prestación de servicios nominados:

 

1. La locación de servicios.

 

2. El contrato de obra.

 

3. El mandato.

 

4. El depósito.

 

5. El secuestro.

 

Artículo 1757.- Contratos innominados de prestación de servicios

 

Son también modalidades de la prestación de servicios, y les son aplicables las disposiciones contenidas en este capítulo, los contratos innominados de doy para que hagas y hago para que des.

 

Artículo 1758.- Prestación de servicios entre ausentes

 

Se presume la aceptación entre ausentes cuando los servicios materia del contrato constituyen la profesión habitual del destinatario de la oferta, o el ejercicio de su calidad oficial, o cuando los servicios sean públicamente anunciados, salvo que el destinatario haga conocer su excusa sin dilación.

 

Artículo 1759.- Oportunidad de pago

 

Cuando el servicio sea remunerado, la retribución se pagará después de prestado el servicio o aceptado su resultado, salvo cuando por convenio, por la naturaleza del contrato, o por la costumbre, deba pagarse por adelantado o periódicamente.

 

Artículo 1760.- Límites de la prestación

 

El que presta los servicios no puede exceder los límites del encargo.

 

Empero, puede apartarse de las instrucciones recibidas si llena el encargo de una manera más ventajosa que la expresada en el contrato o cuando sea razonable suponer que el comitente aprobaría su conducta si conociese ciertas circunstancias que no fue posible comunicarle en tiempo oportuno.

 

Artículo 1761.- Aprobación tácita de excesos de la prestación

 

Informado el comitente del apartamiento de las instrucciones por el prestador de servicios, el silencio de aquél por tiempo superior al que tenía para pronunciarse, según los usos o, en su defecto, de acuerdo con la naturaleza del asunto, importa la aprobación del encargo.

 

Artículo 1762.- Responsabilidad por prestación de servicios profesionales o técnicos

 

Si la prestación de servicios implica la solución de asuntos profesionales o de problemas técnicos de especial dificultad, el prestador de servicios no responde por los daños y perjuicios, sino en caso de dolo o culpa inexcusable.

 

Artículo 1763.- Muerte o incapacidad del prestador de servicio

 

El contrato de prestación de servicios se extingue por muerte o incapacidad del prestador, salvo que la consideración de su persona no hubiese sido el motivo determinante del contrato.

 

Capítulo segundo: Locación de servicios

Artículo 1764.- Definición

 

Por la locación de servicios el locador se obliga, sin estar subordinado al comitente, a prestarle sus servicios por cierto tiempo o para un trabajo determinado, a cambio de una retribución.

 

Artículo 1765.- Objeto

 

Pueden ser materia del contrato toda clase de servicios materiales e intelectuales.

 

Artículo 1766.- Carácter personal del servicio

 

El locador debe prestar personalmente el servicio, pero puede valerse, bajo su propia dirección y responsabilidad, de auxiliares y sustitutos si la colaboración de otros está permitida por el contrato o por los usos y no es incompatible con la naturaleza de la prestación.

 

Artículo 1767.- Determinación de la retribución

 

Si no se hubiera establecido la retribución del locador y no puede determinarse según las tarifas profesionales o los usos, será fijada en relación a la calidad, entidad y demás circunstancias de los servicios prestados.

 

Artículo 1768.- Plazo máximo de locación de servicios

 

El plazo máximo de este contrato es de seis años si se trata de servicios profesionales y de tres años en el caso de otra clase de servicios. Si se pacta un plazo mayor, el límite máximo indicado sólo puede invocarse por el locador.

 

Artículo 1769.- Conclusión anticipada

 

El locador puede poner fin a la prestación de servicios por justo motivo, antes del vencimiento del plazo estipulado, siempre que no cause perjuicio al comitente.

Tiene derecho al reembolso de los gastos efectuados y a la retribución de los servicios prestados.

 

Artículo 1770.- Normas aplicables cuando el locador proporciona materiales

 

Las disposiciones de los artículos 1764 a 1769, son aplicables cuando el locador proporciona los materiales, siempre que éstos no hayan sido predominantemente tomados en consideración.

 

En caso contrario, rigen las disposiciones sobre la compraventa.

 

Capítulo tercero: Contrato de obra

Artículo 1771.- Definición

 

Por el contrato de obra el contratista se obliga a hacer una obra determinada y el comitente a pagarle una retribución.

 

Artículo 1772.- Subcontrato de obra

 

El contratista no puede subcontratar íntegramente la realización de la obra, salvo autorización escrita del comitente.

 

La responsabilidad frente al comitente es solidaria entre el contratista y el subcontratista, respecto de la materia del subcontrato.

 

Artículo 1773.- Obligación del comitente

 

Los materiales necesarios para la ejecución de la obra deben ser proporcionados por el comitente, salvo costumbre o pacto distinto.

 

Artículo 1774.- Obligación del contratista

 

El contratista está obligado:

 

1. A hacer la obra en la forma y plazos convenidos en el contrato o, en su defecto, en el que se acostumbre.

 

2. A dar inmediato aviso al comitente de los defectos del suelo o de la mala calidad de los materiales proporcionados por éste, si se descubren antes o en el curso de la obra y pueden comprometer su ejecución regular.

 

3. A pagar los materiales que reciba, si éstos, por negligencia o impericia del contratista, quedan en imposibilidad de ser utilizados para la realización de la obra.

 

Artículo 1775.- Prohibición de introducir variaciones

 

El contratista no puede introducir variaciones en las características convenidas de la obra sin la aprobación escrita del comitente.

 

Artículo 1776.- Obra por ajuste alzado

 

El obligado a hacer una obra por ajuste alzado tiene derecho a compensación por las variaciones convenidas por escrito con el comitente, siempre que signifiquen mayor trabajo o aumento en el costo de la obra. El comitente, a su vez, tiene derecho al ajuste compensatorio en caso de que dichas variaciones signifiquen menor trabajo o disminución en el costo de la obra.

 

Artículo 1777.- Inspección de la obra

 

El comitente tiene derecho a inspeccionar, por cuenta propia, la ejecución de la obra. Cuando en el curso de ella se compruebe que no se ejecuta conforme a lo convenido y según las reglas del arte, el comitente puede fijar un plazo adecuado para que el contratista se ajuste a tales reglas. Transcurrido el plazo establecido, el comitente puede solicitar la resolución del contrato, sin perjuicio del pago de la indemnización de daños y perjuicios.

 

Tratándose de un edificio o de un inmueble destinado por su naturaleza a larga duración, el inspector deber ser un técnico calificado y no haber participado en la elaboración de los estudios, planos y demás documentos necesarios para la ejecución de la obra.

 

Artículo 1778.- Comprobación de la obra

 

El comitente, antes de la recepción de la obra, tiene derecho a su comprobación. Si el comitente descuida proceder a ella sin justo motivo o bien no comunica su resultado dentro de un breve plazo, la obra se considera aceptada.

 

Artículo 1779.- Aceptación tácita de la obra

 

Se entiende aceptada la obra, si el comitente la recibe sin reserva, aun cuando no se haya procedido a su verificación.

 

Artículo 1780.- Obra a satisfacción del comitente

 

Cuando se estipula que la obra se ha de hacer a satisfacción del comitente, a falta de conformidad, se entiende reservada la aceptación a la pericia correspondiente.

 

Todo pacto distinto es nulo.

 

Si la persona que debe aceptar la obra es un tercero, se estará a lo dispuesto en los artículos 1407 y 1408.

 

Artículo 1781.- Obra por pieza o medida

 

El que se obliga a hacer una obra por pieza o medida tiene derecho a la verificación por partes y, en tal caso, a que se le pague en proporción a la obra realizada.

 

El pago hace presumir la aceptación de la parte de la obra realizada.

 

No produce a este efecto el desembolso de simples cantidades a cuenta ni el pago de valorizaciones por avance de obra convenida.

 

Artículo 1782.- Responsabilidad por diversidad y vicios de la obra

 

El contratista está obligado a responder por las diversidades y los vicios de la obra.

 

La recepción de la obra, sin reserva del comitente, descarga de responsabilidad al contratista por las diversidades y los vicios exteriores de ésta.

 

Artículo 1783.- Acciones del comitente por vicios de la obra

 

El comitente puede solicitar, a su elección, que las diversidades o los vicios de la obra se eliminen a costa del contratista, o bien que la retribución sea disminuida proporcionalmente, sin perjuicio del resarcimiento del daño.

 

Si las diversidades o los vicios son tales que hagan inútil la obra para la finalidad convenida, el comitente puede pedir la resolución del contrato y la indemnización por los daños y perjuicios.

 

El comitente debe comunicar al contratista las diversidades o los vicios dentro de los sesenta días de recepcionada la obra. Este plazo es de caducidad. La acción contra el contratista prescribe al año de construida la obra.

 

Artículo 1784.- Responsabilidad del contratista por destrucción, vicios o ruina

 

Si en el curso de los cinco años desde su aceptación la obra se destruye, total o parcialmente, o bien presenta evidente peligro de ruina o graves defectos por vicio de la construcción, el contratista es responsable ante el comitente o sus herederos, siempre que se le avise por escrito de fecha cierta dentro de los seis meses siguientes al descubrimiento. Todo pacto distinto es nulo.

 

El contratista es también responsable, en los casos indicados en el párrafo anterior, por la mala calidad de los materiales o por defecto del suelo, si es que hubiera suministrado los primeros o elaborado los estudios, planos y demás documentos necesarios para la ejecución de la obra.

 

El plazo para interponer la acción es de un año computado desde el día siguiente al aviso a que se refiere el primer párrafo.

 

Artículo 1785.- Supuesto de ausencia de responsabilidad de contratista

 

No existe responsabilidad del contratista en los casos a que se refiere el artículo 1784, si prueba que la obra se ejecutó de acuerdo a las reglas del arte y en estricta conformidad con las instrucciones de los profesionales que elaboraron los estudios, planos y demás documentos necesarios para la realización de la obra, cuando ellos le son proporcionados por el comitente.

 

Artículo 1786.- Facultad del comitente

 

El comitente puede separarse del contrato, aun cuando se haya iniciado la ejecución de la obra, indemnizando al contratista por los trabajos realizados, los gastos soportados, los materiales preparados y lo que hubiere podido ganar si la obra hubiera sido concluida.

 

Artículo 1787.- Obligación de pago a la muerte del contratista

 

En caso de terminarse el contrato por muerte del contratista, el comitente está obligado a pagar a los herederos hasta el límite en que le fueren útiles las obras realizadas, en proporción a la retribución pactada para la obra entera, los gastos soportados y los materiales preparados.

 

Artículo 1788.- Pérdida de la obra sin culpa de las partes

 

Si la obra se pierde sin culpa de las partes, el contrato se resuelve de pleno derecho.

 

Si los materiales son suministrados por el comitente, el contratista está obligado a devolverle los que no se hubieren perdido y el comitente no está obligado a pagar la retribución de la parte de la obra no ejecutada.

 

Cuando se trate de un contrato por ajuste alzado o por unidad de medida, el contratista debe devolver la retribución proporcional correspondiente a la parte de la obra no ejecutada, pero no está obligado a reponerla o restaurarla. Por su parte, el comitente no está obligado a pagar la retribución proporcional de la parte de la obra no ejecutada.

 

Artículo 1789.- Deterioro sustancial de la obra

 

Si la obra se deteriora sustancialmente por causa no imputable a las partes, es de aplicación el artículo 1788.

 

Capítulo cuarto: Mandato

Subcapítulo I: Disposiciones generales

Artículo 1790.- Definición

 

Por el mandato el mandatario se obliga a realizar uno o más actos jurídicos, por cuenta y en interés del mandante.

 

Artículo 1791.- Presunción de onerosidad

 

El mandato se presume oneroso.

 

Si el monto de la retribución no ha sido pactado, se fija sobre la base de las tarifas del oficio o profesión del mandatario; a falta de éstas, por los usos; y, a falta de unas y otros, por el juez.

 

Artículo 1792.- Extensión del mandato

 

El mandato comprende no sólo los actos para los cuales ha sido conferido, sino también aquellos que son necesarios para su cumplimiento.

 

El mandato general no comprende los actos que excedan de la administración ordinaria, si no están indicados expresamente.

 

Subcapítulo II: Obligaciones del mandatario

Artículo 1793.- Obligaciones del mandatario

 

El mandatario está obligado:

 

1. A practicar personalmente, salvo disposición distinta, los actos comprendidos en el mandato y sujetarse a las instrucciones del mandante.

 

2. A comunicar sin retardo al mandante la ejecución del mandato.

 

3. A rendir cuentas de su actuación en la oportunidad fijada o cuando lo exija el mandante.

 

Artículo 1794.- Responsabilidad del mandatario

 

Si el mandatario utiliza en su beneficio o destina a otro fin el dinero o los bienes que ha de emplear para el cumplimiento del mandato o que deba entregar al mandante, está obligado a su restitución y al pago de la indemnización de daños y perjuicios.

 

Artículo 1795.- Solidaridad en mandato conjunto

 

Si son varios los mandatarios y están obligados a actuar conjuntamente, su responsabilidad es solidaria.

 

Subcapítulo III: Obligaciones del mandante

Artículo 1796.- Obligaciones del mandante

 

El mandante está obligado frente al mandatario:

 

1. A facilitarle los medios necesarios para la ejecución del mandato y para el cumplimiento de las obligaciones que a tal fin haya contraído, salvo pacto distinto.

 

2. A pagarle la retribución que le corresponda y a hacerle provisión de ella según los usos.

 

3. A reembolsarle los gastos efectuados para el desempeño del mandato, con los intereses legales desde el día en que fueron efectuados.

 

4. A indemnizarle los daños y perjuicios sufridos como consecuencia del mandato.

 

Artículo 1797.- Mora del mandante

 

El mandatario puede abstenerse de ejecutar el mandato en tanto el mandante estuviera en mora frente a él en el cumplimiento de sus obligaciones.

 

Artículo 1798.- Preferencia del mandatario

 

El mandatario tiene derecho a satisfacer los créditos que le corresponden según el artículo 1796 con los bienes que han sido materia de los negocios que ha concluido, con preferencia sobre su mandante y sobre los acreedores de éste.

 

Artículo 1799.- Derecho de retención

 

También puede el mandatario retener los bienes que obtenga para el mandante en cumplimiento del mandato, mientras no cumpla aquél las obligaciones que le corresponden según los incisos 3 y 4 del artículo 1796.

 

Artículo 1800.- Responsabilidad solidaria en el mandato colectivo

 

Si son varios los mandantes, sus obligaciones frente al mandatario común son solidarias.

 

Subcapítulo IV: Extinción del mandato

Artículo 1801.- Causales de extinción

 

El mandato se extingue por:

 

1. Ejecución total del mandato.

 

2. Vencimiento del plazo del contrato.

 

3. Muerte, interdicción o inhabilitación del mandante o del mandatario.

 

Artículo 1802.- Validez de actos posteriores a la extinción

 

Son válidos los actos que el mandatario realiza antes de conocer la extinción del mandato.

 

Artículo 1803.- Mandato en interés del mandatario o de tercero

 

La muerte, interdicción o inhabilitación del mandante no extinguen el mandato cuando éste ha sido celebrado también en interés del mandatario o de un tercero.

 

Artículo 1804.- Extinción del mandato por causas especiales

 

Cuando el mandato se extingue por muerte, interdicción o inhabilitación del mandatario, sus herederos o quien lo represente o asista, deben informar de inmediato al mandante y tomar entretanto las providencias exigidas por las circunstancias.

 

Artículo 1805.- Extinción del mandato conjunto

 

Cuando hubiera varios mandatarios con la obligación de actuar conjuntamente, el mandato se extingue para todos aun cuando la causa de la extinción concierna a uno solo de los mandatarios, salvo pacto en contrario.

 

Subcapítulo V: Mandato con representación

Artículo 1806.- Normas aplicables a mandato con representación

 

Si el mandatario fuere representante por haber recibido poder para actuar en nombre del mandante, son también aplicables al mandato las normas del título III del Libro II.

 

En este caso, el mandatario debe actuar en nombre del mandante.

 

Artículo 1807.- Presunción de representación

 

Se presume que el mandato es con representación.

 

Artículo 1808.- Extinción por revocación o renuncia de poder

 

En el mandato con representación, la revocación y la renuncia del poder implican la extinción del mandato.

 

Subcapítulo VI: Mandato sin representación

Artículo 1809.- Definición

 

El mandatario que actúa en nombre propio adquiere los derechos y asume las obligaciones derivados de los actos que celebra en interés y por cuenta del mandante, aun cuando los terceros hayan tenido conocimiento del mandato.

 

Artículo 1810.- Transferencia de bienes adquiridos por el mandatario

 

El mandatario queda automáticamente obligado en virtud del mandato a transferir al mandante los bienes adquiridos en ejecución del contrato, quedando a salvo los derechos adquiridos por los terceros de buena fe.

 

Artículo 1811.- Obligaciones asumidas por mandante

 

El mandante está obligado a asumir las obligaciones contraídas por el mandatario en ejecución del mandato.

 

Artículo 1812.- Responsabilidad de mandatario por incumplimiento de tercero

 

El mandatario no es responsable frente al mandante por la falta de cumplimiento de las obligaciones asumidas por las personas con quienes haya contratado, a no ser que al momento de la celebración del contrato conociese o debiese serle conocida su insolvencia, salvo pacto distinto.

 

Artículo 1813.- Inafectación de bienes por deudas del mandatario

 

Los acreedores del mandatario no pueden hacer valer sus derechos sobre los bienes que éste hubiese adquirido en ejecución del mandato, siempre que conste de documento de fecha cierta anterior al requerimiento que efectúen los acreedores a fin de afectar dichos bienes con embargo u otras medidas.

 

Capítulo quinto: Depósito

Subcapítulo I: Depósito voluntario

Artículo 1814.- Definición

 

Por el depósito voluntario el depositario se obliga a recibir un bien para custodiarlo y devolverlo cuando lo solicite el depositante.

 

Artículo 1815.- Depósito hecho a un incapaz

 

No hay acción civil por el depósito hecho a un incapaz, sino únicamente para recobrar lo que existe y para exigir el valor de lo consumido en provecho del depositario.

 

Artículo 1816.- Prueba del depósito

 

La existencia y el contenido del depósito se rigen por lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 1605.

 

Artículo 1817.- Cesión de depósito

 

No puede cederse el depósito sin autorización escrita del depositante, bajo sanción de nulidad.

 

Artículo 1818.- Presunción de gratuidad

 

El depósito se presume gratuito, salvo que, por pacto distinto o por la calidad profesional, por la actividad del depositario u otras circunstancias, se deduzca que es remunerado.

 

Si las partes no determinan el importe de la remuneración, ésta se regula según los usos del lugar de celebración del contrato.

 

Artículo 1819.- Deber de custodia y conservación del bien

 

El depositario debe poner en la custodia y conservación del bien, bajo responsabilidad, la diligencia ordinaria exigida por la naturaleza de la obligación y que corresponda a las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar.

 

Artículo 1820.- Prohibición de usar el bien depositado

 

El depositario no puede usar el bien en provecho propio ni de tercero, salvo autorización expresa del depositante o del juez. Si infringe esta prohibición, responde por el deterioro, pérdida o destrucción del bien, inclusive por caso fortuito o fuerza mayor.

 

Artículo 1821.- Liberación de responsabilidad del depositario

 

No hay lugar a la responsabilidad prevista en el artículo 1820, si el depositario prueba que el deterioro, pérdida o destrucción se habrían producido, aunque no hubiera hecho uso del bien.

 

Artículo 1822.- Variación del modo de la custodia

 

Cuando existan circunstancias urgentes, el depositario puede ejercitar la custodia de modo diverso al convenido, dando aviso de ello al depositante tan pronto sea posible.

 

Artículo 1823.- Deterioro, pérdida o destrucción del bien sin culpa

 

No corren a cargo del depositario el deterioro, la pérdida o la destrucción del bien sobrevenidos sin culpa, salvo el caso previsto por el artículo 1824.

 

Artículo 1824.- Deterioro, pérdida o destrucción por culpa o vicio aparente

 

El depositario responderá por el deterioro, pérdida o destrucción del bien cuando se originen por su culpa, o cuando provengan de la naturaleza o vicio aparente del mismo, si no hizo lo necesario para evitarlos o remediarlos, dando además aviso al depositante en cuanto comenzaron a manifestarse.

 

Artículo 1825.- Depósito reservado

 

La obligación de custodia y conservación del bien comprende la de respetar los sellos y cerraduras del bulto o cubierta del continente, salvo autorización del depositante. Se presume la culpa del depositario en caso de fractura o forzamiento.

 

Artículo 1826.- Responsabilidad por violación de depósito reservado

 

Si se han roto los sellos o forzado las cerraduras por culpa del depositario, se estará a la declaración del depositante en cuanto al número y calidad de los bienes depositados, salvo prueba distinta actuada por el depositario.

 

Artículo 1827.- Depósito secreto

 

El depositario no debe violar el secreto de un depósito, ni podrá ser obligado a revelarlo, salvo mandato judicial.

 

Artículo 1828.- Depósito de títulos valores

 

Los depositarios de títulos valores, o documentos que devenguen intereses, están obligados a realizar su cobro en las épocas de sus vencimientos, así como a practicar los actos que sean necesarios para que dichos documentos conserven el valor y los derechos que les correspondan.

 

Artículo 1829.- Depósito irregular

 

Cuando el depositante permite que el depositario use el bien, el contrato se convierte en comodato o mutuo, según las circunstancias.

 

Artículo 1830.- Devolución del bien depositado

 

El depositario debe devolver el bien en cuanto lo solicite el depositante, aunque hubiese plazo convenido, salvo que el contrato haya sido celebrado en beneficio o interés del depositario o de un tercero.

 

Artículo 1831.- Depósito en interés de un tercero

 

Si el bien es depositado también en interés de un tercero y éste comunica su adhesión a las partes contratantes, el depositario no puede liberarse restituyéndolo sin asentimiento del tercero.

 

Artículo 1832.- Depósito a plazo indeterminado

 

Si en el contrato no se hubiere fijado plazo, el depositario puede efectuar la restitución del bien en cualquier momento, siempre que le avise al depositante con prudente anticipación para que lo reciba.

 

Artículo 1833.- Devolución anticipada del bien

 

El depositario que tenga justo motivo para no conservar el bien puede, antes del plazo señalado, restituirlo al depositante, y si éste se niega a recibirlo, debe consignarlo.

 

Artículo 1834.- Persona a quien se debe restituir el bien

 

El depositario no debe restituir el bien sino a quien se lo confió o a la persona en cuyo nombre se hizo el depósito o a aquélla para quien se destinó al tiempo de celebrarse el contrato.

 

Artículo 1835.- Incapacidad sobreviniente del depositario

 

Si el depositario deviene incapaz, la persona que asume la administración de sus bienes procederá de inmediato a la restitución del bien o lo consignará si el depositante no quiere recibirlo.

 

Artículo 1836.- Consignación del bien de procedencia delictuosa

 

No debe efectuarse la restitución al depositante del bien si el depositario tiene conocimiento de su procedencia delictuosa, en cuyo caso deberá consignarlo de inmediato, con citación de aquél y bajo responsabilidad.

 

Artículo 1837.- Estado del bien a la devolución

 

El depositario debe devolver el mismo bien recibido, en el estado en que se halle al momento de su restitución, con sus accesorios, frutos y rentas.

 

Artículo 1838.- Depósito de bien divisible

 

El depositario devolverá a cada depositante parte del bien, siempre que éste sea divisible y si, al celebrarse el contrato, se hubiera indicado lo que a cada uno corresponde.

 

Artículo 1839.- Devolución a pluralidad de depositantes

 

Si son varios los depositantes y no se hubiera dispuesto a quién se hará la restitución, a falta de acuerdo deberá efectuarse según las modalidades que establezca el juez.

 

La misma norma se aplica cuando a un solo depositante suceden varios herederos.

 

Artículo 1840.- Devolución a pluralidad de depositarios

 

Si son varios los depositarios, el depositante pedirá la restitución al que tenga en su poder el bien, dando aviso inmediato a los demás.

 

Artículo 1841.- Exoneración de restituir el bien

 

El depositario que pierde la posesión del bien como consecuencia de un hecho que no le es imputable, queda liberado de restituirlo, pero lo comunicará de inmediato al depositante, bajo responsabilidad. El depositante puede exigir lo que haya recuperado el depositario y se sustituye en sus derechos.

 

Artículo 1842.- Obligación de devolver el bien sustituto

 

El depositario que pierde sin culpa el bien y recibe otro en su lugar, está obligado a entregarlo al depositante.

 

Artículo 1843.- Responsabilidad de herederos por enajenación del bien

 

El heredero del depositario que enajena el bien ignorando que estaba en depósito, sólo debe restituir lo que hubiese recibido o ceder sus derechos contra el adquiriente, en caso que el valor no le hubiese sido entregado.

 

En caso que el heredero conozca que el bien está en depósito, se sujeta a lo dispuesto en el párrafo anterior y responde, además, por los daños y perjuicios.

 

Artículo 1844.- Devolución del bien por muerte del depositante

 

En caso de muerte del depositante, el bien debe ser restituido a su heredero, legatario o albacea.

 

Artículo 1845.- Devolución del bien al representado

 

El depósito hecho por el administrador será devuelto a la persona que él representaba cuando se celebró el contrato, si hubiera terminado su administración o gestión.

 

Artículo 1846.- Devolución del bien al representante del incapaz

 

En el depósito hecho por un incapaz, el bien no puede ser devuelto sino a quien lo represente legalmente, aun cuando la incapacidad se haya producido con posterioridad al contrato.

 

Artículo 1847.- Negativa a la devolución del bien

 

Salvo los casos previstos en los artículos 1836 y 1852, el depositario no puede negarse a la devolución del bien, y si lo hace, responde por los daños y perjuicios.

 

Le serán aplicables las mismas reglas si negare el depósito y éste le fuera probado en juicio.

 

Artículo 1848.- Lugar de devolución del bien

 

La devolución del depósito se hace en el lugar en que estuvo en custodia.

 

Artículo 1849.- Gastos de entrega y devolución

 

Los gastos de entrega y de devolución son de cuenta del depositante.

 

Artículo 1850.- Bien de propiedad del depositario

 

El depositario está liberado de toda obligación si resulta que el bien le pertenece y que el depositante no tiene derecho alguno sobre éste.

 

Artículo 1851.- Reembolso de gastos

 

El depositante está obligado a reembolsar al depositario los gastos hechos en la custodia y conservación del bien depositado y a pagarle la indemnización correspondiente.

 

Artículo 1852.- Derecho de retención

 

El depositario sólo puede retener el bien hasta que se le pague lo que se le debe por razón del contrato.

 

Artículo 1853.- Depósitos regulados por leyes especiales

 

Los depósitos en los bancos, cooperativas, financieras, almacenes generales de depósito, mutuales y otras instituciones análogas se rigen por las leyes especiales que los regulan.

 

Subcapítulo II: Depósito necesario

Artículo 1854.- Definición

 

El depósito necesario es el que se hace en cumplimiento de una obligación legal o bajo el apremio de un hecho o situación imprevistos.

 

Artículo 1855.- Obligatoriedad de recibir el depósito necesario

 

Toda persona está obligada a recibir el depósito necesario, a menos que tenga impedimento físico u otra justificación.

 

Artículo 1856.- Normas aplicables al depósito necesario

 

El depósito necesario se rige supletoriamente por las reglas del depósito voluntario.

 

Capítulo sexto: Secuestro

Artículo 1857.- Definición

 

Por el secuestro, dos o más depositantes confían al depositario la custodia y conservación de un bien respecto del cual ha surgido controversia.

 

Artículo 1858.- Formalidad del secuestro

 

El contrato debe constar por escrito, bajo sanción de nulidad.

 

Artículo 1859.- Administración del bien

 

Cuando la naturaleza del bien lo exija, el depositario tiene la obligación de administrarlo.

 

Artículo 1860.- Conclusión de contratos celebrados por el depositario-administrador

 

Cualquier contrato que celebre el depositario de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1859, concluye de pleno derecho si, antes del vencimiento del plazo, se pusiere fin a la controversia.

 

Artículo 1861.- Enajenación del bien secuestrado

 

En caso de inminente peligro de pérdida o grave deterioro del bien, el depositario puede enajenarlo con autorización del juez y conocimiento de los depositantes.

 

Artículo 1862.- Incapacidad o muerte del depositario

 

Si el depositario deviene incapaz o muere, los depositantes designarán a su reemplazante. En caso de discrepancia, la designación la hace el juez.

 

Artículo 1863.- Solidaridad de los depositantes y derecho de retención

 

Los depositantes son solidariamente responsables por el pago de la retribución convenida, los gastos, costas y cualquier otra erogación que se derive del secuestro. El depositario puede retener el bien en tanto no le haya sido satisfecho su crédito.

 

Artículo 1864.- Reclamo del bien por desposesión

 

El depositario que sea desposeído del bien puede reclamarlo a quien lo tenga en su poder, incluyendo cualquiera de los depositantes que lo haya tomado sin consentimiento de los demás o sin mandato del juez.

 

Artículo 1865.- Liberación del depositario

 

El depositario puede ser liberado sólo antes de la terminación de la controversia con el asentimiento de todos los depositantes o por causa justificada a criterio del juez.

 

Artículo 1866.- Entrega del bien

 

El bien debe ser entregado, conforme al resultado de la controversia, a quien le corresponda.

 

Artículo 1867.- Normas aplicables al secuestro

 

Rigen para el secuestro las normas del depósito voluntario, en cuanto sean aplicables.

 

Título X: Fianza

Artículo 1868.- Definición

 

Por la fianza, el fiador se obliga frente al acreedor a cumplir determinada prestación, en garantía de una obligación ajena, si ésta no es cumplida por el deudor.

 

La fianza puede constituirse no sólo en favor del deudor sino de otro fiador.

 

Artículo 1869.- Fianza sin intervención del deudor

 

Se puede afianzar sin orden y aun sin noticia o contra la voluntad del deudor.

 

Artículo 1870.- Fianza de personas jurídicas

 

Los representantes de las personas jurídicas pueden otorgar fianza en nombre de sus representados, siempre que tengan poder suficiente.

 

Artículo 1871.- Formalidad de la fianza

 

La fianza debe constar por escrito, bajo sanción de nulidad.

 

Artículo 1872.- Fianza de obligaciones futuras

 

Puede prestarse fianza en garantía de obligaciones futuras determinadas o determinables cuyo importe no sea aún conocido, pero no se puede reclamar contra el fiador hasta que la deuda sea líquida.

 

Es igualmente válida la fianza por una obligación condicional o a plazo.

 

Artículo 1873.- Extensión de la obligación del fiador

 

Sólo queda obligado el fiador por aquello a que expresamente se hubiese comprometido, no pudiendo exceder de lo que debe el deudor. Sin embargo, es válido que el fiador se obligue de un modo más eficaz que el deudor.

 

Artículo 1874.- Exceso en la obligación del fiador

 

Si se produce el exceso a que se refiere el artículo 1873 la fianza vale dentro de los límites de la obligación principal.

 

Artículo 1875.- Carácter accesorio de la fianza

 

La fianza no puede existir sin una obligación válida, salvo que se haya constituido para asegurar una obligación anulable por defecto de capacidad personal.

 

Artículo 1876.- Requisitos del fiador y sustitución de la garantía

 

El obligado a dar fianza debe presentar a persona capaz de obligarse, que sea propietaria de bienes suficientes para cubrir la obligación y realizables dentro del territorio de la República. El fiador, en este caso, queda sujeto a la jurisdicción del juez del lugar donde debe cumplirse la obligación del deudor.

 

El obligado puede sustituir la fianza por prenda, hipoteca o anticresis, con aceptación del acreedor o aprobación del juez, salvo disposición distinta de la ley.

 

Artículo 1877.- Insolvencia del fiador

 

Cuando el fiador ha devenido insolvente, el deudor debe reemplazarlo por otro que reúna los requisitos establecidos en el artículo 1876.

 

Si el deudor no puede dar otro fiador o no ofrece otra garantía idónea, el acreedor tiene derecho a exigir el cumplimiento inmediato de la obligación.

 

Artículo 1878.- Extensión de la fianza

 

La fianza, si no fuere limitada, se extiende a todos los accesorios de la obligación principal, así como a las costas del juicio contra el fiador, que se hubiesen devengado después de ser requerido para el pago.

 

Artículo 1879.- Beneficio de excusión

 

El fiador no puede ser compelido a pagar al acreedor sin hacerse antes excusión de los bienes del deudor.

 

Artículo 1880.- Oponibilidad de beneficio de excusión

 

Para que el fiador pueda aprovecharse del beneficio de la excusión, debe oponerlo al acreedor luego que éste lo requiera para el pago y acreditar la existencia de bienes del deudor realizables dentro del territorio de la República, que sean suficientes para cubrir el importe de la obligación.

 

Artículo 1881.- Responsabilidad del acreedor negligente en la excusión

 

El acreedor negligente en la excusión de los bienes del deudor es responsable hasta donde ellos alcancen, de la insolvencia que resulte de su descuido.

 

Artículo 1882.- Bienes no considerados en la excusión

 

No se tomarán en cuenta para la excusión, los bienes embargados, litigiosos, hipotecados, dados en anticresis o prendados, por deudas preferentes, en la parte que fuere necesario para su cumplimiento.

 

Si los bienes del deudor no producen más que un pago parcial de la deuda, el acreedor puede accionar contra el fiador por el saldo, incluyendo intereses y gastos.

 

Artículo 1883.- Improcedencia del beneficio de excusión

 

La excusión no tiene lugar:

 

1. Cuando el fiador ha renunciado expresamente a ella.

 

2. Cuando se ha obligado solidariamente con el deudor.

 

3. En caso de quiebra del deudor.

 

Artículo 1884.- Riesgos para el acreedor negligente

 

El acreedor negligente en la excusión de los bienes señalados por el fiador asume el riesgo de la pérdida o no persecución de estos bienes para los fines de la excusión.

 

Artículo 1885.- Excepciones del fiador contra acreedor

 

El fiador puede oponer contra el acreedor todas las excepciones que corresponden al deudor, aunque éste haya renunciado a ellas, salvo las que sean inherentes a su persona.

 

Artículo 1886.- Responsabilidad solidaria de fiadores

 

Siendo varios los fiadores de un mismo deudor y por una misma deuda y todos ellos se hubieran obligado a prestaciones iguales, cada uno responde por el íntegro de su obligación, salvo que se haya pactado el beneficio de la división.

 

Artículo 1887.- Beneficio de división

 

Si se ha estipulado el beneficio de la división, todo fiador que sea demandado para el pago de la deuda puede exigir que el acreedor reduzca la acción a la parte que le corresponde.

 

Si alguno de los fiadores es insolvente en el momento en que otro ha hecho valer el beneficio de la división, éste resulta obligado únicamente por esa insolvencia, en proporción a su cuota.

 

Artículo 1888.- Beneficio de excusión del subfiador

 

El subfiador goza del beneficio de excusión, tanto respecto del fiador como del deudor.

 

Artículo 1889.- Subrogación del fiador

 

El fiador que paga la deuda queda subrogado en los derechos que el acreedor tiene contra el deudor.

 

Si ha transigido con el acreedor, no puede pedir al deudor más de lo que realmente ha pagado.

 

Artículo 1890.- Indemnización al fiador

 

La indemnización que debe serle pagada al fiador comprende:

 

1. El total de lo pagado por el fiador.

 

2. El interés legal desde que hubiese hecho saber el pago al deudor, aunque no lo produjese para el acreedor.

 

3. Los gastos ocasionados al fiador, después de poner éste en conocimiento del deudor que ha sido requerido para el pago.

 

4. Los daños y perjuicios, cuando procedan

 

Artículo 1891.- Subrogación del fiador de codeudores solidarios

 

Si son varios los deudores obligados solidariamente, el fiador que ha garantizado por todos puede subrogarse contra cualquiera de ellos por el íntegro de lo pagado.

 

Artículo 1892.- Improcedencia de la acción contra el deudor principal

 

El fiador no tiene acción contra el deudor si, por haber omitido comunicarle el pago efectuado, éste ha cancelado igualmente la deuda.

 

Lo expuesto es sin perjuicio del derecho de repetición del fiador contra el acreedor.

 

Artículo 1893.- Repetición del fiador contra cofiadores

 

Cuando varias personas otorgan fianza a un mismo deudor por la misma deuda, el fiador que haya pagado tiene acción contra los demás fiadores por su parte respectiva. Si alguno de ellos resulta insolvente, la parte de éste se distribuye proporcionalmente entre los demás.

 

Artículo 1894.- Excepciones del deudor contra fiador

 

Si el fiador paga sin comunicarlo al deudor, éste puede hacer valer contra él todas las excepciones que hubiera podido oponer al acreedor.

 

Artículo 1895.- Excepciones entre cofiadores

 

Los cofiadores pueden oponer al que pagó las mismas excepciones que habrían correspondido al deudor contra el acreedor y que no sean inherentes al deudor.

 

Artículo 1896.- Pago anticipado por fiador

 

El fiador que pagó anticipadamente la obligación principal no puede subrogarse contra el deudor sino después de vencido el plazo de aquélla.

 

Artículo 1897.- Acciones del fiador antes del pago

 

El fiador puede accionar contra el deudor, antes de haber pagado, para que éste lo releve o, en su defecto, preste garantía suficiente para asegurarle la satisfacción de sus eventuales derechos de subrogación en los casos siguientes:

 

1. Cuando el deudor es citado judicialmente para el pago.

 

2. Cuando el deudor deviene insolvente o realiza actos tendientes a la disminución de su patrimonio.

 

3. Cuando el deudor se obligó a relevarlo de la fianza dentro de un plazo determinado y éste ha vencido.

 

4. Cuando la deuda se ha hecho exigible.

 

Artículo 1898.- Fianza por plazo determinado

 

El fiador que se obliga por un plazo determinado, queda libre de responsabilidad si el acreedor no exige notarial o judicialmente el cumplimiento de la obligación dentro de los quince días siguientes a la expiración del plazo, o abandona la acción iniciada.

 

Artículo 1899.- Fianza sin plazo determinado

 

Si la fianza se ha otorgado sin plazo determinado, puede el fiador pedir al acreedor que cuando la deuda sea exigible, haga efectivo su derecho y demande al deudor. Si el acreedor no ejercita ese derecho en el plazo de treinta días después de requerido o si abandona el procedimiento, el fiador queda libre de su obligación.

 

Artículo 1900.- Liberación del fiador por dación en pago

 

Que liberado el fiador si el acreedor acepta del deudor un bien en pago de la deuda, aunque después lo pierda por evicción.

 

Artículo 1901.- Extinción de la fianza por prórroga al deudor

 

La prórroga concedida al deudor por el acreedor sin el asentimiento del fiador extingue la fianza, salvo que éste la haya aceptado anticipadamente.

 

Artículo 1902.- Liberación del fiador por imposibilidad de subrogación

 

El fiador queda liberado de su obligación siempre que por algún hecho del acreedor no pueda subrogarse.

 

Artículo 1903.- Consolidación entre deudor y fiador

 

La consolidación del deudor con el fiador, no extingue la obligación del subfiador.

 

Artículo 1904.- Documentos que no constituyen fianza

 

Las cartas de recomendación u otros documentos en que se asegure o certifique la probidad o solvencia de alguien no constituyen fianza.

 

Artículo 1905.- Normas aplicables a la fianza legal

 

Los artículos 1868 a 1904 rigen, en cuanto sean aplicables, la prestación de la fianza en los casos en que ésta es necesaria por disposición de la ley.

 

Artículo 1906 hasta el artículo 1922.- Derogado

 

Título XII: Renta vitalicia

Artículo 1923.- Definición

 

Por la renta vitalicia se conviene la entrega de una suma de dinero u otro bien fungible, para que sean pagados en los períodos estipulados.

 

Artículo 1924.- Clases de renta vitalicia

 

La renta vitalicia puede constituirse a título oneroso o gratuito.

 

Artículo 1925.- Formalidad en renta vitalicia

 

La renta vitalicia se constituye por escritura pública, bajo sanción de nulidad.

 

Artículo 1926.- Formalidad en renta vitalicia

 

Para la duración de la renta vitalicia debe señalarse la vida de una o varias personas.

 

En el contrato se determinará la vida en que concluya la renta, cuando se hubiere fijado en cabeza de varias personas.

 

Artículo 1927.- Causales de nulidad de la Renta Vitalicia

 

Es nula la renta vitalicia cuya duración se fijó en cabeza de una persona que hubiera muerto a la fecha de la escritura pública.

 

También es nula la renta vitalicia constituida en cabeza de una persona que padece de enfermedad, si murió por efecto directo de ella dentro de los treinta días siguientes a la fecha de la escritura pública.

 

Artículo 1928.- Muerte de acreedor en renta a favor de tercero

 

Cuando el acreedor de una renta constituida en cabeza de un tercero muere antes que éste, la renta pasa a sus herederos hasta la muerte del tercero.

 

Artículo 1929.- Transferencia

 

Cuando el deudor de la renta muere antes que el tercero en cuya cabeza se ha establecido su duración, la obligación se trasmite a los herederos de aquél.

 

Artículo 1930.- Reajuste de renta vitalicia

 

Es válida la cláusula que permite el reajuste de la renta a fin de mantenerla en valor constante.

 

Artículo 1931.- Pluralidad de beneficiarios

 

Si al constituirse la renta en favor de varias personas, no se expresa la porción de que gozará cada una, se entiende que ellas se benefician por cuotas iguales.

 

Artículo 1932.- Nulidad de la prohibición de cesión o embargo de la renta

 

Es nulo el pacto que prohíbe la cesión de la renta constituida a título oneroso o el embargo de ésta por deuda de la persona a quien favorece.

 

Artículo 1933.- Prueba de supervivencia

 

El acreedor no puede pedir el pago de la renta si no justifica que vive la persona en cuya cabeza se constituyó, a no ser que la vida del acreedor fue la señalada para la duración del contrato.

 

Artículo 1934.- Falta de pago

 

La falta de pago de las pensiones vencidas da al acreedor el derecho a reclamar sólo el pago de éstas y el aseguramiento de las futuras.

 

Artículo 1935.- Resolución de contrato por falta de garantía

 

El beneficiario para quien se constituyó la renta vitalicia a título oneroso puede solicitar la resolución del contrato si el que recibió el bien y se obligó a pagar la pensión, no da las garantías estipuladas.

 

Artículo 1936.- Pago por plazo adelantado

 

Si se pactó que el pago se haría por plazos adelantados, se tiene por vencido el transcurrido desde la muerte de la persona sobre cuya vida se pactó la renta.

 

Si el acreedor muere mientras transcurre la próxima prestación a pagar, se abonará la renta en proporción a los días en que ha vivido el sujeto en cuya cabeza se pactó.

 

Si la prestación se paga anticipadamente, la renta es debida en su integridad.

 

Artículo 1937.- Extinción de la renta

 

Si muere la persona cuya vida se designó para el pago de la renta, se extingue ésta sin que exista obligación de devolver los bienes que sirvieron de contraprestación.

 

Artículo 1938.- Sanción por muerte causada por el obligado

 

El obligado a pagar la renta vitalicia que causa intencionalmente la muerte de la persona por cuya vida la constituyó, restituirá los bienes recibidos como contraprestación con sus frutos, sin que pueda exigir la devolución de la renta que antes hubiese satisfecho.

 

Artículo 1939.- Efectos del suicidio del obligado

 

Si se constituye la renta en cabeza de quien paga y éste pierde la vida por suicidio, el acreedor tiene derecho a que se devuelvan los bienes con sus frutos, deducidas las cantidades que hubiese recibido por renta.

 

Artículo 1940.- Derecho de acrecer en renta vitalicia

 

En caso de establecerse la renta en favor y en cabeza de dos o más personas o sólo en favor de éstas, excepto entre cónyuges, la muerte de cualquiera de ellas no acrece la parte de quienes sobrevivan, salvo pacto distinto.

 

Artículo 1941.- Renta vitalicia testamentaria

 

La renta vitalicia constituida por testamento se sujeta a lo dispuesto en los artículos 1923 a 1940, en cuanto sean aplicables.

 

Título XIII: Juego y apuesta

Artículo 1942.- Definición

 

Por el juego y la apuesta permitidos, el perdedor queda obligado a satisfacer la prestación convenida, como resultado de un acontecimiento futuro o de uno realizado, pero desconocido para las partes.

 

El juez puede reducir equitativamente el monto de la prestación cuando resulta excesiva en relación con la situación económica del perdedor.

 

Artículo 1943.- Juego y apuesta no autorizado

 

El juego y la apuesta no autorizados son aquellos que tienen carácter lucrativo, sin estar prohibidos por la ley, y no otorgan acción para reclamar por su resultado.

 

El que paga voluntariamente una deuda emanada del juego y la apuesta no autorizados, no puede solicitar su repetición, salvo que haya mediado dolo en la obtención de la ganancia o que el repitente sea incapaz.

 

Artículo 1944.- Juego y apuesta prohibidos

 

El juego y la apuesta prohibidos son los expresamente indicados en la ley. No existe acción para reclamar por su resultado y, en caso de producirse el pago, es nulo de pleno derecho.

 

Artículo 1945.- Nulidad de legalización de deudas de juego y apuestas

 

Las deudas de los juegos y apuestas a que se refieren los artículos 1943 y 1944 no pueden ser materia de novación, otorgamiento de garantía para su pago, ni cualquier otro acto jurídico que encubra o envuelva su reconocimiento. Empero, la nulidad no puede oponerse al tercero de buena fe.

 

Estas deudas tampoco pueden ser objeto de emisión de títulos de crédito a la orden del ganador y en contra del perdedor, salvo los derechos del tercero de buena fe.

 

Artículo 1946.- Improcedencia de repetición en deuda pagada por tercero

 

El tercero que sin asentimiento del perdedor paga la deuda de un juego o apuesta no autorizados no tiene acción para reclamar su reintegro. Empero, si el perdedor le cancela el importe abonado, quedará sujeto a la disposición contenida en el segundo párrafo del artículo 1943.

 

Artículo 1947.- Juego y apuesta masiva

 

Los contratos de lotería, pronósticos sobre competencias deportivas, apuestas hípicas, peleas de gallos y otros espectáculos y concursos similares, se rigen por las normas legales o administrativas pertinentes. En estos casos no es de aplicación la reducción prevista en el segundo párrafo del artículo 1942.

 

Artículo 1948.- Autorización para rifas y concursos

 

Las rifas y demás concursos públicos eventuales serán autorizados previamente por la autoridad correspondiente.

 

Artículo 1949.- Caducidad de la acción de cobro

 

La acción para reclamar la deuda derivada de los juegos y apuestas permitidos caduca al año de haber sido puesto su resultado en conocimiento público, salvo plazo distinto señalado por ley especial.

 

Sección tercera: Gestión de negocios

Artículo 1950.- Definición

 

Quien, careciendo de facultades de representación y sin estar obligado, asume conscientemente la gestión de los negocios o la administración de los bienes de otro que lo ignora, debe desempeñarla en provecho de éste.

 

Artículo 1951.- Solidaridad en pluralidad de gestores

 

Cuando los actos a que se refiere el artículo 1950 fueran asumidos conjuntamente por dos o más personas, la responsabilidad de éstas es solidaria.

 

Artículo 1952.- Obligaciones del dueño de los bienes o negocios

 

Aunque no hubiese ratificación expresa, el dueño de bienes o negocios que aproveche las ventajas de la gestión, debe cumplir las obligaciones que el gestor ha asumido por él en nombre propio y hacerse responsable de ellas; reembolsar los gastos efectuados por el gestor con los intereses legales generados a partir del día en que se han realizado; e indemnizar los daños y perjuicios que haya sufrido el gestor en el desempeño de la gestión.

 

La misma obligación le concierne cuando la gestión hubiese tenido por objeto evitar algún perjuicio inminente, aunque de ello no resultase provecho alguno.

 

Artículo 1953.- Responsabilidad del gestor

 

El juez apreciará las circunstancias que indujeron al gestor a encargarse de la gestión para fijar la amplitud de su responsabilidad, establecer el monto de los gastos que deban reembolsársele y fijar la indemnización por los daños y perjuicios que hubiere sufrido en el desempeño de la gestión.

 

SECCIÓN CUARTA: Enriquecimiento Sin Causa

Artículo 1954.- Acción por enriquecimiento sin causa

 

Aquel que se enriquece indebidamente a expensas de otro está obligado a indemnizarlo.

 

Artículo 1955.- Improcedencia de la acción por enriquecimiento sin causa

 

La acción a que se refiere el artículo 1954 no es procedente cuando la persona que ha sufrido el perjuicio puede ejercitar otra acción para obtener la respectiva indemnización.

 

Sección quinta: Promesa unilateral

Artículo 1956.- Definición

 

Por la promesa unilateral el promitente queda obligado, por su sola declaración de voluntad, a cumplir una determinada prestación en favor de otra persona.

Para que el destinatario sea acreedor de la prestación es necesario su asentimiento expreso o tácito, el cual opera retroactivamente al momento de la promesa.

 

Artículo 1957.- Limitación de promesa unilateral

 

La promesa unilateral sólo obliga a la prestación prometida en los casos previstos por la ley o por acuerdo previo entre las partes interesadas.

 

Artículo 1958.- Presunción de relación sustantiva

 

La persona en favor de la cual se hace por declaración unilateral una promesa de pago o un reconocimiento de deuda, queda dispensada de probar la relación fundamental, cuya existencia se presume.

 

Artículo 1959.- Promesa pública

 

Aquel que mediante anuncio público promete unilateralmente una prestación a quien se encuentre en determinada situación o ejecute un determinado acto, queda obligado por su promesa desde el momento en que ésta se hace pública.

 

Artículo 1960.- Exigibilidad de la prestación ofrecida

 

Cualquiera que se encuentre en la situación prevista en la promesa o haya ejecutado el acto contemplado en ella, puede exigir la prestación ofrecida.

 

Si varias personas tuvieran derecho a dicha prestación, ésta corresponde a aquélla que primero dé noticia al promitente de encontrarse en la situación o haber ejecutado el acto

 

Artículo 1961.- Promesa plural

 

Si varias personas cooperan al objeto para el cual se prometió públicamente la prestación, ésta será dividida equitativamente entre todas, atendiendo a la parte que cada una tuviera en el resultado.

 

Artículo 1962.- Promesa pública sin plazo determinado

 

La promesa pública sin plazo de validez determinado, bien sea por no haberlo fijado el promitente o por no resultar de la naturaleza o finalidad de la promesa, obliga al promitente sólo por el plazo de un año contado a partir del momento en que se hizo pública.

 

Artículo 1963.- Revocación de promesa pública

 

Toda promesa al público puede ser revocada por el promitente en cualquier momento.

 

Empero, si fuese con plazo de validez determinado, sólo por justo motivo podrá ser revocada por el promitente dentro del indicado plazo, con cargo de indemnizar los daños y perjuicios que la revocación ha causado a quienes justificadamente depositaron su confianza en la vigencia de la promesa.

 

Artículo 1964.- Invalidez de la revocación

 

La revocación de que trata el artículo 1963 no tiene validez en los siguientes casos:

 

1. Si no se ha hecho pública en la misma forma de la promesa o en forma equivalente.

 

2. Si ya se hubiera verificado la situación prevista en la promesa o se hubiera ejecutado el acto contemplado en ella.

 

Artículo 1965.- Renuncia al derecho de revocar

 

Puede renunciarse anticipadamente al derecho de revocar la promesa.

 

Artículo 1966.- Promesa como premio de concurso

 

La promesa de prestación como premio de un concurso sólo es válida cuando se fije en el anuncio un plazo para la realización del concurso.

 

La decisión relativa a la admisión de los concursantes o al otorgamiento del premio a cualquiera de ellos, corresponde exclusivamente a las personas designadas en la promesa y, a falta de esta designación, al promitente, siendo obligatoria en ambos casos la decisión.

 

Artículo 1967.- Propiedad de las obras premiadas

 

Las obras premiadas en los concursos de que trata el artículo 1966 sólo pertenecen al promitente si así se hubiera estipulado en el anuncio de la promesa.

 

Artículo 1968.- Normas aplicables

 

Rigen, además, las disposiciones de los artículos 1361, segundo párrafo, 1363, 1402, 1409 y 1410, en cuanto sean compatibles con la naturaleza de la promesa.

 

Sección sexta: Responsabilidad extracontractual

Artículo 1969.- Indemnización por daño moroso y culposo

 

Aquel que por dolo o culpa causa un daño a otro está obligado a indemnizarlo. El descargo por falta de dolo o culpa corresponde a su autor.

 

Artículo 1970.- Responsabilidad por riesgo

 

Aquel que, mediante un bien riesgoso o peligroso, o por el ejercicio de una actividad riesgosa o peligrosa, causa un daño a otro, está obligado a repararlo.

 

Artículo 1971.- Inexistencia de responsabilidad

 

No hay responsabilidad en los siguientes casos:

 

1. En el ejercicio regular de un derecho.

 

2. En legítima defensa de la propia persona o de otra o en salvaguarda de un bien propio o ajeno.

 

3. En la pérdida, destrucción o deterioro de un bien por causa de la remoción de un peligro inminente, producidos en estado de necesidad, que no exceda lo indispensable para conjurar el peligro y siempre que haya notoria diferencia entre el bien sacrificado y el bien salvado. La prueba de la pérdida, destrucción o deterioro del bien es de cargo del liberado del peligro.

 

Artículo 1972.- Irresponsabilidad por caso fortuito o fuerza mayor

 

En los casos del artículo 1970, el autor no está obligado a la reparación cuando el daño fue consecuencia de caso fortuito o fuerza mayor, de hecho, determinante de tercero o de la imprudencia de quien padece el daño.

 

Artículo 1973.- Reducción judicial de la indemnización

 

Si la imprudencia sólo hubiere concurrido en la producción del daño, la indemnización será reducida por el juez, según las circunstancias.

 

Artículo 1974.- Irresponsabilidad por estado de inconsciencia

 

Si una persona se halla, sin culpa, en estado de pérdida de conciencia, no es responsable por el daño que causa. Si la pérdida de conciencia es por obra de otra persona, ésta última es responsable por el daño que cause aquélla.

 

Artículo 1975.- Derogado

 

Artículo 1976.- Derogado

 

Artículo 1976-A.- Responsabilidad de la persona con apoyo

 

La persona que cuenta con apoyos es responsable por sus decisiones, incluso de aquellas realizadas con dicho apoyo, teniendo derecho a repetir contra él. Las personas comprendidas en el artículo 44 numeral 9 no son responsables por las decisiones tomadas con apoyos designados judicialmente que hayan actuado con dolo o culpa.

 

Artículo 1977.- Indemnización equitativa

 

Si la víctima no ha podido obtener reparación en el supuesto anterior, puede el juez, en vista de la situación económica de las partes, considerar una indemnización equitativa a cargo del autor directo.

 

Artículo 1978.- Responsabilidad por incitación y/o coautoría

 

También es responsable del daño aquel que incita o ayuda a causarlo. El grado de responsabilidad será determinado por el juez de acuerdo a las circunstancias.

 

Artículo 1979.- Responsabilidad por daño causado por animal

 

El dueño de un animal o aquel que lo tiene a su cuidado debe reparar el daño que éste cause, aunque se haya perdido o extraviado, a no ser que pruebe que el evento tuvo lugar por obra o causa de un tercero.

 

Artículo 1980.- Responsabilidad por caída de edificio

 

El dueño de un edificio es responsable del daño que origine su caída, si ésta ha provenido por falta de conservación o de construcción.

 

Artículo 1981.- Responsabilidad por daño del subordinado

 

Aquel que tenga a otro bajo sus órdenes responde por el daño causado por éste último, si ese daño se realizó en el ejercicio del cargo o en cumplimiento del servicio respectivo. El autor directo y el autor indirecto están sujetos a responsabilidad solidaria.

 

Artículo 1982.- Responsabilidad por denuncia calumniosa

 

Corresponde exigir indemnización de daños y perjuicios contra quien, a sabiendas de la falsedad de la imputación o de la ausencia de motivo razonable, denuncia ante autoridad competente a alguna persona, atribuyéndole la comisión de un hecho punible.

 

Artículo 1983.- Responsabilidad solidaria

 

Si varios son responsables del daño, responderán solidariamente. Empero, aquel que pagó la totalidad de la indemnización puede repetir contra los otros, correspondiendo al juez fijar la proporción según la gravedad de la falta de cada uno de los participantes. Cuando no sea posible discriminar el grado de responsabilidad de cada uno, la repartición se hará por partes iguales.

 

Artículo 1984.- Daño moral

 

El daño moral es indemnizado considerando su magnitud y el menoscabo producido a la víctima o a su familia.

 

Artículo 1985.- Contenido de la indemnización

 

La indemnización comprende las consecuencias que deriven de la acción u omisión generadora del daño, incluyendo el lucro cesante, el daño a la persona y el daño moral, debiendo existir una relación de causalidad adecuada entre el hecho y el daño producido. El monto de la indemnización devenga intereses legales desde la fecha en que se produjo el daño.

 

Artículo 1986.- Nulidad de límites de la responsabilidad

 

Son nulos los convenios que excluyan o limiten anticipadamente la responsabilidad por dolo o culpa inexcusable.

 

Artículo 1987.- Responsabilidad del asegurador

 

La acción indemnizatoria puede ser dirigida contra el asegurador por el daño, quien responderá solidariamente con el responsable directo de éste.

 

Artículo 1988.- Determinación legal del daño sujeto a seguro

 

La ley determina el tipo de daño sujeto al régimen de seguro obligatorio, las personas que deben contratar las pólizas y la naturaleza, límites y demás características de tal seguro.

 

LIBRO VIII: PRESCRIPCIÓN Y CADUCIDAD

Título I: Prescripción extintiva

Artículo 1989.- Prescripción extintiva

 

La prescripción extingue la acción, pero no el derecho mismo.

 

Artículo 1990.- Irrenunciabilidad de la prescripción

 

El derecho de prescribir es irrenunciable. Es nulo todo pacto destinado a impedir los efectos de la prescripción.

 

Artículo 1991.- Renuncia a la prescripción ganada

 

Puede renunciarse expresa o tácitamente a la prescripción ya ganada.

 

Se entiende que hay renuncia tácita cuando resulta de la ejecución de un acto incompatible con la voluntad de favorecerse con la prescripción.

 

Artículo 1992.- Prohibición de declarar de oficio la prescripción

 

El juez no puede fundar sus fallos en la prescripción si no ha sido invocada.

 

Artículo 1993.- Cómputo del plazo prescriptorio

 

La prescripción comienza a correr desde el día en que puede ejercitarse la acción y continúa contra los sucesores del titular del derecho.

 

Artículo 1994.- Causales de suspensión de la prescripción

 

Se suspende la prescripción:

 

1. Cuando las personas con capacidad de ejercicio restringida contempladas en el artículo 44 incisos del 1 al 8 no cuentan con sus representantes legales.

 

2. Entre los cónyuges, durante la vigencia de la sociedad de gananciales.

 

3. Entre las personas comprendidas en el artículo 326.

 

4. Entre los menores y sus padres o tutores durante la patria potestad o la tutela.

 

5. Entre las personas con capacidad de ejercicio restringida contempladas en el artículo 44 numeral 9 y las personas que le prestan apoyos necesarios, durante el ejercicio del apoyo brindado.

 

6. Durante el tiempo que transcurra entre la petición y el nombramiento del curador de bienes, en los casos que procede.

 

7. Entre las personas jurídicas y sus administradores, mientras éstos continúen en el ejercicio del cargo.

 

8. Mientras sea imposible reclamar el derecho ante un tribunal peruano.

 

Artículo 1995.- Reanudación del plazo prescriptorio

 

Desaparecida la causa de la suspensión, la prescripción reanuda su curso adicionándose el tiempo transcurrido anteriormente.

 

Artículo 1996.- Interrupción de la prescripción

 

Se interrumpe la prescripción por:

 

1. Reconocimiento de la obligación.

 

2. Intimación para constituir en mora al deudor.

 

3. Citación con la demanda o por otro acto con el que se notifique al deudor, aun cuando se haya acudido a un juez o autoridad incompetente.

 

4. Oponer judicialmente la compensación.

 

Artículo 1997.- Ineficacia de la interrupción

 

Queda sin efecto la interrupción cuando:

 

1. Se prueba que el deudor no fue citado con la demanda o no fue notificado con cualquiera de los otros actos a que se refiere el artículo 1996, inciso 3.

 

2. El actor se desiste de la demanda o de los actos con los que ha notificado al deudor; o cuando el demandado se desiste de la reconvención o de la excepción con la que ha opuesto la compensación.

 

3. El proceso fenece por abandono.

 

Artículo 1998.- Reinicio del plazo prescriptorio

 

Si la interrupción se produce por las causas previstas en el artículo 1996, incisos 3 y 4, la prescripción comienza a correr nuevamente desde la fecha en que la resolución que pone fin al proceso queda ejecutoriada.

 

Artículo 1999.- Alegación de suspensión e interrupción

 

La suspensión y la interrupción pueden ser alegadas por cualquiera que tenga un legítimo interés.

 

Artículo 2000.- Principio de legalidad en plazos prescriptorios

 

Sólo la ley puede fijar los plazos de prescripción.

 

Artículo 2001.- Plazos de prescripción

 

Prescriben, salvo disposición diversa de la ley:

 

1. A los diez años, la acción personal, la acción real, la que nace de una ejecutoria y la de nulidad del acto jurídico.

 

2. A los siete años, la acción de daños y perjuicios derivados para las partes de la violación de un acto simulado.

 

3. A los tres años, la acción para el pago de remuneraciones por servicios prestados como consecuencia de vínculo no laboral.

 

4. A los dos años, la acción de anulabilidad, la acción revocatoria, la acción indemnizatoria por responsabilidad extracontractual y la que corresponda contra los representantes de incapaces derivadas del ejercicio del cargo.

 

5. A los quince años, la acción que proviene de pensión alimenticia.

 

Artículo 2002.- Cumplimiento de plazo prescriptorio

 

La prescripción se produce vencido el último día del plazo.

 

Título II: Caducidad

 

Artículo 2003.- Efectos de la caducidad

 

La caducidad extingue el derecho y la acción correspondiente.

 

Artículo 2004.- Legalidad en plazos de caducidad

 

Los plazos de caducidad los fija la ley, sin admitir pacto contrario.

 

Artículo 2005.- Continuidad de la caducidad

 

La caducidad no admite interrupción ni suspensión, salvo el caso previsto en el artículo 1994, inciso 8.

 

Artículo 2006.- Declaración de caducidad

 

La caducidad puede ser declarada de oficio o a petición de parte.

 

Artículo 2007.- Cumplimiento del plazo de caducidad

 

La caducidad se produce transcurrido el último día del plazo, aunque éste sea inhábil.

 

LIBRO IX: REGISTROS PÚBLICOS

Título I: Disposiciones generales

Artículo 2008.- Clases de registros

 

Los registros públicos de que trata este Libro son los siguientes:

 

1. Registro de la propiedad inmueble.

 

2. Registro de personas jurídicas.

 

3. Registro de mandatos y poderes.

 

4. Registro personal.

 

5. Registro de testamentos.

 

6. Registro de sucesiones intestadas.

 

7. Registro de bienes muebles.

 

Artículo 2009.- Régimen legal de los registros

 

Los registros públicos se sujetan a lo dispuesto en este Código, a sus leyes y reglamentos especiales.

 

Quedan comprendidos en el párrafo anterior los registros de naves, de aeronaves, de prenda agrícola y los demás regulados por leyes especiales.

 

Artículo 2010.- Título que da mérito a la inscripción

 

La inscripción se hace en virtud de título que conste en instrumento público, salvo disposición contraria.

 

Artículo 2011.- Principio de Legalidad y Rogación

 

Los registradores califican la legalidad de los documentos en cuya virtud se solicita la inscripción, la capacidad de los otorgantes y la validez del acto, por lo que resulta de ellos, de sus antecedentes y de los asientos de los registros públicos.

 

Lo dispuesto en el párrafo anterior no se aplica, bajo responsabilidad del registrador, cuando se trate de parte que contenga una resolución judicial que ordene la inscripción. De ser el caso, el registrador podrá solicitar al juez las aclaraciones o información complementaria que precise, o requerir se acredite el pago de los tributos aplicables, sin perjudicar la prioridad del ingreso al Registro.

 

En el acto de la calificación registral, el registrador y el Tribunal Registral propician y facilitan las inscripciones de los títulos ingresados al Registro.

 

La calificación registral en el Registro de Predios se complementará con el apoyo del área encargada del manejo de las bases gráficas registrales, lo que no implica una sustitución en la labor de calificación por parte de las instancias registrales

 

Artículo 2012.- Principio de publicidad

 

Se presume, sin admitirse prueba en contrario, que toda persona tiene conocimiento del contenido de las inscripciones.

 

Artículo 2013.- Principio de legitimación

 

El contenido del asiento registral se presume cierto y produce todos sus efectos, mientras no se rectifique por las instancias registrales o se declare su invalidez por el órgano judicial o arbitral mediante resolución o laudo firme.

 

El asiento registral debe ser cancelado en sede administrativa cuando se acredite la suplantación de identidad o falsedad documentaria y los supuestos así establecidos con arreglo a las disposiciones vigentes.

 

La inscripción no convalida los actos que sean nulos o anulables con arreglo a las disposiciones vigentes.

 

Artículo 2014.- Principio de buena fe pública registral

 

El tercero que de buena fe adquiere a título oneroso algún derecho de persona que en el registro aparece con facultades para otorgarlo, mantiene su adquisición una vez inscrito su derecho, aunque después se anule, rescinda, cancele o resuelva el del otorgante por virtud de causas que no consten en los asientos registrales y los títulos archivados que lo sustentan.

 

La buena fe del tercero se presume mientras no se pruebe que conocía la inexactitud del registro.

 

Artículo 2015.- Principio de Tracto Sucesivo

 

Ninguna inscripción, salvo la primera, se hace sin que esté inscrito o se inscriba el derecho de donde emane.

 

Artículo 2016.- Principio de prioridad

 

La prioridad en el tiempo de la inscripción determina la preferencia de los derechos que otorga el registro.

 

Artículo 2017.- Principio de impenetrabilidad

 

No puede inscribirse un título incompatible con otro ya inscrito, aunque sea de fecha anterior.

 

Artículo 2017-A.- Principio de especialidad

 

Por cada bien o persona jurídica se abrirá una partida registral independiente, en donde se extenderá la primera inscripción de aquellas así como los actos o derechos posteriores relativos a cada uno.

 

En el caso del Registro de Personas Naturales, en cada Registro que lo integra, se abrirá una sola partida por cada persona natural en la cual se extenderán los diversos actos inscribibles.

 

Excepcionalmente, podrán establecerse otros elementos que determinen la apertura de una partida registral

 

Título II: Registro de la propiedad inmueble

Artículo 2018.- Primera inscripción de dominio

 

Para la primera inscripción de dominio, se debe exhibir títulos por un período ininterrumpido de cinco años o, en su defecto, títulos supletorios.

 

Artículo 2019.- Actos y derechos inscribibles

 

Son inscribibles en el registro del departamento o provincia donde esté ubicado cada inmueble:

 

1. Los actos y contratos que constituyen, declaren, trasmitan, extingan, modifiquen o limiten los derechos reales sobre inmuebles.

 

2. Los contratos de opción.

 

3. Los pactos de reserva de propiedad y de retroventa.

 

4. El cumplimiento total o parcial de las condiciones de las cuales dependan los efectos de los actos o contratos registrados.

 

5. Las restricciones en las facultades del titular del derecho inscrito.

 

6. Los contratos de arrendamiento.

 

7. Los embargos y demandas verosímilmente acreditados.

 

8. Las sentencias u otras resoluciones que a criterio del juez se refieran a actos o contratos inscribibles.

 

9. Las autorizaciones judiciales que permitan practicar actos inscribibles sobre inmuebles.

 

Artículo 2020.- Anotación preventiva

 

El reglamento indica los casos en que los actos o contratos a que refiere el artículo 2019 son materia de anotación preventiva.

 

Artículo 2021.- Actos o títulos no inscribibles

 

Los actos o títulos referentes a la sola posesión, que aún no han cumplido con el plazo de prescripción adquisitiva, no son inscribibles.

 

Artículo 2022.- Oponibilidad de derechos sobre inmuebles inscritos

 

Para oponer derechos reales sobre inmuebles a quienes también tienen derechos reales sobre los mismos, es preciso que el derecho que se opone esté inscrito con anterioridad al de aquél a quien se opone.

 

Si se trata de derechos de diferente naturaleza se aplican las disposiciones del derecho común.

 

Artículo 2023.- Inscripción de contrato de opción

 

La inscripción de los contratos de opción otorga durante su vigencia derecho preferente sobre todo derecho real o personal que se inscriba con posterioridad.

 

Título III: Registro de personas jurídicas

Artículo 2024.- Libros que conforman el Registro de Personas Jurídicas

 

Este registro consta de los siguientes libros:

 

1. De asociaciones.

 

2. De fundaciones.

 

3. De comités.

 

4. De sociedades civiles.

 

5. De comunidades campesinas y nativas.

 

6. De cooperativas.

 

7. De empresas de propiedad social.

 

8. De empresas de derecho público.

 

9. De los demás que establece la ley.

 

Artículo 2025.- Inscripciones en los libros de personas jurídicas

 

En los libros de asociaciones, de fundaciones y de comités se inscriben los datos exigidos en los artículos 82, 101 y 113. En el libro de sociedades civiles, la inscripción se efectúa con observancia de la ley de la materia. Se inscriben en ellos, además, lo siguiente:

 

1. Las modificaciones de la escritura o del estatuto.

 

2. El nombramiento, facultades y cesación de los administradores y representantes.

 

3. La disolución y liquidación.

 

Artículo 2026.- Personas jurídicas regidas por leyes especiales

 

La inscripción de las comunidades campesinas y nativas, cooperativas, empresas de propiedad social y demás personas jurídicas regidas por leyes especiales, se efectúa a solicitud de éstas.

 

Artículo 2027.- Actos inscribibles en el libro de empresas de derecho público

 

En el libro de empresas de derecho público se inscriben los siguientes actos:

 

1. La ley de creación y sus modificaciones.

 

2. El reglamento o estatuto y sus modificaciones.

 

3. El nombramiento, remoción y renuncia de los miembros del órgano de dirección.

 

4. El nombramiento y facultades de los administradores y representantes.

 

5. La ley que ordene su disolución, transformación o transferencia.

 

6. Todos aquellos actos que por disposición de sus normas especiales deba ser inscrito.

 

Artículo 2028.- Lugar de inscripción y formalidad para determinados actos

 

La constitución de la persona jurídica se inscribe en el registro correspondiente a su domicilio.

 

No se requiere el otorgamiento de escritura pública para la inscripción del nombramiento de representantes, mandatarios y otorgamiento de poderes. Para su inscripción basta la presentación de copia notarialmente certificada de la parte pertinente del acta en que consta el respectivo acuerdo.

 

En la constitución de personas jurídicas, modificación de estatutos o reglamento que importe un cambio de nombre, el derecho a la reserva de preferencia registral de nombre es aplicable por un plazo de 30 días hábiles, vencido el cual caduca de pleno derecho.

 

No se podrá adoptar un nombre igual al de una persona jurídica en formación que goce del derecho de reserva o esté inscrita en el Registro correspondiente.

 

Artículo 2029.- Inscripción de personas jurídicas constituida en el extranjero

 

Las personas jurídicas constituidas en el extranjero se inscriben en el registro correspondiente del lugar que señalen como domicilio en el país.

 

Título IV: Registro personal

Artículo 2030.- Actos y resoluciones inscribibles

 

Se inscriben en este registro:

 

1. Las resoluciones o escrituras públicas en que se establezca o modifique la designación apoyos y salvaguardias de personas naturales.

 

2. Las resoluciones que declaren la desaparición, ausencia, muerte presunta, la ausencia por desaparición forzada y el reconocimiento de existencia de las personas.

 

3. Las sentencias que impongan inhabilitación, interdicción civil o pérdida de la patria potestad.

 

4. Los actos de discernimiento de los cargos de tutores o curadores, con enumeración de los inmuebles inventariados y relación de las garantías prestadas, así como su remoción, acabamiento, cese y renuncia.

 

5. Las resoluciones que rehabiliten a los interdictos en el ejercicio de los derechos civiles.

 

6. Las resoluciones que declaren la nulidad del matrimonio, el divorcio, la separación de cuerpos y la reconciliación.

 

7. El acuerdo de separación de patrimonios y su sustitución, la separación de patrimonios no convencional, las medidas de seguridad correspondientes y su cesación.

 

8. La declaración de inicio del procedimiento concursal, así como Ios demás actos y acuerdos registrables conforme a la ley de la materia.

 

9. Las resoluciones que designan al tutor o al apoyo y las que dejan los dejen sin efecto.

 

10. Las uniones de hecho inscritas en vía notarial o reconocidas por vía judicial.

 

Artículo 2031.- Inscripción de resoluciones judiciales

 

Para las inscripciones previstas en el Artículo 2030, las resoluciones judiciales deberán estar ejecutoriadas, salvo lo ordenado respecto de las quiebras en la ley de la materia.

 

Artículo 2032.- Partes judiciales

 

En el caso del Artículo 2031, los Jueces ordenan pasar partes al registro, bajo responsabilidad.

 

Artículo 2033.- Lugar de inscripción

 

Las inscripciones se hacen en la oficina que corresponda al domicilio de la persona interesada y, además, en el lugar de ubicación de los inmuebles, si fuera el caso.

 

Artículo 2034.- Efectos de la omisión de la inscripción

 

La falta de inscripción del acto en el lugar donde debió hacerse, motiva que aquél no afecte a terceros que celebren contratos onerosos y con buena fe en dicho lugar.

 

Artículo 2035.- Cancelación de inscripciones

 

Las inscripciones se cancelan cuando lo ordene el Juez o cuando la justificación de la cancelación resulte de los documentos que se presenten al solicitarla.

 

Título V: Registro de mandatos y poderes

Artículo 2036.- Instrumentos inscribibles

 

Se inscriben en este registro:

 

1. Los instrumentos en que conste el mandato o el poder de un modo general o para ciertos actos.

 

2. Los instrumentos en que conste la sustitución, modificación y extinción del poder o mandato, en su caso.

 

Artículo 2037.- Lugar de inscripción

 

Las inscripciones se hacen en el Registro del lugar donde permanentemente se va a ejercer el mandato o la representación.

 

Artículo 2038.- Derecho del tercero de buena fe

 

El tercero que de buena fe y a título oneroso ha contratado sobre la base de mandato o poder inscrito en el registro del lugar de celebración del contrato, no será perjudicado por mandato, poder, modificaciones o extinciones de éstos no inscritos.

 

Título VI: Registro de testamentos

Artículo 2039.- Actos y resoluciones inscribibles

 

Se inscriben en este registro:

 

1. Los testamentos.

 

2. Las modificaciones y ampliaciones de los mismos.

 

3. Las revocaciones de los actos a que se refieren los incisos 1 y 2.

 

4. Las sentencias ejecutoriadas sobre nulidad, falsedad o caducidad de los testamentos.

 

5. Las sentencias ejecutoriadas en los juicios sobre justificación o contradicción de la desheredación.

 

6. Las escrituras revocatorias de la desheredación.

 

Artículo 2040.- Lugar de Inscripción

 

Las inscripciones se hacen en el registro del domicilio del testador y, además, en el lugar de ubicación de los inmuebles si de designan en el testamento.

 

Título VII: Registros de sucesiones intestadas

Artículo 2041.- Actos y resoluciones inscribibles

 

Se inscriben obligatoriamente en este registro las actas notariales y las resoluciones judiciales ejecutoriadas que declaran a los herederos del causante. Asimismo, se inscribirán las anotaciones preventivas de la solicitud de sucesión intestada que mande el notario como las demandas que, a criterio del juez, sean inscribibles.

 

Artículo 2042.- Lugares de inscripción

 

Las resoluciones a que se refiere el Artículo 2041 se inscriben en el registro correspondiente del último domicilio del causante y, además, en el lugar de ubicación de los bienes muebles e inmuebles, en su caso.

 

Título VIII: Registros de bienes muebles

 

Artículo 2043.- Bienes muebles registrables

 

Son objeto de estos registros los bienes muebles registrables de acuerdo a ley.

 

Artículo 2044.- Identificación de bienes muebles

 

La forma de identificación del bien mueble está determinada por la ley de creación del registro respectivo.

 

Artículo 2045.- Actos y contratos inscribibles

 

Son inscribibles en estos registros, todos los actos y contratos establecidos en el artículo 2019, en cuanto sean aplicables.

 

LIBRO X: DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO

Título I: Disposiciones generales

Artículo 2046.- Igualdad de derechos para peruanos y extranjeros

 

Los derechos civiles son comunes a peruanos y extranjeros, salvo las prohibiciones y limitaciones que, por motivo de necesidad nacional, se establecen para los extranjeros y las personas jurídicas extranjeras.

 

Artículo 2047.- Normas aplicables

 

El derecho aplicable para regular relaciones jurídicas vinculadas con ordenamientos jurídicos extranjeros se determina de acuerdo con los tratados internacionales ratificados por el Perú que sean pertinentes y, si éstos no lo fueran, conforme a las normas del presente Libro.

 

Además, son aplicables, supletoriamente, los principios y criterios consagrados por la doctrina del Derecho Internacional Privado.

 

Artículo 2048.- Competencia de jueces peruanos

 

Los jueces aplicarán únicamente el derecho interno del Estado declarado competente por la norma peruana de Derecho Internacional Privado.

 

Artículo 2049.- Incompatibilidad de norma extranjera

 

Las disposiciones de la ley extranjera pertinente según las normas peruanas de Derecho Internacional Privado, serán excluidas sólo cuando su aplicación sea incompatible con el orden público internacional o con las buenas costumbres.

 

Rigen, en este caso, las normas del derecho interno peruano.

 

Artículo 2050.- Reconocimiento de derechos adquiridos en el extranjero

 

Todo derecho regularmente adquirido al amparo de un ordenamiento extranjero, competente según las normas peruanas de Derecho Internacional Privado, tiene la misma eficacia en el Perú, en la medida en que sea compatible con el orden público internacional y con las buenas costumbres.

 

Artículo 2051.- Aplicación de oficio de normas extranjeras

 

El ordenamiento extranjero competente según las normas de Derecho Internacional Privado peruanas, debe aplicarse de oficio.

 

Artículo 2052.- La ley extranjera como prueba

 

Las partes litigantes pueden ofrecer las pruebas que tengan por conveniente sobre la existencia de la ley extranjera y su sentido. El juez puede rechazar o restringir los medios probatorios que no considere idóneos.

 

Artículo 2053.- Informe sobre existencia y sentido de la norma extranjera

 

Los jueces pueden de oficio o a pedido de parte, solicitar al Poder Ejecutivo que, por vía diplomática, obtenga de los tribunales del Estado cuya ley se trata de aplicar, un informe sobre la existencia de la ley y su sentido.

 

Artículo 2054.- Absolución de consulta sobre la ley nacional

 

La Corte Suprema está autorizada para absolver las consultas que le formule un tribunal extranjero, por la vía diplomática, sobre puntos de derecho nacional.

 

Artículo 2055.- Interpretación del derecho extranjero

 

Las disposiciones del derecho extranjero aplicable se interpretan de acuerdo al sistema al que pertenezcan.

 

Artículo 2056.- Solución de conflictos entre normas extranjeras

 

Cuando en el derecho extranjero que resulta aplicable coexistan diversos ordenamientos jurídicos, el conflicto entre las leyes locales se resolverá de acuerdo con los principios vigentes en el correspondiente derecho extranjero.

 

TÍTULO II: Competencia jurisdiccional

Artículo 2057.- Competencia sobre personas domiciliadas en el Perú

 

Los tribunales peruanos son competentes para conocer de las acciones contra personas domiciliadas en el territorio nacional.

 

Artículo 2058.- Competencia en acciones patrimoniales

 

Los tribunales peruanos tienen competencia para conocer de los juicios originados por el ejercicio de acciones de contenido patrimonial aun contra personas domiciliadas en país extranjero, en los casos siguientes:

 

1. Cuando se ventilen acciones relativas a derechos reales sobre bienes situados en la República. Tratándose de predios dicha competencia es exclusiva.

 

2. Cuando se ventilen acciones relativas a obligaciones que deban ejecutarse en el territorio de la República o que deriven de contratos celebrados o de hechos realizados en dicho territorio. Tratándose de acciones civiles derivadas de delitos o faltas perpetrados o cuyos resultados se hayan producido en la República, dicha competencia es exclusiva.

 

3. Cuando las partes se sometan expresa o tácitamente a su jurisdicción. Salvo convención en contrario, contemporáneo o anterior a la sumisión, la elección del tribunal es exclusiva.

 

Este artículo se aplica exclusivamente a la competencia de tribunales judiciales y no afecta la facultad que tienen las partes para someter a arbitraje acciones de contenido patrimonial.

 

Artículo 2059.- Sumisión tácita

 

Se somete tácitamente a una jurisdicción quien se apersona en el juicio sin hacer reserva.

 

No implican sumisión ni prórroga en favor de un tribunal los actos procesales encaminados a oponerse a dicha jurisdicción, o realizados bajo la amenaza o la imposición de medidas coercitivas sobre la persona o sobre sus derechos o bienes.

 

Artículo 2060.- Prórroga o elección de Tribunal Extranjero en asuntos de competencia nacional

 

La elección de un tribunal extranjero o la prórroga de jurisdicción en su favor para conocer de los juicios originados por el ejercicio de acciones de contenido patrimonial, serán reconocidas, siempre que no versen sobre asuntos de jurisdicción peruana exclusiva, ni constituyan abuso de derecho, ni sean contrarias al orden público del Perú.

 

Artículo 2061.- Competencia en acciones sobre universalidad de bienes

 

Los tribunales peruanos tienen competencia para conocer de los juicios originados por el ejercicio de acciones relativas a universalidades de bienes, aun contra personas domiciliadas en país extranjero, cuando el derecho peruano sea el aplicable para regir el asunto, de acuerdo a sus normas de Derecho Internacional Privado.

 

Sin embargo, se respeta la competencia peruana para conocer de las acciones relativas al patrimonio del declarado en quiebra, respecto a los bienes situados en el Perú, y sin perjuicio de lo dispuesto en el Título IV de este Libro.

 

Artículo 2062.- Competencia en acciones personales

 

Los tribunales peruanos son competentes para conocer de los juicios originados por el ejercicio de acciones relativas al estado y la capacidad de las personas naturales, o a las relaciones familiares, aun contra personas domiciliadas en país extranjero, en los casos siguientes:

 

1. Cuando el derecho peruano es aplicable, de acuerdo con sus normas de Derecho Internacional Privado, para regir el asunto.

 

2. Cuando las partes se sometan expresa o tácitamente a su jurisdicción, siempre que la causa tenga una efectiva vinculación con el territorio de la República.

 

Artículo 2063.- Foro de necesidad

 

Los tribunales peruanos son competentes para dictar medidas provisionales de protección de las personas naturales que se encuentren en el territorio de la República, aun contra personas domiciliadas en país extranjero, aunque carezcan de jurisdicción para conocer del fondo del asunto.

 

Artículo 2064.- Derogado

 

Artículo 2065.- Unidad del Foro

 

El tribunal peruano que conoce válidamente de la demanda es también competente para conocer de la reconvención.

 

Artículo 2066.- Litispendencia y cosa juzgada

 

Cuando esté pendiente una acción anterior sobre el mismo objeto y entre las mismas personas, el tribunal peruano suspenderá la causa si puede prever que la jurisdicción extranjera emitirá, dentro del lapso no mayor de tres meses, una resolución que pueda ser reconocida y ejecutada en el Perú.

 

El juicio seguido en el Perú se considera iniciado en la fecha de la notificación de la demanda al demandado.

 

El tribunal peruano deja sin efecto lo actuado, si le es presentada una resolución extranjera.

 

Artículo 2067.- Competencia negativa del Tribunal Peruano

 

La competencia jurisdiccional de los tribunales peruanos para conocer de las acciones intentadas contra estados extranjeros o sus jefes, representantes diplomáticos, organismos internacionales y sus representantes, se regula por lo dispuesto en los Tratados Internacionales sobre la materia ratificados por el Perú.

Salvo lo dispuesto en este título, los tribunales peruanos carecen de competencia jurisdiccional para conocer:

 

1. De las acciones relativas a derechos reales sobre predios situados en el extranjero.

 

2. De los asuntos que hubiesen sido sometidos por las partes a una jurisdicción extranjera, de conformidad con lo previsto en el artículo 2060.

 

3. De las acciones relativas al estado y la capacidad de las personas naturales o a las relaciones familiares, si la causa no tiene ninguna vinculación efectiva con el territorio de la República.

 

Título III: Ley aplicable

Artículo 2068.- Principio y fin de la persona natural

 

El principio y fin de la persona natural se rige por la ley de su domicilio.

Cuando un efecto jurídico dependa de la sobrevivencia de una u otra persona y éstas tengan leyes domiciliarias distintas, y las presunciones de sobrevivencia de esas leyes fueran incompatibles, se aplica lo dispuesto en el artículo 62.

 

Artículo 2069.- Declaración de ausencia

 

La declaración de ausencia se rige por la ley del último domicilio del desaparecido. La misma ley regula los efectos jurídicos de la declaración de ausencia respecto a los bienes del ausente.

 

Las demás relaciones jurídicas del ausente seguirán regulándose por la ley que anteriormente las regía.

 

Artículo 2070.- Estado y capacidad de la persona natural

 

El estado y capacidad de la persona natural se rigen por la ley de su domicilio.

 

El cambio de domicilio no altera el estado ni restringe la capacidad adquirida en virtud de la ley del domicilio anterior.

 

No es nulo por falta de capacidad el acto jurídico celebrado en el Perú relativo al derecho de obligaciones y contratos si el agente es capaz según la ley peruana, salvo que se trate de acto jurídico unilateral, o de derechos sobre predios situados en el extranjero.

 

Artículo 2071.- Instituciones de amparo al incapaz

 

La tutela y demás instituciones de protección del incapaz se rigen por la ley de su domicilio.

 

Las medidas urgentes de protección al incapaz que se encuentre en el Perú y, en su caso, las de protección a sus bienes situados en la República, se rigen por la ley peruana.

 

Artículo 2072.- Derechos y obligaciones del Estado y persona jurídica de derecho público

 

Los Estados y demás personas jurídicas extranjeras de Derecho Público, así como las personas jurídicas internacionales de Derecho Público cuya existencia emane de acuerdos internacionales obligatorios para el Perú, pueden adquirir derechos y contraer obligaciones en el país, de conformidad con las leyes peruanas.

 

Artículo 2073.- Existencia y capacidad de personas jurídicas de derecho privado

 

La existencia y la capacidad de las personas jurídicas de derecho privado se rigen por la ley del país en que fueron constituidas.

 

Las personas jurídicas de derecho privado constituidas en el extranjero son reconocidas de pleno derecho en el Perú, y se reputan hábiles para ejercer en el territorio del país, eventual o aisladamente, todas las acciones y derechos que les correspondan.

 

Para el ejercicio habitual en el territorio del país de actos comprendidos en el objeto de su constitución, se sujetan a las prescripciones establecidas por las leyes peruanas.

 

La capacidad reconocida a las personas jurídicas extranjeras no puede ser más extensa que la concedida por la ley peruana a las nacionales.

 

Artículo 2074.- Fusión de personas jurídicas

 

La fusión de personas jurídicas con leyes de constitución distintas, se aprecia sobre la base de ambas leyes, y de la ley del lugar de la fusión cuando ésta tenga lugar en un tercer país.

 

Artículo 2075.- Capacidad y requisitos esenciales del matrimonio

 

La capacidad para contraer matrimonio y los requisitos esenciales del matrimonio se rigen, para cada uno de los contrayentes, por las leyes de sus respectivos domicilios.

 

Artículo 2076.- Formalidad del matrimonio

 

La forma del matrimonio se rige por la ley del lugar de su celebración.

 

Artículo 2077.- Derechos y deberes de los cónyuges

 

Los derechos y deberes de los cónyuges en todo cuando se refiere a sus relaciones personales, se rigen por la ley del domicilio conyugal. Si los cónyuges tuvieren domicilios distintos, se aplica la ley del último domicilio común.

 

Artículo 2078.- Régimen patrimonial del matrimonio

 

El régimen patrimonial del matrimonio y las relaciones de los cónyuges respecto a los bienes se rigen por la ley del primer domicilio conyugal. El cambio de domicilio no altera la ley competente para regir las relaciones de los cónyuges en cuanto a los bienes adquiridos antes o después del cambio.

 

Artículo 2079.- Nulidad del matrimonio

 

La nulidad del matrimonio se rige por la misma ley a que está sometida la condición intrínseca cuya infracción motive dicha nulidad.

 

Los vicios del consentimiento, como causas de nulidad del matrimonio, se rigen por la ley del lugar de la celebración.

 

Artículo 2080.- Efectos de la nulidad del matrimonio

 

La ley del domicilio conyugal rige los efectos de la nulidad del matrimonio, excepto los referentes a los bienes de los cónyuges, que siguen la ley del régimen patrimonial del matrimonio.

 

Artículo 2081.- Divorcio y separación de cuerpos

 

El derecho al divorcio y a la separación de cuerpos se rigen por la ley del domicilio conyugal.

 

Artículo 2082.- Causas y efectos del divorcio y separación de cuerpos

 

Las causas del divorcio y de la separación de cuerpos se someten a la ley del domicilio conyugal. Sin embargo, no pueden invocarse causas anteriores a la adquisición del domicilio que tenían los cónyuges al tiempo de producirse esas causas.

 

La misma ley es aplicable a los efectos civiles del divorcio y de la separación, excepto los relativos a los bienes de los cónyuges, que siguen la ley del régimen patrimonial del matrimonio.

 

Artículo 2083.- Filiación matrimonial

 

La filiación matrimonial se determina por la ley más favorable a la legitimidad, entre las de la celebración del matrimonio o la del domicilio conyugal al tiempo de nacimiento del hijo.

 

Artículo 2084.- Filiación extramatrimonial

 

La determinación de la filiación extramatrimonial, así como sus efectos y su impugnación, se rigen por la ley del domicilio común de ambos progenitores y del hijo o, en su defecto, por la del domicilio del progenitor que tiene la posesión de estado respecto al hijo.

 

Si ninguno de los progenitores tuviera la posesión de estado, se aplicará la ley del domicilio del hijo.

 

Artículo 2085.- Reconocimiento de hijo

 

El reconocimiento del hijo se rige por la ley de su domicilio.

 

Artículo 2086.- Legitimación

 

La legitimación por subsecuente matrimonio, se rige por la ley del lugar de celebración de éste. Sin embargo, si la ley del domicilio del hijo exige el consentimiento de éste, debe ser también aplicada.

 

La capacidad para legitimar por declaración estatal o judicial, se rige por la ley del domicilio del legitimante; y la capacidad para ser estatal o judicialmente legitimado, por la ley del domicilio del hijo; requiriendo la legitimación la concurrencia de las condiciones exigidas en ambas.

 

La acción para impugnar la legitimación, se somete a la ley del domicilio del hijo.

 

Artículo 2087.- Adopción

 

La adopción se norma por las siguientes reglas:

 

1. Para que la adopción sea posible se requiere que esté permitida por la ley del domicilio del adoptante y la del domicilio del adoptado.

 

2. A la ley del domicilio del adoptante corresponde regular:

 

a.- La capacidad para adoptar.

 

b.- La edad y estado civil del adoptante.

 

c.- El consentimiento eventual del cónyuge del adoptante.

 

d.- Las demás condiciones que debe llenar el adoptante para obtener la adopción.

 

3. A la ley del domicilio del adoptado corresponde regular:

 

a.- La capacidad para ser adoptado.

 

b.- La edad y estado civil del adoptado.

 

c.- El consentimiento de los progenitores o de los representantes legales del menor.

 

d.- La eventual ruptura del parentesco del adoptado con la familia sanguínea.

 

e.- La autorización al menor para salir del país.

 

Artículo 2088.- Derechos sobre bienes corporales

 

La constitución, contenido y extinción de los derechos reales sobre bienes corporales se rigen por la ley de su situación, al momento de constituirse el derecho real.

 

Artículo 2089.- Bienes corporales en tránsito

 

Los bienes corporales en tránsito se consideran situados en el lugar de su destino definitivo.

 

Las partes pueden someter la adquisición y la pérdida de los derechos reales sobre bienes corporales en tránsito a la ley que regula el acto jurídico originario de la constitución o de la pérdida de dichos derechos, o a la ley del lugar de expedición de los bienes corporales.

 

La elección de las partes no es oponible a terceros.

 

Artículo 2090.- Desplazamiento de bienes corporales

 

El desplazamiento de los bienes corporales no influye sobre los derechos que hayan sido válidamente constituidos bajo el imperio de la ley anterior. No obstante, tales derechos sólo pueden ser opuestos a terceros después de cumplidos los requisitos que establezca la ley de la nueva situación.

 

Artículo 2091.- Prescripción de acciones sobre bienes corporales

 

La prescripción de acciones relativas a bienes corporales que cambien de lugar durante el plazo de prescripción, se rige por la ley del lugar en que se complete el tiempo necesario para prescribir, conforme a la ley de dicho lugar.

 

Artículo 2092.- Derechos sobre medios de transporte

 

La constitución, transferencia y extinción de los derechos reales sobre los medios de transporte sometidos a un régimen de matrícula, se regulan por la ley del país donde se haya efectuado ésta.

 

Artículo 2093.- Derechos reales sobre obras

 

La existencia y los alcances de los derechos reales relativos a obras intelectuales, artísticas o industriales se rigen por lo dispuesto en los tratados y leyes especiales; y si éstos no fueran aplicables, por la ley del lugar donde dichos derechos se hayan registrado.

 

La ley local establece los requisitos para el reconocimiento y ejercicio de tales derechos.

 

Artículo 2094.- Forma de actos jurídicos e instrumentos

 

La forma de los actos jurídicos y de los instrumentos se rige por la ley del lugar en que se otorgan o por la ley que regula la relación jurídica objeto del acto. Cuando los instrumentos son otorgados ante funcionarios diplomáticos o consulares del Perú, se observarán las solemnidades establecidas por la ley peruana.

 

Artículo 2095.- Obligaciones contractuales

 

Las obligaciones contractuales se rigen por la ley expresamente elegida por las partes y, en su defecto, por la ley del lugar de su cumplimiento. Empero, si deben cumplirse en países distintos, se rigen por la ley de la obligación principal y, en caso de no poder ser determinada ésta, por la ley del lugar de celebración.

 

Si el lugar del cumplimiento no está expresamente determinado o no resulta inequívocamente de la naturaleza de la obligación, se aplica la ley del lugar de celebración.

 

Artículo 2096.- Autonomía de la voluntad

 

La ley competente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2095, determina las normas imperativas aplicables y los límites de la autonomía de la voluntad de las partes.

 

Artículo 2097.- Responsabilidad extracontractual

 

La responsabilidad extracontractual se regula por la ley del país donde se realice la principal actividad que origina el perjuicio. En caso de responsabilidad por omisión, es aplicable la ley del lugar donde el presunto responsable debió haber actuado.

 

Si la ley del lugar donde se produjo el perjuicio considera responsable al agente, pero no la ley del lugar donde se produjo la actividad u omisión que provocó el perjuicio, es aplicable la primera ley, si el agente debió prever la producción del daño en dicho lugar, como consecuencia de su acto u omisión.

 

Artículo 2098.- Obligaciones originadas por la ley y demás fuentes

 

Las obligaciones que nacen por mandato de la ley, la gestión de negocios, el enriquecimiento sin causa y el pago indebido, se rigen por la ley del lugar en el cual se llevó o debió llevarse a cabo el hecho originario de la obligación.

 

Artículo 2099.- Prescripción extintiva de acciones personales

 

La prescripción extintiva de las acciones personales se rige por la ley que regula la obligación que va a extinguirse.

 

Artículo 2100.- Sucesión

 

La sucesión se rige, cualquiera que sea el lugar de situación de los bienes, por la ley del último domicilio del causante.

 

Artículo 2101.- Sucesión de bienes ubicados en el Perú

 

La ley peruana rige la sucesión de los bienes situados en la República si, conforme a la ley del domicilio del causante, ellos deben pasar a un Estado extranjero o a sus instituciones.

 

Título IV: Reconocimiento y ejecución de sentencias y fallos arbitrales extranjeros

Artículo 2102.- Principio de Reciprocidad

 

Las sentencias pronunciadas por tribunales extranjeros tienen en la República la fuerza que les conceden los tratados respectivos.

 

Si no hay tratado con el país en el que se pronunció la sentencia, tiene ésta la misma fuerza que en aquel país se da a las sentencias pronunciadas por los tribunales peruanos.

 

Artículo 2103.- Reciprocidad negativa

 

Si la sentencia procede de un país en el que no se da cumplimiento a los fallos de los tribunales peruanos, no tiene fuerza alguna en la República.

 

Están comprendidas en la disposición precedente las sentencias que proceden de países donde se revisan, en el fondo, los fallos de los tribunales peruanos.

 

Artículo 2104.- Requisitos para Exequator

 

Para que las sentencias extranjeras sean reconocidas en la República, se requiere, además de lo previsto en los artículos 2102 y 2103.

 

1. Que no resuelvan sobre asuntos de competencia peruana exclusiva.

 

2. Que el tribunal extranjero haya sido competente para conocer el asunto, de acuerdo a sus normas de Derecho Internacional Privado y a los principios generales de competencia procesal internacional.

 

3. Que se haya citado al demandado conforme a la ley del lugar del proceso; que se le haya concedido plazo razonable para comparecer; y que se le hayan otorgado garantías procesales para defenderse.

 

4. Que la sentencia tenga autoridad de cosa juzgada en el concepto de las leyes del lugar del proceso.

 

5. Que no exista en el Perú juicio pendiente entre las mismas partes y sobre el mismo objeto, iniciado con anterioridad a la interposición de la demanda que originó la sentencia.

 

6. Que no sea incompatible con otra sentencia que reúna los requisitos de reconocimiento y ejecución exigidos en este título y que haya sido dictada anteriormente.

 

7. Que no sea contraria al orden público ni a las buenas costumbres.

 

8. Que se pruebe la reciprocidad.

 

Artículo 2105.- Sentencia extranjera en materia de quiebra

 

El tribunal peruano que conoce del reconocimiento de una sentencia extranjera de quiebra, puede dictar las medidas preventivas pertinentes desde la presentación de la solicitud de reconocimiento.

 

El reconocimiento en el Perú de una sentencia extranjera de quiebra debe cumplir con los requisitos de notificación y publicidad previstos en la ley peruana para las quiebras de carácter nacional.

 

Los efectos de la quiebra decretada en el extranjero y reconocida en el Perú, se ajustarán a la ley peruana en lo que respecta a los bienes situados en el Perú y a los derechos de los acreedores.

 

El juez procederá de acuerdo a lo establecido en la ley peruana en cuanto a la formación, administración y liquidación de la masa en el Perú, satisfaciendo los derechos de los acreedores domiciliados y las acreencias inscritas en el Perú, según la graduación señalada en la ley de quiebras.

 

Si no hay acreedores domiciliados ni acreencias inscritas en el Perú, o si, después de satisfechos éstos conforme a los párrafos precedentes, resulta un saldo positivo en el patrimonio del fallido, dicho saldo será remitido al administrador de la quiebra en el extranjero, previo exequatur ante el juez peruano de la verificación y graduación de los créditos realizados en el extranjero.

 

Artículo 2106.- Ejecución de sentencia extranjera

 

La sentencia extranjera que reúna los requisitos establecidos en los artículos 2102, 2103, 2104 y 2105 puede ser ejecutada en el Perú a solicitud del interesado.

 

Artículo 2107.- Formalidad de la solicitud de ejecución de sentencia extranjera

 

La solicitud a que se refiere el artículo 2106 debe ir acompañada de copia de la sentencia íntegra, debidamente legalizada y traducida oficialmente al castellano, así como de los documentos que acrediten la concurrencia de los requisitos establecidos en este título.

 

Artículo 2108.- Trámite para declaración de ejecutoria de sentencia extranjera

 

El trámite para la declaración de ejecutoria se ajusta a lo establecido en el Código de Procedimientos Civiles. Cumplido el trámite, la sentencia extranjera tendrá la misma fuerza ejecutoria que tienen las sentencias nacionales.

 

Las sentencias extranjeras que versen sobre asuntos no contenciosos de jurisdicción facultativa no requieren de exequatur.

 

Artículo 2109.- Valor probatorio de sentencia extranjera legalizada

 

Las sentencias extranjeras debidamente legalizadas producen en el Perú el valor probatorio que se reconoce a los instrumentos públicos, no requiriendo para ese efecto del exequatur.

 

Artículo 2110.- Valor probatorio de la sentencia extranjera

 

La autoridad de cosa juzgada de una sentencia extranjera puede hacerse valer dentro de un juicio si cumple con los requisitos establecidos en este título, sin necesidad de someterla al procedimiento del exequatur.

 

Artículo 2111.- Aplicación supletoria

 

Lo dispuesto en este título rige, en cuanto sea aplicable, también para resoluciones extranjeras que ponen término al proceso y, especialmente, para las sentencias penales en lo referente a la reparación civil.

 

Tratándose de laudos arbitrales, serán de aplicación exclusiva las disposiciones de la Ley General de Arbitraje.

 

Título final

Capítulo primero: Disposiciones finales

Artículo 2112.- Unificación de la contratación civil y mercantil

 

Los contratos de compraventa, permuta, mutuo, depósito y fianza de naturaleza mercantil, se rigen por las disposiciones del presente Código. Quedan derogados los artículos 297 a 314, 320 a 341 y 430 a 433 del Código de Comercio.

 

Artículo 2113.- Derogación del Código Civil de 1936

 

Derógase el Código Civil promulgado por Decreto Supremo de treinta de agosto de mil novecientos treintiséis, así como las demás leyes que se opongan al presente Código.

 

Capítulo segundo: Disposiciones Transitorias

Artículo 2114.- Disposiciones sobre derechos civiles

 

Las disposiciones relativas a los derechos civiles consagrados en el artículo 2 de la Constitución Política del Perú se aplican a partir del trece de julio de mil novecientos setentinueve.

 

Artículo 2115.- Eficacia de registros parroquiales

 

Las partidas de los registros parroquiales referentes a los hechos realizados antes del catorce de noviembre de mil novecientos treintiséis conservan la eficacia que les atribuyen las leyes anteriores.

 

Artículo 2116.- Igualdad de derechos sucesorios

 

Las disposiciones de los artículos 818 y 819 se aplican a los derechos sucesorios causados a partir del veintiocho de julio de mil novecientos ochenta.

 

Artículo 2117.- Ley aplicable a derechos sucesorios anteriores y posteriores a la vigencia del Código

 

Los derechos de los herederos de quien haya muerto antes de la vigencia de este Código se rigen por las leyes anteriores. La sucesión abierta desde que rige este Código se regula por las normas que contiene; pero se cumplirán las disposiciones testamentarias en cuanto éste lo permita.

 

Artículo 2118.- Revocación del testamento cerrado

 

El testamento cerrado otorgado según el régimen anterior a este Código que estuviere en poder del testador o de cualquier o de cualquier otra persona, se considera revocado si el testador lo abre, rompe, destruye o inutiliza de otra manera.

 

Artículo 2119.- Obligación de presentar testamento cerrado

 

La persona que tuviere en su poder un testamento cerrado, otorgado según el régimen anterior a este Código, está obligada a presentarlo ante el juez competente, dentro de los treinta días de tener noticias de la muerte del testador, bajo responsabilidad por el perjuicio que ocasione con su dilación.

 

Artículo 2120.- Ultraactividad de legislación anterior

 

Se rigen por la legislación anterior los derechos nacidos, según ella, de hechos realizados bajo su imperio, aunque este Código no los reconozca.

 

Artículo 2121.- Teoría de los hechos cumplidos

 

A partir de su vigencia, las disposiciones de este Código se aplicarán inclusive a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes.

 

Artículo 2122.- Reglas de prescripción y caducidad iniciadas antes de la vigencia del Código

 

La prescripción iniciada antes de la vigencia de este Código, se rige por las leyes anteriores. Empero, si desde que entra en vigencia, transcurre el tiempo requerido en él para la prescripción, ésta surte su efecto, aunque por dichas leyes se necesitare un lapso mayor. La misma regla se aplica a la caducidad.